Maestros que acudían a reuniones de información con respecto de la reforma educativa en la primaria Concepción Fuentes, de Poza Rica requisaron el lunes las formas del censo de Escuelas, Maestros y Alumnos que levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en todo el país y las quemaron, porque dijeron, se trata de un acto de perversidad del gobierno federal que tiene el propósito de eliminar alrededor de 700 mil trabajadores de todas las áreas del sistema educativo nacional, declaró Roberto Jimenez García, integrante de las brigada de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).
También ocurrió lo mismo en un jardín de niños en Tihuatlán, donde se llevaba a cabo una reunión informativa; de repente padres de familia avisaron que ahí se encontraba gente del Inegi aplicando la encuesta del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial “con la intencionalidad de recabar los datos de cada trabajador del estado para clasificarlos y aplicarles las tres leyes secundarias. Por ello, los compañeros nos pidieron que los acompañaramos a hablar con las personas del Inegi. Ahí se les pidió amablemente que se nos informara de que se tratara, les explicamos que la situación no es entre ellos como trabajadores y fue como nos entregaron la documentacion”, dijo por Roberto de la Cruz, también miembro de la CNTE.
Ambos mentores coincidieron que con este censo se nota la perversidad del gobierno federal, la SEP y los funcionarios del sector educativo de Veracruz, porque los encuestadores del Inegi “no llegan a revisar las condiciones físicas de las escuelas o si les hace falta algo, lo primero que hacen es preguntar los datos laborales de cada trabajador y, de manera inmediata, porque cada uno trae banda ancha, la información recabada se envía México; ahí se nota que la reforma en realidad es una de carácter laboral”.
Jimenez García insistió que se trata de un engaño porque hace un mes, la SEP había informado que se utilizaría la información del Censo para los lineamientos del servicio profesional docente y del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sin embargo, en otros lugares como Chiapas y el DF, a personal de la Secretaría con hasta 15 años de servicio y secundaria de escolaridad se les esta solicitando el nivel de bachillerato para seguir limpiando los baños y los salones de clase, “ellos entregaron sus datos sin darse cuenta que cuando apliquen los nuevos lineamientos generales no tendrán ningún derecho a ser recontratados”.
Dijo que lo que busca el gobierno federal es sustitur, en este caso, contratando empresas como Lavatap y de outsourcing para otras labores, siendo los padres de familia quienes tendrán la obligación de pagarlos. El militante de la CNTE consideró que de llevarse a cabo esta estrategia cuyos puntos oscuros y el carácter punitivo se pueden encontrar en los cuestionarios del Inegi, alrededor de 700 mil trabajadores de la educación, incluyendo a maestros, podrían ser despedidos porque de lo que se trata es de recortar gastos en salarios de profesores , administrativos y los servicios que generan las escuelas, dando como resultado que sean los padres de familia quienes tengan la obligación de cubrirlos.
Respecto de las labores de brigadeo e información que realizan en la entidad, De la Cruz afirmó que las seguirán realizando mientras los profesores veracuzanos los sigan invitando y refirió que en el norte de la entidad se realizaron encuentros en los que había padres de familia, miembros de las comunidades además de llevarle información y movilizar a unas 30 mil personas “no obstante el acoso de personas que se acreditaban como miembros de la policía”.
Dijo que en Naranjos fueron recibidos con la información de que los docentes de la localidad habían desconocidos a algunos compañeros que se habían prestado a firmar una minuta sin su consentimiento “a quienes acusaron de traidores; por ello nombraron a otros compañeros y el ejemplo cundió por toda la región”.
Indicó que el estado de ánimo de la bae magisterial se encuentra elevado pero también irritado por el levantamiento del Censo y advirtió que los docentes se estan oponiendo a que se lleve a cabo el levantamiento de encuestas por lo que será responsabilidad del Inegi de cualquier acto que suceda en las comunidades donde los maestros se opongan a su realización
En tanto, Dióscoro Nazario López reiteró que la inconformidad en contra del liderazgo de la familia Callejas y de Manuel Arellano en la sección 56 del SNTE se puede constatar en las marchas que al margen de las dirigencias formales se realizaron en el norte de la entidad, “concretamente en Tuxpan donde se llenó el malecón” y afirmó que lo siguiente es que los afiliados a las dos secciones sindicales se organicen para la destitución de sus líderes y el nomramiento de profesores comprometidos y honestos.
