Pue/Méx. Agresiones cometidas en contra del Defensor de Derechos Humanos Lic. Ignacio Ochoa y Placido, Presidente del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa y Placido” A.C.

Expediente: 3/Misantla-Ver 

Puebla, México, a 21 de febrero de 2013

La Red de Defensa de los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO), el Comité Popular de Derechos Humanos de Michoacán, con domicilio para recibir información y notificación en Avenida Reforma 1516, despacho 4, Centro Histórico de Puebla, y correo electrónico: contacto@reddh.org, reddh.mex@gmail.com y números celular: 044 (45) 22 21 27 68 39, solicitan su intervención urgente ante las agresiones cometidas en contra del Defensor de Derechos Humanos Lic. Ignacio Ochoa y Placido, Presidente del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa y Placido” A.C.

HECHOS

El día 18 de Febrero del año en curso aproximadamente entre las 9:30 a 10 pm aproximadamente fui a en mi automóvil a la gasolinera terminado sobre el boulevard Ávila Camacho di vuelta en el retorno más próximo por lo que me orille cerca de la ganadera local por que vi que venia un auto a alta velocidad y decidí que pasara primero, en ese momento una persona me grito “Lic.” yo tenia bajada a la mitad el cristal del copiloto y me pregunto que mañana a que hora podría atenderlo para una asesoría y en cuestión de segundos se acerco una persona y que sacan un arma de fuego y me dijo apaga el carro o te carga tu madre en segundo quitaron el seguro del carro y se subieron y me dicen tienes que hacer lo que te digamos, me anduvieron trayendo dando vueltas en varios lugares de la orillas de Misantla y decidieron irse rumbo al Tecnológico y pasando el lugar me bajaron del carro y me dijeron “haber si ya te cayas porque no sabes ni lo que dicen que no entiendes ya te va a cargar” me golpearon hasta que se cansaron provocando bastante perdiera sangre de la nariz, queriendo asfixiar o ahorcar no pudieron manejar el carro se les apagaba y me volvieron a subir al carro en esas condiciones y me pidieron manejaran rumbo la Loma del Cojolite en el trayecto uno de ellos bajo del carro a orinar y uno se que do cuidando con la puerta abierta y pensé empujarlo y arrancar, trate de a serlo pero no me funciono, por lo que molestos nuevamente me bajaron y me empezaron a golpear y una persona se escucho cerca del lugar que grito “allí viene la poli” al momento estas personas partieron a correr porque no pudieron arrancar el carro llevándose las llaves, y al ver eso yo también corrí como pude rumbo a Misantla y ellos rumbo a la loma del Cojolite, como pude llegue a casa. Al día siguiente temprano junto con mi hermana, un amigo y otra persona mas fuimos al lugar donde habían dejado el carro y como yo tengo copias de las llaves llegamos al lugar y se encontraba el carro orillado y nos lo trajimos dejándolo en el taller. El día de ayer 19 de febrero me hospitalice y me trataron y me dieron de alta a las 00:30 horas del día de hoy 20 de febrero, es de mencionar que acudió personal actuante del Ministerio Público Investigador de esta ciudad para tomarme mi declaración pero debido a que no me encontraba bien ya que de los golpes me encontraba mareado decide reservar y declarar posteriormente.

ANTECEDENTES

Como organización de la sociedad civil el Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa y Placido” ha realizado actividades encaminadas a la promoción y defensa de los derechos humanos en la región de Misantla, así como en diferentes puntos de nuestro estado; la organización a dado seguimiento a quejas y denuncias de probables violaciones a los derechos fundamentales, y el abuso de autoridad en el que se han señalado a servidores públicos y autoridades, como Policías Municipales, Ministeriales, del Estado, Ministerios públicos; Directores de Reclusorios entre otros; y por tal razón en el año 2009 y 2010 fueron objeto de amenazas para que dejara el trabajo o se atuvieran a las consecuencias ya que los tenían bien ubicados, y por tal razón interpusieron formal denuncia contra quien o quienes resulten responsables.

El día 12 de Agosto del 2011 el Lic. Ignacio Ochoa y Placido fue interceptado por dos personas armadas, lo bajaron de su automóvil y llevaron cerca de una comunidad que se llama la Loma del Cojolite, dichos individuos lo golpearon, despojándolo de todas sus pertenencias llevándose consigo documentos personales, llaves de casa, de oficina, así como credencial de la organización, por ello interpusó formal denuncia en la Agencia del Ministerio Público Investigador en Misantla el día 13 de Agosto de 2011 radicándose la Inv. Min. 580/11.

Como REDDH vemos con preocupación que persistan actos violentos en contra de defensores de derechos humanos. Los hechos referidos con anterioridad ponen en tela de juicio el trabajo de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia, del ejecutivo, así como también de la propia Comisión de Derechos Humanos de Veracruz para garantizar la integridad de los integrantes del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa y Placido” A.C.

Por lo expresado con anterioridad, la Red de Defensa de los Derechos Humanos solicita:

I. Garantizar la integridad física, psicológica y moral del Defensor de Derechos Humanos Lic. Ignacio Ochoa y Placido, así como de todo el equipo de trabajo del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa y Placido” A.C., y el de familiares, amistades y organizaciones solidarias que acompañan el trabajo del Centro.

II. Como mecanismo inmediato de protección llevar a cabo el proceso para dar medidas cautelares al Defensor de Derechos Humanos Lic. Ignacio Ochoa y Placido, así como de todo el equipo de trabajo del Centro de Derechos Humanos “Digna Ochoa y Placido” A.C.

III. Sustentados en el Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial a efecto de que sean investigados, enjuiciados y sancionados los actores materiales e intelectuales de los hechos antes referidos.

Atentamente

Israel Sampedro Morales

Coordinador General de la Red de Defensa de los Derechos Humanos

Dignidad, Justicia, Libertad

Red de Defensa de los Derechos Humanos

REDDH

_________________________________________________________

Enrique Peña Nieto

Presidente de la República

Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán,

Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF,

Tel: +52 (55) 27891100 / Fax: +52 (55) 52772376

Twitter: @EPN

Miguel Ángel Osorio Chong

Secretario de Gobernación

Bucareli 99, 1er. piso, Colonia Juárez,

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600,

Tel. y Fax: (55) 5093 34 00 Ext. 34200

Twitter: @osoriochong

Javier Duarte de Ochoa

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Palacio de Gobierno: Av. Enríquez s/n. Col. Centro, CP 91000, Xalapa, Ver. Tel. (228) 841-8800, ext. 3808, 3829, 01 800 343 334 35 sin costo

Correo: javierduarte@veracruz.gob.mx

Ing. Gerardo Buganza Salmerón

Secretario de Gobierno

Palacio de Gobierno S/N, Esquina Leandro Valle, Zona Centro.

