SOBERANIA POPULAR

jueves, 21 de abril de 2011

Conagua prohíbe el acceso a funcionaria a inspeccionar obras en la presa El Zapotillo

El Comité Salvemos Temacapulín exige que se respete el trabajo de las autoridades judiciales

REDACCIÓN

Resguardadas por la Policía Federal, y con instrucciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las empresas que continúan con la construcción de la presa El Zapotillo negaron el acceso a María Elena Gutiérrez Orozco, secretaria del Juzgado Primero de lo Civil de Primera Instancia del municipio de Tepatitlán, quien actuaba en cumplimiento del despacho del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado.

Según se explica en un comunicado recibido por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, la funcionaria tenía la intención de realizar una inspección judicial para comprobar si la presa estaba o no construyéndose, además de corroborar si había trabajadores y maquinarias en el sitio.

En el comunicado se advierte que la funcionaria Gutiérrez Orozco iba acompañada por los abogados que asesoran jurídicamente a los quejosos del juicio promovido desde el año pasado –con números de expediente 198/2010 y 199/2010– en contra de la construcción de la presa. “Después de esperar más de 40 minutos el acceso al sitio, que la Policía Federal resguardaba, llegó al sitio el licenciado Arnoldo Virgen Cárdenas, abogado de las empresas constructoras, quien informó tener instrucciones de la Conagua para no atender este tipo de asuntos, ya que ellos son las empresas constructoras, y que la demandada es la Conagua”, se explica en el comunicado.

Durante esos minutos, el licenciado Virgen Cárdenas comentó a la funcionaria que autoridades de la Conagua iban en camino; sin embargo, transcurridos poco más de 45 minutos, siendo las 12:30 del mediodía, Gutiérrez Orozco decidió retirarse y levantar un acta respectiva.

Por lo anterior, el Comité exige respeto a las autoridades judiciales en el ejercicio de sus atribuciones, y pide se permita el ingreso de los juzgadores, y que la Conagua respete los juicios de amparo, “pues han habido amparos que se han ganado como el 2245/2008 y su acumulado 2262/2008 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa”.

En el acceso por el lado de la comunidad de El Zapotillo, en la pluma, según se relata en el comunicado, en un inicio había una torre de vigilancia con elementos del servicio de Protección Federal de la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública, que en unos cuantos minutos llegó a haber 15 elementos policiacos fuertemente armados con armas largas y pistolas, prohibiendo a los abogados tomar fotos al lugar, mientras los policías se desplegaban en forma de operativo a lo largo de la entrada para impedir su ingreso.

Fuente: La Jornada de Jalisco

Exige COPUDEVER cancelar construcción de la presa Paso de la Reina

En conferencia de prensa, representantes del Copudever exigieron al gobierno del estado que reconozca los derechos de los pueblos indígenas consagrados en pactos y acuerdos internacionales, sobre todo a decidir el modelo de desarrollo que quieren, así como la aceptación o el rechazo de proyectos. Con el lema “Por la defensa del río verde, un sí a la vida” y “¡Ríos sin presas, Pueblos Vivos!”, los inconformes exigieron la cancelación del proyecto hidroeléctrico y demandaron que se reconozca que las presas contribuyen en gran medida al calentamiento del planeta. Lea el boletín de prensa.

Además, uno de los integrantes del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (Copudever) y habitante del municipio de Ixtlayutla, Guadalupe Ramírez, afirmó que el pasado 14 de marzo cuando realizaron una marcha en el municipio de Pinotepa Nacional para mostrar su rechazo a la construcción de dicha presa, “el gobierno del estado nos envío policías para retenernos en el camino”. Los policías estatales “formaron vallas a la altura del pueblo de Constancia del Rosario y nos dijeron que no iríamos a la marcha, y aunque logramos pasar eso lo vemos como una provocación”, manifestó Guadalupe Ramírez.

Ana María García Arreola, de Servicios para una Educación Alternativa, mencionó que llevan cuatro meses solicitando una audiencia con el gobernador Gabino Cué, “sin que hasta el momento tengamos una respuesta, y queremos recordarle que durante su campaña dijo que si los campesinos no querían esa presa no se construiría, ahora queremos que nos diga qué pasa, ya que la respuesta es... ¡No a la Presa!”.

Fuente: notas rebeldes

Asesinan al campesino ecologista Javier Torres Cruz en la Sierra de Petatlán, Guerrero

BOLETÍN DE PRENSA

• Asesinan al campesino ecologista Javier Torres Cruz en un paraje cercano a la comunidad de La Morena, en la Sierra de Petatlán, Guerrero.

