martes, 23 de julio de 2013

El INAH y la desamortización de los bienes culturales


Luis Hernández Navarro

Un intenso debate sacude el mundo de la cultura en México. La remoción de Sergio Raúl Arroyo como director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el nombramiento de María Teresa Franco al frente del organismo ha provocado polémicas y denuncias. Lo que está en juego no es un asunto de filias y fobias hacia funcionarios públicos, sino de la defensa del patrimonio histórico.

Reconocidas voces del medio aseguran que la destitución de Arroyo fue resultado de la resistencia del funcionario a autorizar tres proyectos que afectan bienes culturales: la construcción del Cuarto Museo del Cacao en Chichén Itzá, las obras del teleférico en la zona de monumentos de Puebla y la explotación minera canadiense en la zona arqueológica de Malinalco.

Asimismo, afirman que la designación de María Teresa Franco fue producto de su proclividad a autorizar proyectos privados que dañan monumentos arqueológicos. No les falta razón. Directora general del INAH entre junio de 1992 y diciembre de 2000, con frecuencia se abstuvo de aplicar la Ley Federal de Monumentos y Zonas. Sin el menor pudor, avaló –en medio de fuertes protestas– la construcción de tres plazas comerciales sobre terrenos que forman parte del Perímetro A de Teotihuacán.

No es cuestión banal. El pasado está de moda y es buen negocio. Se le venera igual que se reverencia el dinero. El turismo es el principal consumidor de lugares históricos, constantemente recreados para satisfacer sus demandas. La industria turística se ha convertido en el principal constructor de una visión de patrimonio histórico, de una disneylandización de la historia similar a la que se buscó difundir con el espectáculo de luz y sonido en Teotihuacán. Para ella, el INAH y su legislación son un obstáculo. Necesitan tener al frente a alguien que les sea afín.

El INAH tiene como mandato de ley investigar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación para el fortalecimiento de la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta. Parte de esta legislación es el decreto publicado en el Diario Oficial el 31 de octubre de 1977, mediante el cual se establece que los museos nacionales y regionales, así como los monumentos arqueológicos e históricos y las zonas de monumentos arqueológicos, dependientes del INAH, no serán utilizados por ninguna persona física o moral, entidad federal, estatal o municipal, con fines ajenos a su objeto o naturaleza. Estos fines se establecen en la Ley de Monumentos Históricos.

El decreto fue promovido por el entonces director del INAH, Gastón García Cantú, para dotar a la institución de una cobertura jurídica que protegiera a los monumentos arqueológicos e históricos. En aquellos años era usual que políticos y empresarios usaran los edificios históricos, sin importar el daño que provocaran, para campañas políticas, bodas, celebración de quince años, eventos altruistas y conciertos de gala. García Cantú contó en distintas ocasiones cómo los escandalosos reventones de la primera dama, Carmen Romano, en el Museo Nacional de Historia, lo llevaron entrevistarse con el mandatario para solicitarle que los impidiera. El historiador, junto a Porfirio Muñoz Ledo, entonces secretario de Educación Pública, explicó al jefe del Ejecutivo por qué era inadecuado dar el permiso para efectuar una recepción más que organizaba su esposa. El Presidente le respondió que el cuerpo diplomático ya había sido convocado y, por tanto, no se podía cancelar el acto. García Cantú insistió en que el castillo estaba en peligro y le propuso que el Ejecutivo federal expidiera un acuerdo prohibiendo que los centros históricos o prehispánicos fueran sitios de reuniones sociales. López Portillo aceptó, aunque la francachela de su consorte no fue cancelada. El decreto contó con el aval de la comunidad científica, académica y laboral del instituto.

El INAH y la legislación federal que ordena su funcionamiento son un problema para el capital inmobiliario, la industria turística y los políticos que les sirven. También para los grandes centros comerciales y las compañías mineras que se topan con vestigios arqueológicos e históricos en sus operaciones. Asimismo, son un inconveniente para familias distinguidas y funcionarios públicos que desean utilizar los monumentos históricos para dar realce a sus actos sociales.

Para los señores del dinero es inadmisible que los bienes históricos y culturales no puedan convertirse en mercancías con las que obtener beneficios. Exigen, reiterada y sostenidamente, de manera abierta o soterrada, su desamortización, esto es, su paso a manos privadas. Para ellos, mantener públicos esos bienes impide que se generen ganancias e implica un gasto desmesurado. Quieren hacer negocio, ya. De paso, desean, apropiarse del capital simbólico que esas obras proporcionan, para darse lustre con ellas.

En su empeño han contado, frecuentemente, con el apoyo de una parte de las autoridades del Instituto, de Conaculta y de la Secretaría de Educación Pública y, por supuesto, con una abultada nómina de legisladores. Una y otra vez han procurado que se legisle a modo de sus intereses. Por lo pronto, no han tenido éxito, aunque lo van a seguir intentando.

Una parte muy importante de la comunidad, integrada por muchos de sus trabajadores, investigadores, profesores, profesionistas y mandos del INAH están firmemente comprometidos con la misión del instituto, lo que es un verdadero dolor de cabeza para los directivos que no lo están y para los intereses empresariales y políticos. Ellos se han apropiado de su materia de trabajo y se asumen como el INAH.

El compromiso de esta comunidad se ha hecho evidente una y otra vez, al denunciar los proyectos que ponen en manos privadas el patrimonio histórico, que dañan para favorecer intereses empresariales o que pervierten su sentido social. Son los trabajadores técnicos, manuales, administrativos e intelectuales de la institución quienes ha frenado la desamortización de los bienes culturales. Serán ellos los que, nuevamente, impedirán el avance de la agenda privatizadora si la nueva directora se empecina en impulsarla.

Habrá más violencia con la reforma energética de PAN y PRI: AMLO


Matilde Pérez U.

La reforma energética propuesta por los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) es un acto de irresponsabilidad supina y un engaño para la población, ya que con ella se pretende entregar 60 por ciento de los recursos petroleros al sector privado y empresas trasnacionales, sostuvo Andrés Manuel López Obrador en un mensaje difundido ayer en YouTube.

Las reformas energética y fiscal van de la mano, porque los que gobiernan traman quedarse con las utilidades del petróleo y aumentar el impuesto al valor agregado (IVA) en todos los productos de consumo generalizado para tapar el hoyo que dejará al erario la privatización de la paraestatal. De aprobarse dicha reforma ya no habrá dinero para la educación pública, vivienda ni para el desarrollo del país y eso producirá más violencia e inseguridad, destacó el ex candidato a la Presidencia de la República.

Convocó a los ciudadanos a impedir que unos cuantos roben la riqueza petrolera y se continúe afectando la economía popular; además, invitó a participar en la asamblea que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llevará a cabo el 8 de septiembre en el Zócalo de la ciudad de México.

En conferencia de prensa, Martí Batres, presidente del Morena, dijo que el PAN, con la presentación de algunos lineamientos de su propuesta de reforma energética, hace el trabajo sucio al gobierno federal, a cambio de la gubernatura en Baja California.

Gustavo Madero Muñoz, presidente del PAN, “actuó de prisa y, como en la época de las concertacesiones salinistas, anunció su propuesta energética a cambio de evitar el conteo de voto por voto en Baja California para que su candidato se quede como gobernador del estado. Recurrió a un discurso lastimero y de perdedores” para justificar la privatización de Pemex y aumentar los activos energéticos de Estados Unidos, cuya población consume 25 por ciento de la energía del planeta”, dijo.

La propuesta del PAN parece que fue redactada en las oficinas de la Exxon y de la British Petroleum; es una agresión al pueblo mexicano, aumenta la corrupción y entrega en unos cuantos años el conjunto de la industria petrolera a las empresas extranjeras, agregó.

Morena, sostuvo Batres, emprenderá una férrea defensa de la paraestatal, de la cual emanan 100 mil millones de dólares anuales que son destinados a salud, educación, vivienda, empleo y obra pública. Recurrirá a movilizaciones pacíficas de la ciudadanía en el país y a una gran concentración el 8 de septiembre en el Zócalo de la ciudad de México para defender lo que fue construido con el esfuerzo de los mexicanos durante 75 años.

Acompañado por diversos integrantes de la directiva de la agrupación, entre ellos el escritor Paco Ignacio Taibo II, agregó que el Morena reforzará sus campañas de información y de organización para frenar la reforma energética. No se necesitan reformas legislativas para capitalizar a Pemex, lo que se requiere es voluntad política.

Pedirá Solalinde al papa Francisco interceder por desaparecidos en México


Fernando Camacho Servín

México, DF. El sacerdote Alejandro Solalinde y familiares de personas desaparecidas enviarán una carta al papa Francisco en donde le piden que interceda ante las autoridades mexicanas para que éstas hagan su trabajo y emprendan la búsqueda de las víctimas de este delito.

En conferencia de prensa, el director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino explicó que el llamado al pontífice representa un llamado de emergencia para ver si él puede ayudar a detener la “tragedia humanitaria de dimensiones incalculables” que vive el país en estos momentos.