228-8417555, Fax: 228-8417639, Etx. 3601 y 3514.

gerardobuganza@segobver.gob.mx

Arturo Bermúdez Zurita

Secretaría de Seguridad Pública

Torre Central. Leandro Valle esq. Zaragoza, Zona Centro. Xalapa, Ver.

Conmutador (228) 141-3800

@SP_Veracruz

Lic. Felipe Amadeo Flores Espinosa

Procurador General de Justicia

Circuito Rafael Guizar y Valencia No. 707 Colonia Reserva Territorial, C.P. 91096

Xalapa, Veracruz.

Teléfono Conmutador (228)8-41-61-70

@GobiernoVer

Entrar al link, llenar formato pegando la información y enviar.

http://www.veracruz.gob.mx/justicia/2011/08/17/contacto-2/

Lic. Fernando Perera Escamilla

Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Oficinas Centrales Xalapa

Carrillo Puerto No.21, Col. Centro C.P.91000

Tel. (228)8120589

secretariapresidencia@cedhveracruz.org.mx, comentarios@cedhveracruz.org.mx

Navanethem Pillay

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Palais des Nations,

8-14 avenue de la Paix, CH 1211 Ginebra 10, Suiza

Tel: +41 22 917 9000 InfoDesk@ohchr.org / civilsocietyunit@ohchr.org

Emilio Álvarez Icaza

Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

1889 F Street, N.W. Washington, D.C., 20006 U.S.A.

Tel: 202-458-6002 Fax: 202-458-3992

cidhoea@oas.org

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Dignidad, Justicia, Libertad

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Skype: reddh.mex

México: Base de datos de desapariciones - un paso positivo pero insuficiente.

Amnistía Internacional (AI) considera positivo las declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) anunciando que se dará a conocer una base de datos completa de personas desaparecidas en México.

Al parecer, contiene ya más de 27,000 casos, un número escalofriante personas que han sido sustraídas de sus familias o cuyo paradero es desconocido. AI considera inaceptable que las autoridades no hayan tomado medidas eficaces para prevenir, esclarecer o sancionar estos crímenes. Además, es de recordar que hasta el momento no se ha indicado cuántos podrían ser casos de desaparición forzada, es decir, desapariciones cometidas con la participación directa o indirecta de funcionarios públicos.

Es un avance que las autoridades mexicanas finalmente estén recopilando y haciendo pública información que permita dimensionar la magnitud de este problema, el cual fue tolerado e ignorado por el gobierno federal y los gobiernos estatales durante la última administración.

Sin embargo, la organización exhorta a las autoridades a especificar las medidas que tomará para que la base de datos sea un mecanismo eficaz para investigar las circunstancias de las desapariciones, establecer el paradero de las víctimas y llevar a los responsables ante la justicia. Es fundamental que las investigaciones sean imparciales e exhaustivas y que permitan determinar en cuáles desapariciones participaron agentes de las fuerzas de armadas y policías.

Amnistía Internacional considera esencial que las autoridades aseguren la participación activa de las organizaciones de familiares de desaparecidos y organizaciones de derechos humanos en el diseño e implementación de las medidas preventivas y las investigaciones para así garantizar su eficacia. También debe garantizarse que estas organizaciones puedan participar en el proceso de identificación de cuerpos en fosas comunes y morgues.

“Durante los últimos seis años los familiares de las víctimas han sido ignorados y hasta criminalizados por sus esfuerzos para obtener la verdad y justicia. El gobierno ha dicho que va a actuar pero esto deberá traducirse en una transformación total en la atención del Estado hacia las víctimas y sus familiares”. Afirmó Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional.

“Recopilar y transparentar la información es un paso fundamental, pero valdrá de poco a las familias de las víctimas en tanto no se realicen investigaciones efectivas para revelar el paradero de las víctimas y llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos” agregó Zapico.

Información adicional

La afirmación pública sobre una base de datos que documenta más de 27,000 casos de desapariciones, ocurrió en la víspera de la presentación del informe de Human Rigths Watch (HRW) “México: Crisis de desapariciones forzadas” mediante el puso en evidencia lo extendido de estos graves abusos y la amplia participación de agentes del Estado

Amnistía Internacional escribió a Enrique Peña Nieto al durante sus primeros días en la presidencia para resaltar las acciones urgentes que se requieren para atender la grave situación de derechos humanos, en especial los casos de desapariciones. Durante los últimos años, Amnistía Internacional ha continuado documentado esta alarmante situación y coincide con las conclusiones presentadas por HRW.

Boletín de Democracy Now! en Español

Los titulares de hoy baje el audio Disponible alrededor de las 17:00, hora de Nueva York.  Si el link del audio no funciona, visita nuestra web Informe: más de 2.100 muertos por violencia con armas en Estados Unidos desde masacre de Newtown India: mueren 16 personas en ataques con bomba en Hyderabad Siria: más de 80 muertos en ataques con bomba en Damasco ONU se niega a pagar compensación a víctimas de cólera en Haití Juez: abogados defensores pueden visitar a acusados de atentados de 11 de septiembre en prisión secreta en Guantánamo OTAN considera mantener gran fuerza de soldados afganos Tormenta de invierno azotó centro oeste de Estados Unidos y se dirige a noreste del país NOAA: más de la mitad de Estados Unidos sigue afectado por la sequía Rusia: profesoras vistiendo pasamontañas son detenidas en Moscú en el aniversario de la protesta de Pussy Riot Juez de la causa de Jeremy Hammond opta por no recusarse a pesar de presunto conflicto de intereses FAIR: grandes medios de prensa ignoraron ampliamente histórica concentración por el cambio climático Cuatro acusados por brote letal de salmonella originado en planta de maní Estudio: un tercio de las muestras de pescado en Estados Unidos están mal etiquetadas Más...

El Resto de la Hora de Democracy Now!

La tortura en Guantánamo: Stuart Couch habla de su negativa a procesar a un prisionero torturado El 11 de septiembre de 2011, un amigo del teniente coronel de la marina estadounidense Stuart Couch murió como copiloto del segundo avión que impactó contra el edificio del World Trade Center. Inmediatamente después de eso, Couch se convirtió en uno de los primeros fiscales militares destinados a la base estadounidense en la Bahía de Guantánamo, para procesar a los presuntos participantes del plan terrorista. Más...

"Las cortes del terror": una mirada al interior de una justicia violenta y a la tortura en la bahía de Guantánamo El periodista del periódico Wall Street Journal Jess Bravin informa sobre las controvertidas comisiones militares en Guantánamo. Al describirla como “la historia legal más importante en décadas”, Bravin descubre cómo el gobierno de Bush rápidamente elaboró un sistema legal alternativo para juzgar a los hombres capturados en el extranjero después de los atentados del 11/S. Más...

