Oficio de Papel

Alarmante robo de combustibles

Llega a 50 mil millones de pesos

Expediente involucra a militares

Las 28 personas muertas, ocho de ellas de una misma familia, y otro tanto de heridas por la explosión causada en la zona de Puebla, debido a la fuga o robo de combustible ocurrida hace unos días en ductos de Petróleos Mexicanos, ha vuelto la atención a un viejo problema de robo de combustibles que se ha agudizado en los últimos dos sexenios panistas.

La presión es tal, que la misma empresa petrolera que dirige Juan José Suárez Coppel ha reanudado los comunicados de prensa para informar sobre los contantes robos de hidrocarburos y su incapacidad de para frenarlos o, por lo menos, reducirlos.

Por ejemplo, la semana pasada Pemex informó que elementos de seguridad de la empresa descubrieron cuatro tomas clandestinas en poliductos petroleros en los estados de Sinaloa, Veracruz y Guanajuato.

“En el ducto de 10 pulgadas Topolobampo-Guamuchil-Culiacán, se logró localizar dos tomas ilícitas de gasolina: la primera en el kilómetro 128 en el ejido Guamuchil Tultita, en el municipio de Salvador Alvarado, y la segunda a la altura del kilómetros 176, en las inmediaciones del poblado Pericos, municipio de Mocorito”.

Otra toma clandestina encontró en el poliducto de 12 pulgadas Minatitlán–México, a la altura del kilómetro 316, en el ejido Jalapilla, municipio de Rafael Delgado, Veracruz. De igual modo, descubrió otra toma ilegal en el kilómetro 173 del poliducto de 12 pulgadas Tula-Salamanca, en las cercanías de las comunidades de San Cristóbal y El Nacimiento, en Apaseo el Grande, Guanajuato. En este caso, se aseguró un auto tanque cargado con diesel.

En esta columna ya habíamos escrito cómo a finales del gobierno de Vicente Fox el problema del robo de combustibles a gran escala se había agudizado en Petróleos Mexicanos y en todos los casos la comisión del delito apuntaba a altos funcionarios de esa empresa petrolera coludidos con bandas delincuenciales.

Es tal el problema que en las investigaciones participan los órganos de seguridad nacional del Estado, como son el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la misma Secretaría de la Defensa Nacional, en algo que se conoce popularmente como Inteligencia Militar.

Sin embargo, aún con la intervención de los tres principales centros de investigación nacional, desde el gobierno de Vicente Fox nada frenó la sustracción ilegal de gasolinas, por lo cual desde la Presidencia de la República se ordenó crear una unidad de inteligencia al interior de la paraestatal y responsabilizó para ello a la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, a cuyo encargo estaba en ese entonces Octavio Aguilar Valenzuela, hermano de aquel polémico vocero presidencial, Rubén Aguilar, lo que permitía a Fox mantenerse informado directamente, pues el presidente desconfiaba de los órganos de inteligencia del Ejército y de Gobernación, tal y como también le ocurre a Felipe Calderón.

Antes de dejar el puesto, Octavio Aguilar y su pequeña unidad de investigación lograron integrar varios archivos muy bien documentados, con nombres y apellidos de servidores públicos involucrados en el robo de combustibles, sus nexos con el crimen organizado y las regiones en todo el país en donde operaban las bandas delincuenciales.

Pero extrañamente aquellos expedientes muy bien integrados y que fueron entregados a Los Pinos, a la PGR y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) desaparecieron, sin que nadie haya sido sancionado, procesado judicialmente o amonestado por ese grave delito de sustracción de documentos.

Por eso a nadie en el gobierno debe sorprender que el robo de combustibles en ductos de Pemex y el constante riesgo que ello implica para las poblaciones cercanas se haya incrementado, pues funcionarios gubernamentales son cómplices y ellos mismos bloquean las indagatorias.

En esos expedientes que ahora todos niegan su existencia, aparecen como presuntos involucrados los nombres de algunos integrantes del Ejército que muy bien organizados eran también los responsables de vigilar instalaciones petroleras, ductos, refinerías y centros de operación de la paraestatal petrolera.

Al iniciar hace cuatro años el gobierno de Felipe Calderón y ante la crisis de credibilidad que aún enfrenta, dispuso utilizar a las fuerzas armadas como policías locales de investigación y las responsabilizó de la seguridad pública, con la consigna fallida de combatir al crimen organizado, aunque en realidad lo que hace es protegerse a sí mismo y prevenir cualquier protesta social.

Este desgaste del Ejército y Marina hace imposible que este gobierno intente siquiera darle seguimiento a cualquier expediente que involucrara a algún miembro de las fuerzas armadas en el delito de robo de combustibles a Pemex, pues de por sí su credibilidad ha caído consistentemente.

Según cálculos de quien fuera director general de Pemex Refinación en el gobierno foxista, el panista Juan Bueno Torio, ese delito del desvío de gasolinas causa daños patrimoniales anuales por 12 mil millones de pesos; aunque especialistas y otros funcionarios de la paraestatal petrolera aseguran que el dato que da Bueno Torio es muy conservador, pues el robo de combustibles se estima en unos 50 mil millones de pesos cada año, sin que nadie en el gobierno panista de Calderón haga algo para evitarlo.

Las últimas pruebas sólidas en contra de militares que se amafiaron con la delincuencia organizada o crearon sus propias redes delincuenciales coludidos con funcionarios de la petrolera, se encontraron en la administración de Vicente Fox Quesada.

Más aún, hay datos precisos de que en 2004 fueron desmanteladas al menos 10 bandas en las que participaban militares encargados del resguardo y protección de instalaciones petroleras, cuando el director corporativo de Administración era Aguilar Valenzuela, el único exfuncionario que fue exonerado totalmente del segundo Pemexgate.

No obstante, las evidencias han sido desaparecidas por Pemex, por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la SFP y por la Policía Federal Preventiva. Y es que en el panismo las fuerzas armadas se han vuelto intocables por ser el principal instrumento de poder del gobierno de Felipe Calderón, quien ha militarizado el país para hacer su “guerra” contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Una vez más se demuestra que los dos grandes problemas de México son la corrupción y la complicidad gubernamental, pues parece que nadie juzgará estos graves actos bien documentados por personal de Petróleos Mexicanos. Y una muestra de esa impunidad lo oficializa el área de la Dirección General de Comunicación Social de Pemex, según la cual en los informes de la empresa petrolera “en la historia de los ilícitos reportados por personal de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física nunca se ha visto involucrado personal militar y no se tiene conocimiento de que el Ministerio Público haya señalado a personal militar en sus investigaciones”.

Lo que omite la paraestatal es que los expedientes existen en la Dirección Corporativa de Administración y que los casos con nombres y apellidos fueron informados no sólo a las autoridades competentes (Sedena, SFP y PGR), sino también a la Dirección Corporativa de Administración, en donde conocen a detalle quiénes son los responsables del robo combustibles.

Un ejemplo es una acta de entrega–recepción, signada el 17 de enero de 2005 por Villarreal Dávila y su antecesor Aguilar Valenzuela, que obliga al titular de Administración a dar seguimiento y atención a los hechos. El acta contiene, entre otras cosas, el anexo10, en donde se detalla el “estado que guardan 33 observaciones pendientes de atender”.

Las complicidades gubernamentales

Los expedientes generados por la Dirección Corporativa de Administración dan cuenta de redes completas en las que, además de militares, participan trabajadores sindicalizados y de confianza de Pemex, de bajo, mediano y alto nivel.

Funcionarios de la paraestatal que piden omitir sus nombres por miedo a represalias, explican que esto no se da a conocer a la sociedad porque no es conveniente, se trata supuestamente de asuntos de seguridad nacional y, además, hay gente del Ejército y de Petróleos Mexicanos involucrada.

Por ello, indican, todos los informes han sido clasificados como confidenciales por instrucciones del Órgano Interno de Control en Pemex y de algunos servidores públicos encargados de dar seguimiento a los casos.

Al anexo 10 del acta de entrega–recepción de Aguilar Valenzuela, por ejemplo, se le han censurado 65 líneas sin explicación justificada, por lo que se cree que es allí en donde se involucra a los militares.

De acuerdo con los funcionarios consultados, son las complicidades las que posibilitan el robo de combustibles, pues en la actualidad Pemex cuenta con equipos altamente sofisticados que pueden identificar en dónde hay robo de combustibles por baja de presión: rápidamente se puede saber dónde hay un problema, pero es lógico que sólo miembros del Ejército que tienen a su cargo la vigilancia de los ductos y las estaciones, así como algunos trabajadores petroleros son quienes intervienen en este ordeñar de ductos. Dicen que la detección se complica cuando la cantidad que se sustrae es mínima, porque el monitoreo se basa en la presión de las líneas.