• Javier Torres Cruz era un líder comunitario que había enfrentado al narco-cacique de la zona Rogaciano Alva Álvarez y a sus grupos de sicarios y era uno de los testigos clave en la investigación del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.

• En diciembre del 2008 fue retenido, secuestrado, torturado y desaparecido durante 10 días por miembros del Ejército Mexicano integrantes del 19 Batallón de Infantería, y desde esa fecha se encontraba bajo amenazas e intimidación constante por parte de efectivos militares.

El día de ayer lunes 18 de abril del 2011 a las 5:30 de la tarde, fue asesinado por un grupo de sujetos armados el campesino ecologista Javier Torres Cruz, de 30 años de edad, Torres Cruz fue asesinado cuando transitaba por un lugar conocido como “Puerto de la Mosca”, paraje cercano a la comunidad de La Morena donde habitaba Javier con su familia.

Según la información proporcionada por familiares de Javier y por algunos testigos de los hechos, un grupo de sujetos armados atacó arteramente a Javier quien se trasladaba en compañía de su hermano Felipe Torres quien resultó herido en este ataque; cuando transitaban por el mencionado paraje, “Puerto de la Mosca” es ubicado y ha sido señalado como el lugar de operación de un grupo de sicarios al servicio de Rogaciano Alva Álvarez que son conocidos como “Los Arreola” por pertenecer a la familia de ese nombre.

Este ataque en contra de Javier Torres se circunscribe dentro de una serie de otras agresiones, amenazas y actos de intimidación en su contra desde el año 2007 cuando decidió declarar ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para señalar a los responsables del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido asesinada en el año 2001, a raíz de esa declaración y de su férrea denuncia pública en contra de las atrocidades y violaciones cometidas por el narco-cacique Rogaciano Alva Álvarez, y de su labor como ecologista en la región, tanto fuerzas militares como civiles armados dirigieron una serie de ataques que concluyeron el día de ayer con su muerte.

Es importante destacar el periodo de 10 días que permaneció desaparecido Javier Torres Cruz del 1 al 10 de diciembre del 2008, durante el cual fue torturado y amenazado de muerte por militares pertenecientes al 19 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano quienes según le externaron a Torres “actuaban para la gente de Rogaciano”, desaparición y tortura que nunca fue investigada por las autoridades competentes.

Otros hechos que se relacionan con las amenazas en contra de Javier se ubican durante el año 2009 cuando por lo menos en 6 ocasiones distintas, elementos del Ejército ingresaron a la comunidad de La Morena agrediendo a familiares de Javier y amenazándolo de muerte, todas estas violaciones así como las incursiones fueron denunciadas puntualmente, sin que hasta la fecha la autoridad competente haya resuelto algún caso.

La agresión más reciente y quizá la más grave antes del asesinato de Javier, se ubica el 16 de febrero de 2010 cuando de nueva cuenta elementos del Ejército Mexicano irrumpieron en las cercanías de la comunidad de La Morena abriendo fuego en contra de hombres y mujeres que trabajaban en el campo en ese momento, resultando asesinado Adolfo Torres Rosas y herido Isaías Torres Rosas (ambos primos de Javier), deteniendo arbitraria e injustamente a Anselmo Torres Quiroz (abuelo de Javier) y Húber Vega Correa (amigo de la familia), estos últimos dos permanecen hasta el día de hoy injustamente presos en el penal de Acapulco por presuntos delitos contra la salud, que les fueron fabricados por los militares en su incursión.

Estos hechos se denunciaron y actualmente está abierta una investigación en el Ministerio Público Militar bajo la Av Prev 27ZM/16/2010 para deslindar responsabilidades y sancionar a los militares que dispararon por la espalda contra un grupo de hombres y mujeres campesinos desarmados.

En todos estos hechos existen dos constantes, el uso de la fuerza y de la violencia por civiles armados y militares en contra de Javier Torres Cruz y su familia, y la ominosa complicidad de las autoridades estatales y federales para investigar y sancionar a los responsables.

El asesinato del campesino ecologista Javier Torres Cruz, no puede quedar en la impunidad por todo lo que representa, por haber tenido la fuerza, el coraje y el respaldo comunitario para denunciar los abusos y atrocidades del narco-cacique Rogaciano Alva Álvarez y por haber enfrentado y denunciado los abusos militares que se comenten en la sierra de Petatlán desde hace muchos años.

