* Asesinan al general Acosta Chaparro
* Participó en la guerra sucia de los 70
* Calderón lo condecoró por su carrera
Fue en 1995, en la antesala del despacho del entonces cacique y
gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, cuando un empresario fue testigo
de la reunión del general Arturo Acosta Chaparro con el mandatario de
Guerrero. Aquel hombre de negocios escuchó, al salir el militar, una
frase que lo estremeció: “Hay que detenerlos a como dé lugar”.
Horas después, en la Costa Grande de Guerrero, 17 campesinos
indígenas eran asesinados en un vado de Aguas Blancas, masacre que
manchó con sangre y enmarcó la represión que se endurecía en contra de
movimientos sociales y campesinos.
En el municipio de Coyuca de Benítez quedó el testimonio de lo que
fue la vida del militar y policía Acosta Chaparro, siempre a favor de
los poderosos y represores, cómplice de gobernadores. Los 17 campesinos
integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur fueron
asesinados por un comando que recibía órdenes directas de Acosta
Chaparro. A los campesinos masacrados se les fotografió con pistolas en
las manos y se difundía la versión de que estaban armados y habían
disparados en contra de la policía.
En aquellos años el trabajo periodístico publicado en el diario El
Financiero confirmó el involucramiento del temerario general Acosta
Chaparro y su amigo y contratante el priista Rubén Figueroa hijo en la
masacre de los indefensos campesinos. A su padre, también Rubén
Figueroa, en la década de los setenta se le atribuyeron más de 500
asesinatos y su acompañante en esa persecución contra campesinos y
guerrilleros también fue el mismo Acosta Chaparro.
El video de aquella matanza fue dado a conocer por el periodista
Ricardo Rocha y después de eso el entonces gobernador guerrerense Rubén
Figueroa tuvo que dejar el cargo ante las críticas y la presión social
en los medios de comunicación.
Aquella masacre se sumó a la lista de crímenes en los que participó
Acosta Chaparro, acusado por organizaciones nacionales e internacionales
de derechos humanos de ser uno de los militares más sanginarios de los
últimos tiempos y quien asesinó a cientos de disidentes políticos
durante aquel periodo conocido como la guerra sucia. Este general
también fue acusado y encarcelado por tener vínculos con el
narcotráfico, aunque después un trbunal militar lo exoneró.
Pero no fue sino hasta cuatro años después de la masacre de Aguas
Blancas cuando Acosta Chaparro fue detenido y juzgado por un tribunal
militar. El general de la guerra sucia, no obstante, sólo pasó unos
cuantos años en prisión para luego ser exculpado y hasta reconocido por
el mismo panista Felipe Calderón. Una historia de ignominia de priistas y
panistas.
Ese mismo general asesino de luchadores sociales y políticos
disidentes, Mario Arturo Acosta Chaparro, fue baleado éste 20 de abril
en un taller mecánico de la colonia Anáhuac. Falleció minutos después en
las instalaciones de la Cruz Roja del Distrito Federal.
La información periodística dice al respecto que al filo de las 19
horas, el general Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite fue baleado
desde una motocicleta en movimiento, cuando circulaba en calles de la
colonia Anáhuac, del Distrito Federal. No era la primera vez que, en un
intento más por asesinarlo, una ráfaga de balas alcanzaban a Acosta
Chaparro. El anterior había sido en 2010, en donde sólo quedó mal
herido.
Acosta Chaparro fue uno de los militares de alto rango involucrados
con la llamada guerra sucia, en la década de 1970, cuando era el
principal responsable de gobiernos priistas en combatir a los grupos
guerrilleros de esa época, como el Partido de los Pobres, comandado por
el legendaro profesor normalista Lucio Cabañas Barrientos.
El 30 de agosto de 2000, Acosta Chaparro fue detenido junto con su
colega y cómplice el general Francisco Quiroz Hermosillo bajo
acusaciones de mantener vínculos con el narcotráfico, principalmente con
el cártel de Juárez que dirigía Amado Carrillo Fuentes, apodado El
Señor de los Cielos, por su afición a transportar drogas por vía área
para introducirla a territorio de Esytados Unidos. La organización
criminal es actualmente encabezada por Vicente Carrillo Fuentes.
A pesar de ser sentenciado a 15 años de cárcel en 2002 por un Consejo
de Guerra Militar y encerrado en el Campo Militar Número 1, el general
fue exonerado en 2007 por el Quinto Tribunal Colegiado.
Compañero de generación del actual secretario de la Defensa Nacional,
Guillermo Galván Galván, en el Colegio Militar, Acosta Chaparro ya
había sido herido de bala en mayo del 2010, también a bordo de su
vehículo, en el Distrito Federal.
El 24 de mayo de 2010, publiqué en Oficio de papel que el militar
retirado fue invitado por el gobierno federal para participar en un
grupo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de
Genaro García Luna. Acosta Chaparro se habría negado a esta invitación:
éste le “pidió a su amigo Galván Galván le permitiera mejor trabajar en
áreas de inteligencia de la Defensa. Desde ahí podría ‘limpiar al país’
de guerrilleros y narcotraficantes”.
Fundador de la Brigada Blanca, la cual estaba ligada a la Dirección
Federal de Seguridad, el general fue acusado -junto con su cómplice
Francisco Quiroz Hermosillo- por organizaciones de derechos humanos,
como la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas
de Violaciones a los Derechos Humanos en México y la organización
internacional Hijos por la Identidad y la Justicia Contra el Olvido y el
Silencio, de asesinar, desaparecer y torturar a guerrilleros,
disidentes políticos, luchadores sociales y activistas; además de
mujeres y niños.