Rubén Alejandro Pérez, Graciela Villagómez, Yolanda Montes, Margarita Santizo, Teresa Vera y María Herrera, todos ellos firmantes de la carta dirigida a Jorge Mario Bergoglio, narraron la desaparición de sus familiares y dijeron esperar que el jefe de la Iglesia Católica pueda ayudarlos a que las autoridades mexicanas escuchen su pedido de ayuda.

Aunque admitió que buena parte de la clase política y los servidores públicos del país son corruptos, Solalinde recordó que también son católicos y por ello manifestó su esperanza de que “su corazón pueda ablandarse” al recibir un llamado del Papa a su conciencia.

“El Papa es una autoridad moral, aunque no tenga autoridad jurídica. Su trabajo es buscar el reino de dios”, enfatizó el sacerdote, quien ya ha solicitado una reunión con el nuncio apostólico Christophe Pierre para entregarle la carta a nombre de los familiares de los desaparecidos.

Reprueban ONG asesinato de un migrante hondureño en Moloacán, al sur del estado


RODRIGO SOBERANES

Veracruz, Ver.- Decenas de asociaciones nacionales y extranjeras condenaron el más reciente homicidio de un migrante hondureño ocurrido en Veracruz en un comunicado dirigido al las autoridades mexicanas titulado “Con tragedia tras tragedia, llegamos al genocidio”.

El 17 de julio, un migrante fue asesinado cerca de las vías del tren en el municipio de Moloacán, al sur del estado. En ese incidente, otro centroamericano más resultó lesionado por una bala.

“Nos preguntamos como sociedad, como migrantes, como defensores/as de derechos humanos si el límite de personas migrantes muertas no ha sido completado, porque no existe otra explicación a tanta muerte”, dice el texto.

Algunas de las agrupaciones que firman el documento son el Comedor san José de Huehuetoca, Casa del Migrante Hermanos en el Camino, Colectivo Ustedes Somos Nosotros, Las Patronas y el Movimiento de Teólogas Anabautistas.

El posicionamiento está dirigido en primer término al presidente Enrique Peña Nieto y luego al gobernador Javier Duarte; al presidente del Senado, Ernesto Cordero, y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, entre otros.

Las asociaciones criticaron al Estado mexicano por no garantizar la seguridad que transitan en el territorio nacional, como, recuerdan, es su obligación constitucional.

“Pedimos justicia, pero más aún exigimos acción permanente y comprometida en garantizar la seguridad de todos los que habitamos en el país, ese es su mandato, para ello fueron electos”.

Además de hacer una descripción de los delitos de los que son víctima los migrantes, califican a este grupo de personas como uno de los sectores más vulnerables frente a la delincuencia organizada.

“Exigimos que respondan a sus atribuciones y actúen en consecuencia para combatir las actividades criminales de estos grupos organizados que ya actúan a cualquier hora del día y en cualquier lugar”.

Otras de las ONG que firman son el Centro comunitario de atención al migrante y necesitado, Caridad Sin Fronteras AC, Carmen Fernández, centro de derechos humanos Fray Matías de Córdova AC y Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes AC.

Amparan instituciones acopio de coque en Jáltipan; daña al medio, refutan ecologistas


SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA

Coatzacoalcos, Ver.- Representantes del gobierno federal, del estado y el municipio de Jáltipan se reunieron con ciudadanos inconformes por la instalación de un centro de acopio de coque, propiedad de la empresa García Munté; desmienten que sea peligroso para la salud, ya que cuentan con todas las medidas de protección.

El representante de la empresa “probó” el coque para demostrar que no era dañino y no provoca cáncer por exposición.

En la sala de cabildos municipal se reunieron varios representantes de diversas dependencias con representantes de las agrupaciones “chogosteros en acción” , “Jáltipan Vive” y demás ciudadanos preocupados por la instalación de esta planta y el daño que han realizado a la zona arqueológica recién descubierta.

Hugo Mellón Guerrero, representante de la empresa española García Munté, aseguró que el uso del coque no es peligroso ya que cuentan con todas las medidas de seguridad, y como empresa cumplieron con todas especificaciones que requiere la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Explicó que el coque es un derivado del hidrocarburo, es un material granulado y su proceso se realiza a altas temperaturas, por lo que no es inflamable e inocuo, es por ello que cuentan con los decretos nacionales e internacionales para su uso extendido.

La empresa, dijo, extendió una geomembrana en el suelo donde van a almacenar el coque, el cual estará rociado de manera permanente con agua de lluvia para evitar que las partículas vuelen a la ciudad.

El químico se venderá a las empresas, por lo que no se va a quemar, ni transformar físicamente en esa zona y no representa un peligro para la población. Hugo Mellón fue más allá y llevó una muestra del coque que ellos están almacenando y probó el residuo para confirmar que no representa ningún peligro para la población.

Juan Manuel Aguilar, representante de la Semarnat y Luis Ponce Jiménez, Edgar Rendón y Rafael García representantes de la Secretaria de Medio Ambiente (Sedema), dieron a conocer que esta empresa está a prueba y bajo observación para determinar su operación. Mencionó que el tiempo para recibir las inconformidades se había terminado, pues tras emitir públicamente la implantación de esta empresa ya no existe ningún argumento para frenar su operación.

Actualmente, más de 3 mil 500 toneladas diarias se están transportando en equipo convencional, como en carro-tolvas (o ferro-tolvas) hacia la planta de almacenamiento, que está en periodo de pre-arranque, ubicada a un costado de la carretera federal del municipio de Jáltipan.

En tanto, Alfredo Calderón, antropólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), explicó que la terminal de almacenamiento no ocupa ni 10 por ciento de la zona arqueológica encontrada, ya que la mayoría de las “plazas” se destruyeron con la carretera, azufrera y las vías del tren.

Confirmó que el INAH liberó el área de entierro” dentro de la terminal, pero se restringió la pirámide, donde no pueden hacer ningún tipo de trabajo, aunque recordó que esta área fue afectada desde 1892-94 por Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, cuando trazo la vía en todo el Istmo.

A pesar de las explicaciones, los habitantes de Jáltipan exigen que pare sus labores la empresa García Munté, ya que sostienen que las operaciones con el coque van a afectar la salud de la población en general.

Julissa Hernández Gijón, presidenta de la asociación Chogosteros en acción, dijo que esta empresa ya ha comenzado a causar estragos en el ecosistema, pues ha devastado varias hectáreas de selva, y ha comenzado a afectar a pescadores de la región.

En la reunión, pescadores dijeron ya están comenzando a notar los problemas ecológicos que está ocasionando esta empresa, pues hace algunos días los camarones se redujeron considerablemente y algunos peces aparecieron muertos.

Asimismo, dijeron que de acuerdo a sus investigaciones realizadas por el equipo de trabajo que traen, como ingenieros y biólogos, se reveló que este material no está regulado por los estándares de calidad industrial en el país.

Ante las exigencias de este grupo, el alcalde Mauricio Molina Mayo expuso que las dependencias en cuestión son las que determinarán esta resolución, “si las autoridades ven que no está sustentado dentro de las normas legales, el ayuntamiento apoyará para que la empresa sea clausurada, pues estamos a favor de la población, pero todo se llevará a cabo dentro del marco legal”.

Tras la reunión que duró varias horas se acordó que la Sedema realizara un nuevo estudio de impacto ambiental en toda la zona de influencia de la nueva instalación y determinará si se procede a la clausura.

Exigen una nueva Ley de Minería


Dulce Maya

CUERNAVACA. Por una nueva ley minera congruente con los mandatos constitucionales y con los tratados internacionales ratificados, que garantice respeto, democracia y futuro para las comunidades, a los bienes comunes y a México, se pronunciaron varias organizaciones sociales de todo el país.

Al dar a conocer el Manifiesto Nacional Pro-Nueva Ley Minera en México “Por el respeto a los pueblos y el ambiente, una ley minera diferente”, las organizaciones sociales urgen a meter en cintura o regular la actividad minera del país, muy en especial la conocida como megaminería, que no puede esperar más. “Nadie escapa a sus efectos destructivos. El tamaño creciente de su control político sobre el territorio destruye el poder formal municipal, estatal y nacional. Su impacto contaminante se extiende más allá de lo que se ve, abarca a la atmósfera, las tierras de cultivo, los acuíferos y fuentes de agua, de la que depende la vida. Regular la minería es recuperar soberanía popular y nacional”.

Ahí, refieren que la filosofía de la actual ley minera, y las interpretaciones y políticas ejercidas por las instituciones mexicanas también son violatorias de numerosos compromisos internacionales ratificados por México; por todo ello, anuncian el inicio de un proceso para cambiar la actual Ley Minera y alcanzar un Nuevo Marco Jurídico para Regular la Minería en México.

“Una Nueva Ley Minera congruente con los mandatos constitucionales y con los tratados internacionales ratificados, que garantice respeto, democracia y futuro para nuestras comunidades, a los bienes comunes y a México”.