Oaxaca, el estado con más ataques contra activistas

PEDRO MATÍAS

OAXACA, Oax. (apro).- Oaxaca pasó del segundo al primer lugar en la lista de entidades mexicanas con el mayor número de ataques perpetrados contra defensores de derechos humanos en el primer trimestre de 2012.

En 2011 sólo fue rebasado por Chihuahua a nivel nacional, según la organización Brigadas de Paz Internacional (PBI, por sus siglas en inglés).

Durante una reunión con el gobernador Gabino Cué, el representante de PBI, Ben Leather, reconoció la apertura del gobierno respecto de la protección hacia defensores de derechos humanos en el estado, sin embargo, dijo, son preocupantes las cifras de agresiones registradas hasta el momento.

Entre las medidas que PBI planteó para proteger a los activistas (mujeres y hombres) destaca un adecuado funcionamiento y fortalecimiento de las instituciones, así como la cabal instrumentación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos a nivel estatal.

En el Palacio de Gobierno, donde se realizó la reunión, PBI reveló que el último informe de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos señala a Oaxaca como el segundo estado de México, después de Chihuahua, en el número de ataques a personas defensoras en 2011.

En 2012, añadió, defensoras y defensores acompañados por PBI fueron objeto de amenazas de muerte y ataques relacionados con su labor, pero también han denunciado hostigamiento, difamación, criminalización, ataques físicos, allanamientos y asesinatos.

Leather mencionó que debido a la situación de riesgo que enfrentan los activistas, PBI mantiene un equipo permanente en Oaxaca desde 2008.

Detalló que durante marzo y abril del año pasado denunciaron agresiones en su contra: la abogada Alba Cruz Ramos, integrante del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH) y beneficiaria de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2007; Wylfrido Mayrén (padre Uvi), fundador del Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, y el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, director del albergue para migrantes “Hermanos en el Camino”, quien también cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2010.

Sin embargo, apuntó, las investigaciones sobre el origen y la autoría de los hechos no han avanzado.

En el encuentro con Cué, Ben Leather subrayó la necesidad de acabar con la impunidad y agilizar la procuración de justicia para evitar la repetición de este tipo de situaciones.

PBI ha acogido con optimismo los avances en materia legislativa y la reciente creación de instituciones para brindar una mejor atención a los defensores y mejorar la situación de los derechos humanos en la entidad.

En un documento publicado en noviembre de 2012, PBI destacó el potencial de la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, así como de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, de la Sala de lo Constitucional y de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos.

No obstante, en el mismo escrito transmitió las preocupaciones de los integrantes de las organizaciones que han padecido las deficiencias en el funcionamiento de esos organismos.

PBI México compartió con el gobernador de Oaxaca la importancia de aportar mayores recursos y dar capacitación a los funcionarios según las necesidades de las personas defensoras y de las víctimas de violaciones de derechos humanos, al mismo tiempo que solicitó información sobre cómo procederá el gobierno respecto de las recomendaciones emitidas.

El caso de la comunidad de San Dionisio del Mar, localizada en el Istmo de Tehuantepec, fue otro de los temas planteados a Cué.

PBI manifestó su inquietud ante la creciente tensión entre los pobladores que se oponen al proyecto eólico y la empresa autorizada para realizarlo.

Los propios comuneros y las organizaciones que han acompañado ese proceso, como Código-DH y la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, denunciaron la presencia de elementos de la policía estatal con el objetivo de impedir las manifestaciones.

Al respecto, el PBI hizo hincapié en que los tratados internacionales suscritos por México reconocen el derecho a una consulta libre, previa e informada, y a la libertad de manifestación.

En relación con la oposición a ese tipo de proyectos, subrayó que activistas han denunciado hostigamientos y agresiones en su contra, como es el caso de la defensora Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea del Istmo y beneficiaria de medidas de protección por parte de la Defensoría de Oaxaca desde 2011.

Señaló que no se trata de un hecho aislado, pues en octubre del año pasado el mismo PBI destacó que muchas de las agresiones en Oaxaca se dan en contra de personas y organizaciones comunitarias en defensa de la tierra y territorio, y a esa misma conclusión llegó la misión convocada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos“Todos los Derechos para Todas y Todos”.

Son 27 mil 523 los desaparecidos: Segob

Los dibujos de algunos de los desaparecidos en el sexenio de Calderón. Foto: AP / Alexandre Meneghini

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- La Secretaría de Gobernación informó que existe una lista de 27 mil 523 casos de personas desaparecidas en el sexenio de Felipe Calderón.

Lo anterior fue dado a conocer por Lía Limón, secretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

La funcionaria, quien fue entrevistada ayer al término de una reunión con la organización Human Rigths Watch, precisó que desconoce el contenido de esa lista, pero que los detalles se harán públicos el próximo lunes.

Explicó que será el Centro Nacional de Información, de la Secretaría de Gobernación, quien concentre los datos sobre desaparecidos.

Según Lía Limón, apenas hace dos días se conoció la cifra de personas desaparecidas durante una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el procurador Jesús Murillo Karam e integrantes del FUNDEM, organización que atiende a familiares de víctimas.

La funcionaria subrayó que de acuerdo con Ley de personas extraviadas y desaparecidas, será el Centro Nacional de Información quien debe concentrar esta información, ya no el Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a la Corrupción (Cenapi), dependiente de la PGR.

A dos días de que concluyera el sexenio de Calderón, el 29 de noviembre de 2012, The Washington Post reveló la existencia de una lista con 25 mil personas desaparecidas, sin embargo, ni el secretario de Gobernación ni el procurador de la República del gobierno de Enrique Peña Nieto confirmaron el dato.

Regresa Calderón impuestos por 63 mmdp a 20 grandes contribuyentes

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El gobierno de Felipe Calderón devolvió 63 mil millones de pesos en impuestos a 20 grandes consorcios de acuerdo con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En su informe sobre la cuenta pública 2011, entregado ayer a legisladores, la ASF detalla que de 283 mil millones de pesos registrados por devoluciones, 20 compañías (cuyas razones sociales no son identificadas) recibieron 63 mil millones por concepto de impuestos al valor agregado (IVA), sobre la renta (ISR), depósitos en efectivo (IDE), empresarial a tasa única (Ietu) y derecho de trámite aduanero (DTA).

