lunes, 3 de junio de 2013

Santos, la conjura contra Venezuela y la Alianza del Pacífico

Atilio A. Boron

ALAI AMLATINA, 31/05/2013.- Por más que se lo suela poner en cuestión, todo acuerdo económico es a la vez un compromiso político. El pensamiento neoliberal presenta sus opciones políticas (por ejemplo, promover un modelo económico que enriquece a los ricos y espolia a los pobres) como si fueran el resultado de un cálculo técnico o de una racionalidad abstracta, cuando lo cierto es lo contrario.

Lo anterior vale tanto para los acuerdos sellados en el plano doméstico como en el internacional. Por eso no puede causar sorpresa la provocación en que incurrió el gobierno de Juan M. Santos –ahora dice que todo fue un “malentendido”- al recibir al perdidoso candidato de la derecha venezolana, Henrique Capriles. Al hacerlo, el presidente colombiano le confirió legitimidad a sus escandalosas denuncias –refutadas por sucesivas auditorías practicadas sobre los resultados electorales del 14 de Abril- y se alineó irresponsablemente con el líder del ala fascista y más radical y golpista de la derecha venezolana.

¿Sólo con ésta? No, porque la estrategia de desgaste del antichavismo no es creación original venezolana sino expresión de las directivas que emanan desde Washington para concretar su proyecto destituyente y tratar de borrar al chavismo de la faz de la tierra. Por eso la Casa Blanca continúa sin reconocer la legalidad y la legitimidad del triunfo de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones presidenciales. El empecinamiento del insólito Premio Nobel de la Paz no es inquina personal sino el meticuloso cumplimiento del proyecto de reversión de la correlación internacional de fuerzas en el hemisferio que en el 2005 provocara el naufragio del ALCA en Mar del Plata. Componente fundamental de ese proyecto es el permanente acoso, la deslegitimación y la desestabilización de los gobiernos bolivarianos y progresistas de la región. El sueño imposible del imperio es restablecer en Latinoamérica una situación anterior a la Revolución Cubana, cuando las órdenes de la Casa Blanca eran obedecidas sin chistar por los gobiernos de la región. Este es el sentido fundamental de la tan publicitada y alentada Alianza del Pacífico conformada por México, Colombia, Perú y Chile, que a instancias de Washington organizó nada menos que siete Cumbres en poco más de un año. El objetivo de este hiperactivismo diplomático es principalmente político y, en menor medida, económico. Lo primero, porque pretende rehacer el mapa sociopolítico regional acabando con los gobiernos de los países del ALBA e inclusive con sus aliados, como los de Argentina y Brasil, “cómplices” según Washington de la derrota del ALCA. Y en lo económico, porque la AP es la más importante pieza de la contraofensiva imperialista destinada ahora, ya mismo, a concretar un ALCA con otro nombre y, a la vez, para potenciar el papel de “caballos de Troya” que Washington les tiene asignados a los gobiernos de la AP para socavar desde dentro a proyectos que suscitan el visceral rechazo de la Casa Blanca como la UNASUR, la CELAC y, en menor medida, el Mercosur. No sorprende que los gobiernos y políticos más reaccionarios del continente, ¡y los de Europa! compitan entre sí para ver quién entra primero a esa alianza concebida y orquestada por los Estados Unidos para defender sus propios intereses utilizando a sus peones latinoamericanos y europeos. ¿Qué sentido tiene que países como España, Australia, Uruguay y Japón, que hoy día tienen el estatus de observadores, hayan declarado que solicitarán su adhesión para convertirse en miembros plenos de la AP durante el 2013.” Australia y Japón, ¿necesitan de este instrumento norteamericano para vincularse con el nuevo centro de gravedad de la economía mundial que se halla, precisamente, en su entorno inmediato, o es que se trata de dos países sometidos militar, económica y diplomáticamente a la voluntad de la Casa Blanca y que por lo tanto actúan según se les ordena?

Claro está que este engendro norteamericano, del cual Santos es el principal articulador (recordar que la última y fundamental reunión se hizo el 22/23 de Mayo en Cali) requiere de sus protagonistas una abyecta sumisión a los edictos y las prioridades imperiales. Para la Casa Blanca hoy nada es más importante que aprovechar el momentáneo desconcierto provocado por la muerte de Hugo Chávez para reordenar lo que el Secretario de Estado John Kerry denominara -en una expresión que por su carácter despectivo había caído en desuso- al “patio trasero” de Washington. Y Santos obedeció el mandato y recibió a un desprestigiado político amparado por lo peor de la derecha latinoamericana y europea -principalmente el corrupto Partido Popular de España, cuyo jefe en las sombras es José M. Aznar- y culpable de haber instigado actos criminales que culminaron con la muerte de once chavistas y más de un centenar de heridos amén de la destrucción de numerosos centros de salud y oficinas públicas. El objetivo de la gira latinoamericana de Capriles es desprestigiar al gobierno de su país a cualquier precio, inclusive deteriorando las ya de por sí difíciles relaciones colombo-venezolanas. Pero Washington hace saber a sus clientes que no hay límites éticos ni escrúpulos de ningún tipo a la hora de aislar al gobierno de Venezuela, caracterizándolo como un “estado canalla” y debilitarlo para facilitar su indefensión ante los ataques de Washington. Para ello se combinarán estrategias de hipócrita seducción –Joe Biden bendiciendo a Brasil como potencia ya “emergida” pero sin hablar de que es el país al cual EEUU ha rodeado con más bases militares en toda Latinoamérica- con otras más brutales, como las que seguramente habrá comunicado Roger Noriega en su viaje a Colombia al presidente Santos, y con iniciativas como las de la AP, que dados sus objetivos y extraordinaria movilización de recursos sería muy peligroso no tomar seriamente en cuenta. Todo indica que el pueblo y el gobierno venezolanos son plenamente conscientes de esta amenaza, y están preparados para resistir y no sólo eso, sino también prevalecer. Saben que contarán con la solidaridad militante de la mayoría de los pueblos y los gobiernos de Nuestra América que con sus luchas derrotarán esta nueva tentativa de establecer un ALCA, ahora con otro nombre. En el nauseabundo contexto internacional arriba señalado cabe destacar el honroso gesto del presidente Rafael Correa que, por boca de su Canciller, hizo saber que Ecuador jamás recibiría a Capriles.


