miércoles, 19 de junio de 2013

Chis/Méx. SOS Internacional: Policía, Ejército y Marina mexicana Sitian comunidad indígena Tzotzil de Venustiano Carranza, Chiapas


Firma en línea, juntos podemos evitar mayor represión en contra de la comunidad indígena Tzotzil de Venustiano Carranza, Chiapas: SOS Internacional: Policía, Ejército y Marina mexicana Sitian comunidad indígena Tzotzil de Venustiano Carranza, Chiapas

Navanethem Pillay
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

Javier Hernández Valencia
Representante de la Oficina de la Alta Comisionado de las Naciones Unidas en México

Karim Lahidji
Presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Emilio Álvarez Icaza
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Marie-Anne CONINSX
Jefa de Delegación de la Comunidad Europea en México

James Anaya
Relatora Especial Sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas

Verónica Rodríguez
Área de Vinculación de Amnistía Internacional

Expediente: 6/FNLS-Chis
Ciudad de México a 19 de junio de 2013

La Red de Defensa de los Derechos Humanos (ReddH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, habitantes de la comunidad de Venustiano Carranza, las “Monitoras Indígenas de Derechos Humanos y de las Mujeres” Marqués de Comillas, Costa, Altos, Norte-Selva y Simojovel; el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO), el Comité Popular de Derechos Humanos de Michoacán, con domicilio para recibir información y notificación en Avenida Reforma, 121 interior 1 Centro Histórico de Puebla, correo electrónico: contacto@reddh.org, reddh.mex@gmail.com y números celular: 044 (45) 22 21 27 68 39 solicitan su intervención urgente ante la incursión violenta de la policía estatal, ejército y marina mexicana en la comunidad indígena Tzotzil de Venustiano Carranza, Chiapas.

HECHOS

De acuerdo con información de integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Chiapas: Aproximadamente desde las 06:00 pm del día 18 de junio del 2013,la policía estatal preventiva, en coordinación con el ejército, la marina y la policía especializada iniciaron actos violentos en contra de la comunidad indígena Tzotzil de Venustiano Carranza, Chiapas. Han estado lanzando granadas lacrimógenas, disparando y deteniendo masivamente a los habitantes de los barrios, así como también hay sobrevuelos constantes de helicópteros sobre la comunidad.

En estos hechos violentos los policías detuvieron a dos menores de edad de nombres Juan Daniel Gómez Velásquez de 12 años de edad y José Manuel Gómez Velásquez de 16 años edad, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Los habitantes de las comunidades lograron replegar al convoy policiaco-militar. Sin embargo, la policia y el ejército siguen apostados en las afueras de la comunidad. Por lo que se teme que en cualquier momento pueda haber otra incursión violenta.

Es importante destacar que el gobierno del estado de Chiapas simula tener la voluntad de resolver el conflicto por medio de mesas de diálogo que son agendadas, sin embargo no se han llevado a cabo por la misma violencia hacia la comunidad de Venustiano Carranza, lo cual no da garantías a los representantes de la comunidad para asistir a dichas mesas.

ANTECEDENTES

El pasado lunes 17 de junio de 2013, aproximadamente a las 08:00 am, elementos de la policía estatal, especializada, ejército federal y la marina, llegaron a la casa del C. José Vázquez Hernández, Pdte. Del comisariado de Bienes Comunales Casa del Pueblo de Venustiano Carranza, ubicada en el barrio San Pedro, con la intención de detenerlo, pero no se encontraba en ese lugar. Al respecto se puede consultar la Acción Urgente: Detención masiva de indígenas tzotziles integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en Chiapas.

El 23 de mayo del presente año, a las 4 a.m. se llevó a cabo un operativo por parte de la Policía Estatal Preventiva para detener al menos a 12 integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo perteneciente al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (OCEZ-CP-FNLS) y del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS) que se encontraban en un plantón indefinido en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Ver en línea: Posible Desaparición Forzada de 12 indígenas integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, de estos hechos continúan detenidos de manera arbitraria los indígenas sotziles Sebastián Gómez Vázquez, Miguel Vázquez Mendoza, José Ángel Alcázar Hidalgo, Juan Mendoza Espinoza, Rodrigo Díaz Solano, Ismael Díaz Coutiño, Catarina Gómez Martínez, José Manuel Vázquez Mendoza y José del Carmen Mendoza Espinoza en el penal del Amate.

Como organizaciones de derechos humanos vemos con preocupación que las autoridades del gobierno del estado de Chiapas, encabezadas por su ejecutivo Manuel Velasco Coello, toleren hechos violentos como los antes referidos. La coordinación entre corporaciones policiacas, marina y ejército mexicano configuran un clima de incertidumbre en la comunidad, toda vez que en el estado de Chiapas ha habido masacres realizadas por grupos paramilitares con aquiescencia de las fuerzas policiacas y militares.

Es importante destacar que la situación de violencia fue generada por omisión y comisión del gobierno del estado de Chiapas, ya que que desde el año 2012 se le había informado al ejecutivo y sus instancias de la conformación de un grupo de personas que se autodenominaron “Escuadrón de la Muerte” con armas de uso exclusivo del ejército, mismos que han venido agrediendo a los comuneros, por lo que no podemos hablar de un conflicto intercomunitario como lo ha pretendido hacer el propio gobierno del estado.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos en el ámbito de su competencia a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, así como a la representación en México de la Comunidad Europea:

I. A la Comisión Nacional de Derechos Humanos: Solicitamos que en el ámbito de sus atribuciones de inicio a la presente queja, así mismo, solicitamos sean enviados visitadores a la Comunidad de Venustiano Carranza a efecto de recabar la información de violaciones a derechos humanos de comunidades indígenas Tzotziles. De igual forma, practicar en caso de ser necesario el Protocolo de Estambul a las personas que hayan sido detenidas.

II. A los organismos de derechos humanos extranjeros: Solicitamos de manera respetuosa que en el ámbito de sus atribuciones manifiesten su preocupación ante el clima de violencia que viven los habitantes de la Comunidad de Venustiano Carranza. Así mismo, exhortar al gobierno federal mexicano, representado por Enrique Peña Nieto, que garantice la integridad física, psicológica y moral de los habitantes de la Comunidad de Venustiano Carranza.

III. A las representaciones de países extranjeros en México: Que en el ámbito de sus atribuciones, manifiesten su preocupación por las graves violaciones a derechos humanos contra habitantes de la Comunidad Venustiano Carranza e integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Así mismo, retomar el caso en comento, a efecto de darle seguimiento.

IV. De manera general solicitar el retiro inmediato del ejército y la marina de la Comunidad de Venustiano Carranza, a fin de distender el conflicto y que sea el dialogo político el medio eficaz para la resolución de problemas generados por el propio actuar del Gobierno del Estado de Chiapas.

Atentamente
Por las organizaciones
Israel Sampedro Morales
Dignidad, Justicia, Libertad
Red de Defensa de los Derechos Humanos
REDHH

EPN, ¿estadista? - Columna semanal de Sergio Aguayo


A la memoria de un gran amigo: José Pérez Moreno.

Hace casi un año Enrique Peña Nieto ganó las elecciones y a los pocos días empezó a negociar el Pacto por México. Se justifica entonces una evaluación de estos 12 meses.

