CLAUDIA GÓMEZ GODOY
Las comunidades afectadas por la presa El Zapotillo están enojadas y ofendidas, ya no saben a qué otro camino recurrir, ya no saben cómo hacer entender a las autoridades estatales y federales responsables del agua todos los argumentos que han encontrado para oponerse a la construcción de este megaproyecto que traerá como consecuencia la inundación de sus pueblos y la pérdida irreparable de un patrimonio cultural, social y ambiental que es de todos los mexicanos.
Durante los cinco años de lucha, han encontrado todos los argumentos que les dan la razón, no sólo se oponen porque consideran que es una injusticia y un ataque a su dignidad como pueblos, sino que también se han esgrimido argumentos en contra en varios terrenos y desde diferentes enfoques, todos los cuales concluyen que la presa no tiene ninguna razón de ser.
Socialmente, las presas desplazan población y desarraigan a los pueblos creando desempleo y migración, no existe ningún proyecto de reasentamiento que haya sido exitoso, por el contrario, hay pueblos que años después siguen peleando por indemnizaciones y viven en riesgo y en tierras que no les permiten sobrevivir.
Ambientalmente, las presas han demostrado tener efectos adversos a los ecosistemas, afectan la vida de los ríos, la humedad de las tierras río abajo y arriba, son responsables de la pérdida de biodiversidad y de los humedales, además que contribuyen de manera significativa al calentamiento global por la emisión de gases de efecto invernadero.
Desde la perspectiva del patrimonio cultural e histórico, Temacapulín, Acasico y Palmarejo cuentan con paisajes, sitios y monumentos que deberían estar sujetos a conservación, el Templo de Flamacordis en Acasico, la Basílica de los Remedios, el Cristo de la Peñita, el kiosco y la plaza de Temacapulín, además de que estos pueblos han sido lugares de importancia histórica en la región de Los Altos y para el país desde tiempos inmemoriales.
Jurídicamente a través de diversos juicios que los pobladores han interpuesto en tribunales estatales y juzgados federales se ha logrado sacar a la luz pública una plaga de irregularidades que los responsables del proyecto han cometido durante el desarrollo del proyecto, la falta de Manifestación de Impacto Ambiental para la cortina de 105 metros, la presión al ayuntamiento para que apruebe el cambio de uso de suelo, la violación al derecho a la información al ocultar que es pública y de interés general, la invasión a las competencias municipales, irregularidades en el proceso de licitación, la falta de consulta a las comunidades afectadas, el hostigamiento, las amenazas y un largo etcétera.
Estas violaciones a los derechos humanos y a la legalidad ha sido recogida por tres resoluciones que estos días cobran una trascendental relevancia, por un lado está la recomendación 35/2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ninguna autoridad estatal o federal se molestó en cumplir, sólo el Congreso del Estado intentó realizar la sesión en Temacapulín, pero ha sido bloqueado por el ayuntamiento de Cañadas y por la Comisión Estatal del Agua, los demás se desentendieron del asunto; por otro lado, las comunidades han obtenido dos resoluciones judiciales que les favorecen y que obligan a parar, tanto la reubicación, en una suspensión otorgada por el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco que jamás se acató, aún con el plantón que los pobladores mantuvieron por casi un mes y, recientemente el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, en una amplia sentencia obliga a que las autoridades estatales y federales paren la construcción de la cortina de la presa mientras no tengan salvaguardados todos los derechos que han sido o se verían afectados por el megaproyecto: medio ambiente, vivienda, información , propiedad, etcétera.
Finalmente un argumento que es de interés para los jaliscienses es que la presa significa la pérdida de soberanía estatal al entregar recursos hídricos de buena calidad contenidos por el río Verde, para recibir agua más contaminada y de menor calidad en el río Santiago, en convenios que fueron firmados por ambos estados en 2005 y que son injustos, leoninos y tramposos.
Habiendo tantos argumentos en contra, tantas pruebas que día a día los pueblos han ido recopilando, tantas voces académicas, científicas y culturales que se oponen a la construcción de la presa, entonces ¿Por qué la necedad?, ¿por qué a pesar de todo, las obras siguen?, ¿a quién le urge y quién necesita de la presa El Zapotillo?
La Conagua y la CEA dicen que son dos millones de habitantes de León, Guadalajara y Los Altos de Jalisco los que se beneficiarán, sin embargo un grupo creciente de ciudadanos de León se oponen y gritan: “si para León es la presa, ser de León me da vergüenza”; los ciudadanos de Guadalajara la única agua que recibirán será más contaminada por el río turbio que agravará la crisis que hoy tenemos en el río Santiago y los pobladores de Los Altos sólo son engañados con promesas de agua, pues no existe ningún proyecto de distribución en los pueblos de la zona.
En días pasados Felipe Calderón hizo dos importantes declaraciones en relación con el proyecto, por un lado se comprometió frente a los industriales de León a entregar la presa El Zapotillo antes de que termine su sexenio y por otro lado dijo que “México pasó de ser un país con abundantes recursos hídricos a ser un país que se encuentra, como se dice, en estrés hídrico”. Lo único que no se les ocurre preguntar es por qué vivimos esta situación, no será que han sido las pésimas políticas públicas en materia de agua la que nos han llevado a la situación en las que nos encontramos. El pensar el agua como una mercancía al servicio de los intereses económicos y no de los intereses populares es lo que nos ha llevado a esta situación que es por demás insostenible.