/- Dr. Atilio A. Boron,/ director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina www.atilioboron.com.ar 


Mas informacion: http://alainet.org

sábado, 1 de junio de 2013

Manifestación 'Ocupa Los Pinos'

Exigen cancelar concesión a la minera china Gan Bo


PEDRO ZAMORA BRISEÑO

TEQUESQUITLÁN, Jal. (apro).- Tras el bloqueo temporal a las instalaciones de la minera china Gan Bo, iniciado a principios de este mes, el presidente del comisariado ejidal, Gregorio Zamora Escobar, advirtió que la población de este lugar seguirá luchando “hasta las últimas consecuencias” en busca de que le sea cancelada la concesión a esa empresa.

Comentó que se realizarán nuevas movilizaciones sociales, a la vez que continuará el proceso por la vía jurídica con el apoyo de organizaciones ambientalistas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En una visita realizada a esta comunidad, el abogado Óscar González Garí, presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) e integrante de Rema, denunció que la minera oriental se instaló en esta zona con base en contratos civiles de arrendamiento de tierras, que son ilegales en materia agraria, por lo que –adelantó– se interpondrá una serie de demandas para anular esos convenios.

Asimismo, añadió, continuará el seguimiento al juicio de amparo promovido anteriormente para invalidar el procedimiento mediante el cual la minera Gan Bo obtuvo la concesión, ya que existen irregularidades en el acta de la asamblea mediante la cual la anterior mesa directiva del ejido autorizó la instalación en sus tierras.

El actual presidente del comisariado ejidal, Zamora Escobar, se quejó de que la vida en este pueblo de 2 mil 500 habitantes ha cambiado mucho desde que hace un año la empresa minera inició operaciones de extracción de hierro.

Indicó que debido a la contaminación del aire y el uso de grandes cantidades de agua por parte de esa industria, empiezan a correr riesgo los cultivos de frutas y hortalizas, así como los mantos freáticos de la zona, y con un gesto de preocupación vaticinó: “más adelante sería peor la situación para este pueblito”.

Recordó que el pasado viernes 4 los ejidatarios de este lugar bloquearon las entradas a las instalaciones de la mina, donde realizaron un plantón de protesta por los daños ambientales causados al centro de población, que se encuentra a un costado.

Sin embargo, el martes 7 arribaron a la población alrededor de 200 elementos de la fuerza pública, entre ellos granaderos y agentes estatales, que obligaron a los manifestantes a retirarse y resguardaron la mina durante una semana.

El pasado jueves 9, un grupo de ejidatarios viajó a la ciudad de Guadalajara para entrevistarse con funcionarios estatales y entregar escritos de protesta en la Secretaría de Gobernación y en el Palacio Legislativo. En este último tuvieron que bloquear una de las avenidas para ser atendidos.

“Nos quejamos ante Gobernación para que retiraran a los policías del pueblo, porque quisieron tratarnos como criminales o asesinos, y fue así como logramos que se fueran”, dijo Zamora Escobar.

Por el momento, concluyó, “vamos a esperar a ver cómo se desarrolla el proceso legal en contra de la mina, a ver si nos hacen caso, porque parece que las dependencias del gobierno están compradas por los chinos, pero nuestro ánimo es seguir en la lucha hasta el final”.

Wirikuta en 2019, según el capitalismo


Tunuary y Cristian Chávez

Un día caluroso, muy caluroso, fuera de lo normal, el sol se mira más rojo del amarillo típico que solemos ver en las tierras sagradas de Wirikuta, en el altiplano potosino. Estamos en los últimos días de mayo de 2019, un año sin duda excepcional, y es que el año pasado –en el verano de 2018–, en las tierras campesinas de esta región potosina no se había recibido ni una gota de agua del cielo, y la vida prevalecía con las pocas lluvias del verano de 2017 que, de no ser porque los campesinos habitantes de la región tomaron durante varios meses las instalaciones de las empresas agroindustriales “Poca Luz” para que no ahuyentaran las nubes, no hubiéramos visto tampoco ni una gota de lluvia.

Los pesimistas pronósticos de cambio climático para la región árida del desierto chihuahuense se han cumplido, las sequías se han tornado extremas, el cambió generalizado del clima en el mundo en lo local se siente morir. Tenía razón Enriqueta García cuando modificó el sistema de clasificación climática de Köppen en 1962 adaptándolo a las condiciones orográficas de México, señalando como indicador de aridez progresiva la zona donde crece la planta denominada “gobernadora” o (Larrea tridentata) distribuida en una vasta meseta localizada entre dos grandes cordilleras donde se manifiesta el efecto de barrera, lo que explica su condición seca, que abarca más del 60% del territorio nacional y una parte del sur de Estados Unidos.

Además de esto, la ambición de las agroindustrias locales en Wirikuta –que hoy, en 2019, ya suman 75 mil hectáreas deforestadas– siguen consumiendo aguas fósiles y modificando el clima para evitar las lluvias y así disminuir la incidencia de plagas y enfermedades de sus jitomates. Estas empresas cada vez cuentan con menos acceso al agua, pero están dispuestas a trabajar aquí hasta que la desolación y el desamparo cobijen cada centímetro del paisaje.

Los pozos de agua se han secado, la lluvia se ha ahuyentado, grandes grietas se han abierto en los suelos al desecarse los cuerpos freaticos subterráneos. Hoy el acuífero ya se encuentra sobreexplotado en cerca de 4.5 millones de metros cúbicos al año, mientras que en 2012 la sobre explotación era de 1.5 millones. El ganado se ha malbaratado, mucho ha muerto, las semillas nativas de maíz se han perdido en su totalidad.

Cerca de 10 manantiales de la Sierra de Catorce se han secado porque la empresa First Majestic Silver bajó el nivel del acuífero cerca de 10 metros a fin de poder trabajar en un ambiente seco en el interior de las montañas que –según platican los wixaritari– dieron origen al mundo, y mantienen los equilibrios espirituales entre los ancestros para que la vida pueda continuar.

Los habitantes locales se han marchado enfermos por tanta contaminación, se incrementaron radicalmente los casos de leucemia y enfermedades pulmonares, cardiacas y diversos tipos de cáncer originados por la acumulación excesiva de metales pesados en el organismo. La presencia de integrantes del crimen organizado ha aumentado en toda la región, quienes sin compasión cometen atrocidades contra quien levanta la voz a las mineras o a las agroindustrias.

