SAYDA CHIÑAS CÓRDOVA
Coatzacoalcos, Ver.- México es la cárcel migratoria más grande de Latinoamérica, en la política del gobierno federal a lo largo de los últimos años se ha utilizado la violencia contra los migrantes para frenar el tránsito por el territorio nacional; los defensores de derechos humanos señalaron que existe un “holocausto silencioso” ya que el crimen organizado se ha apoderado de las vías del tren y están aplicando ahora “embudos” en la ruta para cobrar cuotas de hasta 400 dólares desde la frontera hasta Tierra Blanca, reclaman activistas.
En el albergue de migrantes La 72, ubicada en el municipio de Tenosique en Tabasco, los defensores de derechos humanos se reunieron con una comisión encabezada por los senados Humberto Mayans Canabal y Layda Sansores; aquí se presentó un avance preliminar de la evaluación que hicieron en varios puntos de la ruta migratoria donde se están presentando de manera diaria agresiones, cobro de cuotas y secuestros.
Esta evaluación y correspondiente reunión con los miembros del senado se detonó por la agresión masiva que sufrieron ilegales a manos de la delincuencia organizada que se conoció en la comunidad de barrancas, del municipio de cosoleacaque, Veracruz.
Este hecho, señalo Fray Tomás González castillo, evidenció que la ruta del tren se encuentra tomada por grupos de la delincuencia organizada, los cuales están agrediendo y matando a quien no paga las cuotas.
El representante del albergue La 72 calificó de un “holocausto migrante, lo que se esta presentando en la frontera sur de México que abarca los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Las agresiones se mantienen en Tenosique, Palenque y Coatzacoalcos.
“Yo no puedo ser optimista en esta evaluación porque vimos que existe una tragedia humaniataria que no ha parado, nosotros y otros sacerdotes hemos catalogado esto como un holocausto migrante que puede ser considerado igual de grande que otros que se han vivido en el país”
Por su parte Rubén Figueroa, representante del Movimiento Migrante Mesoamericano, indicó que las agresiones han ido en aumento por el cobro de cuotas y el llamado “ensanchamiento forzado” de un coyote que los acompaña por el tren.
Señaló que este tipo de delincuencia tuvo su “tierra fértil” en el municipio de Coatzacoalcos en el mes de diciembre del año 2012 y en apenas 15 días se propagó hacia Tenosique y otros puntos donde operan estas bandas.
Refirió que a pesar de las denuncias y las alertas que emitieron los organismos de Derechos Humanos, en el gobierno de Veracruz hicieron caso omiso a los ataques y por el contrario buscaron criminalizar a los migrantes, “anteponiendo la imagen pública de los servidores a los hechos”, indicó.
En el mismo tenor respondieron las autoridades de Tabasco y Chiapas.
Aquí, ruben Figueroa denunció que México no cuenta con una política migratoria eficiente y esta utilizando como único método de regulación del flujo, las agresiones de grupos delincuenciales permitiendo que operen en completa impunidad a lo largo de toda la frontera sur.
Cuestionaron también la actuación del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas, quien señaló en sus declaraciones y reuniones que ha infiltrado la ruta migratoria para poder frenar aun más el flujo migratorio.
“Los migrantes están muy presionados y mucha gente ya no puede continuar, ya no sabemos si las agresiones vienen del crimen organizado o son infiltrados del Instituto Nacional de Migración”, denunció.
En el mismo tenor se expresó el párroco Alberto Rafael Gómez; refirió que en el municipio de Palenque se está generando un “embudo” basado en la agresión de policías y de los grupos delincuenciales.
Explicó que en este punto confluyen la mayor parte de las rutas de tren del sur hacia el centro del país donde los grupos de la delincuencia no los dejan seguir sino pagan los 400 dólares hasta Tierra Blanca.
Anotó que en esta zona los migrantes “son un botín”, pero lo más preocupante es que los grupos criminales se han apoderado de todas las vías del tren generando un “estado de descomposición social que está haciendo crisis”.
“Estos grupos lo único que están demostrando es que el que tiene armas y dinero puede controlar una ruta, se han reportado que llegan grupos de 30 personas que les advierten que tienen que pagar la cuota o los van a aventar, mejor deciden tratar de llegar caminando por otras rutas o se regresan a su país”, dijo.
En general los defensores de migrantes pidieron que se estableciera una ley migratoria que permita la circulación de los centroamericanos por el país, tan solo con su pasaporte y que eviten la criminalización.
“Los senadores de diferentes comisiones que involucran al sur-sureste se comprometieron a llevar al senado la tragedia que se observa en la frontera sur donde no se están tomando las medidas de seguridad necesarias”, manifestó el senador por Tabasco, Humberto Mayans Canabal.
Layda Sansores, senadora de la comisión, señaló que en México hay una “migrafobia” dentro del gobierno federal y de los estados que ha generado que no se pueda ejercer una política migratoria real.
“Estados Unidos está construyendo barreras y México está cavando fosas, esa es la política migratoria que se mantiene”, afirmó.
Indicó que las autoridades mexicanas tienen una doble moral en materia migratoria y manifestó que no se puede tener como titular del Instituto a un “ex policía” que se ha desempeñado siempre como funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por lo que pidió su destitución.
En tanto el senador Zoé Robledo argumentó que el Congreso debe dejar la indiferencia hacia los inmigrantes, ya que en años anteriores se habían logrado casos exitosos de solidaridad con los pueblos indígenas desplazados.
En general los legisladores se pronunciaron por una migración ordenada, cambiando las leyes.