Acosta Chaparro estaría involucrado en al menos la desaparición de
143 personas en la década de 1970, según un informe de derechos humanos
del Departamento de Estado de Estados Unidos. También, la organización
Human Rigths Watch informó que el general había sido entrenado en la
Escuela de las Américas en Estados Unidos, donde se especializó en
métodos de tortura.
Finalmente, el portal de internet Wikileaks lo relacionaba con el
supuesto delito de lavado de dinero: “El general controlaba, junto con
su esposa Silvia, varios millones de dólares de una cuenta del banco
suizo Julius Baer’s en Islas Caimán”.
Los operativos de Acosta Chaparro
Una investigación del reportero Zósimo Camacho publicada en
Contralínea con el título “El retorno de los brujos”, revela que en el
marco de la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, la administración
de Felipe Calderón Hinojosa habría reeditado estrategias empleadas por
los gobiernos priistas durante la guerra sucia e incluso habría echado
mano de personajes vinculados con los crímenes de lesa humanidad que se
cometieron a nombre del Estado mexicano y por órdenes presidenciales,
durante las décadas de 1960, 1970 y principios de 1980.
Tal sería el caso de Mario Arturo Acosta Chaparro, involucrado en la
desaparición de al menos 143 personas supuestamente vinculadas a grupos
subversivos de Guerrero, en la década de 1970 y principios de la de
1980. El gegneral habría sido parte de una estratagema diseñada desde la
Secretaría de Gobernación (Segob): la organización de comandos
clandestinos de elite militar similares a la Brigada Blanca (corporación
creada por el gobierno durante la guerra sucia para exterminar a las
guerrillas rural y urbana).
La supuesta “diferencia” es que ahora buscarían administrar y
posteriormente erradicar la violencia que impera en México, atribuida a
la delincuencia organizada: en lo que va del sexenio calderonista, se
han perpetrado más de 7 mil ejecuciones –en su mayoría de civiles–, aún
sin esclarecer. Además, entre diciembre de 2006 y mayo de 2008,
organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado al
menos 23 desapariciones forzadas de activistas sociales o con móvil
político, aunque la cifra de levantados con este perfil podría superar
los 300.
Al igual que los escuadrones de la muerte, los comandos militares
actuarían en la clandestinidad y tendrían autorización para cometer
ejecuciones extrajudiciales en contra de los “narcotraficantes”. Su
labor, por tanto, estaría al margen de la ley. Dichos comandos estarían
operando en zonas específicas desde 2007, aunque no como parte de los
operativos conjuntos acordados entre el gobierno federal y los gobiernos
estatales. Ello, pese a la denuncia hecha por defensores de los
derechos humanos, respecto a que la “guerra” contra el narcotráfico es
una simulación que tiene por objetivo acabar con el descontento social.
Uno de estos comandos llegó a operar en el sureste de México, bajo
las órdenes del general Acosta Chaparro, quien fuera parte de la Brigada
Blanca y que también fungió como director de los Servicios Especiales
de la extinta Policía Judicial de Guerrero durante el sexenio del
cacique gobernador Rubén Figueroa Figueroa.
Banco de México, incongruencia
Aunque el Banco de México es un organismo autónomo con una Junta de
Gobierno que presume de tomar decisiones estratégicas para mejorar la
política monetaria del país, la Auditoría Superior de la Federación
realizó una evaluación sobre los controles internos que se aplican en el
instituto central. El resultado fue un “dictamen limpio”. Sabemos, sin
embargo, que el mérito no sólo es resultado de los economistas del banco
central, sino de la labor que realiza la Dirección de Auditoría de esa
entidad que, a diferencia de otras áreas de vigilancia, no sólo se ocupa
del ejercicio de los recursos, sino del cumplimiento cualitativo de las
funciones del organismo autónomo que encabeza el gordo Agustín
Carstens, y que toma decisiones sumamente relevantes sobre la política
monetaria.
La ASF, a cargo de Juan Manuel Portal, comprobó, por ejemplo, que las
áreas encargadas de las operaciones de la política monetaria en Banxico
han diseñado un sistema de control interno que ofrece una seguridad
razonable para la ejecución de sus actividades. Los auditores de la ASF
confirmaron que en el periodo 2005-2010 el índice de inflación fluctuó
entre 3.6 por ciento y 5.3 por ciento, mostrando una tendencia a la baja
en los años 2009 y 2010, aunque por arriba del límite superior del
rango de variabilidad establecido de 4.0 por ciento.
El mayor nivel de inflación respecto de la meta objetivo de 3.0 por
ciento fue resultado de los aumentos de los precios de las materias
primas en el mercado internacional y de los precios internos de los
energéticos, así como por el incremento de las tarifas de los servicios
públicos, la entrada en vigor del IETU y el ajuste a la alza del IVA y
del IEPS en algunos bienes y servicios.
Así, en opinión de la ASF, la Junta de Gobierno de Banxico cumplió
razonablemente con su mandato constitucional de procurar la estabilidad
del poder adquisitivo de la moneda. Sin embargo, la ASF y sus auditores
tendrían que ocuparse de las incongruencias que es posible ubicar en la
conducción del Banco de México y en sus políticas internas.
Resulta, por ejemplo, que para este 2012 el gobernador del Instituto
Central, Agustín Carstens, tendrá un incremento de 6 por ciento en el
monto de sus percepciones, mientras que la inflación estimada por el
propio Banco de México es del 4 por ciento. Documentos del Banco de
México aseguran que el incremento ha sido aprobado por la Junta de
Gobierno del instituto, la cual es presidida por el mismo Carstens. Vaya
cinismo en un país de extrema pobreza.