Veamos un caso que quizás nos puede llevar a entender mejor a quién le urge el proyecto de la presa El Zapotillo y a entender qué intereses están detrás de tanta necedad y autoritarismo.
Existió un poblado otomí que al ser conquistado por los purépechas recibió el nombre de Tzinacua, que en castellano significa “Lugar de humaredas” porque en el lugar de sus aguas termales se desprendían columnas de vapor. Después, el nombre del lugar fue cambiando, llamándose sucesivamente Sinaua, que significa “Sin agua”; luego Silagua, para quedar con el nombre que lo conocemos hoy que es Silao. Hoy es una pequeña ciudad que forma parte del área metropolitana de León, Guanajuato, así como lo es Zapopan para Guadalajara.
Quiero lanzar la hipótesis de que quizás la tan mentada necesidad y urgencia de agua de los ciudadanos de León en realidad es una urgencia del pequeño grupo de familias industriales que desde hace unos años manejan la región y que en los sexenios panistas han sido premiados con un regalito que les representa enormes ganancias con consecuencias ambientales tremendas, se trata del megaproyecto denominado Puerto Interior.
El Puerto Interior, ubicado en la ciudad de Silao, pretende ser el puerto “seco” (sic) más grande de toda América Latina y el tercero a nivel mundial, está planeado para traer mercancía del extranjero o poner mercancías nacionales dentro de una zona, como este recinto, para que los industriales puedan distribuir, vender, comercializar, elaborar, reparar, transformar, como si fuera una especie de zona de libre comercio. El llamado Plan Maestro de Guanajuato Puerto Interior incluye: Aduana interior (31 hectáreas), Recinto fiscalizado estratégico (144 hectáreas), Parque industrial nacional (196 hectáreas), Terminal intermodal (ferroviaria al autotransporte) operada por Ferromex (44 hectáreas), Terminal internacional de carga aérea (34 hectáreas), zona de servicios comerciales y logísticos (76 hectáreas), zona de reserva territorial (502 hectáreas más).
Hoy se encuentran instaladas empresas como: Faurecia, Guala Dispensing, Mailhot, Samot, Prudential, L&W, Softer, Semmaterials, Hino, Flexy, Emyco, Acero Sueco Palme, Intermex, Teco Westin House y Lub & Rec. que pertenecen a los sectores automotriz, plásticos, tecnologías de la información, metalmecánico, calzado y logística. El origen de la inversión es de México, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Japón, Corea, Italia y Francia, donde un 30 por ciento proviene del capital mexicano y el 70 restante del extranjero. A estas empresas, el Puerto Interior les ofrece una capacidad de agua de 2.018 millones de metros cúbicos (64 litros por segundo).
Y como si estas industrias instaladas en el Puerto Interior no fueran suficientemente devastadoras de agua, a finales del 2010, el fabricante alemán de automóviles Volkswagen anunció que invertirá unos 550 millones de dólares en la construcción de una planta que tendrá capacidad para producir 330 mil motores al año, misma que estará ubicada por supuesto en el Parque Industrial Puerto Interior de la ciudad de Silao, que le ofrece 60 hectáreas de terreno urbanizado, con acceso a importantes vías de comunicación. El anuncio de esta nueva inversión se realizó en la residencia oficial de Los Pinos en una ceremonia encabezada por el presidente Felipe Calderón, con la presencia de Otto Lindner, presidente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen de México y Juan Manuel Oliva Ramírez, gobernador de Guanajuato.
Sin embargo, a todos estos sabios gobernantes empresarios, se les olvidó un pequeño detalle que está en la base de todos los problemas. En la ciudad de Silao, como su nombre lo indica, no hay agua. Para producir un solo automóvil se requieren en promedio 400 mil litros de agua, es decir 132 mil millones de litros de agua por año. No se necesita ser muy listo para restar y ver que existe una incongruencia entre lo que tienen, lo que ofrecen y lo que realmente necesitan para poder seguir con sus proyectos capitalistas de devastación, es a ellos a quienes les urge agua, de donde sea, como sea y al costo que sea, no les importa destruir un pueblo, no les importa el medio ambiente, no les importa el patrimonio cultural, no les importa violar derechos humanos, no les importa romper la legalidad. Su ambición, su sed capitalista, es mayor.
Quizás el estrés y la esquizofrenia de nuestros gobernantes podría disminuir si dejaran de pensar en su Disneylandia de los empresarios, que ese megaproyecto llamado Puerto seco, que también es inviable ambientalmente, y se pusiera en el centro de la discusión una política de aguas incluyente, democrática y popular que busque el desarrollo de los pueblos, no su inundación. Cuando los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo hablan de la Revolución del agua, están diciendo eso: el agua es del pueblo.
Fuente: La Jornada de Jalisco