Se trata del centro de control de ductos que está en la torre de Pemex, ubicada en Marina Nacional. Ahí se le da seguimiento no sólo a la presión de los oleoductos y gasoductos, sino también a los camiones de Pemex, cuyo monitoreo es por GPS. Respecto de las zonas más vulnerables para el robo de combustibles, sobresale el sur del país: Tabasco, Campeche, Veracruz, aunque prácticamente esto ocurre en todo el país.

Sin estándares de seguridad

Los funcionarios petroleros que proporcionaron la información aseguran que el robo de combustibles es una pequeña parte de la amenaza para la petrolera mexicana: refieren que el máximo problema es que los estándares de seguridad en las instalaciones estratégicas, como Cantarell, sobre todo relativas a cuestiones antiterroristas, son muy débiles.

Pemex gasta muy pocos recursos en resguardar sus instalaciones y lo poco que invierte lo destina a la Sedena, dicen. Un ejemplo de la vulnerabilidad fueron los bombazos del Ejército Popular Revolucionario, ocurridos en julio de 2007. Un atentado a las instalaciones estratégicas puede ser muy peligroso, porque Pemex no está preparado para enfrentarlo, detallan.

Explican que la falta de estándares de seguridad también ha posibilitado que a lo largo de los 20 mil kilómetros de oleoductos y gasoductos que posee la paraestatal se asienten comunidades enteras. Se trata de lugares sumamente riesgosos, como Salamanca, Guanajuato, donde el centro de la ciudad es una refinería; y Tula, Hidalgo, donde las casas están más cerca de las instalaciones petroleras que en el caso de San Juan Ixhuatepec, Estado de México, en donde aún se recuerdan los estragos de aquella explosión que causó muchas víctimas.

En uno de sus recientes comunicados, la Dirección de Comunicación Social de Pemex dice sobre la última explosión ocasionada por el derrame de combustible que para estas acciones se cuenta con el apoyo de autoridades federales y estatales. Personal técnico especializado del Sector Ductos de Pemex Refinación realizará los trabajos necesarios para la reparación de los ductos afectados, mediante la colocación de grapas mecánicas, mientras que el área jurídica de Petróleos Mexicanos denunció los hechos ante el Ministerio Público Federal, con la finalidad de que se inicien las averiguaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades.

Y desesperada, a fin de recibir denuncias anónimas sobre el robo de combustibles, Pemex pone a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 01 800 228 96 60.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Correo del arzobispo de Caracas: increible! (sobre su oposición a la educación pública)

Hermanos,

Por un error administrativo, creo que a su buzón llegó un mensaje de mi autoria del cual copio abajo las primeras líneas.

Si este mensaje llegase a manos mal intencionadas podría ser manipulado en contra de la Iglesia, por lo que le ruego que no distribuya.

Confiando en su discreción y comprensión, reciban la bendición de nuestro Señor Jesucristo.

Jorge Urosa Sabino, Arzobispo de Caracas

2009/8/24 Urosa Sabino

Date: Mon, 24 Aug 2009 16:15:19 +0900

Subject: Fwd: Unos comentarios de orientación

From: urosa.sabino@gmail.com

To: urosa.sabino@gmail.com

El Estado tiene que garantizar la educación pero no es su función dirigirla y controlarla. Esta función debe llevarla una institución civil como la Iglesia Católica que cuenta con el apoyo y la credibilidad de todos los habitantes del país.

La Iglesia Católica no asume esta función por capricho o por un afán de lucro. La educación no genera ganancias, y eso está bien, pues no queremos hacer de un servicio social una fuente de riqueza material. No es entonces, como insisten los enemigos de Cristo, que aspiremos a acumular riquezas, sino que, al haber asumido el compromiso cristiano, estamos obligados, por mandato, a llevar el mensaje de Jesús redentor al corazón de los venezolanos, de todos los venezolanos.

No queremos dedicarnos a la educación de los más privilegiados, dejando a los menos afortunados en las manos de un Estado ateo y comunista. Creo que la Iglesia debe asumir la educación de ambos grupos, como única forma de garantizar la paz social y el desarrollo del país. Educar y formar en el amor a Dios a todos los venezolanos, es nuestra misión, pero pretender hacerlo de la forma desordenada que predican algunos hermanos, bien intencionados, pero carentes de visión, sería contraproducente.

La educación debe ser igual pero separada (una frase poco popular, pero muy cierta). Los hijos de familias pudientes, llamados a ir a las universidades y, más tarde, tomar las riendas de empresas, negocios, ejercer las profesiones libres y ocupar los cargos más altos de la administración pública, deben ser educados para alcanzar estos fines y asumir su responsabilidad social de la forma más responsable y cristiana.

Los niños que, por su origen socioeconómico, tienen desventajas, deben ser educados en el respeto hacia la autoridad, en la diligencia, en la modestia y, sobre todo en el mensaje cristiano del amor.

La Iglesia Católica debe oponerse a todo intento de homogeneizar la educación básica, porque esto sólo nos llevará al caos y a las guerras entre hermanos. Los niños de los estratos más pobres querrán acceder a las mismas posiciones que sus compañeros más afortunados, creándose la inconformidad y alimentándose la envidia. Los de los estratos superiores perderán motivación para estudiar y alcanzar el éxito. Con una educación talla única, lo que crearemos es una nación de envidiosos y conformistas.

Con la bendición de Dios Todopoderoso, debemos estar dispuestos a servir a Jesús Redentor, a la Iglesia y a Venezuela.

Jorge Urosa Sabino, Arzobispo de Caracas

Fuente: Libre Pensadores

Despidiendo a Mandela

Ariel Dorfman

Nelson Mandela posee, por lo menos en Sudáfrica, el don de la ubicuidad.

Se lo encuentra en canciones infantiles, en avisos publicitarios, en discursos oficiales y conversaciones informales, en boca de policías y pobladores y banqueros; donde uno coloca la mirada o aguza el oído, el rostro y remembranza sonriente de Madiba (el nombre de clan con que todos lo llaman) incita a sus compatriotas a la emulación incesante.

Una resonancia tan categórica es comprensible. Mandela encarna, para los sudafricanos como para el resto del mundo, la derrota del apartheid y la milagrosa transición a la democracia en una tierra que avanzaba inexorablemente hacia una sangrienta guerra civil. Liberado de un cautiverio que duró 27 años despiadados, utilizó su aureola legendaria como el preso político más famoso del planeta para extender una mano de amistad y reconciliación a sus carceleros en vez de predicar la venganza. El prestigio de Mandela se acrecentó aún más cuando, siendo el primer presidente elegido libremente en la historia de su país, rehusó perpetuarse en el poder como es habitual para mandatarios en ese continente.

Yo también he participado en esta idolatría. Yo también lo considero uno de los pocos gigantes morales de que disponemos en nuestra época avara y mezquina.

A pesar de esta admiración, cuando visité Sudáfrica por primera vez en 1997 me inquietó que Mandela fuera la única figura simbólica en torno a la cual podían comulgar todos los sectores, ricos y pobres, gente de derecha y de izquierda, blancos y negros y un arcoíris de otras tonalidades de piel. Retornando este año para dar la conferencia que se dicta en su honor, descubrí que esta reverencia por un héroe de carne y hueso se había convertido en algo aún más exaltado: se lo trata hoy, en el 2010, como si fuera un santo. Aunque es cierto que Mandela fue indispensable para instaurar un gobierno más justo en su país, y cierto también que sigue siendo el pegalotodo que aglutina y hermana las facciones de una nación turbulenta y dividida, consideré que tal culto era peligroso, colocando sobre sus hombros una carga de responsabilidad imposible de sobrellevar e impidiendo a su pueblo discutir seriamente cómo vivir en un mundo donde ya no contaremos con su presencia.

Resulta que nada menos que Mandela mismo comparte mi recelo. En la página final de su nuevo libro, Conversaciones conmigo mismo –sin duda el último que este anciano de 92 años publicará bajo su nombre–, ese viene a ser su mensaje postrero: “Algo que me preocupaba profundamente en la prisión era la falsa imagen que involuntariamente proyectaba al mundo exterior: de que se me viera como un santo”. Y concluye: “Nunca fui nada parecido, aun sobre la base de la definición terráquea de que un santo es un pecador que siempre sigue tratando de superarse”.

Con la esperanza, por lo tanto, de moldear un legado que dentro de poco no podrá defender en persona, Madiba busca contar la historia de su vida desde una perspectiva diferente de la que conocíamos en sus consagradas memorias, Largo camino a la libertad, publicadas en 1994. Para que sus lectores tuvieran la oportunidad de encontrarse con un Mandela abierto y asequible, autorizó a un equipo de investigadores a cosechar del mar casi infinito de su archivo un autorretrato más frágil y profano.