Lo que si detalla el informe de la ASF presentado por su titular Juan Manuel Portal, son los sectores a los que pertenecen los beneficiarios de las devoluciones: fabricantes o ensambladores de camiones y tractocamiones, tiendas departamentales y supermercados, comercios de partes y refacciones nuevas para automóviles, corporativos y empresas no financieras, productoras de aves de corral en incubadora, empresas de telefonía celular, de almacenamiento con refrigeración, de electrónica, así como empresas dedicadas a la explotación, refinación y fundición de materiales no ferrosos.

Los 283 mil millones de pesos devueltos a grandes contribuyentes significan el 13.8 por ciento de la recaudación anual obtenida en el quinto año del sexenio calderonista.

Bajan de Youtube video de supuesta ejecución de colaborador de “Valor por Tamaulipas”

El video de la aparente ejecución fue publicado anoche. El administrador del sitio de alertas ciudadanas, quien desde la semana pasada ha sido amenazado de muerte, respondió que no quería pronunciarse al respecto.

Un video titulado “Advertencia a usuarios de Facebook y Twitter” en el que se muestra la supuesta ejecución de un posible colaborador de la página de Facebook “Valor por Tamaulipas”, fue suprimido de la red social Youtube, a la que se subió la noche de ayer miércoles 20.

En el video, un supuesto colaborador del sitio, que se dedica a alertar a los tamaulipecos de las actividades criminales en la entidad, dirige un mensaje antes de ser aparentemente ejecutado por un sujeto que aparece con el rostro cubierto.

Antes de ser suprimido de Youtube, el video fue retomado hoy por los portales del semanario Proceso y sinembargo.mx.

La semana pasada, en varias ciudades de Tamaulipas comenzaron a circular volantes anónimos en los que se ofrecía 600 mil pesos a quien identificara al administrador de la página de Facebook, que tiene más de 160 mil seguidores y es alimentada por los ciudadanos que reportan la inseguridad y violencia que se vive en la entidad.

La amenaza también se dirigía a los familiares directos del administrador del sitio, “ya sean papás, hermanos, hijos o esposa”. El dinero, decían los volantes, era para “callarles el hocico a estos culeros panochones” (sic).

El encargado de la página Valor por Tamaulipas respondió a las amenazas de muerte. “No todos nos rendiremos ante ustedes”, publicó en un comunicado que difundió en Facebook.

La supuesta ejecución

Ayer por la noche, en Youtube apareció un video en el que aparentemente es ejecutado un supuesto colaborador del sitio. En éste aparece un joven hincado, vestido de negro y con las manos metidas en las bolsas delanteras de su sudadera. Su semblante no denota angustia y con fluidez dice lo siguiente:

“Este mensaje va dirigido a toda la comunidad que se dedica a publicar información, a nombres de usuarios de Facebook y Twitter en ‘Valor por Tamaulipas’. Estas personas cuentan ahora con los medios y aparatos de localización, que con sólo la dirección IP rastrean y dan la localización exacta del usuario. No soy el primero ni el último en ser localizado. Por su propia seguridad, absténganse de publicar cualquier información; de lo contrario este será el precio que pagarán”.

Cuando termina de hablar, un sujeto con el rostro y las manos cubiertas y uniforme tipo militar, que permanece de pie al lado izquierdo de la pantalla, supuestamente dispara al joven.

La respuesta de “Valor por Tamaulipas” El administrador de “Valor por Tamaulipas” respondió que no quería pronunciarse respecto a la autenticidad del video, para no alentar a quienes lo hicieron y porque advierte en el material la intención de “desanimar” a la gente a seguir colaborando. No obstante, aclara que no conoce al joven que aparece en él.

También refiere que quienes lo amenazan han hablado con otros usuarios para disuadirlos de colaborar en la página.

Este es el mensaje íntegro que publicó en la página de Facebook:

“Sobre el video que publicaron en la red sobre una presunta ejecución de un seguidor no quería hacer publicación al respecto por dos cosas primero no quiero decir que sea falso por que quienes haya hecho ese vídeo se pueden ver tentados a realizarlo de verdad y la otra por que claramente busca desanimar a la gente de colaborar.

“Desconozco la persona que presentan en ese vídeo, últimamente dicen que ya localizaron a mi familia, hablan con otros usuarios de SDR para tratar de evitar de que colaboren con VxT, ahí andan unos ministeriales revisando la página si encuentran alguna relación con alguien que pudiera ser el candidato a VxT pero ahí no encontrará nada de eso.

“Ustedes saben que al final del día siempre he sido honesto, he dicho hasta donde llega mi responsabilidad en la administración de la página y en donde entra el criterio común de todos los que participamos en esta comunidad.

“Les he dicho también que no me rindo si ustedes no se rinden, así que probablemente puede incrementarse la presión, pero de la misma forma que se intente hacer daño a los esfuerzos ciudadanos, la respuesta de la ciudadanía empezará a hacer su aparición.”

Extrahección: violación de derechos en la apropiación de la naturaleza

Eduardo Gudynas

ALAI AMLATINA, 21/02/2013.- Extrahección es un nuevo término para describir la apropiación de recursos naturales desde la imposición del poder y violando los derechos de humanos y la Naturaleza. La palabra es nueva, pero el concepto es muy conocido. Describe situaciones que, poco a poco se están volviendo más comunes, como emprendimientos mineros o petroleros impuestos en un contexto de violencia, desoyendo las voces ciudadanas, desplazando comunidades campesinas o indígenas, o contaminando el ambiente.

Extrahección es un vocablo que proviene del latín “extrahere”, que significa tomar algo quitándolo o arrastrándolo hacia uno. Es por lo tanto, un término adecuado para describir las situaciones donde se arrancan los recursos naturales, sea de la comunidades locales o la Naturaleza. En esas circunstancias se violan distintos derechos, y ese precisamente ese aspecto que se pone en evidencia con este nuevo término. Los derechos violentados cubren un amplio abanico, entre los cuales se pueden indicar algunos para tomar conciencia de la gravedad de estas situaciones.

Impactos ambientales, como la destrucción de ecosistemas silvestres, la contaminación de aguas, suelos o el aire o la pérdida del acceso al agua, son todas violaciones de los llamados derechos de tercera generación. Estos están enfocados en la calidad de vida o un ambiente sano. En países donde además se reconocen los derechos de la Naturaleza (como en Ecuador), hay emprendimientos extractivos que son claramente incompatibles con el mandato ecológico constitucional.

Los derechos de las personas están afectados de muy diversas maneras. Repetidamente se incumplen las consultas previas, libres e informadas a las comunidades locales, o se fuerzan sus resultados, como ha sido denunciado en varios proyectos en los países andinos. También existen violaciones cuando se impone el desplazamiento de comunidades, como sigue ocurriendo con las explotaciones mineras de la región de Carajás en Brasil. En los sitios donde hay emprendimientos funcionando, se escuchan denuncias de violaciones a los derechos de los trabajadores, sea en su sindicalización, como en seguridad o condiciones sanitarias (como ha sido reportado por los trabajadores del carbón en Colombia).