El gobierno del estado de Guerrero tiene que actuar inmediatamente para recabar las pruebas y los testimonios necesarios para detener, desarmar y desmovilizar al grupo conocido como “Los Arreola” quienes actúan bajo las órdenes del grupo criminal del cacique preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este asesinato lo haremos del conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos Humanos de la ONU en México y de todas aquellas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos que seguirán exigiendo castigo a los responsables, alto a la impunidad y alto a los abusos militares en Guerrero y en todo México.

Fuente: Comité Cerezo

Denuncia la Cocopa detención de 12 cucapá por supuesta pesca ilegal

Roberto Garduño

La Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) denunció que elementos de la Armada de México detuvieron en la zona norte del Golfo de Cortés a 12 indígenas cucapá –entre ellos un menor de edad–, que se encontraban supuestamente realizando actividades de pesca en aguas prohibidas y fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR).

El pasado 13 de abril a las 18 horas una lancha de pescadores fue detenida por marinos, inspectores de Profepa y Conapesca con el argumento de utilizar el sitio de desembarco de Santa Clara en la región. De tal forma la presidenta de la cooperativa indígena, Mónica González, acompañada por Mónica Sandez y Elías Espinoza se trasladaron en lancha hacia el lugar de la detención de sus compañeros.

La respuesta de los inspectores fue que los indígenas estaban utilizando un lugar no autorizado para desembarco. La réplica correspondió a Mónica González, quien hizo referencia a la existencia de un documento oficial que autorizaba a los pescadores realizar labores en Santa Clara. La respuesta de las autoridades fue que desconocían tal acuerdo por lo que decidieron llevarse a los detenidos.

José Narro Céspedes, presidente de la Cocopa, refirió que los indígenas denunciaron haber sido objeto de golpes y culatazos de parte de las autoridades, remitiendo al Ministerio Público Federal de San Luis Río Colorado, en Sonora, a ocho personas, entre ellos un menor. Se les imputó daños a la nación por un choque de lanchas.

Los indígenas fueron remitidos ayer a las autoridades de la PGR para tomar su declaración en calidad de detenidos por daños a la nación. La exigencia de los afectados es la siguiente:

Ante esta situación de abuso de autoridad, de exceso y prepotencia de la fuerza pública, se demanda la intervención del gobierno federal para que sean liberados de manera inmediata los indígenas, se sancione de acuerdo con la ley a los funcionarios involucrados en este atropello; se resuelva con las autoridades correspondientes estas medidas de acoso e intimidación permanente del que son víctimas los cucapá, principalmente por los inspectores de Profepa y Conapesca, porque cada temporada de pesca sufren atropellos.

Fuente: Notas Rebeldes

Sin luz comunidad de Huauchinango

Arturo Alfaro- La comunidad de Totolapa, Huauchinango, lleva más de 15 horas sin energía eléctrica debido a una descarga en las subestaciones de El Salto y La Garita de la extinta empresa Luz y Fuerza del Centro, operadas por contratistas de la Comisión Federal de Electricidad, denunció Domingo Aguilar Vázquez, subsecretario general de la división Nuevo Necaxa del Sindicato Mexicano de Electricistas.

En rueda de prensa, el líder sindical fue acompañado por Fernando Amezcua, subsecretario del exterior del sindicato, quien anunció que la próxima semana realizarán un foro nacional y un plantón en el Congreso de la Unión para exigir la creación de una nueva empresa de electricidad que de servicio a la zona centro del país, que fue afectada por el cierre de Luz y Fuerza del Centro.

Fuente: La Jornada de Oriente

Luego de 20 días sin luz en Copanatoyac toman la CFE

Después de negociar, les ofrecen un transformador usado; las afectaciones, en tres colonias

SERGIO FERRER (Corresponsal)

Tlapa, 19 de abril. Más de un centenar de habitantes de la cabecera municipal de Copanatoyac tomaron temporalmente las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Tlapa, luego de permanecer 20 días sin energía por fallas con un transformador. Por otra parte, el comisario de Ixcateopan, municipio de Alpoyeca, denunció que persisten desde hace tres años problemas con el suministro de luz para la maquinaria que abastece de agua al pueblo.

Después de la fiesta del cuarto viernes de Cuaresma, que se celebró en Copanatoyac, un transformador se quemó. A decir de Ángel Orarte Paredes, jefe de distribución, las fallas se originaron por gente que se “cuelga” y sobrecalienta las líneas.

Dos Barrios, Centro y El Tamarindo están sin luz desde hace 20 días. En una reunión previa representantes de la CFE firmaron una minuta para arreglar el desperfecto, sin embargo, pasó el tiempo y no hubo solución, por lo que vecinos se reunieron y cerraron esta mañana por unas horas los accesos a las oficinas de la compañía.