De entrada suena prematura y excesiva la retórica del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, quien la semana pasada calificó a Peña Nieto de "presidente estadista" comparable con Winston Churchill. Hegel definió al estadista como aquel que pone en "palabras los deseos de su época, le dice a ésta cuál es su voluntad y la instrumenta". Si uno pasa por alto las irregularidades que rodearon su elección, podría aceptarse que Peña Nieto interpretó los deseos de una mayoría de la sociedad y que en el último año ha hecho pedazos los estereotipos, abanderando reformas de gran calado y desencadenando una revolución en las expectativas. Empezó bien.

Es notable la rapidez con la cual dio vuelco a su imagen entre un buen número de observadores. Hace poco más de un año analistas serios y mesurados lo calificaban de "político ignorante" y "estuche sin esqueleto" y con frecuencia se le tachaba de "esclavo del teleprompter", "producto de Televisa" o "títere" de Carlos Salinas.

Eso cambió. Ahora se le concede inteligencia política y mediática, buen sentido del tiempo y capacidad para alcanzar consensos y corregir el curso cuando es necesario. Un caso paradigmático es la represión que ordenó como gobernador, en Atenco en 2006. Los estudiantes de la Universidad Iberoamericana lo increparon por eso el 11 de mayo de 2012 y en ese lugar asumió la responsabilidad de la decisión con la justificación de que la Suprema Corte "validó" el operativo. Cuando se le señaló la falsedad de esto último hizo una corrección pública y reconoció que se habían violado derechos y su gobierno aceptó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las transgresiones y ofreció una disculpa pública a las víctimas por los excesos policiacos (los afectados la rechazaron porque no hubo justicia y el caso sigue su curso en el ámbito internacional).

Debe también reconocérsele que supo adaptarse a un resultado electoral inesperado. Sus planes como gobernante se basaban en un "presidencialismo" con "mayorías estables en el Congreso". Estuvo cerca, muy cerca de contar con esa mayoría pero la impredecible fortuna (y algunos errores) se interpusieron en su camino y el PRI y sus aliados naturales (Verde y Panal) se quedaron con un mísero voto de mayoría en la Cámara de Diputados y están cuatro por abajo en el Senado. Peña Nieto digirió el contratiempo y se aferró y le sacó jugo a una inesperada propuesta. En agosto de 2012 Jesús Ortega recicló la vieja idea de un entendimiento entre las principales fuerzas políticas. Se lo propuso a José Murat en un café orgánico de la Condesa, después convenció al PAN, de Gustavo Madero, e iniciaron las complejas negociaciones con el PRI de Peña Nieto. El 2 de diciembre dieron el golpe político y mediático del Pacto por México que ha permitido algunas reformas importantes. Sería absurdo negar la importancia que ha tenido sentar las bases para cambios en el régimen de la educación y las telecomunicaciones y que eso podría ser benéfico para las mayorías.

Si uno revisa el discurso oficial de los últimos meses, el Pacto es el buque insignia que está permitiendo presentar a Peña Nieto como el estadista capaz de lograr las reformas estructurales en las que otros habían naufragado. Según una encuesta de El Universal (3 de junio de 2013), la gran mayoría de los mexicanos (74%) piensa que él y su partido han sido los principales beneficiarios con el Pacto.

En el tema de seguridad también ha habido cambios relevantes. Gobernación se transformó en una supersecretaría, se está dando una mayor atención a las víctimas, hay un ambicioso programa de prevención y se busca poner controles a la relación con la superpotencia del norte. Sin negarle méritos el nuevo enfoque tiene un aire de provisionalidad porque seguimos sin conocer un plan integral para combatir la inseguridad y ha faltado algún golpe espectacular.

¿Pasará Enrique Peña Nieto a la historia como estadista o su imagen terminará desinflada como un globo después de una fiesta infantil? Bastante depende de los embates y capacidad de resistencia de quienes acumularon poder. Otro factor son las decisiones tomadas por el Presidente que erosionan sus posibilidades de éxito. Explicaré esto último en un texto posterior.

LA MISCELÁNEA

El urbanismo salvaje arrasa el país y Veracruz también destaca en ese terreno. En Coatepec están construyendo un fraccionamiento que viola las normas urbanísticas y ambientales. El dueño de la fraccionadora es David Velasco Chedraui, ex presidente municipal de Xalapa (Veracruz) y candidato a diputado local por el PRI. Los vecinos se inconformaron y la empresa demandó penalmente a tres. Uno de ellos es Ernesto Isunza Vera, un hombre decente y un distinguido académico del CIESAS. ¿Hay alguien en el gobierno de Peña Nieto capaz de poner algo de orden en Veracruz?

Autoridades fallan en proteger a defensores de migrantes ante amenazas del crimen organizado.


Durante los últimos días, trabajares del albergue para migrantes “La 72” en Tabasco han sido objeto de amenazas de muerte. Sin embargo, y pese a los fuertes indicios de que estas amenazas podrían materializarse, las autoridades continúan sin implementar las medidas de protección que habían sido acordadas con el albergue.

Estas amenazas han tenido como principal objetivo al activista Rubén Figueroa, un destacado defensor de los derechos de las personas migrantes, quien durante los últimos meses había denunciado la participación de personas asociadas a grupos del crimen organización en secuestros y extorsiones a personas migrantes.

El pasado 8 de junio un hombre llegó al albergue para migrantes “La 72” y advirtió a Rubén Figueroa de que dejara de interferir en las actividades del crimen organizado, o se encontraría su cadáver “embalsamado”. Más tarde, este mismo hombre fue detenido, junto con otros tres individuos sospechosos de estar implicados en bandas que atacan a migrantes. Todos fueron puestos en libertad posteriormente por la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, pese a la aparente existencia de pruebas sobre la implicación de al menos uno de ellos en secuestros y extorsión de migrantes.

Estas amenazas son la continuación de un patrón de agresiones y amenazas cada vez más frecuentes. Ante esto, las autoridades han fallado en responder adecuadamente a las solicitudes de protección para trabajadores y migrantes que se encuentran en este albergue.

“Ante la falta la voluntad de las autoridades para cumplir con su obligación de proteger a las personas migrantes, voluntarias y voluntarios han tenido que asumir este papel poniendo su vida y su seguridad en riesgo” afirmó Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional en México.

“El que las autoridades estén fallando en proteger efectivamente a las y los voluntarios que realizan esta labor es absurdoy vergonzoso. Ya sea por incapacidad o por falta de voluntad es totalmente inaceptable” agregó Zapico.

Como consecuencia de estas últimas amenazas, Rubén Figuera decidió dejar por tiempo indefinido del albergue “La 72”. Fray Tomás González, junto con otros voluntarios continúan su labor pese a estas amenazas.

Asimismo, pese a haberse comprometido a hacerlo, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia de Tabasco no han proporcionado información ni actualizaciones sobre las investigaciones sobre las amenazas e intimidaciones realizadas anteriormente contra el personal del albergue para migrantes “La 72”.

“La salida de Rubén, pone de manifiesto la falta de voluntad de las autoridades en considerar seriamente la protección a defensores y defensoras de derechos humanos. Si bien, las autoridades han manifestado su intención de protegerles, pocos de estos compromisos se traducen en acciones reales” concluyó Zapico.

Estos incidentes ocurren a pocos días de que se cumpla un año de la firma y entrada en vigor de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Amnistía Internacional llama a las autoridades a proveer medidas de protección efectivas e inmediatas para quienes colaboran en el albergue de la “72”, conforme a los acuerdos establecidos previamente.