Las modificaciones

En la propuesta hacia una nueva ley minera consideran necesario que se establezcan cambios sustanciales, como que la actividad minera deje de ser preferente por encima de otras actividades, que establece la participación vinculante de la población sobre toda decisión para pueblos originarios y no. Se establece y se regula la licencia social a través de los procedimientos y consulta o participación para las distintas concesiones Sin esta licencia social la Secretaría de Economía no podrá entregar una concesión. Además, se regula el transporte de insumos, producción y desechos mineros.

Se establece todo un capítulo sobre derechos de poblaciones indígenas al goce preferencial del territorio y recursos naturales, frente a actividades mineras; se separan las concesiones de exploración de las concesiones de explotación y beneficio minero. Se establecerían plazos diferentes de vigencia, duración y prórroga. Se establece un procedimiento estrictamente regulado para el cierre de minas con obligaciones y responsabilidad para el solicitante. Se regula la transmisión de concesiones y se elimina la división, reducción o unificación de las mismas.

Se establecen límites y condiciones que normen dónde no puede entregarse una concesión; anula las cláusulas de confidencialidad y se exige a la Secretaría de Economia mayor transparencia sobre las mismas. Se establecen nuevos procedimientos de inspección obligatorios; se exime de pago de derechos la entrega de información cartográfica correspondiente a yacimientos, concesiones y sitios de actividad minera. Se ajustan montos a pagar por derechos correspondientes a número de hectáreas de concesión.

Sobresale el establecimiento de regímenes diferenciados y se introduce el cobro de regalías para la minería, cobradas por el valor del volumen de minerales producidos a boca de mina (no sobre los ingresos reportados de las empresas) con regímenes diferenciados para minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería.

Además de que se elimina la protección, por reserva fiscal, a la información sobre impuestos con que contribuyen las mineras al fisco y se fortalecen los mecanismos preventivos y las sanciones a las eventuales violaciones a la Ley. Aumentan las causales de nulidad de una concesión y las infracciones que pueden acarrear multas o cancelaciones de la concesión.

Crece el conflicto alrededor de la ampliación de la autopista en Tepoztlán


Dulce Maya

TEPOZTLÁN. El riesgo de enfrentamiento en torno a las obras de ampliación a cuatro carriles en la Autopista Cuautla-La Pera va en aumento.

Desde las primeras horas de este lunes y al repique de campanas, vecinos de Tepoztlán reforzaron el campamento Caudillo del Sur, ubicado en los límites de los bienes ejidales y comunales de esta localidad, para evitar que la empresa Tradeco reiniciara sus trabajos en los 15 kilómetros restantes del proyecto carretero.

Los opositores al proyecto se plantaron la mañana de ayer frente a la maquinaria pesada, trabajadores y policías federales, ante el presunto intento del gobierno federal de avanzar con los trabajos de la obra en territorio comunal del municipio de Tepoztlán.

“Fue una absoluta provocación por parte de Tradeco y la SCT, estamos frente a la policía y no sabemos qué va a pasar, hay gente de un lado a otro. Están provocando y entrando aquí, están entrando aquí donde se supone que no deben estar porque ponen en peligro nuestra vida.

“Pasaron la línea y no vamos a permitir que entren las máquinas a la parte de abajo del campamento. No tienen la autoridad jurídica para traspasar el límite, pero sí nos ponen en peligro. Es inaceptable que con sus máquinas se internen”, señaló el vocero de los Frentes Unidos por la Defensa de Tepoztlán, Manuel Contreras Maya.

Presiones por acelerar la obra

La semana pasada, el director del Centro Morelos de la SCT, Carlos Mateo Aguirre Rivero, anunció que las obras de construcción en el tramo faltante de 15 kilómetros -correspondientes a los bienes comunales-, en la Autopista Cuautla-La Pera, estarían por reiniciar “en próximas fechas”. Al parecer, este lunes sería la fecha prevista.

El funcionario federal se dijo muy optimista: “No me ha pasado por la mente su cancelación, pero de ser así, estaríamos hablando de más de mil millones de pesos, los que se irían a otro estado”.

“No tenemos una fecha fatal; sí nos están insistiendo nuestras oficinas centrales y normativos a nivel central, de buscar una solución inmediata a este problema y lo estamos buscando. Yo creo que en fechas muy próximas podremos entrar a la ultima parte de la conclusión de este proyecto”, dijo.

La resistencia

Arriba, en el cerro, en el campamento de resistencia El Caudillo del Sur, se lanzó la advertencia organizada de los comuneros del Valle Sagrado de que no permitirán la devastación de la zona; está de manifiesto en cada una de las mantas y rostros de los activistas; mientras que abajo, otro grupo hace frente directo a la maquinaria pesada, a los trabajadores de Tradeco, al personal de la SCT y a la policía.

Desde arriba, se puede ver el avance de la Autopista a cuatro carriles Cuautla-La Pera y también escuchar en medio de las chicharras, el avance de las máquinas que la empresa Tradeco utiliza para derribar el cerro, cada vez más cerca. Este campamento -fortalecido por el Frente en Defensa de Tepoztlán (FDT)-, es el resultado de un acuerdo de la asamblea de comuneros de Tepoztlán que el pasado 10 de marzo, se acordó instalar en los linderos entre las tierras comunales y ejidales para vigilar y evitar el paso de las máquinas.

El campamento, instalado desde el pasado 11 de marzo, en el kilómetro 15+970 de la Autopista Cuautla-La Pera, para vigilar y proteger las tierras comunales, tiene una guardia permanente que se alimenta con la llegada de más gente, simpatizante con la lucha en contra de las obras de ampliación de la Autopista Cuautla-La Pera y advierten que estarán atentos a cualquier intentona para afectar el entorno ecológico por parte de los encargados del proyecto vial. “A pesar de que no hay ningún permiso para los trabajos de la ampliación en la zona comunal, Tradeco y la SCT intentan traspasar constantemente el límite para la tala ilegal y otras acciones fuera de la ley”, refieren.

Ahora, “ante la provocación” se ha juntado la gente que está en contra de la ampliación y “puede pasar cualquier cosa, porque vamos a defender el territorio de Tepoztlán; vamos a impedir la tala de la zona ecológica y por el otro lado están amenazantes trabajadores de la constructora y policías federales”.

Desde la semana pasada, el movimiento social Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán, se declaró en alerta ante las intenciones de la SCT y la empresa constructora por invadir la zona de resistencia, poniendo en riesgo el ecosistema de la zona, pero también la integridad física de quienes desde ahí mantienen las acciones de resistencia.

Al filo del mediodía, las campanas de la llamada Iglesia Grande dieron a repique, convocando a los tepoztecos a reforzar el campamento, mientras que Jorge Cruz, director jurídico de la SCT, se apersonó en el lugar para tratar de dialogar con los inconformes, quienes advierten sobre el riesgo de un enfrentamiento con supuestos simpatizantes y trabajadores de la empresa.

La empresa minera provoca conflictos


Raúl Morales Velázquez

CUERNAVACA. En el marco del Aniversario de la Lucha contra la Minería a Tajo Abierto, pobladores de Tetlama pidieron a las autoridades estatales y federales “sacar a la mina de la comunidad, porque están provocando mayores conflictos sociales”.

Al concluir el foro de la Lucha contra la Minería a Tajo Abierto, realizada la mañana de este lunes en el Parque Ecológico Chapultepec, en donde participaron grupos culturales, artísticos y sociales que han estado en los últimos meses apoyando la defensa de la tierra, afirmaron que la minera canadiense Esperanza Silver, “a pesar de que le rechazaron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por parte de la Semarnat, personal de la minera continua operando para dividir al pueblo”, por lo que acordaron junto con otros pueblos como Tepoztlán y Miacatlán, entre otros, seguir en lucha y exigir al gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, que retire las concesiones que se otorgaron para la explotación de minas en Morelos.

“Pedimos al Gobierno del estado, que de una vez por todas actúe, y si ya rechazó el gobierno de la República la MIA, gestione para que saque a la mina de Tetlama, porque lo único que está ocasionando es división y enfrentamiento entre la población, y los que estamos inconformes de hecho llevamos un mes que no tenemos el servicio de agua, como represalia por parte de la minera que maneja a las y los encargados de abastecer el vital líquido”, denunció Marcela Gregorio Rojas, vecina de Tetlama.

Los pobladores opositores, afirmaron que la empresa “sigue metida ahí, pareciera que tiene un chip y dicen que no se van a ir hasta que no se realice el proyecto, mientras siguen metiéndoles cosas a la gente como ideas que como opositores nos afectan, al decirle a sus trabajadores que por nuestra culpa se va ir la mina, cuando no es verdad; les dice que somos los culpables porque andamos de chismosos, cuando no es verdad todo lo que se dice”.

Sostuvieron además que existe temor hacía los trabajadores de la mina de agresiones que pudieran darse en contra de los pobladores que se oponen al proyecto minero; “en la noche ya no queremos salir; a una compañera que se también opone también le han tratado de secuestrar a su hija dos veces, es decir, están desesperados porque nos culpan de que la MIA se las haya rechazado la Semarnat cuando no es verdad, lo único que pedimos es que salga de Morelos”.

