Carmen Aristegui F./ Reforma
11 de enero de 2013
La Ley General de Víctimas, liberada por Peña Nieto de la controversia constitucional presentada por Felipe Calderón, se encuentra, ahora, en medio de una polémica que corre en tres grandes ejes. En el primero están quienes promovieron y construyeron esta ley. Se destaca, ahí, la trascendencia de que el Estado mexicano reconozca una atroz realidad y establezca un conjunto de obligaciones frente a quienes han sido víctimas en un contexto tal que implica, también, el reconocimiento de la existencia de violaciones masivas a derechos humanos. En otro eje, quienes critican, seriamente, la publicación. Se trata, dicen, de una ley inaplicable, inoperante e inconstitucional. En este grupo, el ex consejero jurídico de la Presidencia Miguel Alessio Robles, de tan crítico, dice que se trata no de una respuesta de Estado sino, simplemente, de una burla a las propias víctimas. Una ley cuya falta de solidez la condena a desaparecer del orden jurídico nacional. Figuras públicas y emblemáticas, a partir de sus respectivas tragedias -Sicilia, Wallace y Martí-, manifiestan posturas antagónicas respecto a esta ley general.
Javier Sicilia, cuyo MPJD ha sido factor fundamental para que esta ley exista, fue orador en la ceremonia de Los Pinos. A favor de la ley pero, sólo como un primer paso, Sicilia planteó que se requiere voluntad, recursos económicos y lo necesario para establecer un Sistema Nacional de Víctimas.
Isabel Miranda y Alejandro Martí cuestionan cada uno a su manera la nula aplicabilidad de esta ley. `Están vendiendo ilusiones`, dijo Wallace. No hay cómo hacerla eficaz. No tiene mecanismos para que esto suceda, piensa la ex candidata. Martí, por su parte, toca la fibra de los recursos. De la cantidad y de quién los aporta. Para el empresario, no cabe una ley en la que el Estado, es decir, los contribuyentes, se haga cargo de los daños cometidos no sólo por agentes del Estado sino también por los delincuentes. `Eso tiene un costo incalculable`.
El gobierno federal prefirió publicarla, tal cual, capitalizando la liberación de una controversia promovida en el sexenio anterior y que fue calificada, por Sicilia, como un hecho de traición.
“La ley es perfectible”, dijo Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, al pronunciar un discurso anticipando reformas futuras a esta ley recién nacida.
Inti Martínez Gaytán, del legendario Comité Eureka fundado por doña Rosario Ibarra, envió un correo, hace unas horas, a quien esto escribe, reconociendo que -aunque no ha leído la ley- se la imagina, en referencia a lo que ha sido informado. Se detiene en el tema del resarcimiento económico. Su postura engloba la tercera pata de esta polémica desgarradora. El foco aquí tiene que ver con aceptar o no un resarcimiento económico por parte de un Estado al que se le exige justicia.
Sobrino de un desaparecido de los 70, hijo de una desaparecida recuperada y de un luchador social asesinado en 1979. Inti dice: `Nunca aceptaremos ni aceptamos ninguna `reparación del daño`…creemos que los primeros pasos para una verdadera justicia son la verdad sobre los hechos, sobre el destino de nuestros familiares desaparecidos y el castigo a los responsables conforme a derecho. De otra manera aceptar una `reparación` significaría cerrar un círculo perfecto, en el cual el Estado puede atentar contra el pueblo una y otra vez, porque luego lo resolvería indemnizándolo…ninguna indemnización puede reparar el asesinato de mi padre. En su tiempo, suponiendo haber aceptado una indemnización, habríamos renunciado a recuperar a mi madre`.
Inti recuerda en el texto cuando se le ofreció y rechazó una indemnización en tiempos de la Fiscalía en el sexenio de Fox para los llamados delitos del pasado: como hijo “… yo no podría mirar a los ojos a los familiares de los desaparecidos más recientes luego de aceptar una ‘reparación económica’; estaría legitimando un ‘derecho’ del gobierno para atentar contra el pueblo, que no quería imaginarme si otro loco llegaba al poder y emprendía políticas genocidas otra vez. Triste y lamentablemente la historia me dio la razón”.
No es el único tema el del resarcimiento económico, pero es un punto clave. Como lo es esclarecer y reconocer lo sucedido, identificar a los responsables y desatar un proceso masivo de impartición de justicia.
Las víctimas han manifestado diversidad en sus posturas. Todas son respetables. El desafío para el Estado es establecer las condiciones reales para transitar del actual estado de cosas a un nuevo orden democrático y la construcción de una paz verdadera.
La encrucijada está a la vista; los desafíos son enormes y, frente a nosotros, una realidad con el rostro desencajado.