No me sorprende que tal misión tardara seis años en realizarse. Pude inspeccionar en Johannesburgo esos materiales masivos que contienen los residuos de la vida de Mandela durante mi reciente visita a la fundación que lleva su nombre. Para penetrar en ese santuario, uno debe primero descender una amplia escalera en espiral hasta un piso subterráneo, enseguida pasar por una serie de oficinas con grandes ventanales de vidrio y finalmente detenerse ante una puerta de doble llave, detrás de la cual espera una vasta colección de recuerdos: las fotos iniciales de la juventud de Madiba, sus cédulas de identidad y pasaportes verdaderos y fraudulentos, los diarios de vida y calendarios escuetos y los manuscritos clandestinos sacados de contrabando de Robben Island, además de un acopio de notas de todo tipo y tamaño.

Si bien sólo unas gotas destellantes de este caudal pudieron recogerse en Conversaciones conmigo mismo, los lectores tenemos la sensación íntima de estar recorriendo ese archivo, saboreando sus prohibidas delicias, escuchando en forma casi indiscreta los pensamientos y emociones más latentes de Mandela, a sólo unos pasos y redobles de su mero corazón, especialmente cuando se nos permite asomarnos a las transcripciones de conversaciones que sostuvo con sus más cercanos colaboradores. Ahí llegamos a congeniar con un ícono que se ríe, que vacila y carraspea, que adora los chismes, que acepta sus equivocaciones o insiste en que tiene razón; corremos el velo sobre un hombre que lamenta haberse olvidado de un viejo amigo, que sugiere que le gustaría averiguar el paradero de un guardia que alguna vez se portó bien con los presos.

Todavía más reveladores son los extractos de la correspondencia que se salvó de las décadas en Robben Island, escrita con una dignidad feroz y conmovedora. Es casi como si, en sus horas más oscuras, aun cuando no había esperanza de que se lo liberara, aun el día en que recibió la noticia de la muerte de su hijo o el funeral de su madre, aun cuando borroneaba palabras que sabía nunca llegarían a su destino, aun en esos momentos, especialmente en esos momentos, estaba imaginando un mañana donde cada una de sus expresiones tendría un significado ulterior, cada una meticulosamente examinada, no por cancerberos, sino por una multitud de habitantes de su patria y del mundo entero.

Hay un aspecto aún más notable de estas cartas desde el presidio. Mientras las hojeamos, podemos adivinar de qué modo astuto Mandela tomó en cuenta la vigilancia de los censores que escudriñaron y obstruyeron su correo. También les está escribiendo subrepticiamente a ellos: casi se puede discernir su certeza de que él es capaz de turbar a esos guardianes con palabras que evidencian la crueldad absurda con que tratan a los reclusos, la confianza de que esos centinelas pueden ser educados. Aunque, de hecho, también se está educando a sí mismo, preparándose para la tarea de sobrepasar el abismo racial y la división de clases sociales que amenazaba con destruir a Sudáfrica.

Tal vez por eso encuentra tan alienante y desacertado que se lo considere un santo. No fue debido a su separación de sus semejantes, su lejanía de la maldad, su distancia de los desalientos de una humanidad vulnerable, que pudo prevalecer. Por el contrario, fue zambulléndose en lo que era negativo en su propio interior y en el doliente mundo que lo rodeaba, fue así que pudo transformarse en el hombre que terminó siendo Nelson Mandela. ¿Cómo llevar a cabo esta hazaña? Hay una palabra suya que retorna una y otra vez: integridad. Su propia integridad y su convicción de que esa entereza existe en todos los seres humanos, por mucho que esté escondida bajo una costra de miedo e intolerancia. La fe de Mandela de que si se apela a los mejores instintos de hombres y mujeres, ellos sabrán, en definitiva, responder. Pero sólo lo podrán hacer si comprenden que quien les exige una mejor humanidad compartida no ha traicionado los valores más generosos de la especie, el deseo de un mundo más justo y compasivo; sólo es posible esta transformación si quien hace la apelación ha trazado una línea ética inquebrantable en las arenas movedizas de la historia.

Es un mensaje que la patria de Mandela necesita volver a escuchar. Su prodigiosa Sudáfrica se encuentra de nuevo en peligro, desorientada, casi sin rumbo. Su tierra que dentro de poco tendrá que enfrentar un largo siglo de lucha renovada por la solidaridad y la paz y la verdad sin la mano conductora de Madiba.

Porque Nelson Mandela se está despidiendo.

¿Y cómo, entonces, responderle? ¿Cómo honrar su legado, su sabiduría, su magnanimidad?

Sólo puedo responder con las palabras que le brindé al final de nuestra conversación de una hora hace unos meses en Johannesburgo. Décadas de una vida plena y dura y múltiple lo han extenuado, pero conserva intacta una cierta –no hay otra palabra– majestad, y me alegró notar de vez en cuando un brillo travieso en sus ojos. Yo estaba consciente de que la precariedad de su salud podría disuadirlo de atender la conferencia que me tocaba pronunciar unos días más tarde, y que probablemente esta era la última oportunidad de la que dispondría para agradecerle lo que había realizado, el ejemplo de su vida. De manera que cuando él me dijo adiós, aproveché para pedirle que no hiciera ningún esfuerzo desmedido para asistir a mi presentación, agregando, tal vez con excesiva solemnidad, que era importante que descansara.

–Durante tantos años –le dije– es usted el que nos ha llevado a cuestas. A su país, al mundo entero, a mí. Ahora nos toca a nosotros.

Y fue entonces que, sin soltarme la mano, Nelson Mandela me brindó una sonrisa.

He ahí una posible respuesta. Si sabemos llevar a Mandela con nosotros hacia el futuro, tendremos la bendición de su sonrisa. ¿O acaso hay algo más que podamos pedirle a este hombre que, afortunadamente para él y para el mundo, no es, después de todo, un santo? l

* La última novela de Ariel Dorfman es Americanos: Los pasos de Murieta.

Fuente: Proceso

Invitación de RIUS ante la violencia

Amigos,

Les mando este texto que me acaba de enviar el caricaturista Rius con una propuesta, que puede ser de su interés:

Te estoy invitando a que a partir del 10 de enero pongas en tu coche, en la puerta o ventanas de tu casa, en tu negocio, en la escuela, en tu centro de trabajo, en el mercado, donde quieras y puedas, una cartulina que hagas tú mismo o con la compu, que diga simplemente: ¡ BASTA DE SANGRE !

Mucha gente se siente impotente o apática y no hace nada por tratar de cambiar las cosas. Esta es una forma de que todos los descontentos con la terrible situación que vivimos, participen y le hagan saber a los gobernantes que no queremos ya seguir viviendo así en el miedo y la impotencia, es una forma pacífica de protesta, que a la mejor da resultados positivos. No podemos seguir con los brazos cruzados, esperando que a alguien de la familia o de los amigos le toque un balazo, para entonces sí, protestar y llorar. Participa, invita a tus vecinos a participar y sumarse a muchos otros mexicanos que estamos hasta la madre de la violencia y la inseguridad. Manifiéstate y ayúdate a tí mismo . Quizzás no logremos nada haciéndolo, pero al menos -creo- nos sentiremos mejor haciéndolo. Gracias. La Patria y tu familia te lo agradecerán.

Saludos

Areli Carreón

Bicitekas, A.C.

Morelos: al menos 340 ejecuciones ligadas a la delincuencia organizada durante 2010

Lunes, 03 de Enero de 2011 00:00

Escrito por De la Redacción

CUERNAVACA. La violencia que durante 2010 se desató en la mayor parte del país no exentó al estado de Morelos con el registro de por lo menos 340 ejecuciones ligadas al crimen organizado y el hallazgo de narcofosas localizadas principalmente en la zona sur del estado.

La violencia iniciada desde el mes de enero y hasta las últimas horas del mes de diciembre dejó un saldo negativo de constantes asesinatos violentos, incluidos elementos policiacos y un funcionario del sistema de Reinserción Social, Luis Navarro Castañeda, entonces director del penal de Atlacholoaya.

Entre los hechos más destacables, se enumera el asesinato del ex coordinador de la Policía Ministerial, Guillermo Vargas Rodríguez y su hijo Guillermo Vargas Rivera, señalado en un mensaje, de haber asesinado en las puertas de una discoteca a Juan Sebastián Figueroa, hijo del cantautor, Joan Sebastián.

La muerte de dos elementos policiacos que a principios del año fueron emboscados a escasos metros de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de Cuernavaca fue otro de los hechos que marcaron la violencia en Morelos.

A lo anterior se suman las constantes apariciones de cadáveres en diferentes puentes de Cuernavaca, sobre todo lo más transitados y vigilados por las corporaciones policiales.

La singularidad del año 2010 en Morelos ha sido ser el año más violento en décadas, debido a las cifras impactantes que revelan una cifra oficial de por lo menos 340 muertes.