Gregorio Rojas rechazó que hayan despedido a los trabajadores de la empresa, como se manifestaron en su momento personas que decían haberse quedado sin empleo, porque la mina se iba, pero “eso no es verdad, e incluso les pagan para amedrentarnos y dividir al pueblo”.

Las y los participantes del foro exigieron al gobierno del estado que entregue un documento en donde se comprometa a que ni hoy ni nunca van a permitir que se instale una minera en Morelos “porque las afectaciones al entorno ecológico son graves”.

Por su lado, investigadores reiteraron que se tendrá que solicitar al gobierno federal el que retire la concesión a la minera Esperanza Silver para que salga de Morelos, “porque ellos dicen que no se van a ir, ya sea esperar (sic) los seis años de este sexenio para echar a andar la mina”.

Por su parte Roco, vocalista del grupo Maldita Vecindad, consideró que cualquier ser humano con un poquito de conciencia sabe que para sacar un gramo de oro se contaminan miles de litros de agua y destruyen los entornos ecológicos”.

Llama Ocampo Bedolla a defender a las escuelas normales del estado de Morelos


Dulce Maya

CUERNAVACA. La Sección 19 del SNTE en Morelos ratificó su compromiso por defender el normalismo. “A través de la acción de los normalistas en la educación pública, afirmó, hemos logrado enfrentar la ignorancia, la injusticia, y la opresión que lastiman, ofenden y oprimen a la sociedad”, sostuvo la secretaria Ocampo Bedolla. Durante la graduación de 249 alumnos de las licenciaturas en Educación Física, Educación Especial y Educación Secundaria con especialidades en Historia, Español, Formación Cívica y Ética, Inglés, Telesecundaria, Biología, Química y Matemáticas, de las aulas de la Escuela Particular Normal Superior Benito Juárez (EPNSBJ), reiteró el compromiso del sindicato con la educación normalista. En su carácter también de presidente de la asamblea de asociados de la EPNSBJ, la dirigente del magisterio morelense expuso que el compromiso del SNTE con la escuela va mucho más allá de la participación abierta en su administración, y busca proveer de un ambiente en que los futuros profesores puedan desarrollar todas sus aptitudes y destrezas y adquirir los conocimientos necesarios para ser profesionales de la educación comprometidos con la trasformación de sus comunidades.

En este sentido recordó que el normalismo es cuna de las mejores causas populares porque se adentra en el sentir de las comunidades y se mantiene vinculado a ellas para beneficio del desarrollo de las sociedades. Destacó la trascendencia del ejercicio normalista como formador de amor por el suelo patrio de los espíritus jóvenes.

En nuestra Normal, dijo, formamos el compromiso de los estudiantes y egresados con los más necesitados y con la liberación de las conciencias. A través de la acción de los normalistas en la educación pública, afirmó, hemos logrado enfrentar la ignorancia, la injusticia, y la opresión que lastiman, ofenden y oprimen a la sociedad.

La dirigente seccional refrendó el compromiso de su dirigencia con la educación al servicio del pueblo, un lema que se vincula directamente al quehacer diario y a la misión institucional de la Normal Benito Juárez, y por supuesto a los 249 nuevos licenciados a quienes deseó el mayor de los éxitos en su futuro profesional.

Policías comunitarias abusan de la población


Raúl Morales Velázquez

CUERNAVACA. La Comisión de Derechos Humanos para el Estado de Morelos (CDHEM) reiteró el llamado al mandatario estatal para que se evite que las policías comunitarias “abusen de la población”, esto luego de que la semana pasada agredieran a una mujer en el municipio de Ocuituco.

Fabiola Colín Bolaños, secretaria ejecutiva del organismo que encabeza Lucero Ivonne Benítez Villaseñor calificó como “preocupante” que en Morelos operen este tipo de policías comunitarias, “pero más el que ya se haya hecho un llamado y no se vio respuesta; peor aún, se supo que el gobierno iba a apoyarlos con armamento y eso sí nos preocupa porque la sociedad no sabe hasta a dónde va a llegar al no tener una capacitación sobre el uso adecuado de la fuerza pública”; con ello aclaró no estar a favor de los delincuentes, pero sí “estas policías comunitarias deben regirse por un protocolo de seguridad”.

La secretaria ejecutiva de la CDHEM, consideró que cuando detienen a personas en flagrancia deben ponerlos a disposición de la autoridad competente y no hacer justicia por su propia mano, como lo hicieron en días pasados en contra de una mujer en el municipio de Ocuituco, misma que se encuentra muy grave de salud en el hospital de Cuautla.

“Hacemos un llamado a las autoridades del estado para que pongan cuidado con estas policías comunitarias en su actuación, porque se exceden en su actuación, porque al momento de que tienen conocimiento de que ciertas personas iban a cometer una conducta delictiva, ya sea e robo o secuestro, se enardece la población y los golpean o pretenden lincharlos”; de la misma manera sostuvo que se tienen detectadas por lo menos en Temoac, Tetela del Volcán, Ocuituco y la zona oriente del estado de Morelos.

Organizaciones resaltan en Puebla la lucha de grupos sociales en Guerrero


HERCILIA CASTRO (Corresponsal)

Zihuatanejo, 22 de julio. Ante 105 organizaciones y movimientos reunidos en el Encuentro Nacional en Defensa del Territorio, la Energía y los Derechos de los Trabajadores, realizado en Puebla, se destacaron las luchas de la entidad como la del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (Ceteg) y el triunfo de Zihuatanejo ante una empresa privada.

Desde temprana hora del sábado, entre música de protesta, jaranas veracruzanas, mantas y un ambiente solidario de 105 organizaciones provenientes de 14 estados del país, los anfitriones del evento mencionaron a las luchas presentes como la de la Red de Organizaciones y Grupos Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz), Cecop, SME, Ceteg y la de San Dionisio del Mar opositor al proyecto eólico en Oaxaca, entre otras.

El primer día del encuentro, el dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec (UCIZONI), Carlos Beas Torres, hizo una breve reseña de los 10 años de lucha del Cecop y lo felicitó a nombre de todos los movimientos sociales presentes.

Ánimó que “donde hay comunidad fuerte es difícil que entren estos procesos del capitalismo salvaje”.

Por su parte, la presidenta de la Rogaz, Obdulia Balderas Sánchez, a invitación del Cecop para hablar del movimiento que llevó a cabo contra la empresa privatizadora Fonatur Operadora Portuaria SA de CV, compartió su experiencia de lucha y estrategias de resistencia con los presentes.

Ya en la plenaria, la organización chiapaneca Maderas del Sureste, ejemplificó a la Ceteg como una muestra de valor, ya que “cuando el pueblo se une logra vencer a sus enemigos” y que la entidad es un pueblo lleno de valentía que puso la muestra de lo que debe ser la lucha social.

La esposa de Ignacio del Valle, Trinidad Ramírez, activista del Frente en Defensa de los Pueblos de la Tierra de Atenco (FDPT), manifestó que “nosotros somos uno con Guerrero” y aplaudió las luchas de la entidad.

Señaló que el encuentro sirvió no sólo para ver la problemática “que existe en nuestro México, sino para ver las acciones para avanzar en contra del capitalismo salvaje, pero sobre todo son importantes estos encuentros donde podamos seguir caminando y viendo la importancia de indignarnos”.

“Creo que el abuso hace una reacción diferente en ti como ser humano, y dices esto es una realidad, ya lo estoy viviendo, ya lo estoy sintiendo”, dijo.

Llevarán ante la Coidh su oposición contra las mineras, advierte la Crac


Permitirlas sería un atentado a la salud, al ambiente y al derecho de los niños, indica consejera

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 22 de julio. Con el respaldo de varias organizaciones sociales, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac) realizó el Fandango por la vida contra la minería en La Montaña de Guerrero, donde dejó claro su rechazo a la incursión de mineras en territorio comunitario.

Anticipó que llevarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) el caso para garantizar el respeto a los recursos naturales de los pueblos.

El fandango se llevó a cabo en el teatro hundido de la alameda Granados Maldonado, donde a nombre de los coordinadores y consejeros de la Crac se fijó el pronunciamiento contra las minera; las organizaciones sociales por su parte realizaron números musicales y de información para apoyar a la Coordinadora.

Entre las organizaciones que dieron su respaldo están el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan; la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg); estudiantes de la UPN; el Consejo de Seguridad de Huamuxtitlán; Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos, y el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco).

Felícitas Martínez Solano, consejera de la Crac, dijo que la postura es clara: no permitir la explotación minera en el territorio comunitario; hacerlo sería permitir un atentado contra la salud, el ambiente, y los derechos de los niños a vivir en un hábitat sano.

“La naturaleza es una herencia que nos dejaron nuestros abuelos y antepasados desde hace más de 500 años. Las peticiones de lluvias que nosotros (los pueblos originarios) hacemos en los cerros, con los árboles, el aire y nuestra madre tierra; siempre vamos a defender nuestra tierra que por mucho tiempo cuidamos”, mencionó.