Se miran aún wixaritari pasar en algunos caminos, se conocen porque acampan en el desierto pero no tienen apariencia de hippies, pero han optado por llegar clandestinamente a hacer el trabajo que milenariamente han hecho para conservar las velas de la vida encendidas para su pueblo y para toda la humanidad. No portan su traje florido bordado de colores, no portan sus plumas saludando al sol, y es que desde que en 2013 encarcelaron a Don Silvestre y su familia, un wixaritari originario de Nayarit. El Estado mexicano no ha descansado de criminalizar el consumo del peyote por parte de los huicholes, mantiene retenes permanentes en las carreteras y tiene halcones que notifican si hay huicholes haciendo ceremonia o consumiendo peyote a fin de encontrar las vías legales para detenerlos, ni que decir del fatal destino que corren los hippies o personas que no son de origen wixarika pero que han encontrado una sanación y un despertar de conciencia en el consumo del peyote.

Wirikuta es hoy habitado por mineros y traficantes que llegaron de otras tierras, el lugar colorido de los ancestros guardianes de las aguas profundas, de la serpiente emplumada con cabeza de venado que conoce el pueblo wixárika, es hoy un nido de lavado de dinero, de prostitución, de corrupción y enfermedad.

Es un 2019 que nunca nadie deseó. Alguien decía que ya era tiempo de luchar, Don Javier Saucedo, que falleció el 16 de mayo de 2013, hace ya seis años, originario de Real de Catorce, minutos antes de su muerte dedicó palabras a sus compañeros y familia para que lucharan contra el panorama que él sabía se aproximaba.

Si en 2013 la sociedad civil del mundo hubiera estado dispuesta a hacer todo por luchar, por unirse, por hacer lo imposible, pero de verdad lo imposible hasta detener los proyectos de devastación que amenazan Wirikuta, quizá hoy sería otra cosa, si la población local hubiera tenido la decisión de enfrentar un enemigo que en ese momento estaba bastante raquítico, si el pueblo wixárika hubiera contado con el apoyo de la sociedad mundial, si el Estado Mexicano hubiera tenido el valor de respetar a uno de los principales pueblos indígenas del mundo y de respetar el derecho a la salud, a un medio ambiente sano y a un trabajo digno de la población local de Wirikuta y de proteger la zona que ocupa el 0.3 por ciento del desierto chihuahuense pero que alberga el 80 por ciento de sus aves, el 60 por ciento de sus mamíferos y 50 por ciento de su flora y que es uno de los sitios de endemismo más importantes de México… seguro estaríamos hoy sentados ante un paisaje menos desolador.

¿Será que pensar en el “hubiera” en este caso sí tiene sentido? ¿Será que Silvio Rodríguez se equivoca y que hoy, en 2019, pensar en “repetir el ayer como fórmula para salvarlo” sí vale la pena?… Si tan solo hace 6 años hubiéramos visto esto…

tunuaryycristian@yahoo.com.mx

Siete años de impunidad en desapariciones: Tadeco


CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 31 de mayo. El coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy Hernández, reprochó que en Guerrero haya un estado de “ignominia e impunidad” para investigar los casos de desaparición forzada, secuestro y asesinato denunciados ante la autoridad.

Monroy Hernández dijo que han pasado siete años de denunciar casos de familiares desaparecidos, asesinados y secuestrados, y las autoridades siguen haciendo caso omiso.

“El ex gobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo ignoró y nos acusó de defender a narcomenudistas; lo mismo que el perredista y mal gobernador Ángel Aguirre Rivero; nos ha engañado y denostado también el ex alcalde de Chilpancingo Héctor Astudillo, quien nos desalojó de la plaza cívica, y ahora Mario Moreno, quien nos engaña aparentando acatar las recomendaciones de la Coddehum y nos dice que nos va a restablecer nuestro módulo, pero no lo cumple”, reprochó.

Lamentó que hayan pasado más de siete años de “ignominia e impunidad” para cientos de familias que han perdido a un familiar, sea porque lo secuestraron, lo desaparecieron o lo asesinaron.

Sin embargo, dijo que a pesar de la “indiferencia” de las autoridades, el Tadeco sigue decidido a buscar la justicia para las familias, y “a pesar de que nuestra lucha no da votos, no da poder, ni mueve masas, es digna y justa”, pues busca hacer justicia y el respeto a los derechos humanos.

Se manifiestan seguidores y compañeros de los dirigentes desaparecidos de Iguala


Entregan en presidencia un escrito dirigido al alcalde para exigirle su intervención en el caso

ISRAEL SALGADO URIÓSTEGUI ( Corresponsal)

Iguala, 31 de mayo. Organizaciones sociales se manifestaron hoy contra la represión como método para silenciar a los dirigentes, ante la incapacidad para resolver la demanda social.

Con pancartas en las que exigían la presentación inmediata de los dirigentes de la Unidad Popular, responsabilizaban a los tres niveles de gobierno de su desaparición y exigían alto a la represión, Rafael Ochoa Ochoa, de la organización Genaro Vázquez Rojas; Justino Amos Osores Narciso, de la fundación humanista Ricardo Flores Magón; Feliciano Ortiz Delgado, líder natural priísta, y unas 100 personas llegaron al palacio municipal para entregar un documento al alcalde, José Luis Abarca Velázquez, en el cual solicitan su intervención para que se investigue y se les informe de sus compañeros.

“Los que suscribimos, miembros sobrevivientes de las detenciones arbitrarias que sufrieron compañeros de la Unidad Popular, como son: Arturo Hernández Cardona, Héctor Arroyo Delgado, Dante Cervantes Maldonado, Efraín Amate Luna, Ángel Román Ramírez, Rafael Bandera, Jimmy y Nicolás Mendoza… venimos a solicitar de ustedes la intervención que les corresponde como primeras autoridades de este municipio y vigilantes del bienestar de la sociedad, para que investiguen y nos informen de la detención de nuestros compañeros.”

Fueron atendidos por el secretario municipal, Humberto Villalobos Domínguez, quien les aseguró que el alcalde no estaba porque tuvo que salir de emergencia, y les recibió el escrito. Feliciano Ortiz dijo que las autoridades no les informan del paradero de sus compañeros: “estamos muy molestos, y la sociedad y los compañeros que somos afines con ellos nos vamos a manifestar para exigir la pronta aparición de los compañeros, cuyo único delito es ponerse al frente de las gentes más desprotegidas”.