La organización también exige a las autoridades explicar la retirada unilateral de las medidas de protección de la Policía Federal y la falla en implementar las medidas de protección que habían sido acordadas.

Finalmente, Amnistía Internacional reitera su llamado a las autoridades federales y estatales para conduzcan investigaciones efectivas e imparciales, que sus resultados sean hechos públicos y que las personas responsables rindan cuentas ante la justicia, incluidos los integrantes de las bandas delictivas que, de acuerdo a las denuncias, están tras las amenazas y secuestros de migrantes.

Información adicional

Rubén Figueroa y Fray Tomás González trabajan en el albergue “La 72”, y han sido víctimas de amenazas y actos de intimidación constantes por su trabajo ayudando y defendiendo a los migrantes irregulares que atraviesan México.

El 19 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor del albergue para migrantes “La 72”. Sin embargo, las medidas acordadas con el albergue no se han puesto en práctica plenamente por parte de las autoridades. Esas medidas tenían como objetivo proteger a los migrantes y al personal del albergue, incluido su director, Fray Tomás González. En particular, la protección brindada por la Policía Federal ante el albergue fue retirada unilateralmente y sin explicación, y no se volvió a implantar temporalmente hasta 20 días después. La Policía Federal no dio ninguna explicación al respecto a los defensores. El personal del albergue ha informado de que algunas de las medidas de protección no se han implementado adecuadamente, entre ellas la instalación de alumbrado eficaz en la calle, cámaras de vigilancia, un “botón del pánico” y nuevas cerraduras para proteger el acceso al albergue.

¿Cuál agenda afrodescendiente?

Jesús Chucho García

ALAI AMLATINA, 19/06/2013.- En la década de los años setenta del siglo pasado, se conforman agrupaciones culturales que reivindican la diáspora africana desde las perspectivas culturales, la mayoría de las veces reducidas a un folklorismo inútil, descontextualizados, mientras que las universidades e instituciones culturales, tanto oficiales como privadas, momificaron a las y los africanos y sus descendientes como "cosa" y objetos de estudios.

Sin embargo, fueron contribuciones que lograron develar la existencia de una extraordinaria diversidad cultural con grandes contenidos simbólicos y unos ricos elementos que dinamizan nuestro continente, tanto de tierra firme como insular. Pero fue a finales de la década de los ochenta del siglo XX que se pasa de una conciencia ingenua a una conciencia crítica a través de un proceso de desobjetualización y cosificación, para pasar a ser sujetos protagónicos y participativos en las luchas contemporáneas.

En los años noventa, a raíz de investigaciones desde las perspectivas de quienes habitamos las comunidades afro, comenzamos a deconstruir y a elaborar conceptos que fueran más afines a nuestros propios procesos históricos, con nuestras subjetividades. Establecimos alianzas y conexiones con muchas organizaciones de todo el continente incluyendo a organizaciones hermanas y antiimperialistas de Estados Unidos y el Caribe, así como de África.

Respuestas a problemas comunes globales

El movimiento de afrodescendientes, en su diversidad y pluralidad ideológica, logró una extraordinaria cohesión para avanzar en tres líneas básicas de acción. La primera estuvo direccionada en la necesidad de articularse nacional y transnacionalmente para dar respuesta a problemas comunes globales contra el racismo y la discriminación racial, teniendo su mayor éxito en la preconferencia de las Américas contra el Racismo (Chile, año 2000) y tercera Conferencia Contra el Racismo, la Xenofobia y sus Formas Conexas (Durban, 2001), considerado el mayor logro de los últimos siglos de las y los africanos y sus descendientes. De allí se desprendería un Plan de Acción que hoy sigue sirviendo de guía y se colocó el tema en los gobiernos de América Latina y el Caribe. Luego de esa tercera Conferencia mundial contra el racismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acepta el concepto afrodescendiente por iniciativa de los movimientos sociales afro.

A partir de ahí, la ONU crea cuatro espacios donde el concepto afrodescendiente pasa a ser una práctica concreta en las políticas de ese organismo y al mismo tiempo es una referencia importante para la elaboración de sus políticas globales.

Esos espacios son:

1-El Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas de Ascendencia Africana;

2-El Grupo de Expertos Eminentes Independientes sobre la Aplicación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban;

3-El Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Aplicación Efectiva de la Declaración y Programa de Acción de Durban;

4-El Relator Especial de Naciones Unidas Contra el Racismo.

Es importante mencionar que la Organización de Estados Americanos (OEA) tiene un Relator sobre Derechos Humanos Afrodescendientes, impulsado por nosotros en el año 2002 en el seno de la polémica Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por otra parte la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), incorporó la dimensión afrodescendientes para sus estudios sociales y económicos.

En América Latina y el Caribe, existimos aproximadamente 150 millones de afrodescendientes según el Banco Interamericano de Desarrollo.

Hoy el concepto “afrodescendiente”, tiene reconocimiento universal gracias al impulso de las organizaciones afrodescendientes de todo el continente. La palabra “negro”, construcción colonial y denigrante de la condición humana africana, hoy es cuestionada desde la autodeterminación intelectual y práctica de las y los africanos y sus descendientes, en vista que no recoge ni sintetiza la relación con la historia, la espiritualidad, la filosofía de origen africano, de ahí el prefijo afro, como lo comenzó a aplicar el barloventeño Juan Pablo Sojo, quien escribió en 1943 su ensayo sobre Apuntes y Temas Afro-venezolanos, y al mismo tiempo lo harían Fernando Ortiz en Cuba con el concepto afrocubano, Arthur Ramos en Brasil con el concepto afrobrasileño, y así en toda la geografía de este continente, para reconocer la presencia africana en las construcciones históricas nacionales de cada país, se le coloca el prefijo “afro”.

Definitivamente “afrodescendientes” es una construcción social y académica al mismo tiempo. También es parte de lo que hemos denominado soberanía intelectual vinculado al concepto de autodeterminación, el derecho de los pueblos y de cualquier ser humano a tener un nombre, en este caso a nosotros, los hijos de la diáspora, nos correspondía reconceptualizarnos, rompiendo con la definición colonial-occidental de “negro” impuesta en medio milenio de sometimiento teórico.

Estamos ante un acto de soberanía intelectual, entendiendo ésta como una actitud de cuestionar todo aquello que el otro convertido en juez, intente descalificar mis percepciones, mis ideas, mis acciones, mi derecho a autodenominarme, mas sin embargo se puede aceptar las criticas horizontales del otro, consensuadas con el nosotros a las cuales seremos sensibles pero no aceptar que otro sea juez y condene mis acciones y lo que he decidido ser, arbitrariamente a nombre de la externalidad del poder llámese Dios, partido, gobierno, Padres de la patria, Estado y otras formas ficticias de la Santa Inquisición.