Comentó que no entiende cómo es que los gobiernos han firmado tratados internacionales, como el de Kioto, para cuidar y preservar la naturaleza, y como esos mismos gobiernos han concedido a las empresas mineras permiso para explotar espacio llenos de riquezas naturales, más que de minerales.

“A las empresas les decimos, lo que sí les vamos a dar es el plomo que hay en territorio comunitario, pero no nuestras riquezas”, agregó.

Aclaró que la Crac se organizó porque pretenden llevar la denuncia contra los gobiernos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Denuncia el asesinato de su esposo a manos de la autodefensa


HERCILIA CASTRO, CORRESPONSAL

Zihuatanejo, 22 de julio. La comunera de San Jeronimito, municipio de Petatlán, Rosa María Ibarra Trejo, acusó que su esposo Leonardo Eliseo fue bajado y ultimado del transporte que lo llevaba de Tecpan a Petatlán, el pasado 13 de julio, por integrantes de la autodefensa, por lo que exigió una investigación y justicia ante ese hecho. Ibarra Trejo manifestó que Eliseo iba a vender su copra, ya que su oficio era jimador de coco, y sólo ganaba 200 pesos al día: “me dejó con cuatro hijos y ahora ya no tengo nada, mataron a mi esposo”. “Bajaron a mi esposo, lo revisaron en una lista y como vieron que era de Petatlán se lo llevaron y lo bajaron en el retén, fue este 13, mi marido era de su trabajo a su casa”, aseguró. Por su parte, una comunera de Petatlán que dijo llamarse Verónica aseguró que en San Jeronimito, también se viven abusos de los grupos delictivos y a la fecha van más de 100 muertos en el transcurso de este año. Aseveró que siguen los acosos de la autodefensa, por lo que el viernes, los comuneros serranos de las orillas de Tecpan y Petatlán amenazaron con cerrar la carretera federal.

Aprueban vecinos de Xaltianguis la presencia de policías civiles


FRANCISCA MEZA CARRAZA

 “Ya ahorita los niños salen a la calle, todos”, expresó la pobladora de Xaltianguis, Félix Téllez Urioste, con respecto a la presencia de los grupos de policías civiles; consideró que ha sido de beneficio para los habitantes. Téllez Urioste acudió ayer a consulta médica a las brigadas que el Ejército lleva a cabo en el poblado; informó que con su familia abandonaron el pueblo en diciembre del año pasado, luego de que, sin saber la razón, mataron a su hermano, su sobrino y al sobrino de su marido. Detalló que tuvieron que regresar en marzo por problemas de salud de su esposo y consideró que actualmente la situación en el poblado ha cambiado debido “a los comunitarios, gracias a ellos está más tranquilo”. “Ya ahorita los niños salen a la calle, todos, ya a las 9 de la noche vengo al mercado así para algún mandado y está todo bien”, agregó. Con respecto a la presencia de los militares, dijo que sería mejor si permanecieran en el lugar; “si de veras permanece muy bien estaría, pero que tal si nada más vienen dos días, un día y ya, se van a aprovechar más los matones”, dijo. Hasta ayer el Ejército no había recibido ningún arma en cambio en el programa de desarme, aunque durante la presencia de militares en la zona hubo un señor, Pedro Célis Ramírez, que llegó de manera voluntaria a donar una pistola calibre 9 milímetros.

Se aplicará la ley a los civiles armados en Xaltianguis, advierte jefe del Ejército


FRANCISCA MEZA CARRANZA

El comandante de la 27 zona militar, Mario Lucio González Cortés, advirtió que en el caso de Xaltianguis, donde el Sistema de Seguridad Ciudadana (SSC) opera de manera permanente desde el mes pasado, todo civil que esté armado y no autorizado para ello se le aplicará la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos.

Consultado en esta población, donde el Ejército lleva a cabo acciones de labor social, sobre si la labor militar aquí tiene que ver con la presencia de la policía ciudadana, lo rechazó pues dijo que los programas sociales, como consultas médicas, odontológicas y cortes de cabello, entre otros, son llevados a donde la población los requiere.

También fue interrogado sobre los grupos del SSC que operan ahí y sólo respondió que tiene conocimiento de algunas actividades que ya trata el gobierno del estado.

“Damos seguridad a la población en forma general, para eso los puestos militares de seguridad, lo demás deben considerar que es un aspecto político que debe atajar el mismo gobierno del estado y no estamos en esas condiciones de declarar”, expresó.

Dijo que hasta ahora no han visto en el lugar a ninguna persona armada y recordó que en otros sitios donde hay personas armadas sin comprobar su permiso, se desarman y se ponen a disposición del Ministerio Público federal.

Sobre si trabajarían de manera coordinada con ellos en la seguridad del poblado, González Cortés lo rechazó y aseveró que no pueden estar en coordinación con personas que están fuera de la ley. “Lo que sí es que tenemos coordinación con la policía debidamente establecida, municipal, estatal y federal, no tenemos contacto con otras personas que no estén dentro de la ley”, aseveró.

Por otra parte, respecto a la agresión sufrida el domingo por los desplazados de La Laguna en Ayutla, el jefe militar aseguró que tiene la misma información que los medios de comunicación.

El general evadió hablar del tema a pesar de reconocer que cuenta con toda la información que se suscita en su jurisdicción: Costa Grande, Acapulco y Costa Chica. “Como ustedes saben la información que ustedes mismos manejan es la que tenemos”, expresó. “La misma que tiene ustedes, la que acaban de comentar”, reiteró ante la insistencia.

Se le preguntó si los hombres armados iban por los desplazados, a lo que González Cortés dijo que eso era algo que le corresponde al gobierno del estado. “Precisamente no es nuestra función determinar si iban o no iban por los desplazados eso le corresponde al gobierno del estado responder”.

En el caso de Costa Grande, el comandante aseguró que ya se tienen detectados los grupos que operan, aunque se negó a dar detalles.

Dijo que se tiene detectados 36 plantíos de amapola en la zona serrana de Tecpan y se han logrado destruir seis.

Culpan desplazados del ataque en Ayutla a quienes los expulsaron de La Laguna


MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 22 de julio. Catalina Pérez Duque, madre de los jefes de las familias desplazadas de La Laguna, de Coyuca de Catalán, y atacadas en La Unión ayer por la mañana, denunció que la agresión proviene de los Gallegos, los mismos que los expulsaron de la comunidad serrana de donde son originarios.

Reprochó que el gobierno estatal incumplió la promesa de darles seguridad y de construirles sus casas en La Unión y Tepango, las dos comunidades de Ayutla donde se asentaron 16 familias que huyeron de La Laguna. “No nos apoyó. Dijo que nos haría las casas, nos llevaría despensas, y ayudarnos, no cumplió”, comentó la madre de los jefes de familia a quienes intentaron matar.

El dirigente de la Upoeg, Bruno Plácido Valerio, informó que uno de los dos hombres armados que atacaron a las familias desplazadas y que murió es Raúl Valdovinos Palacio, de 31 años, originario de Petatlán, y que el otro está en calidad de desconocido, mientras que el hombre detenido por la Policía Ciudadana, también agresor, es Emanuel Bisoso Manzanares, de Tixtla. Los policías ciudadanos detuvieron ayer a uno de los agresores; Plácido Valerio precisó que sólo un hombre de los agresores huyó.

La Laguna es una comunidad de Coyuca de Catalán (Tierra Caliente), pero colinda con la sierra de Petatlán (Vista Grande).

El coordinador del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (Fodeg), Bertoldo Cruz Martínez, ratificó que el ataque proviene de las mismas personas que los desplazaron de la La Laguna, y que la prueba es que uno de los agresores muertos es de Petatlán.

A salir de una reunión con el secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, en Casa Guerrero, donde avanzaron en la creación de la Comisión de Armonía, la cual podría estar lista la próxima semana, Plácido Valerio anticipó que es probable que el detenido por la Policía Ciudadana lo entreguen a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), porque es originario de Tixtla, que no pertenece a territorio de influencia del Sistema Ciudadano.

Agregó que antes investigarán completamente el caso, por lo pronto mencionó que hay una coordinación entre la Policías Estatal y Policía Ciudadana para dar seguridad a toda la Costa Chica.

Pérez Duque, estaba afuera de Casa Guerrero junto a más familiares y miembros de organizaciones sociales, en espera de que el secretario de Gobierno los atendiera. Adelantó lo que le plantearía al secretario: “les vamos a decir que si nos van a ayudar, o qué va hacer por nosotros, ¡Qué cosa quiere para nosotros, que nos maten o qué!, dejamos todo para ver si nos iba mejor, y seguimos en la misma”.

Mencionó que el acoso de hombres armados contra sus hijos comenzó el miércoles pasado; supieron que un carro rodeaba las viviendas en La Unión, y ayer los atacaron. Dijo que tienen temor por lo quiera ocurrirles.