No pueden pasarse por alto las prácticas de corrupción, como los esquemas de sobornos, sea para aceptar prácticas de alto impacto social o ambiental, o incluso para obtener los permisos de funcionamiento de un proyecto.

La extrahección también describe las circunstancias de emprendimientos que se imponen silenciando de distinta manera las voces ciudadanas. En los últimos años se está volviendo común judicializar las protestas, iniciando acciones legales contra sus líderes, quienes quedan sumergidos en procesos que duran años, se embargan sus bienes, se les restringen los viajes, etc. Un paso más es criminalizar las acciones ciudadanas, colocándolas bajo la sombra de cargos de vandalismo, sabotaje o terrorismo. Recientemente, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), ha recopilado casos de criminalización en varios países latinoamericanos.

Finalmente, en la extrahección también se llega a la violencia directa bajo distintos formatos. Esta puede estar en manos de individuos o a cargo de grupos, los que a su vez pueden ser cuerpos de seguridad o paramilitares, o estar en manos de las propias fuerzas estatales (policiales o militares). Una reciente revisión internacional encontró que las tres más grandes corporaciones mineras (Rio Tinto, Vale y BHP Billition), han estado involucradas con casos de violencia, varios de los cuales tuvieron lugar en América Latina.

Todo esto se expresa en represiones violentas de movilizaciones, raptos e incluso en el asesinato. Una vez más se encuentran muchos ejemplos recientes, desde las represiones a las movilizaciones ciudadanas en distintas localidades de Argentina o a la marcha a favor del TIPNIS en Bolivia, al saldo de al menos cinco muertos y mas de 40 heridos en el conflicto minero de Conga en Perú.

Está claro que estos y otros casos representan acciones ilegales que ocurren en países que cuentan con coberturas legales para los derechos humanos. Pero no pueden pasar desapercibidas las situaciones de “alegalidad”, donde se mantienen las formalidades legales, pero las consecuencias de las acciones son claramente ilegales. En este caso encontramos a corporaciones que aprovechan, por ejemplo, los vacíos normativos para lanzar contaminantes al ambiente, o que desentienden de las empresas que subcontratan para llevar adelante las acciones de mayor impacto en las comunidades locales.

Cuando el Estado no asegura su propio marco normativo en derechos, las comunidades locales han debido apelar a instancias internacionales, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De esta manera se han visibilizado muchos casos que antes quedaban sepultados ante las indiferencias estatales, como sucedió en Guatemala, solicitando el cierre de la mina Marlin para garantizar la salud de las comunidades locales.

¿Es necesaria la nueva palabra extrahección para describir estas situaciones? Por cierto que lo es. Es que estas violaciones a los derechos humanos y de la Naturaleza no son meras consecuencias inesperadas, o producto de acciones aisladas llevadas adelante por individuos descarriados. Esta es la justificación empleada varias veces por sectores gubernamentales o corporativos, con la finalidad de separar sus actividades de esas violaciones. Esa postura es inaceptable.

En realidad, la violación de derechos se ha vuelto un componente inseparable e inevitable de un cierto tipo de extracción de recursos naturales. Esto ocurre cuando esas actividades comprometen enormes superficies, realizan procedimientos intensivos (por ejemplo utilizando contaminantes) o los riesgos en juego son de enorme gravedad, y por lo tanto, nunca serían aceptables bajo los marcos legales o para las comunidades locales. Entonces, la única forma en que pueden llevarse adelante es por medio de la imposición y la violación de los derechos fundamentales. La violación de los derechos no es una consecuencia, sino que es una condición de necesidad para llevar adelante este tipo de apropiación de recursos naturales. Son facetas de un mimo tipo de desarrollo, íntimamente vinculados entre sí.

Es esta particular dinámica la que explica el concepto de extrahección. No basta con decir, por ejemplo, que una de las consecuencias del extractivismo más intensivo es la violación de algunos derechos. Debe dejarse en claro que existe una íntima relación, donde esas estrategias de apropiación de recursos naturales sólo son posibles quebrando los derechos de las personas y la Naturaleza.

El concepto de extrahección y la definición de extractivismo se discuten en el reciente Observatorio del Desarrollo No 18 - http://www.extractivismo.com/biblioteca.html

- Eduardo Gudynas es investigador en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).

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Los titulares de hoy baje el audio Disponible alrededor de las 17:00, hora de Nueva York.  Si el link del audio no funciona, visita nuestra web Senador Graham revela que murieron 4700 personas en ataques con aviones no tripulados Gobierno retiene memorandos sobre ataques con aviones no tripulados, busca apaciguar al partido republicano sobre Benghazi El Pentágono notifica a personal sobre licencias obligatorias por recortes Kerry: recortes automáticos amenazan la diplomacia de Estados Unidos 31 personas mueren en ataque con coche bomba en la capital de Siria ONU: muerte de civiles afganos cae por primera vez en seis años HRW: Fuerzas mexicanas vinculadas a al menos 150 desapariciones en guerra contra el narcotráfico Informe: Obama decide candidatos para la EPA y el Departamento de Energía Legisladores de Virginia aprueban estricto proyecto de ley de identificación de votantes FBI investiga uso ilícito de información privilegiada en venta de Heinz Jesse Jackson, hijo se declara culpable en caso de corrupción El Pentágono investiga polémica entrevista a un efectivo de los Navy SEAL que mató a Bin Laden Emat Burna, director de "Cinco cámaras rotas", y Michael Moore se refieren al incidente en el aeropuerto de Los Ángeles Más...

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Sharif Abdel Kouddous: a 2 años del alzamiento, Bahréin parece "una país bajo ocupación" El corresponsal de Democracy Now! Sharif Abdel Kouddous nos informa acerca de su reciente viaje a Bahréin, donde la monarquía sunita lleva dos años reprimiendo la insurrección social. Desde febrero de 2011, las fuerzas de seguridad del país, respaldadas por Estados Unidos, han sido responsables de la muerte de al menos 87 personas. Más...

Protestas en Yale ante la intención del Pentágono de abrir un centro de entrenamiento para fuerzas especiales Estudiantes y graduados de la Universidad de Yale se están organizando contra la propuesta de establecer en su campus un centro de entrenamiento en técnicas de interrogación para miembros de las fuerzas de operaciones especiales. El centro sería financiado con una donación de 1,8 millones de dólares del Pentágono y podría estar en funcionamiento desde abril. Más...