Luego de que una comisión negociadora anunciara el acuerdo con la CFE, en el que se marcó el próximo lunes 25 de abril como fecha para reinstalación de la energía eléctrica con un nuevo transformador, tensión de las líneas y la ejecución de un análisis para verificar los problemas en el servicio, los pobladores se negaron y exigieron la reinstalación inmediata del equipo.

Ante la presión de la gente, los representantes de CFE alegaron que había personas que tienen adeudos, pero que pedirán un transformador usado a fin de instalarlo el miércoles de esta semana, “por ahora nosotros no podemos pagar un transformador nuevo, que cuesta 100 mil pesos, se pedirá a Chilpancingo uno usado”, aseguró un funcionario.

En La Montaña, aunque sin anunciarlo de manera formal, la CFE efectúa cambios en algunas de las jefaturas de la compañía.

Corte irregular de la CFE puede dejar sin agua a pueblo

Por otra parte, Leonardo Prudente Macías, comisario municipal de Ixcateopan, explicó que personal de la CFE corta clandestinamente la energía eléctrica de una bomba de agua que abastece al poblado; al acudir a las oficinas, le explicaron que se necesita hacer otro contrato, ya que el que hicieron primero es incorrecto, y la culpa de esto la tiene el contratista y los que elaboraron la obra.

Prudente Macías aseveró que los trabajos de la bomba fueron hechos por la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg), por lo que pidió a personal de la CFE esperar un mes para que él pueda preguntar en la institución antes de que corten la luz, ya que de lo contrario “detendremos a los trabajadores que vayan a quitar la luz, porque la estamos pagando, hemos hablado al 071 y a Chilpancingo, nos dicen que aquí nos darán solución; por qué quieren castigar así al pueblo”, criticó.

Fuente: La Jornada de Guerrero

“5 Días MÁS de Acción Mundial por los 5 de Bachajón" colecta de firmas

En el marco de la Campaña “5 Días MÁS de Acción Mundial por los 5 de Bachajón", que se realizará del 24 al 28 de abril, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y el Movimiento por Justicia del Barrio, La Otra Campaña Nueva York, hemos escrito la siguiente declaración con la idea de colectar firmas de apoyo. Les pedimos que por favor nos envíen las firmas de apoyo, incluyendo el nombre de su organización o colectivo y país, más tardar el 28 de abril de 2011 a esta dirección: movimientoporjusticiadelbarrio@yahoo.com

Después de esa fecha les enviaremos la declaración con todas las firmas para que junt@s las hagamos circular ampliamente exigiendo la liberación de los 5 presos políticos de Bachajón.

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Declaración mundial en apoyo a los indígenas tseltales de San Sebastián Bachajón Adherentes a La Otra Campaña

En Chiapas la inversión en ecoturísmo e infraestructura, en la lógica de “desarrollo” gubernamental a través del proyecto Centro Integralmente Planificado Palenque (CIPP) que a su vez es parte del proyecto más ambicioso denominado Mesoamérica (anteriormente conocido como Plan Puebla Panamá), está siendo una disputa crucial contra la construcción de alternativas de vida desde los Pueblos originarios en Chiapas que pugnan desde hace ya varios años por el reconocimiento de su autonomía como pueblos en el marco de la libre determinación, y que en la practica están ejerciendo su proceso autonómico. Ellos son quienes históricamente conservan sus recursos naturales y su territorio, desde un equilibrio de relación racional y humana. En esa lucha de supervivencia se encuentra la resistencia civil de las y los ejidatarios de San Sebastián Bachajón (SSB) adherentes a La Otra Campaña (LOC) en la zona de Agua Azul.

Los Pueblos que resisten en defensa de sus derechos afrontan, por parte de los gobiernos neoliberales, múltiples acciones que pretenden destruir la organización y el trabajo en la construcción de otros mundos posibles. Hoy en día, el gobierno de Chiapas tiene detenidos arbitrariamente y en constante hostigamiento y amenazas a 5 ejidatarios de SSB de LOC, todos inocentes de los delitos que se les acusan, ellos son victimas del sistema de justicia mexicano el cual está corrompido y obedece a la voz de los intereses de inversión nacional e internacional. Este sistema sirve para reprimir y destruir a los Pueblos, organizaciones o personas que no coinciden con los intereses del gobierno neoliberal, los cuales están causando estragos y muerte de quienes apuestan a una vida en donde los derechos humanos se desarrollen y se vivan a plenitud.