De Pérez Duque, se desprende ocho familias directas, es decir, nueve en total que pretendían vivir en La Unión, en las casas que les construiría el gobierno estatal. Seis se trasladaron a la cabecera municipal de Ayutla, a dos casas que les rentó el gobierno, y las otras tres se quedaron en La Unión, esperando que iniciara la obra.

En la entrevista, la madre dijo que quienes están detrás del ataque son los mismos que los sacaron de La Laguna. En un principio se negaba a precisar de quiénes se trataba, pero mencionó a unos tal Gallegos, que dijo están relacionadas con otras familias, y les adjudicó delitos como la tala y venta de madera, siembra de enervantes, secuestros y muchas muertes.

Exigen liberación de detenidos que fueron llevados a la PGR y la devolución de las armas


SERGIO FERRER

Olinalá, 22 de julio. La Policía Comunitaria de Olinalá exigió a las autoridades que se llevaron detenidos a tres de sus integrantes, su liberación inmediata así como la devolución de sus armas. Para que pueda concretarse dicha petición, fueron detenidos seis policías municipales junto con su director y un auxiliar del Ministerio Público.

El domingo por la noche, el Ejército detuvo al equipo de comunitarios que realizaba un rondín a la altura del hospital básico de la cabecera municipal encontrando tres armas calificadas de uso exclusivo del Ejército, dos nueve milímetros y una 38 super, pero al parecer les dijeron que podrían andar esa noche con éstas pero que en lo posterior las guardaran.

Sin embargo, 15 minutos después, comandados por el “teniente Sierra”, marinos y personal del Ejército volvieron a detener a la comunitaria llevándose a Martín Acevedo, Eulogio López y Carlos Sánchez, los tres policías que portaban las armas e incluso también se quisieron llevar a la coordinadora Nestora Salgado cuando acudió al lugar de los hechos.

Los policías comunitarios fueron trasladados a la PGR de Chilpancingo. En cuanto a las detenciones de los policías municipales, éstas se dieron luego de que se presentaron los efectivos junto con el director de Seguridad Pública municipal que se encontraba en estado de ebriedad, por lo cual fueron retenidos y decomisadas provisionalmente sus armas y la patrulla en la que había cervezas y una botella de alcohol.

Al mediodía de hoy, personas del pueblo se concentraron afuera de las oficinas de la PCO que permanece custodiada por policías comunitarios de Olinalá y Tlatlauquitepec en espera de las posibles negociaciones que se emprenderían. La postura de la PCO se mantuvo firme en exigir la liberación de los detenidos y el regreso de sus armas. “Si les fincan fianza aquí también a los municipales se les pondrá fianza y si quieren comprar las armas nosotros también les compraremos las suyas”, protestó Salgado, quien señaló que era injusta la persecución y acoso que están padeciendo por parte de las fuerzas militares principalmente por el Teniente Sierra e incluso un almirante que la amenazó vía telefónica semanas atrás.

Durante la reunión de habitantes un ciudadano que pidió a los medios el anonimato, mencionó que eran tácticas utilizadas por el gobierno para desestabilizar pero que no se quitará la CRAC, a pesar de que ha existido desinformación y contralabor para desacreditarla.

A lo largo del día no se presentó alguna persona del ayuntamiento ni el alcalde realizó alguna llamada telefónica a la coordinación de la PCO.

En cuanto a la detención del auxiliar del MP esta se dio luego de que acudiera para pedir un vehículo en el que había sido sorprendido un hombre conduciendo a exceso de velocidad en cuyo interior había una niña de aproximadamente nueve años y otro hombre alcoholizado.

Varios habitantes señalaron en la reunión que la policía comunitaria ya se había creado y que estaba respaldada pero “si se va la comunitaria que se vaya también el alcalde” atajó una señora. Por otra parte se aseguró que existe en el municipio un problema de corrupción en la cuestión ganadera y un cacicazgo en la venta de materiales de construcción, entre otros. Para la PCO el clima de acoso ha sido principalmente por parte de las fuerzas armadas y del ayuntamiento cuyo policía municipal a detenido a personas por el hecho de ser policías comunitarias cobrándoles multas excesivas, “nos buscan delitos que no hay, no tienen de que acusarnos”, reprochó Salgado.

Cerca de la una de la tarde una mujer fue retenida por la PCO acusada de haber ofrecido dinero a un joven para que matara a un comandante de la comunitaria.

Se conoció que días antes el Ejército no brindó soporte a los comunitarios quienes pidieron apoyo por el aviso de un secuestro en el Carrizo pero no hubo respuesta. En su participación, el coordinador de la Policía Comunitaria en Tlatlauquitepec señaló que sufrió torturas en su secuestro y que en Olinalá si aún no ocurrían esas cosas como lo que le pasó a él, no permitieran que se extinguiera la comunitaria.

Al final pidió que ofrendaran agua y comida a los difuntos o a las personas que están perdidas o secuestradas porque cuando se está así hay sed espiritual, dijo.

Detienen la Marina y el Ejército a 3 policías comunitarios en Olinalá


Los funcionarios estarán retenidos el mismo tiempo que los guardias civiles, advierte Nestora Salgado

MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 22 de julio. A la medianoche de ayer, efectivos de la Marina y del Ejército detuvieron en Olinalá a tres policías comunitarios que dependen de la casa de justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), cuando realizaban un rondín ordinario nocturno, y los trasladaron, donde estaban hasta esta tarde, a la delegación de la PGR en Chilpancingo.

La coordinadora de la CRAC en Olinalá, Nestora Salgado, consideró que los marinos y militares querían aprehenderla a ella. “La Marina iba por mí, iban en dos camionetas. Llegó el teniente Sierra, o al menos así dijo llamarse. Le dije que me dijera el motivo por el que quería detenerme. Parece que la Marina la anda haciendo de niñera en Olinalá, haciendo cosas que corresponden al ayuntamiento. Como no pudieron detenerme se llevaron a mis compañeros”, denunció.

En respuesta, informó la propia coordinadora, una hora después, la Policía Comunitaria de la CRAC en Olinalá detuvo al secretario de Seguridad Pública en el municipio, Lorenzo Medardo Vázquez, que se encontraba en estado de ebriedad; el ministerio público Francisco Bello, y seis policías municipales junto con una patrulla.

La coordinadora de la CRAC advirtió que los funcionarios y policías municipales permanecerán detenidos el mismo tiempo que los comunitarios en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), donde estuvo desde temprano exigiendo le aclarar la situación de los policías.

En entrevista detalló cómo sucedió la detención. “Los policías comunitarios andaban haciendo los rondines, como sucede todas las noches por las calles de Olinalá, fue entonces cuando los paró la Marina, y detuvo a los tres compañeros Martín Acevedo, Carlos Sánchez y Mauro Ponce, por llevar dos pistolas de nueve milímetros, y una 38 especial; se los entregó al Ejército y los trasladaron a Chilpancingo”.

Advirtió: “nosotros decimos que si no liberan a nuestros compañeros y les devuelven sus armas, no vamos a liberar a los funcionarios del ayuntamiento. El gobierno estatal planteó que nos pagarán las tres pistolas, entonces les decimos que también les vamos a pagar los seis rifles AR-15, que traen los policías municipales”.

El coordinador de la casa de justicia de la CRAC en San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, quien llegó a la PGR para solidarizarse con sus compañeros de Olinalá, exigió la liberación de sus compañeros, porque “nos están tratando como delincuentes, cuando nosotros estamos haciendo una verdadera seguridad y justicia en nuestra sociedad”.

También solicitó la libertad de Santiago Ávila, comandante de la policía comunitaria en Tierra Colorada, de Cuajinicuilapa, el viernes pasado luego de que elementos del Ejército catearon su domicilio y encontraron una pistola 38 especial, un M1, y un rifle AK-47, según reportó la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Vamos a organizarnos con otros sectores para hacer un movimiento que ya se hace necesario, para resolver estos problemas. Nos preguntamos, ¿Por qué si los delincuentes llevan armas de alto poder, por qué los policías no las pueden portar en nuestros territorios comunitarios?”, agregó.

Diálogo con Miguel Altieri y Marc Dufumier Crisis alimentaria y agroecología

Sally Burch

ALAI AMLATINA, 23/07/2013.- Existe un interés creciente, no solo en el mundo rural sino también en la población urbana, por la agricultura ecológica, debido a su potencial para asegurar una alimentación sana y con menor impacto ambiental. No obstante, hasta ahora se lo ve más bien como una opción marginal del sistema alimentario, mientras se sigue imponiendo la visión de que sólo con la agricultura a gran escala se podría responder a las necesidades alimenticias del mundo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo eso?

Un primer hecho a notar es que el hambre crónica que se padece en el mundo no se debe a una escasez en la producción de alimentos. En eso las cifras están claras. Cada persona requiere ingerir unas 2200 kilocalorías por día, para lo cual se necesita producir unos 200 kilos de cereales por habitante por año, o su equivalente en forma de papa, yuca, o similares. La producción mundial actual es de 330 kilos por habitante, o sea que hay una sobreproducción de comida, suficiente como para alimentar a 9 mil millones de personas, la cifra de población mundial estimada para el año 2050.