¿Qué significan los recortes automáticos para los pobres, los desempleados y los niños? La palabra del mes en Washington es "secuestro", en referencia a los recortes automáticos de 85 mil millones de dólares del gasto presupuestario que entrarán en vigor a partir del 1 de marzo a menos que en el Congreso se llegue a un acuerdo que los postergue. ¿Cuál sería el efecto de estos recortes en la vida real de los pobres, los desempleados, los enfermos y los niños. Más...

Bowman vs. Monsanto: agricultor de Indiana desafía el control empresarial de la producción de alimentos Esta semana, la Corte Suprema de Estados Unidos realizó una audiencia en el marco de un caso que enfrenta a un agricultor de 75 años de edad, originario de Indiana, con Monsanto, la mayor empresa de semillas del mundo. La disputa comenzó cuando el agricultor de soja Vernon Bowman compró y sembró una mezcla de granos sin marca, utilizados para la alimentación animal. Más...

Amenazan de muerte a indígena que denunció violación por parte de militares

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- La Red Nacional de Comunicación y Acción Urgente de Defensoras de Derechos Humanos en México condenó las nuevas amenazas de muerte contra de la defensora de derechos humanos Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), ubicada en Ayutla de los Libres, Guerrero, y de sus compañeros de la organización, que recibieron un escrito anónimo el 11 de febrero pasado.

“Tú Obtilia estás gozando de medidas cautelares, como quiera te vamos a partir tu madre a ti Obtilia y Cuauhtémoc (los) principales son ustedes dos… la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no los protege de la bala”, señala el escrito.

La amenaza –según indica el comunicado– hace mención a que no es cierto que soldados hayan violado a Inés Fernández Ortega, indígena me’phaa integrante de la OPIM que llevó su caso hasta la CoIDH, la cual emitió un fallo condenatorio al Estado mexicano en octubre de 2010.

Tanto Obtilia Eugenio como sus compañeras y compañeros de la organización fueron amenazados a pesar de ser beneficiaros de medidas de protección provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) desde 2009, que el gobierno mexicano no ha cumplido a cabalidad.

“Lamentablemente, no es la primera vez que Obtilia Eugenio recibe este tipo de amenazas en contra de su vida, relacionadas directamente a sus denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de Guerrero. Obtilia Eugenio ha sido víctima de hostigamiento permanente y ha tenido que abandonar el estado de Guerrero para salvaguardar su integridad física y psicológica, así como la de su familia”, señaló la organización.

El comunicado, apoyado con firmas de más de un centenar de defensoras de derechos humanos de todo el país, contiene una exigencia a las autoridades a tomar “las medidas inmediatas y apropiadas” para poner fin a las permanentes amenazas de muerte y hostigamiento en contra de las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos de las poblaciones indígenas de Guerrero, y garantizar su seguridad, integridad física y psicológica.

Exigieron a los gobiernos federal y estatal realizar una investigación pronta y expedita para sancionar a los responsables de las nuevas amenazas de muerte y que se garantice la seguridad, integridad física y psicológica de Obtilia Eugenio Manuel, de los integrantes de su familia y de cada integrante de la OPIM.

Las 41 casas de Raúl Salinas bajo resguardo de la PGR

El abogado de Raúl Salinas de Gortari, José Luis Nassar Daw, reveló que desde 1998 se han promovido recursos para que se cierre el juicio en contra de su cliente, acusado de enriquecimiento ilícito por la administración de Ernesto Zedillo.

El abogado de Salinas adelantó que el 8 de marzo es el plazo límite para que entregue al juez federal Carlos López Cruz las conclusiones no acusatorias a favor de Raúl, en las que pedirá que sea declarado inocente y se le absuelva del delito en el último proceso penal que tiene pendiente. Con ello, su cliente recuperaría sus propiedades, actualmente bajo resguardo de la Procuraduría General de la República.

¿Dónde están?

Según el diario Reforma los inmuebles de Raúl Salinas están:

25 en el DF

5 en Guerrero

5 en Morelos

6 (BCS, Jal, Edomex, Oax, Pue y Qro)

Entre las propiedades bajo resguardo se encuentran:



· Finca “El Encanto”, Cuajimalpa, DF.

· Casa en Sierra Cotopaxi 125, Colonia Lomas de Chapultepec, DF.

· Casa en Constituyentes No. 1100, Col. Lomas Altas, DF.

· Tres casas en condominio en la Colonia Candelaria, Coyoacán. DF.

· Dos departamentos en la Colonia Santa Catarina, Coyoacán, DF.

· Cuatro departamentos en la Colonia Barrio del Niño de Jesús, en la delegación de Tlalpan. DF.

· Rancho “Ex Hacienda Guadalupe Mendocinas”, Huejotzingo, Pue.

· Casa en Conjunto campestre Las Fuentes, Valle de Bravo, Edomex.

· Casa en Colonia Matamoros, Cabo San Lucas, BCS.

· Departamento del conjunto Pacífica, en Ixtapa, Gro.

· Cuatro departamentos del conjunto habitacional Real de Palmas, en Ixtapa, Gro.

· Casa en Xochitepec, Mor.

· Casa en Colonia Rinconada Florida, en Cuernavaca, Mor.

· Casa en la Colonia Sector Reforma, Puerto Escondido, Oax.

· Casa en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal.

· Casa en Fraccionamiento Los Álamos, en Qro.

Las minas de carbón

En concreto | Laura Itzel Castillo

Un ejemplo claro de las precarias condiciones de trabajo persistentes en nuestro país son las que viven a diario los mineros del carbón. La violación a los preceptos constitucionales es la constante, no la excepción. Con la reforma laboral recientemente aprobada, lejos de avanzar, hay un grave retroceso, que se traduce en la pérdida de los derechos de los trabajadores, con los contratos de aprendizaje, pago por hora, la contratación por terceros y la derogación de la facultad que tenía la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para clausurar las minas, frente al inminente riesgo que pueden representar para la vida de los trabajadores.

A siete años de la tragedia de la mina Pasta de Conchos, los familiares de las víctimas siguen reclamando justicia. El poder del Grupo México con la complicidad del gobierno, son la causa más importante para que hasta el día de hoy, no haya sido posible llegar al fondo en las investigaciones; así como también que a pesar de las condiciones inhumanas para laborar, sigan funcionando los llamados Pocitos para la extracción del carbón, donde por sus dimensiones, es común la contratación infantil, prohibida claramente en nuestra Carta Magna, y donde la inexistencia de clausuras significa directamente la muerte de personas.

Cuando ocurrió el accidente de Pasta de Conchos, donde murieron sepultados 65 mineros, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estaba facultada para realizar inspecciones a las empresas que violaban la normatividad laboral y proceder a la clausura de instalaciones, ante un riesgo inminente. Sin embargo, los inspectores, avalados por sus superiores, como se dice coloquialmente, se hacían de la vista gorda para no aplicar la ley.