La represión más actual que han afrontado los ejidatarios sucedió el pasado 9 de abril de 2011 donde cerca de 800 efectivos de la Policía Estatal Preventiva, Policía Federal y Militares desalojaron a ejidatarios de SSB de LOC que horas antes habían tomado el control de la caseta de cobro, misma que les habían arrebatado el 2 de febrero bajo un plan confabulado por el gobierno de Chiapas, junto con los ejidatarios “oficialistas”. La región de Agua Azul se ha convertido en el ejemplo claro, donde los gobiernos estatal y federal, ejercen toda la fuerza del Estado para el histórico despojo del territorio de los Pueblos indígenas.

Por las innumerables violaciones a derechos humanos cometidas en contra de los ejidatarios de SSB de LOC, los colectivos, comités, movimientos, organizaciones sociales y sociedad civil nos pronunciamos:

1. Por el respeto al derecho a la libre determinación y al ejercicio de su autonomía del Pueblo tseltal de San Sebastián Bachajón adherentes a La Otra Campaña, los cuales se encuentran estipulados en el Convenio (No.169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los Acuerdos de San Andrés Documento 1, 3. 1. Documento 2, II, IV (2. 3.); Documento 3.1 (c, d); Documento 1, Principio de la nueva relación 5.

2. Por el respeto al derecho a uso y disfrute de sus recursos naturales que como Pueblos originarios han cuidado en el transcurso de siglos. Los cuales están referidos en el Convenio (No.169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes art. 13.2; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Acuerdos de San Andrés, 1.4 B. 2.; Documento 1, Principio de la nueva relación 2.

3. Por la libertad inmediata de: Jerónimo Guzmán Méndez, ejidatario de LOC; Domingo Pérez Álvaro, integrante de la Comisión de promoción de LOC; Juan Aguilar Guzmán, principal cajero de LOC; Domingo García Gómez, integrante del Comité de Defensa de Derechos Humanos; Mariano Demeza Silvano, menor de edad de LOC.

4. Por el retiro inmediato de las corporaciones policiacas y militares que mantienen sitiada la zona del Ejido de San Sebastian Bachajón, concretamente las entradas al balneario de Agua Azul mismo que hoy es administrado por los gobiernos estatal y federal.

Fuente: FRAYBA

Boletín de Democracy Now! en Español

20/4/2011

Los Titulares de Hoy

baje el audio (disponible alrededor de las 17:00 ET)

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miércoles, 20 de abril de 2011

AMLO en Neza la bola 16 abril 2011

Cobertura AMLOTV

www.amlotv.com.mx

Ya basta de tanta privatización

Arturo Huerta González

En su reporte semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señala que “un nacionalismo mal entendido ha impedido la participación del capital privado en infraestructura que permita el desarrollo del país”. Expresa que “para lograr crecer a tasas por arriba de 5 por ciento anual son necesarios niveles de inversión superiores a 25 por ciento del PIB de manera sostenida, pero en los últimos 30 años en México no ha logrado esa situación”. Cabe decirles que cuando la inversión era de 25 por ciento del PIB era cuando el gobierno federal comandaba la rectoría de la actividad económica. En cambio, el proceso de privatización creciente y menor participación del estado en la actividad económica que empezó hace 30 años ha llevado a reducir la participación de la inversión en el PIB (18.8 por ciento promedio anual), y ha configurado menor dinámica económica (de 2.4 por ciento promedio anual). Ello evidencia que la mayor participación del sector privado en la economía no se ha traducido en mayor inversión productiva ni en mayor dinámica económica, ni mucho menos en mayor bienestar de la población. La participación creciente del sector privado en la economía, que las políticas neoliberales han impulsado, se ha dado en el control de los sectores estratégicos de alta rentabilidad (telecomunicaciones, banca, sector energético, minero, en infraestructura), donde ellos han pasado a invertir y el gobierno ha dejado de hacerlo. Sólo ha sido cambio patrimonial y apropiación de la riqueza nacional por parte de la cúpula empresarial, sin que ello se haya traducido en mayor inversión y capacidad productiva que haya potenciado la dinámica económica y la generación de empleo.

Ya tenemos 30 años de procesos crecientes de privatización y extranjerización de la economía, y ésta está ahora más subdesarrollada de lo que estaba a inicios de los años ochenta. Tenemos menos empresas públicas, menos industria, menos agricultura, menos empleo productivo, mayor desempleo y subempleo, mayor número de pobres y mayor delincuencia y violencia, evidenciando que la privatización creciente no ha sido benéfica para el país, sólo para aquellos que se han apropiado de las telecomunicaciones, de las televisoras, de la banca, del sector financiero, de la minería; los que están invirtiendo en Pemex, en la industria eléctrica, en infraestructura, así como en el sector educación y de salud, como resultado de la reducción de la participación del estado en la economía.