Señaló que el presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez, se ha cerrado a contestar peticiones de la comunidad: “En la primera reunión que tuvimos con él y conoció de las peticiones de la Unidad Popular, no hay respuesta, no hay un pronunciamiento, no a la Unidad Popular, sino a todo el pueblo”.

Citó el caso de Justino Osores Narciso, de la fundación humanista Ricardo Flores Magón, quien pidió “siete carros de tepetate, y no se los pueden mandar desde hace un año; ésa es cerrazón de la autoridad municipal”.

Iguala: denuncian la desaparición de dirigentes de Unidad Popular


Los desaparecidos: Arturo Hernández, Héctor Arroyo, Efraín Amates, Ángel Román y cuatro más

Suponen familiares que los detuvo la Policía Federal, pero esa y otras corporaciones lo niegan

ISRAEL SALGADO URIÓSTEGUI ( Corresponsal)

Iguala, 31 de mayo. Líderes de organizaciones aglutinadas en la Unidad Popular están desaparecidos desde el jueves por la tarde. Sus familiares exigieron al gobierno federal y al municipal su presentación con vida. Advirtieron que habrá más movilizaciones, para lo cual ya están en contacto con el Movimiento Popular Guerrerense y otras organizaciones.

Los desaparecidos son Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unión Campesina Emiliano Zapata y de la Unidad Popular; Héctor Arroyo Delgado y Efraín Amates Luna, dirigente de la organización Lucio Cabañas Barrientos; Ángel Román Ramírez, de la organización Mi Patria es Primero; Gregorio Dante Cervantes Maldonado, líder natural priísta; Rafael Bandera, Jimmy Castrejón y Nicolás Mendoza Villa, chofer de la camioneta Pilot blanca en que viajaban, propiedad del primero de la lista, también desaparecida.

En conferencia de prensa, la regidora perredista Sofía Lorena Mendoza Martínez, esposa de Hernández Cardona; Reyna Hernández Mena, hija del dirigente; Judith Ávila Pineda, esposa de Héctor Arroyo Delgado; Carla Osorio Germán, esposa de Efraín Amates Luna; Bonger Román Altamirano, hijo de Ángel Román Ramírez, y Pablo Mendoza Angulo, hijo de Nicolás Mendoza Villa, coincidieron en que tenían la esperanza de que los dirigentes hubieran sido detenidos por la Policía Federal, debido a que, el día de la toma de la caseta, agentes de esa corporación les advirtieron que eso es un delito federal y les pidieron liberar la instalación. Incluso se presentó un agente del Ministerio Público federal.

Sofía Lorena Mendoza Martínez aseguró que recorrieron las corporaciones policiacas, pero no les dieron información; “estamos en una incertidumbre total porque no sabemos nada de ellos”. Pidieron a los gobiernos que hagan sus mejores oficios para su localización, y si tienen que responder por algún delito, que lo hagan, pero que los presenten.

Agregó que también hay un antecedente de muchas discrepancias entre el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y la Unidad Popular, y eso es del conocimiento público, por lo que pidió que se hagan las investigaciones necesarias para dar con los responsables.

Informó que establecieron comunicación con el secretario particular del secretario general de Gobierno, Florentino Cruz Ramírez, quien les expresó su solidaridad y la disposición del gobierno del estado de investigar los hechos. También establecieron contacto con Izquierda Democrática Nacional, cuyos dirigentes ya están avocados a su localización.

Justino Ozores Narciso, dirigente de la fundación humanista Ricardo Flores Magón, dijo que en Guerrero se sigue dando la represión política contra los luchadores sociales. Agregó que durante la protesta, en todo momento fueron hostigados por policías federales y les tomaron fotos.

Ozores Narcizo, quien –junto con Daniel Jardón y Feliciano Ortiz– se trasladó de la caseta a Iguala a bordo de un taxi porque ya no cupieron en la camioneta, dijo que desde que se separaron no tuvieron comunicación.

Finalmente, Sofía Lorena Mendoza Martínez dejó claro que la desaparición de los líderes no tiene que ver con la delincuencia organizada porque su lucha era política, y consideró que están frente un agravio a la lucha social.

viernes, 31 de mayo de 2013

Comunicado especial sobre la #OpDesobediencia. Llamado a la acción desde este 1 de junio

Incumple México con recomendaciones del Comité contra la Tortura


GLORIA LETICIA DÍAZ

MÉXICO, D.F., (apro).- El gobierno mexicano no ha cumplido con las 72 recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU, denunciaron integrantes de organizaciones internacionales de derechos humanos de visita en nuestro país.

A seis meses de que los expertos emitieran observaciones para acabar con la tortura, Andrea Meraz, directora de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), y Anne Boucher, de la Asociación de los Cristianos para la Abolición de la Tortura de Francia (ACAT-F), concluyeron que el Estado mexicano no está tomando medidas para acatar las indicaciones de los expertos de la ONU.

Meraz y Boucher realizaron una misión de observación por los estados de Chihuahua, Guerrero y la Ciudad de México, para reunirse con autoridades estatales, federales, organizaciones civiles y víctimas de la tortura, del 26 al 31 de mayo.

En conferencia de prensa, tras concluir la misión, Andrea Meraz manifestó su preocupación por qué “a pesar del reconocimiento del gobierno federal de que la tortura es un grave problema en México, no vemos que se estén tomando medidas encaminadas a atender el problema”.

Contó que en una reunión con la directora de Política Internacional sobre Derechos Civiles de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Consuelo Olvera, “comentó que se conformará una mesa de trabajo para dar cumplimiento a las 72 recomendaciones formuladas por los expertos de la ONU en diciembre pasado”.

La directora de la OMCT recordó que entre las principales preocupaciones manifestadas por los expertos del CAT tiene que ver con el alto número de desapariciones en México, por lo que consideró que aun y cuando es prematuro evaluar la unidad especializada creada por la Procuraduría General de la República (PGR) con sólo 12 agentes del Ministerio Público, “son muy pocos elementos y recursos humanos asignados para un problema tan grande”.