Cuando fungió como secretario del Trabajo Javier Lozano, en una comparecencia en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoció no haber clausurado ni un solo Pocito de la región carbonífera, a pesar de estar legalmente facultado para ello, como se señalaba en el artículo 512-D de la anterior Ley Federal del Trabajo.

Desde el 22 de junio de 2011 el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó por unanimidad exhortar a la Auditoría Superior de la Federación para que investigara a la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo de la STPS mediante una auditoría excepcional de legalidad y desempeño sobre el cumplimiento de los objetivos de las inspecciones laborales en la zona carbonífera de Coahuila. Nunca se hizo nada. La diferencia entra la vida y la muerte de los trabajadores del carbón puede deberse a que la STPS sólo restringe el acceso a pozos y minas, en lugar de clausurarlas como la ley lo ordena.

De acuerdo a la organización no gubernamental Fundar, se han entregado más de 27 mil títulos de concesión para la exploración y explotación minera en nuestro país, que representa más de 25% de nuestro territorio, superficie que se encuentra actualmente en manos de las empresas privadas nacionales y extranjeras, que al mejor estilo del Porfiriarto, explotan el territorio a la par que a los trabajadores, sin informarle a las comunidades sobre los proyectos ni sobre las consecuencias ambientales y sociales.

Lo peor es que las mineras solamente pagan el derecho por el uso del aprovechamiento de bienes del dominio público, directamente relacionado con la cantidad de hectáreas concesionadas, lo que implica que no pagan absolutamente nada por el oro y la plata o el carbón que extraen. Quizá a eso se refiera el gobierno federal cuando habla de modernizar a Pemex, y ese sea su verdadero proyecto de reforma energética y ese quieran que sea el futuro del oro negro.

El titiritero - Columna semanal de Sergio Aguayo

Llegó la hora de las reformas a las telecomunicaciones. Inicia una batalla que puede redefinir la relación entre el Estado mexicano y los poderes fácticos.

Un estereotipo que acompañó a Peña Nieto como candidato fue el de ser un "político ignorante y vacío", un "esclavo del teleprompter", un "producto de Televisa".

Con el anuncio del Pacto por México y con la reforma educativa empezó el revisionismo sobre sus motivaciones y objetivos. En efecto, ¿quién es y qué quiere el ahora Presidente?

Para entender a Peña Nieto hay que partir de una de sus frases: "estoy a favor del presidencialismo". Eso quiere decir que desea recuperar la capacidad de árbitro, de gran decidor que alguna vez tuvo la figura del presidente mexicano. En palabras de Jorge Zepeda Patterson: no quiere ser títere, "quiere ser titiritero" (El Universal, 17 de febrero de 2013). Es un objetivo extremadamente ambicioso dada la debilidad que tiene la institución presidencial.

Para lograr ese objetivo, Peña Nieto y su grupo han desplegado una estrategia de tres puntos (un tridente) bastante parecida a la que les funcionó para su asalto a palacio. La primera columna es mantener el control sobre el PRI. Lo están logrando y uno de los ejemplos ha sido la doma de Jorge Hank Rhon, quien terminó disciplinándose a la decisión de nombrar a Fernando Castro Trenti como candidato priista a gobernador de Baja California.

Una segunda vertiente es la relación con el PAN y el PRD. Después de las elecciones inició un cortejo que culminó en el Pacto por México, ese acuerdo portentoso que conjunta en un proyecto común a PAN, PRI y PRD bajo el liderazgo presidencial. Las dirigencias del PAN y del PRD apoyan el Pacto porque incorpora parte de sus programas, además de ser una forma elegante de salirse por un tiempo de los pleitos que fracturan a los dos partidos.

El Pacto lleva a la tercera punta del tridente: la redefinición de la relación entre Estado y poderes fácticos. La presentación de la Ley de Telecomunicaciones seguirá el mismo ritual seguido con la reforma educativa: el Presidente la anunciará acompañado de los dirigentes de los tres grandes partidos. Aunque esta ley también afectará a las telefónicas, por el espacio me centro en la interacción entre Estado y televisoras.

Existen cuatro razones que hacían predecible y lógico que Elba Esther Gordillo y las televisoras recibieran un trato preferencial. La primera es que habían acumulado demasiado poder. Durante los dos sexenios panistas Elba Esther llegó a ser la política que manejaba más presupuesto, mientras que las televisoras se expandían, como pulpos, por distintas áreas de la economía.

Un segundo motivo es el modo ostentoso y grosero como usan a veces su poder. La compulsión por la adquisición de vestuario y mobiliario convirtieron a Elba Esther -una maestra que gana 24 mil pesos mensuales- en paradigma de la corrupción; la forma como TV Azteca envió a sus grupos de choque a tomar posesión de las instalaciones del Canal 40 en el Cerro del Chiquihuite (diciembre de 2002) fue una bofetada a la autoridad presidencial acentuada por la respuesta que dio el entonces presidente Vicente Fox a las exigencias de que interviniera: "¿Y yo por qué?".

El tercer motivo tiene que ver con la rectoría del Estado. Los dos poderes fácticos salieron de sus espacios para meterse a formular políticas públicas. Además de controlar la educación formal e informal el sindicato magisterial tiene un partido y el duopolio una "Telebancada". Con ello amenazan, ¡oh sacrilegio!, al monopolio de los partidos sobre los asuntos públicos.

Una última razón es la existencia de coaliciones sociales inconformes con estos poderes fácticos. Un ejemplo serían los organismos civiles, tales como Mexicanos Primero o la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, AMEDI. Ni Telmex ni los petroleros tienen una oposición tan organizada.

Sostengo como hipótesis que la reacción de las televisoras será bastante parecida a la de Elba Esther: vociferarán y cabildearán todo lo que puedan antes de que se aprueben las leyes mientras buscan acercamientos con el Presidente y los partidos para negociar acuerdos que les permitan preservar parte de su poder. De confirmarse esta hipótesis, Peña Nieto quedará como el árbitro magnánimo. No tendremos reformas estructurales a profundidad pero tal vez sea mejor que lo actual.

Las grandes reformas no siempre se hacen por la mejor de las razones. John Godfrey Saxe aseguraba en 1869 que "con las leyes pasa como con las salchichas: es mejor no ver cómo se hacen". Pienso diferente: para madurar como ciudadanos tenemos que conocer los ingredientes de lo que ingerimos.