El CEESP señala que “para lograr un incremento importante en la inversión pública se requiere una considerable cantidad de recursos que el sector público no tiene, por lo que es indispensable plantear alternativas. De ahí que hablan a favor de la Ley de Asociación Pública Privada en la prestación de servicios públicos, ya que ello representa una modalidad de financiamiento para acelerar el desarrollo del país. Afirman que la participación del sector privado en proyectos públicos permitiría a las autoridades liberar una cantidad importante de recursos para fortalecer sus programas sociales. Cabe afirmar que un gobierno soberano que tenga el control de su moneda y no se comprometa a su convertibilidad a una paridad nominal fija no tiene límites financieros. Puede comprar todo aquello que se venda en su moneda. No requiere asociación alguna con el sector privado para invertir en la prestación de servicios públicos, sea en la industria petrolera, eléctrica, en infraestructura, en agua, en educación, en salud, y demás servicios públicos. Todo ello es altamente productivo, y la inversión en éstos no genera presiones inflacionarias. Si el gobierno ha dejado de invertir en tales sectores ha sido por decisión política, para impulsar la participación del sector privado en la economía y que éste lucre e incremente su tamaño a costa de reducir la participación y el tamaño del gobierno en la economía, con la consecuencia de la desatención de las demandas de la mayoría de la población. De ahí las altas tasas de desempleo y la mayor miseria que aqueja al país, en un contexto donde el poder económico y político de los grandes monopolios se ve incrementado, usufructuando la riqueza nacional y dominando las decisiones del Ejecutivo y Legislativo a su favor, y no de las grandes mayorías, evidencia de que no hay un régimen democrático en el país, sino a favor de los dueños del dinero.

No se pueden seguir instrumentando políticas y reformas estructurales que no han resultado cierto. Que no alcanzan los objetivos de eficiencia y crecimiento, que supuestamente buscan. Las políticas económicas no son neutras, responden a intereses de clase, y las que han venido predominando actúan a favor de los grandes grupos de poder económico, nacional e internacional. De no frenar el poder de los monopolios, y del capital financiero, no hay viabilidad de elaborar políticas económicas a favor de las demandas de empleo y bienestar de las grandes mayorías.

El papel fundamental del estado es maximizar el empleo y el bienestar de su población, y ello demanda un tamaño significativo de gobierno para cumplir dicho objetivo, así como subordinar al sector privado a tal objetivo, y desgraciadamente ello no está en el debate nacional. El sector privado se pronuncia y utiliza todos los medios de comunicación para generar conciencia por mayores reformas estructurales que conducen a la mayor privatización de la economía y a la menor participación y tamaño del gobierno en ésta, lo que hace que cada vez sea más difícil, atender las demandas nacionales. Hay que decir un “ya basta” a las políticas de privatización y extranjerización de la economía a favor de los ricos, y que no responden a las demandas de empleo bien remunerado y de bienestar que demandan las grandes mayorías.

Fuente: La Jornada de Oriente

17% de los municipios que maltratan más a migrantes, en Veracruz: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer los 71 municipios del país con tramos carreteros por los que los migrantes corren el riesgo de ser víctimas de la delincuencia organizada, entre los que se encuentran 12 municipios del sur y centro de la entidad veracruzana, donde los centroamericanos padecen secuestros y violación a sus derechos.

De acuerdo con el documento complementario del Informe Especial del Secuestro a Migrantes en México, los puntos de riesgo se localizan en Baja California, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

De estas zonas, son 71 municipios con tramos carreteros y ferroviarios “en donde en algunas se han documentado secuestros, maltratos, extorsiones, robos y ataques sexuales a migrantes, la mayoría de estos lugares se relaciona directamente con la ruta del tren”.

Entre estos municipios hay 12 de la entidad veracruzana: Las Choapas, Agua Dulce, Carranza, Sayula de Alemán, Acayucan, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Tierra Blanca, Córdoba, Orizaba, Río Blanco y Camarón de Tejeda.

El organismo defensor de los derechos humanos señaló que la ubicación de los puntos de riesgo para los migrantes se realizó a partir de testimonios de migrantes, diagnósticos y datos proporcionados por autoridades a la CNDH, contenidos en el Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México.