Estos datos nos proporcionaron dos investigadores, en sendas entrevistas que realizamos para profundizar sobre las causas de la crisis alimentaria y las alternativas que ofrece la agroecología. Se trata de Miguel Altieri, profesor de la Universidad de California en Berkeley, quien es también presidente de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología -SOCLA-; y Marc Dufumier, profesor en el Instituto Nacional Agroeconómico de París, AgroParisTech.

Dufumier reconoce que la crisis alimentaria se agudizó en estos últimos 4 años, “pero ya en 2006 había 800 millones de personas que tenían hambre. Ahora hay un poquito más, pero es estructural, no es una crisis coyuntural”, afirma: “es un problema de pobreza en términos monetarios. La gente no tiene poder de compra”. En el mismo sentido, Altieri recalca: “un tercio de la población humana gana menos de dos dólares por día, entonces no tiene acceso a la comida. En Europa y en EE.UU. se bota aproximadamente 115 kilos por persona por año de comida, suficiente para alimentar a toda África”. Otros factores que contribuyen a la crisis alimentaria, señalados por nuestros entrevistados, incluyen el aumento de la producción agrícola para alimentar a los carros en lugar de las personas; el incremento del consumo de carne (que se extiende ahora en países de gran población como China e India), siendo que se necesitan de tres a diez calorías alimenticias vegetales para producir una caloría animal; el sistema de distribución de alimentos, y otros problemas estructurales relacionados con el control de las multinacionales sobre el sistema alimentario.

Para Altieri, la crisis alimentaria, acoplada a la crisis energética, la ecológica y la social, “es una crisis del capitalismo, de un modelo industrial de agricultura que se basó en premisas que hoy ya no son válidas”. Lo explica en estos términos: "cuando se crea la revolución verde en los años 1950-60, se crea un modelo de agricultura maltusiano, que percibe el problema del hambre como un problema de mucha población y poca producción de alimentos; y que había que cerrar la brecha trayendo tecnologías del Norte al Sur, como las variedades mejoradas, los fertilizantes, los pesticidas, etc. Ellos asumían que el clima iba a ser estable, que el petróleo iba a estar abundante y barato, que el agua iba a estar siempre abundante y que las limitantes naturales de la agricultura, como las plagas, se podían controlar fácilmente. Y así nos encontramos hoy en día con una agricultura que ocupa aproximadamente 1.400 millones de hectáreas en monocultivos altamente dependientes de productos externos, en los cuales los costos de producción varían de acuerdo a como sube el petróleo; donde tenemos más de 500 tipos de plagas resistentes a más de mil pesticidas". Uno de los resultados es que actualmente en el mundo hay "aproximadamente mil millones de personas hambrientas y por otro lado mil millones de personas obesas, que son víctimas directas del modelo industrial de agricultura".

Es cierto que este modelo, siendo altamente mecanizado, rebaja significativamente los costos directos de producción por hectárea; por lo tanto permite vender alimentos a menor precio a la vez que aumentar las ganancias. No obstante, Dufumier destaca que esto es una trampa, pues no toma en cuenta los costos indirectos: sociales, ambientales, de salud pública, etc. Cita el ejemplo de la leche en polvo barata, que “nos cuesta sumamente caro, por la contaminación de los suelos, por el exceso de nitrato en las aguas freáticas, por las hormonas en la leche. Entonces hay lo que los economistas llaman externalidades negativas", que impactarán en una menor expectativa de vida y en la salud de la población. Altieri estima que en el caso de EE.UU., de internar estos costos, sumarían unos $300 por hectárea de producción.

La agroecología como alternativa

Frente a este modelo, surge la pregunta: en qué medida la agroecología puede ofrecer soluciones viables; y si se trataría de soluciones parciales o marginales, o si tiene la capacidad de solucionar el hambre. Miguel Altieri aclara: "No me gusta caer en el argumento de si la agroecología podría alimentar el mundo porque, como dije, no es un problema de producción. Con la agroecología podemos producir alimentos suficientes para alimentar al mundo, pero si las inequidades, las fuerzas estructurales que explican el hambre no se solucionan, entonces el hambre continúa, no importa que sigamos produciendo con agroecología".

La agroecología –nos recuerda– "es una ciencia que se basa, por un lado, en el conocimiento tradicional campesino y utiliza también avances de la ciencia agrícola moderna (salvo la biotecnología transgénica y los pesticidas, por supuesto), pero sí los avances que tienen que ver con ecología, con biología del suelo, control biológica de plagas, todo eso se incorpora dentro de la agroecología, y se crea un diálogo de saberes. En el mundo hay aproximadamente 1.500 millones de campesinos que ocupan unas 380 millones de fincas, que ocupan el 20% de las tierras, pero ellos producen el 50% de los alimentos que se están consumiendo en este momento en el mundo. (La agricultura industrial solamente produce 30% de los alimentos con el 80% del área agrícola). De esos campesinos, 50% practican agroecología. O sea, están produciendo el 25% de la comida del mundo, en un 10% de las tierras agrarias. Imaginen si esta gente tuviera el 50% de las tierras a través de un proceso de reforma agraria: estarían produciendo comida en forma abundantísima, con excedente incluso".

Al mismo tiempo, la agroecología trae otras ventajas que no tiene la revolución verde. "Por ejemplo –señala Altieri– es socialmente activante, porque para practicarla tiene que ser participativa y crear redes de intercambio, sino no funciona. Y es culturalmente aceptable porque no trata de modificar el conocimiento campesino ni imponer, sino que utiliza el conocimiento campesino y trata de crear un diálogo de saberes. Y la agroecología también es económicamente viable porque utiliza los recursos locales, no entra a depender de los recursos de afuera. Y es ecológicamente viable porque no pretende modificar el sistema campesino sino optimizarlo. La revolución verde buscó cambiar ese sistema e imponer un conocimiento occidental sobre el conocimiento campesino. Por eso ha tenido mucha repercusión en las bases", concluye.

Un factor importante a considerar es que la producción agroindustrial de gran escala es menor cuando se considera la producción total. O sea, los monocultivos son más productivos en términos de mano de obra; pero la agricultura campesina produce mucho más por hectárea. "Si haces un gráfico de producción total vs área –indica Altieri–, la curva de producción va bajando en relación al área de la finca. Porque no estamos comparando producción de maíz con maíz, sino que estamos comparando la producción total de la finca. ¿Y qué produce el campesino? Produce maíz, habas, papas, frutas;cría chancho, pollo,... Y cuando analizamos así el sistema, nos damos cuenta que es aproximadamente 20 a 30 veces más productiva. Eso da una base muy importante para pensar en reforma agraria”.

Otra ventaja es su mejor resistencia al cambio climático. No solo porque no genera calentamiento global -a diferencia de la agricultura industrial, con su alto consumo de combustibles fósiles-, sino que hay evidencias de que resiste mejor fenómenos como las sequías. Los monocultivos, que crecientemente dominan los paisajes agrícolas del mundo, "son altamente susceptibles porque tienen homogeneidad genética y homogeneidad ecológica", como lo evidenció la sequía del año pasado del Mid-West de EE.UU., la más grande en 50 años, donde la agricultura transgénica de maíz y soya perdió el 30% de todo el rendimiento, según Altieri.

Políticas públicas

¿Cuáles serían, entonces, las políticas públicas clave para que un país promueva y desarrolle en serio la producción agroecológica? Nuestros entrevistados coinciden en reconocer que la producción agroecológica, por ser artesanal e involucrar mayor mano de obra, tiene costos de producción más altos y debe ser mejor pagada; entonces se requieren políticas de fomento y subsidios que protejan a la agroecología y a los pequeños agricultores. De este modo se puede lograr que la comida sana esté al alcance de las mayorías, y que no sea solamente un producto de consumo de lujo de los sectores adinerados (como ocurre, por ejemplo, con los productos orgánicos que se exportan al Norte).

Miguel Altieri destaca, en este sentido, la experiencia de Brasil, con el programa del Ministerio de Desarrollo Rural que compra el 30% de la producción al campesinado, reconociendo su rol estratégico. Es una comida sana que se destina al consumo social, en las escuelas, los hospitales, las cárceles. "La agricultura familiar en Brasil cuenta 4,7 millones de agricultores que producen el 70% de la comida en 30 % de la tierra; es un papel fundamental para la soberanía alimentaria". Entendieron que para protegerla, no podían poner a los pequeños productores a competir ni con los grandes, ni con la producción de EE.UU. o de Europa "que es una competencia totalmente desleal". El investigador considera un acierto que ese país haya creado dos ministerios del sector: el de agricultura, para los grandes productores (que evidentemente van a seguir existiendo), y el de desarrollo rural para los pequeños, con proyectos de investigación, extensión, políticas agrarias específicas para el agricultor campesino. Incluso dice que este último ministerio tiene más recursos que el de agricultura. “Lo que no funciona es cuando el ministerio de agricultura cuenta apenas con una pequeña oficina o secretaría del agricultor familiar”, algo que pasa en la mayoría de países.