LA MISCELÁNEA

¿Qué está pasando con la Secretaría de la Cultura del Distrito Federal? Se multiplican los informes sobre irregularidades en un área que fue una de las joyas de los gobiernos de izquierda capitalinos. ¿Se le está aguando esa sopa a Miguel Ángel Mancera? Colaboró Paulina Arriaga Carrasco.

TPP-Guerra Sucia-EVENTOS Semana vs violencia de Estado 26-28 febrero

El Tribunal Permanente de los Pueblos: Eje Guerra Sucia

Presenta las actividades de la Semana nacional contra la violencia represiva del Estado del 26 al 28 de febrero

CONFERENCIA DE PRENSA

Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)

Fecha: Martes 26 de febrero

Hora: 10:00 am

Participantes:

Gilberto López y Rivas (garante del TPP, Capítulo México)

Jorge Fernández Souza (garante del TPP, Capítulo México, por confirmar)

Carlos Fazio Participante de la Audiencia de Guerra Sucia, violencia e impunidad y falta de acceso a la justicia Nadin Reyes Maldonado: Participante de la Audiencia de Guerra Sucia, violencia e impunidad y falta de acceso a la justicia

Modera: Gloria Angélica Fernandez Velez

FORO: Violencia sistemática en México: La guerra sucia 1960-1975

Lugar: Auditorio Benito Juárez, Facultad de Derecho, UNAM

Fecha: Miércoles 27 de febrero

Hora: 16:00

Ponentes:

José Reveles: Escritor y periodista de la revista proceso

Beatríz Torres: Centro Académico de la Memoria de Nuestra América (CAMENA)

Raúl Álvarez Garín (Comité 68)

Nicómendes Fuentes (Comisión de la verdad en Guerrero)

Blanche Petrich (por confirmar)

Modera: Nadin Reyes Maldonado. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”

FORO: Estado neoliberal y represión política 1976-1990

Lugar: Auditorio Benito Juárez, Facultad de Derecho, UNAM

Fecha: Miércoles 27 de febrero

Hora: 18:00

Ponentes:

Gilberto López y Rivas: Antropólogo y articulista de la Jornada

Enrique González Ruiz: Posgrado de la maestría en DH de la UACM

Benito Colín Tavera: Movimiento Urbano Popular. (MUP)

Pedro Hernández: Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO)

Modera: El Tribuno Popular

FORO: La política represiva del Estado mexicano en el auge del neoliberalismo 1991-2000

Lugar: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Fecha: Jueves 28 de febrero

Hora: 16:00

Ponentes:

José de Jesús Palacio Serrato Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Pedro Faro: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)

Las Abejas de Acteal

Francisco Cerezo. Comité Cerezo México

Modera: Bruno Acevedo. Telar de Raices AC

FORO: Profundización del neoliberalismo y ¿terrorismo de Estado? 2001-2012

Lugar: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Fecha: Jueves 28 de febrero

Hora: 18:00

Ponentes:

José Rosario Marroquí: Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Clemencia Correa: Posgrado de DH de la UACM

Carlos Fazio: Profesor, analista y articulista de la Jornada

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. (FNLS)

Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI)

Modera: Héctor Cerezo. Comité Cerezo México

PARTICIPANTES

Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos. A C, Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de los Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP.AC, Comité 68 Pro libertades democráticas, Comité Cerezo México, Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, El Tribuno Popular, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Frente Popular Francisco Villa Independiente, Movimiento Urbano Popular, Multimedios Cronopios, Posgrado de Derechos Humanos de la UACM, Sociedad Civil las Abejas de Acteal, Telar de Raíces.

Organizaciones civiles y de derechos humanos denuncian la situación crítica que están viviendo las familias desplazadas del Ejido Busiljá

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 18 de febrero de 2013

Las organizaciones civiles y de derechos humanos que suscribimos la presente, manifestamos nuestra preocupación por la situación crítica iniciada en 1997 en el Ejido Busiljá, municipio de Ocosingo, y que durante 16 años ha dejado una estela de muertos, heridos, encarcelados, desplazados y desaparecidos en la cabecera municipal de Ocosingo.

La situación vivida por las siete familias desplazadas del Ejido Busiljá, no sólo expresa una profunda crisis humanitaria, también pone en duda la voluntad y la efectividad de los mecanismos institucionales para la impartición de la justicia en nuestro estado de Chiapas, haciendo evidente la impunidad en la que permanecen las personas y grupos que han perpetrado los delitos, así como los hechos que constituyen violaciones graves y continuadas a los derechos humanos imputables a autoridades estatales y con efectos lamentables que perduran hasta el día de hoy. Por eso, nuestro llamado a que las instituciones estatales bajo su conducción, manifiesten de manera contundente y práctica la voluntad de alcanzar una resolución justa y garantizando la reparación de los daños ocasionados y la no repetición de los agravios.

Las organizaciones firmantes nos solidarizamos con las familias desplazadas y refugiadas en la cabecera municipal de Ocosingo y solicitamos la aplicación pronta, seria e imparcial de medidas encaminadas a la resolución justa y conforme a derecho de la situación que les afecta y vulnera:

Cumplimiento de la determinación de medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos MC-485-11 en fecha 16 de mayo de 2012 a favor de la niña Gabriela Sánchez Morales, hija de Elena Morales Gutiérrez, para proteger su vida e integridad personal.

Liberación de Elías Sánchez Gómez (hijo), injustamente recluido en el CERRS No. 17 de Playas de Catazajá, y en tanto se garantice y proteja la integridad y seguridad personal, se le brinde trato digno y humano.

Cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de Elías Sánchez Gómez, Pablo Sánchez Gómez, José Sánchez Gómez, Nicolás Sánchez Gómez, Felipe Sánchez Gómez, Timoteo Sánchez Gómez, Fausto Sánchez Gómez, Luis Sánchez Gómez y Felipe Sánchez Gómez (hijo), en relación al Expediente 331/2011, Juzgado Penal de Primera Instancia de Playas de Catazajá.

Investigación y sanción de la participación de los integrantes del PRI del Ejido Busiljá, en complicidad con la Policía Estatal de Chiapas, en los eventos denunciados permanentemente y por todos los medios disponibles por los representantes de las familias desplazadas.

Castigo a los responsables de las amenazas, hostigamiento, detención ilegal, tortura, violación sexual y desplazamiento, y desaparición efectuados en contra de las familias del Ejido Busiljá, integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Genaro Vázquez Rojas, adherentes de La Otra Campaña

Implementación de manera urgente de medidas que garanticen y protejan la vida e integridad personal de las siete familias desplazadas, y generación de las condiciones necesarias y adecuadas para su retorno al Ejido Busiljá.

ATENTAMENTE

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada (CDHFP)

Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC)

Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO)

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)

Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ)

ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C. (ENLACE CC)

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes (VM-APM)