Anne Boucher agregó que la desaparición forzada “es una tortura permanente para los familiares y las víctimas, y en México lo que preocupa es que ese delito sólo se contempla si lo realiza un agente del Estado”.

Agregó que durante su visita les resultó muy preocupante aún que una de las principales recomendaciones hechas por el CAT, no pretenda ser atendida, como lo es la eliminación de la figura del arraigo.

“Nos parece que lejos de eliminar esa figura, lo que se pretenda es ampliar el tiempo en el que las personas estén a disposición del ministerio público antes de presentarlos con un juez, pasar de las 72 horas a casi una semana, cuando sabemos que es durante las primeras horas de detención que se llevan a cabo las torturas”, apuntó la defensora.

Boucher recordó que “según las estadísticas sólo 3% de las personas arraigadas fueron condenadas por un juez, por lo que “la mayoría de la personas detenidas bajo esta figura fueron privadas de la libertad y violentadas sin motivo, y no van a tener reparación por el daño causado”.

Informó que en enero de este año ACAT-F lanzó una campaña internacional denominada “Stop Arraigo”, encaminada a la abolición de esta figura en México, que reunió 15 mil firmas en Europa. Las posiciones contra el arraigo fueron entregadas al presidente Enrique Peña Nieto en la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia.

Andrea Meraz señaló que durante la misión advirtieron actitudes de miembros del poder ejecutivo y judicial que optaron por negar la existencia de la tortura.

El caso concreto, expuso fue el de Chihuahua, donde el secretario general de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado, “aseguró que en ese estado la tortura se había abolido desde que los militares y los policías federales dejaron al gobierno de César Duarte encargarse de la seguridad”.

Agregó que en reuniones con organizaciones sociales y familiares de víctimas de tortura, “pudimos comprobar que aunque hay coincidencias en que la violencia ha disminuido, la tortura es una situación que sigue imperando, a pesar de que Chihuahua es uno de los estados donde ya está en operación el nuevo sistema de justicia penal en el que no deberían aceptarse las declaraciones extraídas bajo tortura”.

La actitud de jueces de los sistemas que operan en México, resaltó, “admiten las confesiones extraídas bajo tortura, aun cuando las víctimas denuncian en el momento en que son puestas a disposición de los jueces; de forma general hemos visto que los jueces consideran que cuando una persona denuncia que fue torturada, considera que es parte de su estrategia de defensa, cuando debería por estar asentado en la Constitución, abrir una investigación de oficio”.

Dijo que durante la misión se detectó que no hay investigaciones ni condenas por actos de tortura, y que los estudios especializados para determinarla, el Protocolo de Estambul, no es admitido cuando se realiza por un organismo público como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Las activistas anunciaron que en noviembre presentarán al CAT un informe paralelo al que el Estado mexicano está obligado a entregar como parte del seguimiento de las recomendaciones emitidas en diciembre pasado.

Apalean tuiteros, Artículo 19 y Anonymous al Congreso de NL


MÉXICO, D.F., (apro).- La reforma al Código Penal de Nuevo León que tipifica y sanciona el cyberbullying con multa económica y pena de hasta tres años de cárcel, enfureció a los tuiteros que interpretaron dicha disposición como un ataque a la libertad de expresión.

Además, el colectivo de hacktivistas, Anonymous, tumbó por momentos la página web del Congreso local, mientras que la organización Artículo 19 afirmó que la modificación “incumple con las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano en su conjunto en materia de libertad de expresión”.

El pasado martes 28 el Congreso aprobó reformas al Código Penal en las que establece que quien utilice las redes sociales para difundir texto o imágenes que causen “daño, deshonra, descrédito de una persona, o la exponga al desprecio de alguien” será encarcelado de uno a tres años y será acreedor a una multa.

Dicho precepto legal considera como autor del delito de difamación a la persona que utilice “cualquier medio para difundir, revelar, ceder o trasmitir una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o texto”, para causar perjuicios a un tercero.

La medida causó impacto no sólo entre los neoloneses que lanzaron toda clase improperios al Congreso estatal a través de las redes sociales, también provocó la reacción de Artículo 19, organismo defensor de la libertad de expresión.

A través de un comunicado, la organización afirmó que el congreso de Nuevo León “ha decidido seguir legislando en dirección contraria a los derechos humanos, estableciendo medidas que restringen indebidamente la libertad de expresión en Internet, en contravención al derecho internacional”.

Aunque la intención de proteger a los jóvenes del cyberbullying es loable, sostuvo, la técnica legislativa es “vaga e imprecisa”, y el resultado es “una disposición de Ley que es contraria no solamente al derecho internacional sino a la Constitución en su artículo 6 y 7”.

Por ello, el organismo exigió al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, a ejercer su derecho de veto con las disposiciones aprobadas a fin de que sea revisada de nuevo por el Congreso Local.

Artículo 19 afirmó que es preocupante que se haya aprobado un delito que sanciona con el “cyberbullying”, ya que éste se considera una forma de violencia psicológica que tiene particularmente un efecto nocivo entre los jóvenes.

Sin embargo, sostuvo que el daño moral que puede generar el “cyberbullying” no debe de sancionarse con pena de cárcel, sino que debe resolverse por la vía civil.

El organismo condenó que, “pese a las recomendaciones internacionales de despenalizar los llamados delitos contra el honor porque coartan los derechos de libertad de expresión opinión e información, se ha procedido agregar delitos que tienen como efecto criminalizar la libre circulación de ideas, informaciones y opiniones”.

Anonymous lanzó también un ciberataque contra la página del Congreso estatal, en repudio a la reforma promovida por el PAN.

En su cuenta de Twitter @anonopshispano, el grupo de hacktivistas escribió: “Mientras se nos ocurre cómo echar para atrás la ‘ley de cyberbullying’ del @CongresoNL vamos a ‘visitarlos’. ÚNETE: http://colmena99.bligoo.ec/p ”

El ataque provocó que la página web del Congreso dejara de funcionar por unos minutos, alrededor del mediodía.

Entre los tuiteros, la aprobación de la ley causó el efecto contrario al que se persigue, pues los usuarios de la red social lanzaron toda clase de improperios al gobierno y el congreso local.