Apoyar las prácticas agroecológicas con investigación y con extensión agroecológica es otro elemento clave. "Mucho gente pregunta: ¿puede la agroecología alimentar el mundo, puede ser tan productiva? Pero mira, todos los institutos nacionales de investigación agropecuaria, los centros internacionales de investigación, las universidades, durante 60 años han financiado investigación en agricultura convencional. ¿Qué tal si a nosotros nos dieran el 90% de ese presupuesto para apoyar la agroecología? La historia sería otra", reflexiona Altieri. Señala a Cuba como el país más avanzado en este sentido, por la situación que enfrentó en el periodo especial. Una ventaja fue que tenía los recursos humanos para hacerlo, tenía agroecólogos formados; y a través de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños –ANAP-, 120 mil agricultores en 10 años incorporaron la agroecología, con altos niveles de producción y eficiencia energética.

Quizás el obstáculo mayor es la falta de voluntad política, combinado con intereses multinacionales "que están siempre empujando en el sentido equivocado". Altieri cree que el cambio climático es lo que finalmente va a poner los límites a la agricultura industrial. En el caso de países como Ecuador y Bolivia, cuyas constituciones ya establecen la soberanía alimentaria, el investigador considera que tienen "una oportunidad histórica: si no es ahora, ¿cuándo?" Él les ha propuesta establecer un proyecto territorial piloto, pues "el manejo territorial implica ecología del paisaje y otras dimensiones del diseño que van mucho más allá del diseño de la finquita particular. Porque si hay campesinos que practican la agroecología pero están dispersos, no se puede hacer una conversión territorial. Así aprendamos, porque no tenemos todas las respuestas".

¿Una agricultura de pequeña escala?

Nos preguntamos si la agroecología puede aplicarse en cualquier escala, o si es básicamente para la pequeña agricultura, y si eso es una limitante. Marc Dufumier considera que, por su esencia, sirve para la agricultura familiar, aunque reconoce que es más accesible a la mediana producción familiar que al minifundista, por su poca capacidad de ahorrar e invertir en tracción animal, carretas, producir estiércol y fertilizar por la vía orgánica. Las unidades familiares de tamaño mediano serían, además, las óptimas para generar empleo y evitar el éxodo rural. Los grandes productores agrícolas, en cambio, "tienen la capacidad de inversión, pero no tienen el interés, porque quieren maximizar la rentabilidad del capital financiero invertido, y amortizar la inversión sobre grandes superficies, entonces su interés es el monocultivo que es todo lo contrario de la agroecología".

Para Miguel Altieri, en cambio, la agroecología es una ciencia que entrega principios de cómo diseñar y manejar sistemas agrarios, de cualquier escala, pero con respuestas tecnológicas diversas, según el caso. "Yo he mostrado ejemplos de fincas de entre 500 y 3000 has. que se manejan agroecológicamente. Estoy hablando de un rediseño del sistema agroecológico con biodiversidad funcional, con rotaciones, con policultivos, que toman otras formas en la gran escala, porque hay que usar maquinaria por supuesto, no van a manejar 3000 has. con chuzo ni con tracción animal. Entonces hay muchos ejemplos de que se puede hacer a gran escala. Lo que pasa es que en América Latina, dada la importancia estratégica de la pequeña agricultura, la agroecología siempre se dedicó a solucionar el problema de la agricultura familiar, campesina, pero eso no significa que no se pueda aplicar a gran escala".

- Sally Burch, periodista, es integrante de ALAI.

Artículo publicado en la Edición de julio (487) de la revista América Latina en Movimiento, titulada "La alternativa agroecológica": http://alainet.org/publica/487.phtml

URL de este artículo: http://alainet.org/active/65917

Mas informacion: http://alainet.org

La muralla de Tijuana

Marco A. Gandásegui, h.

ALAI AMLATINA, 18/07/2013.- La muralla que separa a los pueblos de México y EEUU es un indicio de la esquizofrenia que se ha apoderado de la expansión capitalista y la severa crisis de acumulación de riqueza que afecta al país del norte. Nunca antes en la historia humana se construyó una muralla tan larga y costosa para no detener el flujo de trabajadores. La muralla china se levantó hace tres milenios para frenar las invasiones militares de los “bárbaros”. La muralla de Berlín se construyó para controlar el ‘dumping’ económico. La muralla que los israelíes extienden por los territorios ocupados de Palestina es para destruir la resistencia del pueblo árabe.

La doble muralla que EEUU construye desde el Pacífico al Caribe – 3 mil kilómetros- es para demostrarle a su vecino del sur su enorme poderío. Sin embargo, es penetrada diariamente por miles de trabajadores que son acogidos por empresarios hambrientos de mano de obra barata. Es un juego doble que todos aceptan a pesar de las muchas victimas que genera todos los días. Niños, mujeres y hombres, viejos y jóvenes, se arriesgan para hacer la travesía. El objetivo es conseguir un empleo que les permita retornar con ahorros a sus pueblos de origen.

Es la naturaleza del sistema. La relación económica entre México y EEUU (igual Centroamérica) desintegra comunidades agrarias y familias campesinas a un paso desenfrenado. Los jóvenes de las áreas rurales tienen tres opciones: buscar empleo en las ciudades, buscar tierra en áreas más pobres o migrar al ‘norte’. Las ciudades, sin embargo, están saturadas de jóvenes explotados por una red perversa que controla el crimen organizado. Por otro lado, la ‘frontera agrícola’ se agotó. Queda la última opción: migrar al ‘norte’ donde aún hay una fuerte demanda para cosechadores, empacadores y trabajadores precarios, en general.

El viaje tiene muchos obstáculos que se inician al emprender el camino, donde abundan los asaltantes y ‘coimeros’ tanto oficiales como particulares. Continúa con el cruce de la muralla que tiene un alto costo económico y el peligro de ser arrestado o cazado como animal. La parte más difícil es conseguir el anhelado empleo que, en sí, es un infierno como consecuencia de los abusos. La pregunta que se hacen los observadores es porque este juego no termina y se elimina la muralla, para que las “leyes de la demanda y la oferta” de mano de obra se apliquen en el caso de los trabajadores mexicanos y los empresarios norteamericanos. Muchos sospechan que la respuesta puede radicar en dos posibilidades que se combinan. En primer lugar, no existen las llamadas leyes que rigen la demanda y la oferta en los mercados controlados por los monopolios. Una segunda explicación puede ser que la política interna de EEUU necesita este conflicto permanente en la frontera con México para legitimar la violencia de Estado.

Hasta aquí algo de historia y mucha teoría. Hace pocas semanas, visité la muralla mientras participaba en una conferencia en Tijuana, ciudad legendaria en el folklore norteamericano y conocida en América Latina gracias a la industria fílmica (y recientemente al éxito del equipo local de fútbol profesional). Me acerqué a la muralla con bastante prudencia, para percatarme que en realidad eran dos. La primera es de hierro de 2 metros y medio de altura (construida en 1994). La otra de alambrado de 3 metros de altura con censores de calor, cámaras y casetas. Además, con patrullas y helicópteros observando los movimientos de las personas. Su construcción se inició hace pocos años y todavía hay sectores en que se sigue avanzando.

Salir de México y entrar en EEUU es tedioso y difícil para el mexicano común y corriente, aunque tenga sus papeles en orden. Todos van a trabajar a las fábricas cercanas, pueden ser empleados domésticos o trabajadores manuales en las haciendas del otro lado de la frontera. En cambio, para el norteamericano, cruzar la frontera es una especie de paseo a la ‘tierra prohibida’. Entran a México sin documentos, como turistas y hacen lo que no puede hacer en su propio país: los adolescentes se emborrachan, las mujeres buscan prostitutos y todos compran drogas.

La experiencia en Tijuana me recordó la cerca que separaba a la ciudad de Panamá (y también a Colón) de la Zona del Canal. La ignominiosa barrera desapareció en octubre de 1979, después de los Tratados del Canal Torrijos-Carter. Fue construida también como producto de la soberbia de EEUU. A los norteamericanos les molestaba ver a los niños panameños recoger mangos de sus prados bien cortados. Tampoco les gustaba ver a los panameños caminado por sus comunidades. Lo que más les causaba molestia era ver las caras de los jóvenes estudiantes que protestaban contra su presencia indeseada. No entendían porqué los estudiantes llevaban carteles que decían en perfecto ingles: ‘Yankee go home’

La muralla de Tijuana también desaparecerá, al igual que cayó la de Berlín y se vendrá abajo la israelí. No serán los gobiernos de EEUU o México que darán la orden. Sólo podrá acabar con la muralla el pueblo mexicano. Será mucho más temprano que tarde si se suma a ese movimiento liberador el pueblo norteamericano.

18 de julio de 2013.

- Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA) http://marcoagandasegui11.blogspot.com

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Mensaje AMLO 22 de julio del 2013