Fue en la Conferencia de Durban del mes de septiembre del año 2001 que logramos como movimientos sociales nuestro reconocimiento como afrodescendientes tal como se expresa en los siguientes párrafos, reconocidos por la mayoría de los países que conforman la ONU:

“32. Reconocemos el valor y la diversidad del patrimonio cultural de los africanos y los afrodescendientes y afirmamos la importancia y necesidad de asegurar su completa integración en la vida social, económica y política con miras a facilitar su plena participación en todos los niveles del proceso de adopción de decisiones;”

“33. Consideramos esencial que todos los países de la región de las Américas y todas las demás zonas de la diáspora africana reconozcan la existencia de su población de origen africano y las contribuciones culturales, económicas, políticas y científicas que ha hecho esa población, y que admitan la persistencia del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que la afectan de manera específica, y reconocemos que, en muchos países, la desigualdad histórica en lo que respecta, entre otras cosas, al acceso a la educación, la atención de salud y la vivienda ha sido una causa profunda de las disparidades socioeconómicas que la afectan;”

“34. Reconocemos que los afrodescendientes han sido durante siglos víctimas del racismo, la discriminación racial y la esclavización, y de la denegación histórica de muchos de sus derechos, y afirmamos que deben ser tratados con equidad y respeto de su dignidad, y que no deben sufrir discriminación de ningún tipo. Por lo tanto, se deben reconocer sus derechos a la cultura y a la propia identidad; a participar libremente y en igualdad de condiciones en la vida política, social, económica y cultural; al desarrollo en el marco de sus propias aspiraciones y costumbres; a tener, mantener y fomentar sus propias formas de organización, su modo de vida, cultura, tradiciones y manifestaciones religiosas; a mantener y usar sus propios idiomas; a la protección de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural y artístico; al uso, disfrute y conservación de los recursos naturales renovables de su hábitat y a participar activamente en el diseño, la aplicación y el desarrollo de sistemas y programas de educación, incluidos los de carácter específico y propio; y, cuando proceda, a las tierras que han habitado desde tiempos ancestrales;”

“35. Reconocemos que, en muchas partes del mundo, los africanos y los afrodescendientes tienen que hacer frente a obstáculos como resultado de prejuicios y discriminaciones sociales que prevalecen en las instituciones públicas y privadas y nos comprometemos a trabajar para erradicar todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia conexa con que se enfrentan los africanos y los afrodescendientes” (negritas nuestras). (1)

Desde el 2002 la presencia, en la ONU de Ginebra, de representantes del Movimiento Afrodescendiente –Red Afrovenezolana, Mundo Afro y Proceso de Comunidades Negras de Colombia– y el apoyo del Espacio Afroamericano, liderizado por Mercedes Moya, fueron decisivos para imponer nuestra agenda que desembocaría en el año internacional de afrodescendientes (2011) y la aprobación del Decenio de los pueblos afrodescendientes (2012-2022). Salimos triunfadores y dimos contenido conceptual a la ONU, no al revés.

Endeudamiento etnosocial

La segunda línea trató de incidir en los planes de desarrollo emanados desde el Consenso de Washington, donde las pautas fueron marcadas por la banca internacional (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial) y sumadas a ella las empresas capitalistas con responsabilidad social (Kellogs, Ford, entre otras). Esta etapa fue de gran agresividad de la banca internacional que produciría una especie de “endeudamiento etnosocial”, debido a que los gerentes de esos bancos sedujeron a nuestros movimientos para que incidiéramos en nuestros gobiernos para pedir préstamos para resolver nuestra crisis estructural. Ejemplo de ello fue el famoso Plan Pacifico (Colombia) o proyectos en las comunidades afro de Perú y Ecuador. Aquí sin duda, no está demás mencionar el interés del Departamento de Estado de EE.UU. de lanzar una ofensiva de influencia en los movimientos afro a través de USAID, Dialogo Interamericano y la Fundación Interamericana. He aquí la génesis de lo que más tarde llamaríamos el embrión de la afroderecha.

La tercera línea está orientada hacia el discernimiento ideológico del movimiento afrodescendientes que pudiéramos clasificar en tres tipos de comportamientos:

TIPO A, donde se ubica un sector del movimiento que se adecuó con poco sentido crítico a la estructura gubernamental y poco a poco fue cayendo en la desmovilización como movimientos sociales autónomos, dejándose absorber por la estructura del Estado-gobierno, no sabiendo diferenciar entre la agenda del Estado y la agenda propia del movimiento, terminando el Estado-gobierno imponiéndoles la agenda.

TIPO B, de aquellos sectores que lograron participar en los puestos de los poderes públicos y legislativos, convirtiéndose en ministros, viceministros y directores de instituciones, diputados, alcaldes, y lograron algunos aciertos, mientras otros fueron tragados por la tecnoburocracia que los alejó totalmente de las comunidades.

Los que ocuparon y ocupan puestos de diputados y senadores en algunos congresos y asambleas, lograron impulsar algunas legislaciones a favor de nuestras comunidades, pero muchas veces estas legislaciones se convirtieron en letra muerta, porque tal vez no emergió como una necesidad totalmente sentida por nuestras comunidades o simplemente fueron defectuosas, sin aplicabilidad práctica para resolver los problemas cotidianos.

TIPO C, de aquellas organizaciones que han levantado las banderas de la construcción de una sociedad socialista donde los referentes políticos ideológicos del cimarronaje de las y los africanos y sus descendientes son vitales para construir la nueva humanidad que exigen millones de afrodescendientes. Esa nueva humanidad, con bases ancestrales plasmadas en la ética, política y desarrollo socioeconómico de las Américas, que poco ha sido tomada en cuenta por los ideólogos que están moldeando el socialismo del siglo XXI (Venezuela), Revolución Ciudadana (Ecuador) y Socialismo Comunitario (Evo Morales) o el Neotupamarismo (Uruguay).

Aún no existe un puente sólido entre los partidos que están en el poder en estos países y los movimientos sociales revolucionarios afrodescendientes. Esa es una gran debilidad y debía entrar en el debate de los foros nacionales e internacionales en las perspectivas de la década de los pueblos afrodescendientes.

Nuestras contribuciones por una nueva humanidad

Pareciera existir una visión sedimentada en la historia contemporánea de que los aportes africanos y sus descendientes solo quedaron en las luchas anticoloniales como cuota inicial de las guerras de independencia y se congelaron hace dos siglos atrás. Nuestras contribuciones traspasaron las barreras del tiempo, fueron protagónicas a lo largo de las luchas de la segunda mitad del siglo XIX, las luchas contra las dictaduras del siglo XX y la construcción de la apertura plural de los Estados y de las democracias participativas que hicieron ruptura con las democracias “representativas” establecidas por EE.UU. y la OEA.

Hoy, los focos de la construcción de las diferentes modalidades socialistas (Ecuador, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Uruguay, sin dejar de mencionar a Cuba) son un referente obligado en la lucha contra las distintas formas de dominación imperialista, contra las distintas formas de violar nuestras soberanías, y es ahí donde el movimiento afrodescendiente debe insertarse más allá de la lucha contra el racismo, la discriminación racial o el “censismo”, muchas veces mediados por las agencias transnacionales, los organismos multilaterales, las grandes ONG, la banca internacional y el Departamento de Estado de EE.UU. No estamos diciendo que hay que bajar la guardia contra el racismo, ya que su vigencia se metamorfosea, al contrario, debemos redimensionar nuestras luchas en un sentido más político; no estamos diciendo que no debemos contarnos en las rondas censales como estrategia para elaborar políticas públicas más acertadas, pero la lucha va mas allá, va en la inserción político ideológica de las nuevas democracias, de la inclusión en las estrategias a largo plazo de nuestros Estados en proceso de transformación.