“Por lo que la CNDH hace un llamado a las autoridades mexicanas para que garanticen de manera eficaz el derecho a la seguridad pública en puntos de reunión y tránsito de migrantes mexicanos y extranjeros, a fin de evitar hechos como los ocurridos en San Fernando, Tamaulipas”.

Asimismo, pide a las autoridades a elaborar un mapa que señale las áreas y rutas que representan un peligro para niños, mujeres y hombres que buscan mejorar su condición de vida.

Fuente: La Jornada de Veracruz

San Luis Potosí, un riesgo para los migrantes, informa la CNDH

San Luis Potosí figura en el documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) donde enlistó los 71 municipios con tramos carreteros y ferroviarios en donde se han documentado secuestros, maltratos, extorsiones, robos y ataques sexuales contra migrantes.

La CNDH precisó que los puntos principales de mayor riesgo para que los migrantes sean víctima de la delincuencia se ubican en Baja California, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, por lo que pide a las autoridades realizar un mapa donde se señalen las rutas más inseguras para quienes buscan transitar de México hacia Estados Unidos.

En el documento Informe Especial sobre Casos de Secuestro de Migrantes en México, la CNDH refiere que la mayoría de estos lugares se relaciona directamente con la ruta del tren que utilizan los indocumentados en su tránsito por México hacia Estados Unidos.

La ubicación de los puntos de conflicto se realizó a partir de testimonios de migrantes, diagnósticos y datos proporcionados por autoridades a la CNDH, por lo que hace un llamado a las autoridades mexicanas para garantizar de manera eficaz el derecho a la seguridad pública en puntos de reunión y tránsito de migrantes mexicanos y extranjeros, a fin de evitar hechos como los ocurridos en San Fernando, Tamaulipas.

Exhorta a las autoridades a elaborar un mapa que señale las áreas y rutas que representan un peligro para niños, mujeres y hombres que buscan mejorar su condición de vida.

Fuente: La Jornada de San Luis

Benita Galeana

Este 17 de abril se cumplieron 16 años de la muerte de Benita Galeana, guerrerense de San Jerónimo de Juárez que trascendió a su municipio, a su estado, a su país, y a la historia. Aunque fue precursora de los derechos de las mujeres su dimensión es mucho más elevada, ella lucho por los derechos de los trabajadores, contra el alza de los precios y por mejores salarios, por los derechos y las libertades políticas, por la soberanía nacional, conoció el socialismo real y soñó con verlo en México.

El Galeana no se sabe de dónde le viene, el pópulo dice que en uno de los festejos que le hacen en su natal San Jerónimo, alguna funcionaria dijo que venía siendo tatarararanieta de Hermenegildo Galeana, pero un costeño de esos malosos le dijo: eh, ora, si Tata Gildo ni hijos tuvo. La verdad es que la historia registra que Hermenegildo Galeana enviudó a los seis meses de casado y jamás volvió a casarse, sin que se le supiera tampoco algún desliz que le diera descendientes.

Ella quizá fue descendiente de Hermenegildo Galeana, pero no directa, por el lado de sus hermanos que si tuvieron hijos, pero también es cierto que a ella lo que menos le importó fue si su apellido tenía lustre o no, en su personal caso se encargaba de dárselo o quitárselo como sirvienta, pareja de un mezcalero, de un militar de rango, analfabeta o escritora, dama de algún cabaret, militante o amante de algún personaje de la elite empresarial, activista callejera o conocida de Stalin o Fidel Castro.

Sus biógrafos repiten casi lo mismo que ahora digo. Huérfana de madre, con un padre alcohólico, explotada por una hermana, se obsesionó con tener zapatos, salir de su pueblo, e ir a la ciudad de México. Lo intentó una vez y la descubrieron, tuvo a su hija única, se le enfermó y un militar le pagó las curaciones a cambio de vivir con él pero no duraron, se fue a México dejando a la hija al cuidado de la abuela materna, cuando regresó por ella le cobraba una fuerte suma por los cuidados.

Dispuesta siempre a todo se fue con la hija perseguida por la policía, llegando nuevamente a la ciudad de México, donde ya conocía a Manuel Rodríguez, casi tanto como a El Viejo Jalisco, el cabaret donde juntó el dinero para volver por su hija, y donde aprendió que igual que en su pueblo la virginidad valía mucho, apareciendo por ello como una mujer siempre virgen, fantasía que sus clientes pagaban muy bien. Benita dejó el cabaret y se apartó a vivir con Manuel Rodríguez.