El recorrido de la muerte tuvo impactos que marcaron a 2010 y cada registro aumentó la capacidad de indignación y de temor por parte de la población, situación que se agudizó con la circulación de mensajes anónimos que alertaban sobre falsos “toques de queda”.

Y es que a pesar de los operativos implementados desde todos los niveles de gobierno, hoy la incertidumbre y el temor siguen teniendo su espacio. Mientras hay señalamientos de vínculos que persisten entre los elementos con la delincuencia organizada, según los datos en manos de la Procuraduría General de la República.

Fuente: La Jornada de Morelos

Despedida cruel al 2010

Lunes, 03 de Enero de 2011 00:00

Escrito por Cecilia González Arenas

A lo largo de todo el año la violencia se enseñoreó en este bello país. Según datos oficiales, son más de 30,000 muertos, cuyas biografías en su mayoría se desconocen; sólo cuando las autoridades aprehenden o ejecutan a algún dirigente del crimen organizado se dan a conocer sus nombres y antecedentes. De la misma forma, en el caso de “testigos protegidos” quienes declaran lo que es conveniente en el momento, aunque se ataque a los medios como sucedió con el reportero de la revista Proceso. Esos miles de fallecidos son anónimos y los daños colaterales, por fuerza deben darse a conocer para sancionar a los culpables, quienes sean.

Además de esas terribles bajas de mexicanos, se tienen que añadir en el catálogo de esta cruel despedida al 2010, la fuga de más de ciento veinte reclusos de una cárcel de Tamaulipas; la explosión de ductos de Pemex en San Martín Texmelucan que causaron 29 víctimas y daños a decenas de hogares, con la gravísima contaminación a la tierra, arroyos y ríos; la liberación desde el 11 de diciembre, más de una semana antes de su aparición en los medios, del político del PAN Diego Fernández de Cevallos, que deja más preguntas que respuestas; el secuestro de migrantes centroamericanos en el Istmo de Tehuantepec, del cual ya se conoce que los captores han pedido rescate a sus pobres familiares y, a pesar de las denuncias del P. Solalinde, se desconoce su destino y hay la presunción de que, también, el delito es la trata de personas tan temible.

Aunado a esos hechos terribles se encuentra el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, una madre valiente que dedicó los últimos dos años de su vida a buscar la justicia y el castigo para el asesino de su hija Rubí Marisol de 17 años, quien deja una hija de dos años. La historia de esta mujer es ejemplar y dolorosa: enfermera jubilada del IMSS, convertida en investigadora ante la indiferencia de las autoridades y la ignorancia e insensibilidad de los jueces que exoneraron al victimario a pesar de su confesión del crimen. Esos jueces y el M.P. tendrían que rendir cuentas y ser castigados porque no supieron o no pudieron aplicar el derecho. Al parecer, ya hay algunos indicios sobre su asesino.

Existe el clamor popular de los defensores de derechos humanos no sólo de México, sino de otros países, para que se investigue este crimen que debiera avergonzar a toda la estructura del gobierno mexicano. El Centro de D.H. de las Mujeres y Justicia para nuestras hijas, ambas organizaciones de Chihuahua, además de la Comisión Interamericana de D.H. están empeñados en lograr que no quede impune este asesinato de una luchadora social , quien sin recursos económicos, tenía localizado al asesino de su hija; pero se encontró ante los oídos sordos de las autoridades federales, estatales y municipales.

Habría que sumarse a esa exigencia y lograr que este asesinato recreado cientos de veces por las cámaras de T.V. , cometido enfrente del palacio de gobierno y la procuraduría de Chihuahua no quede impune como sucede con el 97% de los delitos.

Como se observa, los signos para el 2011 no son alentadores; sin embargo, habrá que seguir en la lucha para que, al través de la organización de la sociedad, se logre salvar a México que ha caído en el abismo de la corrupción, ineficiencia e impunidad que le impiden avanzar. De cualquier forma, felicidad, salud y paz para los amables lectores y para los jornaleros.

Fuente: La Jornada de Morelos

Boletín de año nuevo del Comité Cerezo

Estimados amigos, compañeros, colaboradores y personas solidarias:

Hemos cerrado el ciclo de trabajo que emprendimos en el año 2010. Durante este periodo, el Comité Cerezo México trabajó con diversas organizaciones a través de la impartición de talleres, la participación en campañas, el acompañamiento de casos y la asesoría en temas de seguridad, documentación y derechos humanos.

No obstante nuestro trabajo de ninguna manera sería posible sin todas esas personas que, de una u otra manera, acompañan y son solidarias con nuestro trabajo. Por eso mismo a todos aquellos que son colaboradores de nuestro proyecto económico en la Facultad de Filosofía y Letras, a los colaboradores del área de Educación, a aquellos con quienes hemos participado dando nuestro talleres, a las personas que de manera solidaria y voluntaria hacen posible, con su trabajo, la publicación y distribución de la Revista Revuelta, a aquellos que por solidaridad nos brindan un espacio de trabajo o material para trabajar, a todos aquellos que se mantienen al pendiente de nuestras publicaciones y de la información que generamos, a quienes por medio de charlas o entrevistas difunden nuestro trabajo, a todos aquellos que comprando un café o una revista nos ayudan a mantener nuestros proyectos y trabajo; en pocas palabras, a todos aquellos que, de una u otra manera, hacen posible, por medio de su solidaridad y esfuerzo, el trabajo que realizamos les damos un profundo agradecimiento por su apoyo y solidaridad. Para nosotros ha sido un placer trabajar con ustedes, ya que hemos aprendido mucho de las experiencias y el conocimiento compartido.

Este nuevo año impone muchos retos para quienes hemos decidido trabajar por la defensa de los derechos humanos: la criminalización y la guerra contra el pueblo que emprende el gobierno de Calderón agravan seriamente las condiciones en las que los defensores de derechos humanos laboran. No obstante estamos convencidos de que con la solidaridad y el trabajo coordinado podemos seguir haciendo frente al desolado contexto en el que vivimos.

Sin más por el momento, agradecemos de nuevo su apoyo y les deseamos un muy próspero y productivo año nuevo. Esperamos que este 2011 esté lleno de proyectos y de trabajo que nos permita seguir luchando por el respeto pleno de los derechos humanos.

Para leer en línea: http://www.comitecerezo.org/spip.php?article819

Los habitantes de Temacapulín harán una consulta pública independiente

JORGE COVARRUBIAS

Los pobladores de Acasico, Palmarejo y Temacapulín se preparan para realizar su propia consulta pública, cuyo propósito es demostrarle al gobierno del estado que están en contra de la presa El Zapotillo. Los días 7 y 8 de enero se llevará a cabo el proceso con la probable visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos o representantes de la oficina en México. Uno de los miembros del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec) comentó a La Jornada Jalisco que el pueblo está muy entusiasmado y la gente se ha encargado de hacer acopio de todo el material que se necesitará para el proceso.

“Es evidente que la gente de Temacapulín no quiere la presa El Zapotillo, pero queremos tener otro argumento para que el gobierno federal reconsidere y pueda sentarse a una mesa de diálogo con la comunidad y finalmente suspender el proyecto que ya a todas luces no tiene viabilidad por la cuestión social”, dijo.

Durante esos dos días se prevé la participación de observadores nacionales e internacionales, así como la presencia de algunos diputados que fueron invitados. El miembro del Imdec explicó que habrá voto diferenciado para aquellos que son menores de 18 años, pero cuya opinión también es importante. La intervención del Alto Comisionado tiene el propósito de darle un peso internacional al movimiento en contra de la presa, además de que apoyará con asesoría legal. Los resultados de la consulta se harán públicos y se entregarán a la presidencia de México, a la Comisión Estatal de Agua (CEA) y al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, para validar la promesa que hiciera cuando fue candidato a la gubernatura de rechazar el embalse si 50 más uno de los habitantes estaban en contra.

En el perfil de Facebook que la población ha creado para difundir su rechazo a la presa y subir documentos, fotografías y artículos, una internauta etiquetó una fotografía en la que el gobierno de Guanajuato consigna en anuncios espectaculares el embalse y el acueducto El Zapotillo como un logro histórico que dotará de agua a León durante 25 años. Sobre esto, el miembro de la organización refirió que es una incongruencia del gobierno federal el haber apoyado la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático (COP 16) realizada el año pasado en Cancún y por otro lado seguir impulsando proyectos que alientan el calentamiento global.

En el 2010, Imdec esperaba que las acciones legales y movilizaciones derribarán el proyecto, pues se echó prácticamente toda la “carne al asador”, comentó el activista, sin embargo –dijo– el gobierno ha endurecido su postura.