Aquí algunos de ellos:

‏@jimirp: “Feliz Viernes a todos menos para los politicos maricas de Nuevo León…aun asi no me censuraran muajaja”

@juanitoanaconda: “Que el gobierno y congreso de Nuevo Leon vayan de puntitas a chigar a su madre y si les sobra tiempo que vengan a censurarme los muy putos”

‏@KungFuPanza: “Yo creo que los que legislaron el Cyberbulling para funcionarios en Nuevo León son unos puñales (uy perdon cyberbulie)”

@Alex_Anonymus. @anonopshispano En #México en edo d Nuevo León la cámara d diputados quiere censurar #Twitter, para callar voces en México NO A LA #CENSURA

@Perlfarben: “¿Qué es esa mamada de que en Nuevo León se va a castigar con cárcel el trolleo?”

‏@EdgarBryand: “En Nuevo León hay cosas más importantes qué legislar como la Ley Estatal de Participación Ciudadana, y no esa mamada de Cyberbullying”.

‏@Von_Graf: “Alguien puede informarle al congreso de Nuevo León que esta supeditado a la constitución de una nación llamada México, artículo 6!!!”

‏@scarabax: “Chingue a su madre el congreso de Nuevo León, a ver #CensurameEsta”

‏@Angelmhuerta: “Solo en Nuevo León pasa esto. Sin verguenzas políticos no tienen límites. Saquean al estado y ahora castigan a quien los critica por hacerlo”

‏@Daviddg: “Reforma en Nuevo León anticonstitucional y atentando en contra la libertad de expresión que otorga el derecho internacional”.

‏@alex_xmirtus: “—¿Qué haces? —Aquí, secuestrando y matando gente, ¿y tú? —Trolleando funcionarios en Nuevo León. —¡Ten cuidado, puedes ir a prisión!”, ironizaron los usuarios.

Textual: El dictamen contra ‘ciberbullying’ en Nuevo León, que criminaliza redes sociales


El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma al Código Penal del Estado para tipificar el acoso, conocido como ciberbullying, como una variante de la difamación.

El miércoles de esta semana, los diputados locales aprobaron en comisiones y, después, en pleno la tipificación del delito de ciberbullying y del sexting, dentro del delito de difamación.

“Comete el delito de difamación quien utilice cualquier medio electrónico para difundir, revelar, ceder o transmitir una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o texto para causarle a una o varias personas deshonra, descrédito, perjuicio o exponerla al desprecio de alguien”, sentencia el artículo 345.

Conoce, textual, la reforma:




Intentan partidos aprovecharse de la popularidad de Las Patronas, acusan


CELIA DÍAZ GARCÍA

La Patrona, Ver.- Al ser el tema de “migración” de sensibilidad social, el grupo de mujeres Las Patronas pidieron que no sea usado como “carne de caño” en vías a las elecciones locales de este año, refirió Norma Romero encargada del grupo, quien reconoció que a ella se han acercado distintos actores políticos buscando su simpatía y todo lo que su grupo de féminas conlleva, sin embargo, se dijo consiente que éste es un tema social con fines humanitarios mas no partidistas.

“Se ha prestado a ver que hay aquí un partido político, nos deslindamos de cualquier partido político... nosotros somos un grupo de mujeres que no esta metido en ninguna cuestión política porque queremos que el trabajo se siga llevando como hasta hoy en día”.

Y es que, agregó, en el predio donde reciben a los migrantes para brindarles techo y comida colinda con otra barda que fue pintada por una fracción política, por lo que procedió a aclarar que es un espacio propiedad de otra compañera, que incluso participa en el grupo Viva Migrante encabezado por el padre Julián Verónica, en donde existe simpatía por cierto partido político y aun cuando trabajan en coordinación en pro del migrante, las cuestiones políticas son individuales.

Insistió que en el caso de Las Patronas la situación es distinta, pues no tiene interés por participar o afiliarse a algún partido político en particular, pues la ayuda al migrante debe ser impulsada por un sentido humanitario únicamente, no por ganar votos.

Pero además considera que en caso de afiliarse a algún partido que en ánimos electorales les prometan apoyo esto podría afectar su misión con el centro americano.

Explicó que es tan grande la lucha entre los partidos y su ambición por el poder que para ganar votos pueden hacer cientos de promesas; una vez logrado el triunfo, se olvidan de sus promesas, sumado a ello, dijo, el pertenecer a un partido político determinado las puede excluir de otros apoyos, es decir, “serán etiquetadas”.

La necesidad de los centro americanos es más grande que lo que pueda prometer los políticos, por eso recalcó que se deslindan de todo partido político.

“Somos un grupo de ayuda humanitaria, trabajamos y hacemos el servicio apoyando a los muchachos pero no queremos que se nos involucre con un partido, porque pueden decir 'Ya son del azul' y los otros no nos van a dar ayuda”, refirió Norma Romero.

Cabe mencionar que de manera sorpresiva arribó al comedor Las Patronas personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encabezados por el quinto visitador, además del delegado estatal de la Comisión, Fernando Perera Escamilla, quienes realizaron la entrega de 30 mil bolsas de plástico en donde Las Patronas podrán envolver los alimentos que proporcionan a los indocumentados cuando viajan sobre La Bestia.

En cada bolsa, Derechos Humanos del Estado también incluirán trípticos y dípticos en dónde se anotan los números de atención al migrante para que pueda requerir ayuda en caso de ser agredidos.

Esto se hace en marco al programa de Migrante con dignidad emprendido por el gobierno del estado. Mientras que la visita de la delegación nacional se hizo con el fin de captar datos duros sobre la situación del indocumentado, incluyendo la actividad de Las Patronas.

Se recrudece la criminalización de la lucha social, acusa Tadeco


Documentados, ocho asesinatos y 28 desapariciones, pero son más de 350, afirma Javier Monroy

LUCIANO TAPIA ( Corresponsal)

Ciudad de México, 30 de mayo. Con una marcha que inició frente a la Secretaría de Gobernación y culminó en el Zócalo, más de mil 500 personas de diferentes organizaciones sociales dieron por terminada la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, dentro de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada en México, en la cual resaltaron la criminalización de la lucha social en el estado de Guerrero.

De acuerdo con Javier Monroy Hérnandez, coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario de Guerrero (Tadeco), cada día se suman a la cifra de víctimas personas inocentes y otros más que el gobierno federal y el estatal callan y desaparecen en la lucha por encontrar mejores condiciones de vida ante la pobreza y el olvido en que viven en las diferentes comunidades de la entidad, principalmente en La Montaña en donde no existen los servicios y que por levantar la voz sufren la represión y hasta desaparición.