En ese sentido hoy debemos preguntarnos, ¿cómo estamos los afro en los estatutos de los partidos de gobierno de los focos progresistas? ¿Cómo estamos los afro en los planes regionales como el ALBA? ¿Cómo estamos los afrodescendientes en las relaciones África – Suramérica en las Cumbres que se realizan entre los países de África subsahariana y América del Sur, donde Ecuador tiene, en estos momentos, una gran responsabilidad al igual que Venezuela y Brasil? ¿Cómo estamos los afrodescendientes en la democratización de las tierras y el desarrollo sustentable que garantice la soberanía alimentaria? ¿Cómo estamos los afro en la lucha para frenar el aberrante cambio climático producido por la emisión de gases, la deforestación, el urbanismo anárquico, sabiendo que las reservas de agua y biodiversidad en general están ubicadas en nuestros espacios ancestrales?

La agenda del movimiento debe ser enfocada irreversiblemente en la construcción y consolidación de la sociedad socialista antiimperialista y antirracista por una nueva humanidad. No podemos seguir con medias tintas en ese sentido. Sabemos de la existencia de una política dirigida desde los sectores más racistas y afro-oportunistas de Estados Unidos para copar los espacios afrodescendientes, teniendo su mayor expresión en Colombia, Honduras y en un sector brasileño desde que la ex ministra de Estado Condoleezza Rice incluyó el tema afro y luego fue reforzado por Hilary Clinton en su visita a Bahía de Todos los Santos. El sector más agresivo en la construcción de la afroderecha lo constituyó Colombia con el gobierno de Uribe y ahora con el gobierno de Santos. Es hora de crear y juntar esfuerzos con los sectores afroprogresistas de las Américas para estar al compás de la dinámica político-social y romper la barrera de la autoexclusión a que nos hemos reducido (el folklorismo inútil de frágil sonrisa, el “censismo”, la lucha contra el racismo sin mayor trascendencia). Debemos simplemente apostar a la construcción de un modelo socialista con inclusión afro, partiendo de la experiencia histórica construida trágicamente en las Américas y el Caribe y con los referentes de Kwame Kruma, Amílcar Cabral, Shankara, Neto, Machel y Julius Nyerere. La década de los pueblos afrodescendientes, propuesto ante la ONU, debe ser, entre otros puntos de discusión, el impulso de la lucha ideológica revolucionaria en los movimientos afrodescendientes de América Latina y el Caribe.

(1) Informe de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 31 de agosto a 8 de septiembre de 2001). A/CONF.189/12.
http://www.un.org/spanish/CMCR/aconf189_12.pdf

- Jesús Chucho García es escritor e investigador venezolano, Coordinador General de la Fundación Afroamérica y la Diáspora Africana.

Artículo publicado en la Edición de junio (486) de la revista América Latina en Movimiento, titulada " Miradas del movimiento afrolatinoamericano": http://alainet.org/publica/486.phtml

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martes, 18 de junio de 2013

VIDEO: Gerardo Fernández Noroña convoca a la Desobediencia Civil

VIDEO: Férnandez Noroña, Juramento en Defensa de la Nación

Demandan petroleros destitución de Romero Deschamps


El líder sindical ha instaurado un régimen de corrupción por lo que solicitan sea revocada la toma de nota, señaló Omar Toledo, representante de la disidencia.

Patricia Muñoz Ríos
Publicado: 18/06/2013 08:49

México, DF. La Unión Nacional para el Desarrollo Social de los Trabajadores de la Industria Petrolera (UNDPESTIP), encabezada por Omar Toledo Aburto llevó a cabo este medio día un mitin en el Zócalo capitalino, donde demandó la inmediata destitución del líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, debido a que está en la secretaría general del gremio “de manera ilegal y arbitraria” además de que ha instaurado un clima de “terrorismo sindical” y corrupción.

Acompañado de cientos de petroleros de diversas secciones del país, incluso de Tabasco, Veracruz, estado de México entre otros, Toledo Aburto indicó que ya es insostenible Romero Deschamps, pues sus millonarios desfalcos a Pemex y al sindicato, han generado una inconformidad generalizada entre la base trabajadora.

Señaló que la unión que él encabeza está a favor del proyecto de modernización de Pemex que plantea el gobierno federal, pero está en total desacuerdo de que se mantenga una dirigencia “espuria” como la que encabeza el actual dirigente quien ha velado sólo por sus intereses personales y de su camarilla y ha olvidado a los trabajadores.

El mitin se realizó luego de que los inconformes marcharon desde el Ángel de la Independencia en demanda, precisamente, por la destitución del líder gremial, ya que su relección es "ilegal", pues para mantenerse al frente hasta 2018 Romero Deschamps violentó diversos estatutos e incurrió en ilegalidades.

Toledo planteó que no van a permitir que Romero Deschamps se perpetúe en el sindicato, el cual tiene una de la mayores disidencias de todos los gremios, por la inconformidad de los trabajadores que han visto inundarse “de corrupción” su gremio.

Se tenía programado que durante su avance harían una parada en la Secretaría de Gobernación donde entregarían un escrito en el que señalan que el dirigente sindical ha instaurado un régimen de corrupción, por lo que piden que sean revocadas las tomas de nota que “violentando los estatutos” obtuvo para mantenerse en la dirigencia de este sindicato.

Toledo, quién encabeza esta disidencia del Sindicato Petrolero, estima que al menos 4 mil trabajadores de este gremio estarán participando en esta movilización, en la que la demanda principal será “la inmediata abdicación del actual dirigente petrolero", pues los trabajadores “ya están cansados de que se violen sus derechos”.

La prisa del sector privado por que se aprueben más reformas estructurales


Por: Arturo Huerta González

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) critica a los legisladores por la tardanza en aprobar las reformas estructurales, y afirman que al empezar a discutir las reformas hacendarias y energéticas hasta septiembre implicará que se pierda el primer año de gobierno, y que los resultados empiecen a reflejarse hasta 2015.

Los defensores de las reformas estructurales, antes de clamar por más reformas tendrían primero que evaluar los resultados de las reformas estructurales que se han venido aprobando e instrumentando en las últimas décadas, tal como la autonomía del Banco Central, los Tratados de Libre Comercio, la liberalización financiera, la disciplina fiscal, la venta de Teléfonos de México (Telmex), de la minería, de la aviación, de la siderúrgica, así como la privatización de los ejidos, de los ferrocarriles, la privatización y extranjerización de la banca, la reforma laboral, la reforma del sistema de pensiones, la apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la inversión privada, y tantas otras que han des–regulado y liberalizado al mercado, y achicado el tamaño y participación del Estado en la actividad económica, y han incrementado el poder y participación de la cúpula empresarial en la economía.