Fuente: La Jornada de Jalisco

Recibe la Coddehum 95 quejas contra el Ejército en 2010

CITLAL GILES SÁNCHEZ

Chilpancingo, 2 enero. Durante el año 2010, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero (Coddehum) contabilizó 95 quejas contra soldados del Ejército, en su mayoría por allanamiento de morada y detenciones arbitrarias, por lo que desde 2005 a la fecha sumaron 300 quejas. Aunque en el año que recién terminó, bajó la cifra de agresiones de los militares contra la población, el número de quejas sigue siendo elevado, destacó el presidente de la Coddehum, Juan Alarcón Hernández. De igual forma, indicó que en 2010 se registraron 834 quejas contra servidores públicos, por lo que emitió 137 recomendaciones. Al hacer un balance en materia de derechos humanos en Guerrero, Alarcón Hernández informó que con relación a las quejas recibidas contra el Ejército se tiene que en 2005 se recibieron ocho; en 2006, 4; para 200 bajó a tres, pero en 2008 se incrementó a 35 y en 2009 se contabilizaron 155. En 2010 bajó la cifra a 95, dando un total de 300 quejas contra militares. El ombudsman indicó que contra servidores públicos del estado se presentaron en 2010 834 quejas, de las cuales, en la región Centro, se recibieron 258; en Acapulco, 190; Zona Norte, 100; Costa Chica, 80; Costa Grande, 97; Tierra Caliente, 42; y La Montaña, 67.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Sindicato: huelga en Taxco terminará hasta el nuevo sexenio

CORRESPONSALÍA

Taxco, 2 de enero. El 2010 fue el año más difícil para el sector minero, por lo que se espera que la huelga concluya hasta que termine el periodo del presidente Felipe Calderón Hinojosa, vaticinó el secretario general de la sección 17 del sindicato minero en Taxco, Roberto Hernández Mojica, quien se quejó que durante los 12 meses no se recibió ningún respaldo de los gobiernos federal ni estatal para resolver el conflicto. Dijo que ante esa circunstancia, lo mineros estarán firmes y soportando. Adelantó que para este año se continuará con la presión hacia el gobierno, aunque aceptó que la huelga se resolverá cuando termine el periodo de Calderón Hinojosa y “entre otro presidente de México, porque no hay sensibilidad de actual”. Explicó que los mineros de Taxco, aunque están conscientes de lo que ha generado su movimiento, están desesperados, pero no han desertado más basificados. Dijo que continúan siendo los 165 mineros en la sección, quienes están esperando una respuesta y cumpliendo con sus guardias.

Fuente: La Jornada de Guerrero

2010, año sangriento

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 31 de diciembre (apro).- En medio de la narcoviolencia y altos niveles de crueldad concluye uno de los años más sangrientos del sexenio calderonista.

El aumento del crimen organizado en México ha ido aparejado de escenas cada vez más espeluznantes. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido el 12 de diciembre: el hallazgo de tres cuerpos mutilados en la carretera de Acapulco. El hecho no resulta novedoso de no ser porque las tres personas fueron desolladas de la parte superior del cuerpo. Como trabajo de filigrana, quienes lo realizaron hicieron cortes precisos para arrancarles la piel de la cara y, cual si se tratara de mascaras, fueron presentadas y colocadas sobre las barras de concreto de la carretera con sus respectivos narcomensajes.

Esta parte, oscura y repulsiva del narcotráfico, es lo que la población va conociendo día tras día; es lo que la autoridad y los medios de comunicación muestran. Pero del otro lado de la moneda está el beneficio que deja tanta ejecución y crueldad al crimen organizado: el blanqueo de sus ganancias, de su dinero sucio y lleno de sangre.

Las ejecuciones son producto de enfrentamientos entre diversas organizaciones criminales que, a su vez, se disputan el territorio y el mercado para la venta de estupefacientes. Si la lucha es tan cruenta es porque el negocio para los narcotraficantes vale la pena, porque la plaza es buena, porque la venta de droga les resulta gratificante. Siendo así las cosas, todo parece indicar que, a mayor violencia, mayores ganancias.

Y si las ganancias son multimillonarias, ¿por qué el gobierno no habla de ello? ¿Por qué no ataca el lavado de dinero en México? ¿Por qué ni siquiera, cuando aborda el tema, ofrece cifras creíbles? ¿Qué hay detrás del silencio y la inacción gubernamental?

Las cifras que dan el gobierno y organismos internacionales son diametralmente opuestas. Por ejemplo: de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), cada año se lavan 10 mil millones de dólares producto del narcotráfico; según el la consultora internacional Mancera, Ernst and Young la cantidad asciende a 24 mil millones de dólares. Para el Fondo Monetario Internacional (FMI) es de entre 8 mil y 25 mil millones de dólares, pero para expertos independientes, como la firma estadunidense “No Money Laudering”, el lavado es de alrededor de 45 mil millones de dólares al año.

Y siendo cantidades impresionantemente, ¿por qué el gobierno no habla de esa parte que también genera el crimen organizado, porqué sólo muestra la parte escandalosa y terrible de la muerte?

Quizá el gobierno evita hablar del lavado de dinero porque, como dicen los expertos, toda la economía mexicana está inundada de ese dinero ilícito. Porque ese dinero es el que circula en casas de cambio, bancos, casas de bolsa, empresas de seguros, subastas de arte v venta de joyas, de inmuebles de aeronaves, de yates, de autos, de aparente explotación de minerales, conglomerados de medios de comunicación y, lo más novedoso, por las agrupaciones religiosas.

Y sin olvidar a los sindicatos, fideicomisos, obras de gobierno y, por supuesto, de campañas políticas. Por lo menos es lo que sostienen especialistas, como Edgardo Buscaglia.

A partir de esto, podemos entender que “los señores del dinero en México” tendrían que ser investigados, pues quizá, sin saberlo, sus grandes empresas están siendo utilizadas para lavar multimillonarias sumas de dinero. ¿Será por esto que el gobierno no habla de esa otra parte del crimen organizado? Porque si verdaderamente investiga llega hasta su propia casa pasando por todos los poderes fácticos del país.

En 2008, el gobierno federal anunció al Poder Legislativo que presentaría su iniciativa sobre el lavado de dinero, pero tuvieron que pasar dos años para que cumpliera. Apenas en agosto pasado, Calderón envió su iniciativa contra el blanqueo de dinero, pero ésta no ha podido avanzar en la Cámara, cuyos legisladores no han tenido la capacidad política para concretar la política de su jefe: el Presidente la República.

¿O será a caso que esto es una farsa y en realidad no se pretende atacar el problema, justamente porque se podrían afectar grandes consorcios y diversos sectores de la sociedad? No lo sabemos. Lo único que vemos es que mientras el gobierno más se tarda en atacar lo que da vida al crimen organizado, su sistema financiero, las nuevas formas de lavar dinero siguen apareciendo y con altas posibilidades de que aquí en México se estén poniendo en práctica.

Por ejemplo, según la Internacional Compílanse Association, ICAM, un instituto académico con sede en Londres y que en forma asociada con la Universidad de Manchester imparte capacitación en materia de criminalidad financiera y políticas sobre el combate al lavado de capitales, la forma más novedosa de lavar dinero es a través de actividades aparentemente religiosas y que tienen representación en diversos países de Latinoamérica.

Es decir, parte del lavado de dinero se realiza en organizaciones que dicen ser religiosas Si esto efectivamente es así, entonces el gobierno de Calderón debiera incluir en su iniciativa la indagación de los recursos que “mueven” las 7 mil 554 asociaciones religiosas que existen en el país y que tienen registro en la Secretaría de Gobernación.

No es novedad que algunas membresías de carácter religioso en México no sólo se dedican al culto, sino que han participado en algunos delitos, como por ejemplo la introducción de un buen número de extranjeros al país, muchos de los cuales lo hacen con documentos que se han detectado como falsos.

Entonces, si el gobierno quiere acabar con la narcoviolencia, con el desollamiento de jóvenes atrapados por el narco, con los mutilados, descabezados y ejecutados, debe empezar por atacar esta parte de la cadena del crimen organizado: el blanqueo del dinero sucio, que por cierto, no sólo es producto de la venta de estupefacientes. También está el secuestro y tráfico de indocumentados, por ejemplo, acontecimientos que, por cierto, son con los que esta cerrando el gobierno calderonista.

mjcervantes@proceso.com.mx

Fuente: Proceso

Élites mafiosas y legales

Lunes, 03 de Enero de 2011 00:00

Escrito por Guillermo Knochenhauer

Al mundo occidental le aqueja una profunda crisis moral, la cual tiene que ver con el culto al individuo, al mercado y al dinero. Éste último se ha convertido en el referente de éxito y aceptación social que todo mundo persigue, desde luego la gente trabajadora pero también la delincuencia organizada.