El le enseñó los primeros pasos de la militancia política, y en 1927 se afilia al Partido Comunista Mexicano, en plena efervescencia por la defensa de Sacco y Vanzetti, y en plena solidaridad con Cesar Augusto Sandino que combatía a los marines que habían invadido Nicaragua. Benita encuentra en el PCM su espacio natural, y adquiere brillo propio convirtiéndose en luchadora incansable, activista sin reposo, sin importarle caer en prisión hasta en cincuenta y ocho ocasiones.

La teoría no era su fuerte, pero su falta de formación teórica la sustituía con una audacia sin límites, pues para demandar la libertad de compañeros presos lo mismo se enfrentaba con granaderos cuerpo a cuerpo, o como narra en Actos Vividos: “Que me aviento al carro, me le pego y lo paro. Me agarré de la ventanilla así, de la de atrás. El chofer me golpeó, pero no me aflojó. Entonces me pesqué a Alemán de la corbata. Se le sumió la manzanita porque me lo pesqué, pero bien pescado”.

Ella luchó por la liberación de las mujeres, pero no con el enfoque de hoy día, mucho menos fue feminista, cosa que el PCM y ella veían como táctica burguesa para distraer a las mujeres de la tarea fundamental, que era la liberación de la opresión y explotación no como género, sino como clase social. Ella veía al género de otro modo, tal vez por eso con Mario Gil, su marido más longevo, a la muerte de su hija Lilia adoptaron cinco niñas indígenas, aunque el cuidado familiar no era su fuerte.

No se porqué se muere una vez y se nace varias, ahora que intento las efemérides de Guerrero en lucha me encuentro que todos sabemos que Lucio Cabañas murió en combate un 2 de diciembre de 1974, pero nació varias veces, lo mismo que sucede con Benita Galeana, de quien sus biógrafos dicen que nació en 1904 ó 1907, en septiembre o diciembre, pero todos coinciden en que murió un 17 de abril de 1995, dejando un legado no valorado en modo alguno por la clase política de hoy día.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Palabras de Baldemar Trujillo a un año del asesinato de su hija Tatiana

• Amparo a un crimen de Homicidio Calificado -

por Baldemar Trujillo, papá de Tati.

Nosotros no estamos conformes con la pérdida irreparable de nuestra hija Tatiana.

Mientras el agresor esté en la cárcel pagando su crimen pero con la seguridad de que muy pronto lo van a liberar puesto que no está sentenciado.

Que el juez esté conciente que fue un homicidio calificado y falle por su libertad.

El ministerio público que levantó el cuerpo para hacerle las pruebas periciales: autopsia, de walker, de balístico. Todo correcto pero que la defenza quiere hechar por tierra ante una instancia federal que trata de ignorar o ignora los hechos de este homicidio.

Los testigos con sus primeras declaraciones QUE SON LAS VERDADERAS a pesar de las RETRACCIONES para favorecer al criminal. Retractaciones que hasta hoy quedaron IMPUNES, inciertas en el ámbito de sanciones por parte del ministerio público.

Pero no estamos conformes con el amparo que le concedieron. Esa instancia que le concedió consideramos que carece de los documentos testimoniales de este crimen de carácter culposo que NO acredita amparo alguno.

Los abogados de la defensa informaron de la situación de su cliente más no de los detalles del crimen que cometió: maltrato físico, psicológico para culminar con la muerte de su esposa, logrando así sorprender a esa instancia (federal por cierto) para que sin previa revisión, con acto irresponsable se le concediese el amparo a un criminal, con todos los agravantes en su contra.

El país está pasando por una crisis que abarca todos los ámbitos del país e instancias creadas por la sociedad que ahora son violadas constantemente por una mafia incrustada que no respeta leyes y lleva al país en un despeñadero.

Si a un criminal se le otorga oportunidades para que pronto lo liberen, quiere decir, que hay CRISIS DE JUSTICIA.

El slogan cotidiano de combate al CRIMEN cualquiera que sea su rostro es un engaño al pueblo, una demagogia. La realidad es de que se está favoreciendo al CRIMEN en todos sus matices para beneficiar a ciertos sectores dominantes de la sociedad: Políticos corruptos, funcionarios o dinosaurios del pasado.

Esperamos que la autoridad sea imparcial, quien la deba que la pague ratifique y reconsidere su actuación a favor de los criminales de hueso gordo y se aplique la ley correctamente.

Y así tal vez, Confiemos.

Gracias por su atención

Fuente: FRAYBA

A un año del feminicidio de Tatiana Rodríguez Trujillo, la justicia aun más lejos

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Boletín de Democracy Now! en Español

19/4/2011

Los Titulares de Hoy

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