Se nos ha dicho y se insiste en que las reformas estructurales tienen “efectos favorables sobre la competitividad y el blindaje de nuestra economía”. Nos dicen que tales reformas son para “enfrentar episodios de alta volatilidad” provenientes del exterior. Ello refleja la miopía existente en los defensores de tales políticas, pues tenemos décadas escuchando dicho discurso, sin que la economía nacional mejore la eficiencia, la competitividad, y no se logre blindaje alguno frente a los shock externos. Tales reformas no nos han llevado a una mayor dinámica económica, ni a mayor generación de empleo. Por el contrario, la economía nacional tiene menos condiciones internas para encarar tal vulnerabilidad, como resultado de las políticas de libre mercado, que ellos y el gobierno impulsan. Tales políticas han atentado sobre el sector industrial y agrícola, como sobre la economía formal, sobre el nivel de vida de la población, y nos han llevado a depender más del comportamiento de las variables externas (exportaciones, remesas y de la entrada de capitales), colocando a la economía en un contexto de alta vulnerabilidad externa. Prueba de ello es la grave crisis en que la economía cayó en 1995, la desaceleración de la actividad económica de 2001 a 2003, debido a que la economía estadounidense se estancó, evidenciando que no teníamos blindaje alguno frente a ello. Lo mismo aconteció en 2009, cuando la economía nacional cayó en 6.2 por ciento, y actualmente de nuevo la economía frena su crecimiento, y en mayor proporción a la desaceleración que muestra la economía de Estados Unidos, lo que evidencia que las reformas estructurales instrumentadas no han incrementado eficiencia, competitividad, ni el blindaje de la economía. La cúpula empresarial, y el gobierno, como los partidos del Pacto por México, quieren más reformas estructurales para seguir favoreciendo a los dueños del dinero, quienes son los que se han apropiado de las empresas públicas que son vendidas, y ahora van por lo que queda de Pemex. Es el gran capital el favorecido de la política económica predominante, y en cambio pierde la mayoría de la población, que ve deteriorado el poder adquisitivo de sus ingresos, y pierden aquellos que buscan empleo y no lo encuentran, aquellos que no tienen ingresos para alimentar a su familia, aquellos que no tienen recursos para llevar a sus enfermos al médico, ni para mandar a sus hijos a la escuela. Para estos millones de habitantes, no hay políticas que los favorezca.

Mientras sigamos con más de lo mismo, continuarán profundizándose los problemas de bajo crecimiento, de desempleo, y miseria, como la violencia que se vive a lo largo y ancho del país, y por otro lado, los dueños del dinero continuarán incrementando su fortuna y poder. Ello es insostenible económica y políticamente. Una economía no puede crecer con altas tasas de desempleo, miseria y violencia, pues no hay opciones de inversión, tanto porque el mercado interno está contraído, como por el clima de desconfianza e incertidumbre. Tampoco hay opciones de inversión para incrementar exportaciones, dado el clima generalizado de recesión y/o desaceleración económica a nivel mundial.

Ante la falta de opciones de inversión en el sector productivo, por la contracción de demanda, tampoco hay opción de inversión en los mercados de capitales, dado el contexto de incertidumbre generalizado que está desestabilizando a dichos mercados a nivel mundial.

Los sectores excluidos tienen que demandar cambio de rumbo de las políticas predominantes para que se atiendan sus demandas de crecimiento económico, de empleo y bienestar para las grandes mayorías de la población. No debemos esperar que la crisis y la violencia se arrecien, pues los costos sobre la esfera productiva, la extranjerización de la economía y el nivel de vida de la población serán mayores. Debemos de anteponer un Proyecto de nación incluyente, soberano, a favor de las grandes mayorías.

La Policía Ciudadana y Popular recorre Puebla y Morelos rumbo a Edomex y DF


SALVADOR CISNEROS SILVA ( Enviado)

Cuautla, 17 de junio. La Policía Ciudadana y Popular (PCP), en su segundo día de la brigada nacional denominada La Palabra que Camina, recorrió parte de los estados de Puebla y Morelos para dar a conocer lo que es el Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia.

La brigada comenzó ayer en la comunidad de Nuevo Paraíso, del municipio de Cualac. Viajan unos 20 integrantes del Consejo de Gobierno, Seguridad y Justicia, además de integrantes de la Policía Ciudadana y Popular desarmados, para “evitar algún contratiempo con el Ejército o policías estatales y federales”.

Alrededor de las 10 de la mañana, la PCP estuvo en Izúcar de Matamoros, Puebla, donde pasó al mercado a repartir volantes y pedir aportaciones voluntarias para el sustento del recorrido. En ese lugar, policías municipales interceptaron a los grupos de la Policía Ciudadana con el pretexto de que “es un delito pedir donativos voluntarios sin pedir permiso a la autoridad municipal”.

“El día de hoy por la mañana pasamos por Izúcar de Matamoros, y realmente se notó un acoso por parte de la policía de ese lugar al mencionarnos que era un delito el pedir apoyo voluntario; manejaban que se tenía que pedir permiso a las autoridades, y cuando llegamos al estado de Morelos nos comentó un federal de que no era un delito, lo que demuestra que la policía de Puebla nos quería prácticamente correr de ese lugar”, denuncio el comandante Tespostototl.

En Cuautla rindieron un homenaje a Emiliano Zapata por su lucha a favor de los indígenas y para obtener la tierra, la vida y la libertad.

“Rendimos homenaje a Zapata porque la lucha que hizo es la misma que nosotros estamos haciendo por la vida, la libertad, la tierra, la paz social y la sana convivencia; en el homenaje estuvieron compañeros de algunas organizaciones de Cuautla, quienes se solidarizaron con este movimiento que realiza la PCP”, indicó.

Se debe investigar la detención de migrantes por la policía y el Instituto Nacional de Migración en el comedor para migrantes en Huehuetoca.




Amnistía Internacional expresa su grave preocupación con relación al operativo realizado ayer, 17 de junio, por la policía municipal de Huehuetoca y la policía federal, junto con agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en el comedor para migrantes de dicha localidad.

Según testigos, los agentes entraron el lugar sin mostrar una orden judicial o administrativa para detener migrantes dentro del comedor que había sido montado por voluntarios de la sociedad civil para brindar ayuda humanitaria a migrantes irregulares en tránsito.

Este operativo ocurre en aparente violación de la Ley Nacional de Migración que establece en su artículo 76 la prohibición de operativos de verificación de estatus migratoria “en los lugares donde se encuentre migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes”.

Amnistía Internacional considera esencial que se realice una investigación independiente, imparcial y exhaustiva de este operativo para esclarecer quien lo ordenó y asegurar que los responsables rindan cuentas. Es importante que los albergues y comedores establecidos por la sociedad civil para brindar apoyo humanitario a migrantes sean lugares seguros para los migrantes de acuerdo a lo que establece la ley.

Además, es esencial que la investigación considere los testimonios de que migrantes fueron sometidos con uso excesivo de la fuerza, incluso con golpes de mecanas y jalones del cabello a migrantes. Según los testigos, al menos siete migrantes fueron llevados al palacio municipal antes de ser trasladados a una estación migratoria (lugar de detención de migrantes irregulares) y los agentes involucrados amenazaron con realizar nuevos operativos contra migrantes en la zona.

El día de ayer el Comisionado del INM, Ardelio Vargas Fosada, declaró oficialmente que “los migrantes son un grupo en situación de vulnerabilidad, y ha instruido a todo el personal de la institución a privilegiar el respeto a sus derechos humanos, independientemente de su situación migratoria.”[1] El Comisionado también enfatizó esta postura durante una reunión con Amnistía Internacional el 13 de junio. Sin embargo, el operativo ayer en Huehuetoca parece mostrar una realidad distinta y preocupante.

Los desafíos de la Alianza del Pacífico Soberanía regional o periferia de lujo

Raúl Zibechi

ALAI AMLATINA, 18/06/2013.- Dos proyectos de asociación regional se enfrentan en América del Sur: la Alianza del Pacífico y la UNASUR. Ambas son incompatibles, responden a intereses geopolíticos opuestos que colocan a cada uno de los países de la región ante una disyuntiva. Ya no quedan espacios ni para ingenuidades ni para distracciones.