Destacó que en siete años, desde el gobierno de Zeferino Torreblanca y lo que lleva la administración de Ángel Aguirre Rivero, se ha recrudecido la criminalización contra los luchadores sociales lo que preocupa más a la población más pobre que al emprender la lucha por encontrar mejoras condiciones de vida, encuentra la muerte.

Participaron en la marcha por el estado de Guerrero representantes de Chilpancingo, María de Jesús Martínez, Isabel Rosales Jiménez, Guadalupe Orozco, Alma Rosa, de Iguala del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados y Desaparecidos y Asesinados en Guerrero.

En el estado de Guerrero, las organizaciones sociales y los familiares de las víctimas “hemos luchado solos”, señala Monroy Hérnandez, pues afirmó que el gobernador, quien se comprometió durante su campaña política electoral que los ayudaría, no ha cumplido su palabra de aclarar un solo caso de las denuncias que existen.

Indico que aunque el Taller de Desarrollo Comunitario conoce de 28 casos de desaparecidos y de 8 asesinatos documentados, son más de 350 personas que han tenido la misma suerte, es decir, no aparecen.

La manifestación siguió las calles de Bucareli, Avenida Juárez, Cinco de Mayo y al llegar a la plancha del Zócalo dieron tres vueltas como un acto de protesta contra la impunidad y el desinterés de los gobiernos federal y estatal por aclarar crímenes y desapariciones.

Carta de Alberto Patishtán sobre su caso.

A lo opinión publica
A los medios de comunicación nacional, estatal e internacional
A lo medios alternativos
A la sexta
A la organizaciones independientes
A los organizaciones independientes y ONG's

Presos políticos de la Voz del Amate adherentes a la Sexta, Alberto Patishtán Gómez recluido en el penal número 5 de San Cristóbal de Las Casas Chiapas

Las verdades corrigen pero también las verdades incomodan a otros, digo esto ya que un día 30 de mayo del año 2000 estuve denunciado las arbitrariedades, atropellos entre otras en lo que concierne la injusticia y elaboré un documento por estas violaciones a los derechos humanos que eran atropellados los habitantes del pueblo de El Bosque, estas violaciones fueron ejercidas en aquel tiempo por el C. alcalde municipal Manuel Gómez Ruíz.

Estos documentos ya mencionados obran en los archivos en las diferentes dependencias del gobierno, ya que este documento no sólo contenía las denuncias del presidente sino que también se estaba pidiendo la destitución inmediata del C. antes mencionado, doce días después de este mes que fue el 12 de junio del 2000 sucedió una emboscada en el tramo carretero del Bosque a Simojovel, donde perdieron la vida varios elementos de la seguridad pública.

Estos hechos ocurridos el C. alcalde autoritario utilizó esta desgracia en mi contra con el fin a que esto mantuviera su autoridad en el enriquecimiento ilícito y a la vez en seguir oprimiendo al pueblo, a causa de estos delitos prefabricados cumplo ya casi 13 años por estos encarcelamientos injustos, delitos que no tienen fundamento sino mas bien fue una venganza política.

De todo esto pido al Primer Colegiado de Circuito en Chiapas a que realmente cuando llegue el expediente bajo en sus manos analicen y estudien exhaustivamente para que me den mi libertad robada por estos años al mismo tiempo pido al pueblo de México y el mundo a seguir sumándose a este reclamo de verdad y justicia.

¡Morir o Vivir por la verdad y la justicia!

Fraternalmente

Alberto Patishtán Gómez

La Voz del Amate

Penal número 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 30 de mayo del 2013.

Hammond, Manning, Assange y el martillo de hierro de Obama contra la disidencia


Amy Goodman

Esta semana concluyó el juicio federal contra un activista cibernético y el de otro está por comenzar. Aunque los acusados de estos juicios son dos jóvenes, Jeremy Hammond y Bradley Manning, lo que debería ser juzgado es la creciente amenaza del secretismo con el que actúan el gobierno y las grandes corporaciones.

Hammond se enfrentaba a más de treinta años de cárcel acusado de cargos por hackear el sistema informático de una compañía privada de seguridad e inteligencia llamada Strategic Forecasting, o Stratfor, pero aceptó declararse culpable de un cargo de hackeo informático a cambio de una reducción de pena. Según explica su propio sitio web, Stratfor se dedica a “inteligencia geopolítica, previsiones económicas, políticas y militares”. Sin embargo, luego de que Hammond y otros filtraran cinco millones de correos electrónicos de los servidores de Stratfor a WikiLeaks, se tornó evidente que la compañía se dedica ampliamente al espionaje de activistas a solicitud del sector empresarial. Coca-Cola contrató a Stratfor para espiar al grupo PETA, Personas por el Trato Ético de los Animales. Dow Chemical contrató a Stratfor para espiar a los activistas que dejaron al descubierto la participación de Dow en el desastre químico de Bhopal, India, en 1984, que se estima tuvo un saldo de ocho mil muertos y miles de heridos.

Está previsto que el 6 de septiembre se pronuncie la sentencia de Hammond, que se enfrenta ahora a una pena de hasta 10 años de prisión. Sus abogados solicitaron que se contemple el tiempo de reclusión que ya ha cumplido, 15 meses, algunos de los cuales fueron en aislamiento.

Por otra parte, a Bradley Manning le llegará finalmente su turno ante el tribunal militar de Fort Meade, Maryland. Afronta varios cargos vinculados a la mayor filtración de información clasificada de la historia de Estados Unidos. Manning se declaró culpable de hacer mal uso de la información y admitió haber transferido cientos de miles de documentos al sitio web WikiLeaks. Sin embargo, niega el más grave de los cargos, que aún se encuentra pendiente, el de “colaborar con el enemigo”. Los fiscales piden cadena perpetua, sin embargo, de ser declarado culpable, el juez podría determinar para Manning la pena de muerte.

Los juicios contra Bradley Manning y Jeremy Hammond figuran entre las más notorias de una serie de causas que el gobierno de Obama ha abierto contra informantes y periodistas. El abogado Michael Ratner, presidente emérito del Centro para los Derechos Constitucionales y abogado de WikiLeaks y su fundador, Julian Assange, dijo en la puerta del tribunal tras la comparecencia de Hammond: "Esto es consecuencia del martillo de hierro con el que el gobierno está golpeando a la gente que deja al descubierto los secretos de las corporaciones y del gobierno, en realidad, los secretos de un imperio".