Jean Francois Gayraud, comisario policía francés y autor de libros acerca del modo en que operan las mafias en el mundo, sostiene que la simbiosis entre el poder político y el crimen organizado se da porque ambos persiguen lo mismo: dinero. (“El G9 de las Mafias en el Mundo”, Ediciones Urano, Barcelona, 2007).

Gayraud sigue como una de sus líneas de reflexión el desplazamiento de valores y compromisos políticos por parte del dinero, entronizado como organizador de la modernidad. Este fenómeno se habría agudizado con el fin de la guerra fría, como si después de la caída del muro de Berlín, los políticos y empresarios poderosos del mundo hubieran considerado que ya no tenían que convencer a la sociedad de nada ni asumir compromisos con la equidad, la justicia o el bienestar.

El mundo ha quedado “desprovisto del noble atractivo de las ideas y regido por el principio organizador del dinero”, dice Gayraud. En ese ambiente, “¿cómo se nos puede escapar que el capital es el motor y el ideal común de las sociedades legal y criminal?”

La cuestión tiene una respuesta severa: mafias y poder político se identifican en la finalidad de enriquecimiento, al grado en que las autoridades dejan de distinguir la nítida diferencia de medios para conseguirlo. En el dinero, las élites mafiosas y legales encuentran más puntos en común que divergencias, sostiene Gayraud, quien atribuye a ello el fenómeno de cohabitación cada vez más extensa y profunda entre las mafias evolucionadas y las élites políticas y económicas en las naciones en las que operan.

“Por su riqueza, su inserción simbiótica en la economía globalizada y por su proximidad a los poderes políticos y económicos, las mafias constituyen una élite social, forman parte de la clase dominante legal. Existe una burguesía mafiosa, similar a la burguesía de la industria textil o de la informática. Esta clase alta de la organización criminal incluye al mafioso en sentido estricto y a todos sus acólitos que prosperan en la ambigüedad entre la legalidad y la ilegalidad”.

El argumento es que la delincuencia se ha instalado en el centro de los sistemas políticos y económicos de varias naciones por lo cual, las mafias dejaron de ser una anomalía para convertirse en “el indicador de la evolución criminal del mundo”. En varios países europeos, de gran peso en el mundo, como Italia, “la era de las ideologías está dando paso, de forma tan discreta como cierta, a la era criminal” dice Gayraud.

México no es un caso al que se refiera Gayraud, no por otra cosa sino porque le parece que la delincuencia organizada en nuestro país no alcanza el grado de sofisticación de una mafia. Nuestros criminales no aspiran a ejercer el poder político e influir en las políticas públicas, sino simplemente a coludirse con las autoridades para mantener su impunidad.

Hay que reconocer que en ese propósito han contado con la complicidad de autoridades que se identificaron con los criminales en su amor al dinero. Hay que reconocer también que aunque no tengamos en México mafias con la raigambre y sofisticación de las europeas, la ambigüedad entre la ilegalidad y la legalidad es ya parte de nuestra normalidad, y en el fondo, de manera más burda.

Y si juzgamos por el bajo nivel de los debates en los que se enfrascan nuestros partidos políticos en su lucha por el poder, ¿qué tan lejos estamos de tener que reconocer que se ha perdido la era de las ideologías y que en ese vacío de valores, principios y propuestas se de paso a la era de los principios y reglas criminales?

Un indicador esencial de que el 2011 pueda ser mejor que este año que hoy termina, es que recuperemos, como país, el valor de las ideas y del compromiso solidario sin los cuales, es imposible abatir la impunidad, restaurar el estado de derecho y las libertades que debe garantizar.

Fuente: La Jornada de Morelos

Boletín de Democracy Now! en Español

3/1/2011

Los Titulares de Hoy

Baje el audio

(disponible alrededor de las 17:00 ET)

• Manifestante palestina muere a consecuencia de ataque israelí con gases lacrimógenos
• Informe: en Afganistán murieron más de diez mil personas en 2010
• Fuerza Aérea implementará nuevo sistema de vigilancia en Afganistán
• Pakistán enfrenta agitación política
• Mueren 21 cristianos en atentado contra iglesia egipcia
• WikiLeaks: diplomáticos estadounidenses ayudaron a comercializar aviones Boeing en el extranjero
• Bank of America se prepara para posibles revelaciones por parte de WikiLeaks
• Líderes africanos presionan a Presidente de Costa de Marfil para que ceda el poder
• Dilma Rousseff fue juramentada como Presidenta de Brasil
• Murieron 3.100 personas en Ciudad Juárez en 2010
• Inundaciones australianas provocan muerte de diez personas
• Jerry Brown será juramentado como gobernador de California
• Arizona sufre número récord de ejecuciones hipotecarias
• Miembros del RNC se vuelven en contra de Michael Steele
• Judy Miller critica a fundador de WikiLeaks Julian Assange
• Activista por la democracia de Hong Kong Szeto Wah falleció a los 79 años

Más...

El Resto de la Hora de Democracy Now!

Los próximos presidentes de comisiones republicanos en la Cámara de Representantes planean investigar a los científicos especializados en cambio climático, estudiar la "radicalización" musulmana y anular la reforma del sistema de salud

Cuando el miércoles se juren los cargos del 112º Congreso, los republicanos obtendrán una nueva ventaja en la Cámara luego de haber sido minoría durante cuatro años. Esto supone una gran cantidad de congresistas republicanos dispuestos a tomar las riendas Más...

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Hasta dos años tardaría asilo para hijos de Marisela Escobedo

2011-01-03 10:30:53

Ciudad de México, 03 de Enero.- En entrevista con Julián Andrade, el visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Chihuahua, Antonio de la Rosa, aseguró que los hijos de la activista Marisela Escobedo, asesinada en diciembre frente al palacio de Gobierno de Chihuahua, están en proceso de asilo en Estados Unidos, pero que podría tardar de ocho meses a dos años.

"Ya están entrando al procedimiento de asilo, juicio donde ellos tendrán que demostrar que además de que tienen un miedo creíble, el Estado mexicano no les puede dar protección o tiene una actitud de persecución contra ellos".

De la Rosa señaló que “el Gobierno mexicano será el litigante contrario… el Gobierno no va querer admitir que es incapaz de brindarles protección".

El visitador sostuvo que en estos casos el Estado negociaría con los hijos de Marisela para llegar a un acuerdo para quedar bajo un programa de testigo protegidos.

Escucha la entrevista en el enlace:



http://www.radiotrece.com.mx/nota_blog.php?id=5247

Fuente: Radio Trece

Los temas de derechos humanos 2010: Sentencias de la Corte IDH, el reto de cumplir

México D.F., 3 de enero de 2011 (Cencos).- Los feminicidios en Ciudad Juárez y los abusos de militares en Guerrero desde la Guerra Sucia y hasta nuestros días, han provocado que una corte internacional sentencie al Estado mexicano. Las sentencias incluyen obligaciones de investigar crímenes, hacer reformas estructurales en las leyes, restituir la dignidad de las víctimas y explicar ampliamente a la sociedad la verdad de las violaciones a los derechos humanos que cada caso implica. 2011 será el año en que deberán cumplirlas.

De las sentencias se desprenden las reparaciones que deben acatarse y que comprenden una parte jurídica, pero otra más que se refiere a la reparación psicosocial de las víctimas, es decir, que se deben relegitimar sus historias, restituir su reputación pública y fomentar la reconstrucción del tejido social y comunitario que las violaciones a sus derechos humanos provocaron. Lejos de esto, el gobierno ha demostrado falta de voluntad política incluso al punto de negar la obligatoriedad que tienen frente a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

La Corte IDH ha sentenciado al Estado encontrandolo culpable en 4 ocasiones - la desaparición forzada de Rosendo Radilla, los feminicidios de Campo Algodonero, y las violaciones por militares contra Inés y Valentina- y ahora tiene pendiente el cumplimiento.

Las fechas para dar cumplimiento varían respecto a la publicación de cada sentencia. Algunas disposiciones se deben acatar inmediatamente, otras son a los 6 meses y al año de publicación y posteriores a estos el Estado también debe dar cuenta en informes anuales sobre como ha avanzado y el cual es supervisado por la Corte.

Estos plazos semestrales y anuales ya han vencido para las sentencia de fondo, reparación y costas de Rosendo Radilla Pacheco y del caso Campo Algodonero, y durante 2011 serán los primeros plazos para que el Estado comience a cumplir las sentencias de Inés, Valentina y la de los Campesinos Ecologistas publicada tan sólo hace 15 días. En un futuro próximo vendrán muchas más.