“Existe una cierta tendencia en nuestras perspectivas integracionistas a sobrecargar de ideología las lecturas sobre los diferentes proyectos subregionales”, escribió Carlos Chacho Álvarez, secretario general de Aladi (Tiempo Argentino, 2 de junio de 2013). Por esa razón considera que contraponer la Alianza del Pacífico al Mercosur ampliado, “resulta claramente un signo negativo, cuando no un retroceso”. De todos modos, Álvarez apuesta por la Unasur y la Celac “como los dos proyectos más ambiciosos e integrales de la región”, que al excluir a Estados Unidos y Canadá enseñan también su costado ideológico. (1)

“El continente se dividió”, apunta el ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso en referencia al nacimiento de la Alianza del Pacífico (Valor, 30 de noviembre de 2012). “De alguna manera perdemos nuestra relevancia política en el continente que era incontestable”, añade. Cardoso cree que la salida para su país es “una negociación a fondo con los Estados Unidos”, a la que “siempre tuvimos miedo”.

Deslizándose por encima de los dos bloques, el presidente peruano Ollanta Humala recibió a principios de junio a Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco del foro “10 Años de la Alianza Estratégica Brasil-Perú 2003-2013”, y señaló que en diez años “se ha avanzado mucho en la integración peruano-brasileña y sobre todo en el entendimiento de que es una alianza natural para poder integrar un bloque bioceánico Atlántico-Pacífico” (La Voz de Rusia, 6 de junio de 2013).

En el mismo acto Lula recordó que una década atrás fue muy criticado en su país por firmar el acuerdo de integración con Perú, pues las elites brasileñas consideran que sólo se alcanzaría el desarrollo en base a relaciones comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea: “América del Sur no existía, ni América Latina, no existía África ni los países árabes, yo creía que se podía cambiar la geografía comercial y política del mundo si creíamos en nosotros mismos, pero no era un discurso fácil”, sentenció el ex presidente.

Lula apoyó su discurso en datos irrefutables: el comercio bilateral pasó de 650 millones de dólares en 2003 a 3.700 millones en 2012. Las inversiones privadas brasileñas en Perú ascienden a 6.000 millones de dólares y lanzó el desafío de exportar productos industriales y con elevada composición tecnológica con el objetivo de que ambas economías “puedan complementarse”. Conscientemente abordó el punto clave de cualquier proceso serio de integración.

Los TLC hilvanados

La Alianza del Pacífico nació en abril de 2001 con la “Declaración de Lima”, iniciativa del entonces presidente Alan García, entre cuatro países que tienen Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos: México, Colombia, Perú y Chile. El 6 de junio de 2012 se firmó el “Acuerdo Marco de Antofagasta” por los presidentes Sebastián Piñera, Juan Manuel Santos, Humala y Felipe Calderón. Panamá y Costa Rica fueron los primeros miembros observadores, a los que luego se sumaron España, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Uruguay, y en las siguientes cumbres se incorporaron Ecuador, El Salvador, Francia, Japón, Honduras, Paraguay, Portugal y República Dominicana.

Los defensores de la Alianza suelen decir que los cuatro países que la integran suman 200 millones de habitantes, representan el 55 por ciento de las exportaciones latinoamericanas y el 40 por ciento del PIB de la región. Dos destacados economistas de la región, el peruano Oscar Ugarteche y el brasileño José Luis Fiori, coinciden en analizar los procesos regionales como si fueran un juego de ajedrez, en el que la movida de una pieza por uno de los jugadores debe ir acompañada de una respuesta del otro contendiente adecuada al desafío recibido. Cuando se produjo el “golpe constitucional” que apartó a Fernando Lugo del gobierno, Paraguay fue separado del Mercosur y se le dio el ingreso a Venezuela. Del mismo modo debe interpretarse la creación de la Alianza del Pacífico: una respuesta a la creación de la Unasur encabezada por Brasil.

Cuando se formó la Alianza, Ugarteche sostuvo: “Los tres gobiernos sudamericanos del grupo (Chile, Colombia y Perú) tienen en común no haber firmado el acta de constitución del Banco del Sur, no tener acuerdos comerciales con el Mercosur vigentes, son observadores, tener TLCs firmados con Estados Unidos que aseguran arancel cero, lo que impide el acuerdo con el Mercosur cuyo piso es 5 por ciento, y carecer de un sector industrial nacional significativo” (Alai, 26 de abril de 2011). Su conclusión era que la Alianza es “un contrapeso a la influencia brasileña en Sudamérica” que “sirve no para competir sino para bloquear”.

Sin embargo, en un reciente artículo el economista sostiene que en los últimos tiempos “quien ha realizado los mejores movimientos ha sido sin duda la Alianza del Pacífico”, no tanto por sus propios méritos como por el notable estancamiento del Mercosur por el atasco en las relaciones entre Buenos Aires y Brasilia (Alai, 24 de abril de 2013). Entre esos avances figura el acercamiento del Paraguay pos Lugo. Así y todo, la Alianza debe sortear numerosas dificultades entre las que destacan la oposición de sectores del empresariado colombiano a un acuerdo que no les genera nuevas oportunidades sino “un detrimento de la balanza comercial y del empleo”.

Las dificultades de la integración

Los datos sobre inversión extranjera directa (IED) pueden tomarse como una radiografía de la región. La IED ha escalado de forma exponencial en América del Sur, pasando de poco más de 30.000 millones de dólares anuales en los primeros años de la década de 2000 a 143.000 millones en 2012. Se multiplicó por más de cinco, según el último informe de la CEPAL. (2)

Vale la pena destacar que los tres países andinos de la Alianza del Pacífico pasaron de recibir una IED de 11.000 millones de dólares al comenzar el siglo a percibir 58.000 millones. El mayor crecimiento de la región. Pero lo que revela el carácter de las economías nacionales es el sector al que se dirigen. Chile es el segundo país en volumen de IED, con 30.000 millones de dólares en 2012, pero la mitad se invierte en la minería (49 por ciento) y un quinto en el sector financiero. Colombia recibió una IED de 15.800 millones de dólares, pero más de la mitad van a petróleo y minería. En Perú, que recibió 12.200 millones, sólo la minería absorbe bastante más de la mitad de las inversiones (quizá el 70 por ciento, aunque no hay datos).

En Brasil la relación es justamente la inversa: la industria manufacturera absorbe alrededor del 40 por ciento de las inversiones (decayendo del 47 a 38 por ciento en los últimos años) mientras las actividades extractivas concentran apenas el 13 por ciento. Esto quiere decir que el grueso de la inversión extranjera, de 66.000 millones de dólares (la cuarta del mundo luego de Estados Unidos, China y Hong Kong), se dirige a sectores que generan puestos de trabajo calificados y agregan valor a la producción.

Argentina tiene una situación intermedia entre Brasil y los países andinos. Luego de una década de fuerte retracción, la IED hacia Argentina creció un 27 por ciento en 2012 hasta alcanzar 12.500 millones de dólares. A fines de 2011 la composición sectorial de la IED acumulada en Argentina estaba concentrada en un 44 por ciento en la industria y un 30 por ciento en servicios.

Es cierto que toda la región sufre un proceso de desindustrialización como consecuencia de la competencia china. Pero los efectos son dispares: en algunos casos la dependencia de los bienes naturales es apabullante, convirtiendo a esos países en absolutamente dependientes de los precios de las commodities en las bolsas de valores y, muy en particular, de la evolución del mercado chino. Es posible que la mentada pujanza de la Alianza del Pacífico sea poco más que humo y se evapore cuando esos precios caigan.