Bradley Manning explicó sus acciones y sus motivos en detalladas declaraciones que prestó durante las audiencias previas al juicio. Hay que escuchar con atención porque sus palabras fueron grabadas clandestinamente durante una audiencia: “Pensé que si el público en general, en particular la población estadounidense, tenía acceso a la información que contenían los cables, esto podría provocar un debate a nivel nacional acerca del papel de las fuerzas armadas y de nuestra política exterior en general”. La primera publicación efectuada por WikiLeaks del material proporcionado por Manning fue el video que WikiLeaks tituló “Asesinato Colateral”. La borrosa grabación, filmada desde un helicóptero de combate, muestra el asesinato de 12 hombres en tierra en Bagdad el 12 de julio de 2007. Dos de los asesinados desde el helicóptero de combate Apache de Estados Unidos eran empleados de la cadena de noticias Reuters, el camarógrafo Namir Noor-Eldeen, de 22 años de edad, y su chofer, Saeed Chmagh, padre de cuatro hijos.

Tras la muerte violenta y sin motivo de sus empleados, Reuters pidió explicaciones e invocando la Ley de Libertad de Información solicitó material relativo al ataque, todo lo cual le fue denegado. Manning vio el video mientras se encontraba posicionado en Irak e investigó las circunstancias en que tuvo lugar el ataque. Guardó el archivo de video. Según explicó ante el tribunal: “planeaba entregarlo en las oficinas de Reuters en Londres para ayudarlos a prevenir sucesos como ese en el futuro”, dijo.

Hammond y Manning se enfrentan a años de prisión y tienen en común su vinculación con WikiLeaks y su fundador, Julian Assange. Assange se encuentra requerido en Suecia para ser interrogado en relación a acusaciones por delitos sexuales, aunque no se han presentado cargos en su contra. Luego de perder su batalla contra la extradición a Suecia por parte de Inglaterra, el gobierno de Ecuador le otorgó asilo político y ha permanecido en la embajada de Ecuador en Londres desde junio pasado. En uno de los correos electrónicos filtrados de Stratfor se hace referencia a la existencia de una imputación formal secreta de Estados Unidos contra Assange: “No publicar. Tenemos una acusación sellada contra Assange. Favor de proteger”.

Todo esto sucede en medio de crecientes revelaciones acerca de la extraordinaria intrusión por parte del gobierno de Obama en la privacidad de periodistas y el derecho de proteger a sus fuentes. La agencia de noticias Associated Press reveló que el Departamento de Justicia obtuvo confidencialmente dos meses de registros telefónicos de sus periodistas y editores responsables en el marco de un intento por descubrir la fuente de una filtración relativa a una conspiración para un atentado fallido. El corresponsal en jefe para Washington de Fox News, James Rosen, podría ser acusado de formar parte de una conspiración delictiva por presuntamente haber recibido de manos de una fuente información clasificada referente a Corea del Norte.

El Presidente Barack Obama y el Fiscal General Eric Holder utilizaron la Ley de Espionaje para acusar a informantes en seis oportunidades, más que todos los presidentes anteriores juntos. El ataque de Obama al periodismo y su implacable lucha contra los informantes representan una seria amenaza a los principios democráticos fundamentales sobre los que se fundó este país.

La tarea del periodismo es hacer que quienes detentan el poder rindan cuentas de sus actos. Nuestra tarea es ser el cuarto poder, no es estar al servicio del poder. Déjennos ser.

Boletín de Democracy Now! en Español


Los titulares de hoy

baje el audio

Disponible alrededor de las 17:00, hora de Nueva York.  Si el link del audio no funciona, visita nuestra web
Más...

El Resto de la Hora de Democracy Now!

En lo que constituye una victoria en la lucha por los derechos civiles, el gobernador republicano de Virginia, Bob McDonnell, anunció que restituirá automáticamente el derecho al voto, a las personas que hubieran sido condenada por delitos no violentos. Dicha decisión eliminará el periodo de dos años de espera y el proceso de petición que actualmente priva a miles de delincuentes no violentos que ya cumplieron sus condenas y todas las condiciones de sus penas. Más...

Mientras el FBI trata de capturar a Assata Shakur, el titular de NAACP pide una comisión de verdad y reconciliación

A principio de este mes, la ex miembro de las Panteras Negras Assata Shakur fue agregada a la lista de terroristas más buscados elaborada por el FBI, medida que la convirtió en la primera mujer que ingresa a dicha lista. Además, el estado de Nueva Jersey anunció que agregaba un millón de dólares más de recompensa al millón de dólares fijado por el FBI por la captura de Shakur. Más...

Aumentan los pedidos de liberación del activista puertoriqueño Oscar López Rivera, preso hace 32 años

Cientos de puertorriqueños se juntaron esta semana para pedirles a las autoridades estadounidenses la liberación del activista a favor de la independencia de Puerto Rico, Oscar López Rivera. El miércoles se cumplieron treinta dos años de su encarcelamiento. En 1981, López fue declarado culpable de cargos federales, entre ellos, conspiración sediciosa, es decir, conspiración para oponerse a las autoridades estadounidenses en Puerto Rico por la fuerza. Fue acusado de ser miembro de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), organización que se atribuyó más de cien atentamos con bomba destinados a llamar la atención sobre el caso de colonialismo en Puerto Rico. Más...

A cuatro años del asesinato del Dr. George Tiller, reabre su clínica de abortos en Wichita

Hoy se cumple el cuarto aniversario del asesinato del Dr. George Tiller, médico de 67 años de edad que hacía abortos al que le dieron un disparo en la frente a quemarropa mientras estaba en la iglesia en Wichita, Kansas. La clínica de Tiller era una de las pocas de todo el país donde se hacían abortos después de las 24 semanas de embarazo. Tillis sufrió permanentes amenazas e incidentes de violencia y vandalismo durante décadas. El hombre que lo asesinó, un extremista contrario a la libertad de elección llamado Scott Roeder, está cumpliendo una condena a cadena perpetua y acaba de ser castigado en la cárcel por hacer comentarios intimidatorios contra otros prestadores de abortos. Más...