Casos ante la Corte

Esmeralda, Laura

y Claudia

“Campo Algodonero”

Inés Fernández

Fernández Ortega

y otros

Valentina Rosendo Cantú

Rosendo Catú y otra

Rosendo Radilla

Radilla Pacheco

Teodoro y Rodolfo

Cabrera García y Montiel Flores

La formula: obligación y voluntad

Desde que México aceptó tardíamente la competencia de la Corte en 1998, su actitud como Estado y la voluntad política para colaborar con los fines de esta son limitados. El argumento para no aceptar a esta institución protectora de derechos humanos era que se violaría la soberanía y 12 años y 4 sentencias más tarde el panorama no es más alentador.

En septiembre, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se discutía si la jurisprudencia de la Corte IDH era obligatoria o no, ignorando el Artículo 67 de la Convención Americana de Derechos Humanos que sentencia que el fallo “será definitivo e inapelable” y la propia aceptación de la competencia Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1998.

Santiago Corcuera Cabezut, abogado que ha litigado en la Corte Interamericana (caso Castañeda Gouttman), ha sido experto del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas de la ONU y actualmente es Presidente del Comité Coordinador de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU cree que “si no se le da una línea de trabajo diferente al equipo de litigio del Estado mexicano diciendo que hay que reconocer la responsabilidad, no se va a lograr nada”.

Para él es claro que “no se debe litigar lo ilitigable, como por ejemplo la competencia de la Corte, lo mejor era reconocerla y entonces entrar al fondo del asunto”.

La hija de Rosendo, Tita Radilla, sabe que “para 2011 el Estado tiene que responder, no pude hacer lo mismo de este año, tiene que haber investigaciones precisas que den con el paradero de nuestros desaparecidos y reformar el fuero militar para que todos los casos de ataques a civiles por militares pasen a fuero civil.”

Algunos avances se han hecho en los casos de Campo Algodonero y Rosendo Radilla, como la publicación de las sentencias, o la segunda etapa de excavaciones por parte de la Procuraduría General de la República en el excuartel militar de Atoyac de Álvarez, pero a decir de los defensores de derechos humanos y los familiares de las víctimas se han hecho de forma pero no de fondo.

El 10 de diciembre se terminó el plazo de un año para que el Estado diera cumplimiento a 9 de las 16 disposiciones que incluye la sentencia de Campo Algodonero, pero sólo se había cumplido una: la publicación de la sentencia. Lo mismo sucedió en el caso Radilla el 15 de diciembre pasado, fecha límite para que el Estado enviara su informe de cumplimiento, ya que sólo se cumplió con la publicación, y se hicieron excavaciones, que no satisfacen a la defensa.

“El Estado esta dando un alcance restrictivo a la sentencia, en vez de preocuparse por cumplirla integralmente”, dice Humberto Guerrero, coordinador del área de defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

El cumplimiento entonces, tiene que ver con la voluntad política de los responsables de acatar las sentencias y en este sentido la única herramienta de presión que tiene la Corte IDH es la entrega de informes anuales.

“El informe sí tiene un peso considerable porque hace ver que se está incumpliendo un compromiso internacional, pero también creo que tiene que haber sanciones internacionales, pronunciamientos de otros países por su incumplimiento”, opina Tita Radilla.

Los informes, coincide Corcuera, “son la única herramienta de la Corte para presionar al Estado, lo cual es útil pero la otra herramienta a utilizar es la política, por ejemplo: que la Corte lleve una inconformidad ante la asamblea general de la Organización de Estados Americanos, presentando un informe y señalando a los países que no cumplen, como México que están usando al sistema para atrasar y no dar un cumplimiento valido. Se le debe llamar a un cambio de actitud”.

Para presionar a que la Corte se pronuncie enérgicamente durante la etapa del cumplimiento, Michelle Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y defensora en el caso Campo Algodonero, propone “impulsar una audiencia en la Corte IDH de supervisión de la sentencia para volver a sentar en el banquillo de los acusados a México”, acción que realizarán este año.

Además, Corcuera Cabezut opina que el actual sexenio carece de un plan: “no esta teniendo una respuesta estratégica y en conjunto a todas las sentencias de la Corte, está apagando fuego por fuego, y su única estrategia es litigar todo”.

Mientras que para Michelle Salas al Estado también le falta un adecuado enfoque ya que “las sentencias deben ser vistas como una oportunidad y no como un reproche. El proceso sin lugar a dudas se podría facilitar si hubiera servidores públicos comprometidos”.

Presupuesto a la mira

A pesar del presente incumplimiento, todo parece indicar que en 2011, tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, se podrá avanzar un paso en lo que se refiere al pago de indemnizaciones.

Con la asignación de 30 millones de pesos a un “Fondo de reparaciones e indemnizaciones a causa de violaciones a los derechos humanos decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por violaciones a los derechos humanos” se podrán pagar indemnizaciones y costas de las sentencias.

Luego de la publicación de la Ley de Federal de Responsabilidad Patrimonial en 2004, ya se asignaba una partida presupuestal para el cumplimiento de sentencias (artículos 2 y 5) pero es apenas a partir de este año que dicha partida contará con recursos.

Se avanza tarde, “es otra disposición sencilla de cumplir pero que no se hace hasta que no tienen otra opción. Se gastan más en los festejos del Bicentenario, o incluso en la delegación que llevan las audiencias ante la Corte que el costo que tienen las indemnizaciones de todas las sentencias”, dice Michelle.

Reparación psicosocial, la justicia en manos de las víctimas

Los ministros de la Corte Interamericana han señalado que la sentencia en si misma ya es una parte de la reparación del daño provocado a las víctimas. En este sentido el valor de las sentencias internacionales no está en el castigo sino en la reparación y en que su cumplimiento redignifique a las víctimas. Las violaciones de derechos humanos son contra las víctimas, pero también a sus familias y amigos, a sus comunidades y a la sociedad.

La reparación psicosocial, explica la psicóloga Valeria Moscoso Urzúa, “tiene que ver con acciones que logren redignificar a las víctimas, restituir su dignidad e integridad y una de las formas para conseguirlo tiene que ver con la aceptación de los hechos, la búsqueda de justicia y de la verdad”.

En la sentencia no hay separaciones entre psicosocial y jurídico, dice la coordinadora del Área de Atención Psicosocial de la CMDPDH, pero “las medidas de satisfacción y reparación si tienen su fundamento en el objetivo de restituir a las víctimas al estado previo a la violación en la medida de lo posible”.

“Por ejemplo, la publicación de la sentencia significa dar a conocer a la sociedad la vida de Rosendo y demostrar que no era un terrorista, que no estaba haciendo nada ilegal; es limpiar la reputación de la persona desaparecida y dejar en claro que era un luchador social que quería mejorar la calidad de vida de la comunidad; que era padre, hijo y esposo y que no quería otra cosa de lo que todos deseamos para nuestro país”.

Cuando las disposiciones en el plano jurídico de una sentencia no se cumplen, explica, “estas medidas pierden su fuerza simbólica como restauradoras de la dignidad”.

Alcanzar la justicia parece algo lejano para las víctimas de violaciones a derechos humanos por parte del Estado mexicano. Su esfuerzo se extiende por muchos años de lucha. Desde la violación, la transformación de sus vidas y la imposibilidad de recibir justicia en su país, hasta lograr una condena internacional han pasado muchos años.

Valentina e Inés, que no hablaban español lo aprendieron para defenderse; Tita Radilla, su familia y todas las familias de la Afadem se han encargado de que en México de hable de Guerra Sucia y continúan a la espera de que sus desaparecidos regresen; Teodoro y Rodolfo, aunque salieron libres, hasta la fecha no han sido exculpados; las familias de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette miran más allá de las fronteras para encontrar la justicia sabiendo que al poner un pie fuera de sus casas las posibilidades de morir asesinadas aumentan.

Fuente: Centro Nacional de Comunicación Social

Los temas de derechos humanos 2010: Atenco, los 12 que vencieron al Estado

México D.F., 31 de diciembre de 2010 (Cencos).- En 2010 los campesinos y campesinas de San Salvador Atenco lograron su segundo triunfo. El primero fue cuando ganaron al decreto expropiatorio que pretendía dar paso a la construcción de un aeropuerto durante el gobierno de Vicente Fox; ahora, 8 años más tarde, el movimiento social más importante del país volvió a derrotar a los intereses del Estado al lograr la liberación de 12 de sus integrantes, recluidos injustamente desde mayo de 2006.

“Nos queda mucho que hacer. Esto es como sembrar la tierra. Ahora nos toca cultivar, queremos una cosecha de lo que al tiempo sembramos.[…] Nos esperan muchos años por seguir la lucha. Nuestra existencia entera no va a alcanzar para todo lo que tenemos que hacer. La esperanza se construye, no se espera", decia Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, horas antes de quedar en libertad.