Chile no es capaz de absorber productivamente los enormes flujos de IDE que recibe, toda vez que el 26% son reinvertidos inmediatamente fuera del país por las subsidiarias chilenas de empresas extranjeras. La CEPAL concluye que el país andino, colocado como modelo a seguir por buena parte de los economistas de la región, es apenas “una puerta de entrada para otros mercados latinoamericanos”.

Según Fiori los tres países sudamericanos de la Alianza del Pacífico “son pequeñas o medianas economías costeras y de exportación, con escasísimo relacionamiento comercial entre sí, o con México”. El único país que tiene clima templado y tierras productivas, Chile, “es casi irrelevante para la economía sudamericana, además de ser uno de los países más aislados del mundo”, dice el economista brasileño.

Cree que la Alianza del Pacífico no tiene un futuro promisorio. Sus exportaciones son mayores que las del Mercosur, pero el comercio intrazona es ínfimo (dos por ciento del total exportado frente al 13 por ciento del Mercosur). En rigor, es una alianza comercial que no busca la integración.

El problema no radica tanto en las virtudes de la Alianza sino en los problemas que atraviesa el Mercosur. Por un lado, los cuatro países que lo crearon (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) exportan los mismos productos (básicamente soja y carne) a los mismos mercados. Con esa estructura de exportaciones no hay integración posible, que sólo puede forjarse sobre la base de la complementación productiva. Como apunta Fiori, desde la crisis de 2008 y a caballo de la expansión china, se han profundizado las características seculares de las economías sudamericanas que obstaculizan cualquier proyecto de integración: “El hecho de ser una sumatoria de economías primario-exportadoras paralelas y orientadas por los mercados externos” (Pontes, febrero 2013).

Por otro, y estrechamente ligado a lo anterior, la permanente disputa entre Brasil y Argentina por sus exportaciones industriales (automotriz y de electrodomésticos) está empantanando la alianza regional. Cada producto argentino que ingresa en Brasil, le hace perder puestos de trabajo, y viceversa. Los acuerdos comerciales existentes y la opción por la integración aún no se tradujeron en la creación de industrias capaces de complementarse.

En su balance de la inversión extranjera en 2012, la Cepal no deja lugar a dudas: “En América del Sur (sin incluir a Brasil), se ha ido profundizando un patrón de distribución de la IED en el cual los sectores basados en recursos naturales son claramente el primer destino”. La minería absorbió el 51 por ciento de las inversiones en la región, servicios el 37 y la industria apenas el 12 por ciento.

Hora de elegir

“Se puede decir con toda certeza que el ´cisma del Pacífico´ tiene más importancia ideológica que económica en América del Sur y sería casi insignificante políticamente si no se tratara de una pequeña franja del proyecto de Obama de crear una Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), pieza central de su política de reafirmación del poder económico y militar en la región del Pacífico”, señala Fiori (Pontes, febrero de 2013).

Este es quizá el nudo de la cuestión. México es ya una pieza inseparable de la economía estadounidense. Luego de la crisis de 2008, que le impone serias restricciones presupuestales, la estrategia de los Estados Unidos consiste en “tercerizar” la administración de su poder global pero con el cuidado de impedir que surjan potencias regionales que amenacen su posición y en particular el predominio aéreo y naval. A través del sistema financiero, razona Fiori, la superpotencia sigue traspasando sus costos y sus crisis a terceros países, como sucedió con su principal aliado, la Unión Europea, manteniendo en tanto el “control monopólico de la innovación tecnológica”.

Ante este panorama, lo decisivo serán las opciones de los demás países, sobre todo el rumbo que adopte Brasil. El profesor Ricardo Sennes, analista internacional de la Universidad de Sao Paulo, sostiene que el crecimiento económico pos 2002 “profundizó las divergencias entre las estrategias económicas de los países, así como se ampliaron las asimetrías entre Brasil y los países de la región” (3).

A esta dificultad estructural se suma que en Brasil prevalece “la preferencia por un patrón de relación regional basado en la proyección de las capacidades políticas brasileñas y no en un patrón de integración regional”. No es lo mismo la densificación de los negocios que una estrategia de integración. En su opinión eso debe a que existe una débil “coalición interna” a favor de la integración y se traduce en un elevado activismo diplomático que contrasta con la baja institucionalidad de la integración. En conclusión, “la regionalización, aumento de las relaciones regionales no derivadas de política y acuerdos entre estados, avanzó más rápida y profundamente que la integración regional”.

Eso se manifiesta en que los miembros del Mercosur han establecido acuerdos más profundos con países de fuera de esta alianza que entre ellos mismos. Sennes concluye que más allá de las declaraciones, “el proyecto regional de Brasil no integra el eje central de su estrategia internacional”. Suena fuerte, pero en modo alguno parece alejado de la realidad. En su apoyo, resume: preferencia por reuniones de cúpula antes que acuerdos institucionales; “integración económica rasa”, o sea focalizada en cuestiones comerciales bilaterales en detrimento de la integración productiva, financiera y logística; privilegiar agencias de crédito domésticas como el BNDES en vez de regionales; y apoyar las iniciativas privadas de inversiones en detrimento de acuerdos regionales de promoción de inversiones.

A partir de este cúmulo de dificultades, Fiori plantea una disyuntiva de hierro. Que Brasil y la región se conviertan en “periferia de lujo” de las grandes potencias, como ya fueron Australia y Canadá, con acuerdos de “socios preferenciales”, en línea con la propuesta de Cardoso y de las elites de cada país, atornillados al papel de exportadores de commodities. O bien emprender un camino alternativo, asentado en la autosuficiencia energética y los recursos naturales estratégicos, combinando “una industria de alto valor agregado como un sector productor de alimentos y commodities de alta productividad”, que no renuncie a la complementariedad y competitividad con Estados Unidos pero que “luche para aumentar su capacidad de decisión estratégica autónoma” (“Brasil e América do Sul: o desafío da inserçâo internacional soberana”, Brasilia, CEPAL/IPEA, 2011).

Las elites han hecho su opción y pelean por ella. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) y la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo rechazan cada vez con mayor vigor el Mercosur y ni siquiera toman en cuenta la Unasur. Aecio Neves, candidato por el Partido de la Social Democracia que representa a esos sectores, habla claro: “Tenemos que tener el coraje de repensar y revisar el Mercosur. En este sentido, la Alianza del Pacífico, es un ejemplo ya de movilidad y dinamismo” (La Nación, 9 de junio de 2013).

Esa claridad contrasta con las nebulosas y contradictorias posiciones del progresismo. En el actual panorama global, no hay lugar para la neutralidad. “Los que se consideran neutros son siempre países irrelevantes o que acaban sucumbiendo”, concluye Fiori. Por eso sostiene que la región debería construirse como “un grupo de países aliados capaces de decir no, cuando sea necesario, y capaces de defenderse, cuando sea inevitable”.

Notas

1) Aladi: Asociación Latinoamericana de Integración. Unasur: Unión de Naciones Suramericanas. Celac: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
2) La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2012”, Santiago, 2013.
3) Revista “Tempo do Mundo”, Vol. 3, No. 2, Brasilia, diciembre 2012.

- Raúl Zibechi, periodista uruguayo, escribe en Brecha y La Jornada y es colaborador de ALAI.


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