JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ
En días pasados se presentó el Informe 2010 El estado sobre los derechos en el mundo, que año tras año publica Amnistía Internacional (AI).
Con una estructura de activistas y una red de más de un millón de integrantes en la mayoría de los países, AI ha logrado importantes victorias para la defensa de miles de perseguidos, desplazados, desparecidos, procesados y defensores de derechos humanos, llevando como bandera principal la abolición total de la pena de muerte y la liberación de presos de conciencia.
En cada país, los integrantes de AI realizaron diversos actos de presentación del mencionado informe, con la característica fundamental de que este año la organización cumplió 50 años de su fundación.
La lucha por el respeto a los derechos humanos no ha sido fácil. Cada año, AI deja testimonio de las condiciones y problemas existentes en cada país sobre los eventuales logros en la materia, dejando constancia además, sobre todo, de innumerables retrocesos.
Frente a lo que se diga públicamente, la realidad es que los derechos humanos en México no se respetan. En el capítulo referente a México, de cinco páginas, se destaca lo siguiente:
Seguridad pública
“Según noticias aparecidas en los medios de comunicación, más de 6 mil 500 personas murieron en actos de violencia relacionados con la delincuencia organizada. Las fuerzas de seguridad también fueron con frecuencia blanco de ataques.
“El Congreso estadunidense autorizó el desembolso de 486 millones de dólares más como parte de la Iniciativa de Mérida, acuerdo sobre cooperación y seguridad regional de tres años de duración. La transferencia del 15 por ciento de los fondos previstos en la Iniciativa estaba condicionada al cumplimiento de determinadas condiciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, se siguieron facilitando fondos a México a pesar de incumplir dichas condiciones.
“Aumentaron los informes sobre violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros del Ejército, como ejecucionesextrajudiciales y homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros malos tratos.
“Algunas víctimas y familiares de víctimas que intentaron presentar denuncias contra el Ejército fueron objeto de amenazas. El sistema de justicia militar siguió investigando y juzgando las violaciones de derechos humanos relacionadas con miembros del Ejército. Las autoridades gubernamentales se negaron a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad de éstos.
“Se recibieron varios informes sobre violaciones de derechos humanos a manos de la Policía Federal y las policías estatales y municipales, como desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, torturas y otros malos tratos y detenciones arbitrarias. El gobierno no hizo realidad sus promesas de investigar todas las denuncias de tortura”.
Derechos de migrantes
“Se detuvo y deportó a más de 60 mil migrantes irregulares, en su gran mayoría ciudadanos centroamericanos que intentaban llegar a Estados Unidos. Las personas migrantes, en especial las mujeres, los niños y las niñas, corrían peligro de ser víctimas de abusos, como palizas, amenazas, secuestros, violaciones y asesinatos, principalmente a manos de bandas de delincuentes, pero también de algunos funcionarios públicos. Las medidas para prevenir y castigar los abusos eran inadecuadas y los migrantes no tenían prácticamente acceso a la justicia.
“Se estimaba que hasta 10 mil migrantes podían haber sido secuestrados durante los seis meses anteriores y que en muchos casos las mujeres habían sido objeto de agresiones sexuales. Las iniciativas oficiales para poner fin a estos abusos eran totalmente inadecuadas”.
Defensores y libertad de expresión
“En un informe publicado en octubre por la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se documentaban amenazas y agresiones contra defensores y defensoras de los derechos humanos a manos de particulares y agentes del Estado. Se subrayaba también la ausencia de acciones efectivas para investigar e impedir los ataques. Los defensores de los derechos humanos, sobre todo los que promovían el respeto por los derechos económicos, sociales y culturales, eran objeto de cargos penales falsos y procedimientos judiciales injustos.
“Los periodistas, sobre todo los que trabajaban en temas relacionados con la seguridad pública y la corrupción, siguieron sufriendo amenazas, agresiones y secuestros. Se recibieron informes según los cuales al menos 12 periodistas fueron asesinados durante 2009. El hecho de que las investigaciones sobre los homicidios, los secuestros y las amenazas rara vez desembocaran en el procesamiento de los responsables agravaba el clima de impunidad”.
Violencia contra mujeres y niñas
“La violencia contra las mujeres en la comunidad y el hogar seguía siendo un fenómeno generalizado en la mayoría de los estados. En los estados de Chihuahua y México se denunció el asesinato de decenas de mujeres tras ser secuestradas y violadas.
“La impunidad de los asesinatos y otros delitos perpetrados contra mujeres continuaba siendo la norma”.
Impunidad
“Continuaba muy arraigada la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Las medidas adoptadas para procesar a los responsables fueron escasas o nulas. Las investigaciones de centenares de casos de graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante la guerra sucia de las décadas de 1960, 1970 y 1980 continuaron paralizadas y siguieron sin aparecer algunos documentos de investigaciones anteriores.
“En marzo, un tribunal federal confirmó el archivo de la causa por genocidio seguida contra el ex presidente Luis Echeverría en relación con la matanza de estudiantes ocurrida en Tlatelolco en 1968.
“En diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a México responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, perpetrada por el Ejército en 1974 en el estado de Guerrero”.
Como se observa, aún no tenemos nada que festejar. Pronto veremos si la nueva reforma constitucional en derechos humanos es efectiva o se convierte en nueva letra muerta.
Fuente: La Jornada de Michoacán