El 1 de julio de 2010 los 12 activistas retomaron su libertad luego de una movilización sin precedentes y articulada en varios frentes, desde la lucha de litigio integral, las movilizaciones (marchas y plantones), la estrategia de medios y hasta el apoyo internacional en más de 20 países. Fueron 4 años fuente de aprendizaje para todos los movimientos sociales durante los cuales tras repetir la verdad de los hechos una y otra vez se logró justicia, esa justicia por la que los atenquenses seguirán luchando. Los 12 presos políticos

• Ignacio del Valle Medina

• Felipe Álvarez Hernández

• Héctor Galindo Gochicoa

• Edgar Eduardo Morales

• Narciso Arellano Hernández

• Julio César Espinosa Ramos

• Alejandro Pilón Zarate

• Juan Carlos Estrada Cruces

• Oscar Hernández Pacheco

• Inés Rodolfo Cuellar Rivera

• Román Adán Ordóñez Romero

• Jorge Alberto Ordóñez Romero

Una lucha de todos

Durante poco más de 4 años, la indignación y búsqueda de la justicia tomaron caminos de lo más diverso. Cada hombre y mujer, cada colectivo estudiantil, red, movimiento u organización de la sociedad civil comenzaron a trabajar por la libertad y el reconocimiento de las violaciones de derechos humanos los días 3 y 4 de mayo de 2006. El trabajo en conjunto avanzó y se fortaleció, pero resultaba insuficiente ante la impunidad y la aquiescencia del sistema de justicia y la falta de visibilidad de estas violaciones por lo que 400 colectivos, organizaciones, redes y movimientos que trabajaron para conseguir la libertad de los 12 se constituyeron en la Campaña Libertad y Justicia para Atenco el 17 de febrero de 2009.

Esa Campaña, cuyo éxito permitió visibilizar los pasos que daba el movimiento para lograr la libertad, emprendió su etapa final “Libertad Ahora” el 24 de abril de 2010. A partir de ese momento aumentó la presión social con el objetivo de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación supieran que los ojos del mundo vigilaban sus decisiones y no permitirían que a pesar de haber avalado la existencia de graves violaciones a los derechos humanos durante los operativos de aquel 2006, se decidieran por mantener en la cárcel a los 12.

Voces de la vida política, pero también artística y cultural, líderes de opinión, escritores, periodistas y académicosexpresaron su rechazo a la criminalización de la protesta social. Personajes como Julieta Egurrola, Eduardo Galeano, Manu Chao, Adolfo Gilly, la nobel de la Paz Jody Williams, Carlos Fazio, de entre un gran coro de protesta, aprovechaban cada oportunidad y foro para hablar de Atenco, hablar de la violencia de Estado y exigir la libertad.

El FPDT salió de gira por 25 estados del país, se realizaron más de 250 acciones en 20 países y se llevó el mensaje a más de un millón de personas, según cifras de la propia Campaña. Tras 18 meses de trabajo y luego de conseguir la libertad de los 12, esta Campaña concluyó el 8 de agosto de 2010, en el aniversario del natalicio de Emiliano Zapata, gran referente de todas las luchas campesinas de México en el siglo XX y XXI.

Los años de encierro, marcas que no se borran fácilmente

Luego de las violaciones a los derechos humanos de cientos de hombres y mujeres, las detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles y fallas al debido proceso, 9 presos políticos fueron encarcelados en el penal de Molino de Flores y tres más en la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano, donde comenzó una nueva etapa de injusticias para ellos y sus familias relacionadas a las malas condiciones carcelarias, la desintegración social y los daños psicosociales.

“Cuando lo llevaron al Altiplano inconsciente de tanto golpe que le dieron, hay cosas que no recuerda a la fecha, que no recuerda. En los primeros tres meses no coordinaba”, cuanta Trinidad Ramírez del ingreso de su esposo Ignacio del Valle al penal en el Informe colaborativo de violaciones a los derechos humanos “12 presos por la defensa de la Tierra. Es tiempo de su libertad”.

Desde su llegada “los mismos internos de ahí, sí querían hasta pues pegarles, ¿no? Incluso no se si tendrían alguna orden o no se pero a todos les buscaban, trataban de intimidarlos”, relata María Leonor Romero Morales, madre de los hermanos Jorge Alberto y Román Adán Ordóñez Romero, en el mismo informe del Comité Libertad y Justicia para Atenco y cuatro organizaciones más.

En él se documenta el hacinamiento, falta de agua, alimentación suficiente y de calidad, falta de medicamentos y la subordinación de unos internos a otros “con el contubernio de las autoridades del penal”. Incluso, se constatan “las revisiones denigrantes a las que son sometidos sus familiares, especialmente, las mujeres” cada sábado que visitaban a sus presos.

Resalta el caso de Héctor Galindo a quien “se le prohibió, durante 15 meses, recibir visita familiar, ante la imposibilidad de demostrar lazos consanguíneos con su familia adoptiva”.

Para recordar

La lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra comenzó a finales de 2001 cuando pobladores de San Salvador Atenco y otras comunidades del lago de Texcoco se enteraron por los medios que le sería expropiadas 5 mil hectáreas de sus ejidos para la construcción de un aeropuerto internacional inscrito en el Plan Puebla Panamá (ahora Iniciativa Mesoamericana). Resistieron y echaron abajo el decreto expropiatorio el 11 de junio de 2002.

La fuerza del Estado se volvió a activar en su contra en 2006. Lo ocurrido el 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, durante el operativo implementado por la entonces Policía Federal Preventiva, desató un gran número de violaciones graves a los derechos humanos contra las y los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), en contra también de habitantes atenquenses que no tenían relación con el movimiento así como en contra de activistas y defensores y defensoras de derechos humanos, quienes sufrieron tortura física, psicológica, allanamientos, y detenciones arbitrarias entre otras violaciones.

Después de estos actos represivos, el Estado, mediante el uso faccioso de la fuerza y las leyes como han afirmado diversos integrantes de la academia y de la sociedad civil, nacional e internacional, encarceló ese mismo día a 108 personas, llegando días después a más de 200 detenciones arbitrarias. A cuatro años de estos sucesos 12 personas continuaban privadas de su libertad en el penal Molino de Flores y El Altiplano, con penas que van de 31 a 112 años de prisión, pero lograron su libertad el 1 de julio de 2010. Durante el encierro, había ocasiones en que la situación podía empeorar, los primeros seis meses Ignacio, Felipe y Héctor eran golpeados varias veces al día, “los custodios tenían mucho coraje, porque, pues siempre les decían 'griten cabrones, como cuando andan en la calle gritando “Zapata vive”' y dice que 'ese es el coraje que les dio, porque nunca les dimos gusto'”, narra Catalina González Rosas, esposa de Felipe.

Además, se presentaban constantes aislamientos e incomunicaciones como impedir visitas, llamadas telefónicas, correo o lecturas, el retiro de sus pertenencias entre ellas expedientes jurídicos, almohada y cobija.

Mientras tanto, fuera de la cárcel el movimiento también se vio afectado psicosocialmente y las familias y la comunidad tampoco fueron la excepción. En la comunidad se trastocó la referencialidad del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra como sujeto cohesionador de la dinámica comunitaria, dicen los resultados del Seminario de Acompañamiento Psicosocial con familiares.

A su vez, se vieron truncados la vida de las mujeres y hombres de Atenco, dando “un cambio de atención y de prioridades vitales” ya que “la situación de tener un familiar preso trastoca radicalmente el proyecto de vida tanto de los detenidos como de los familiares”.

En el seminario se detectó la pérdida de la estabilidad y tranquilidad, disrupciones y cambios de roles en las estructuras familiares, “permanente tensión, incertidumbre y preocupación” reflejados en hipertensión, dolor de cabeza, agotamiento, padecimientos psicosomáticos y síntomas de depresión.

Desde entonces y hasta la fecha, los resultados de este cambio social, apunta el informe, se reflejan en que la mayoría de las personas no aceptan defender sus tierras, se han vuelto más activos con foros y asambleas sobre como defender sus derechos, buscan reconstruir la confianza y la cohesión, y en particular los familiares se han caracterizado por su fuerza y perseverancia que mostraron durante todo el proceso y hasta conseguir la libertad de sus presos.

Ahora libres, es necesario que el Estado se responsabilice y repare los daños “que van más allá de la indemnización económica y contemplarían la dimensión ética, moral, psicológica, física, jurídica, y política debido a que las violaciones de las que han sido objeto han afectado todas las esferas de su vida”.

¡Atenco vive, la lucha sigue!

El primer día de 2011 los 12 de Atenco cumplirán sus primeros 6 meses de libertad, luego de 4 años de cárcel. El pasado, aunque sin olvidarse, ya empieza a acumularse en la historia de un pueblo y un movimiento que con buen paso cumplirá sus primeros 10 años de existencia.

Doña Trini, líder emblemática siempre al frente con paliacate y machete, es portadora de esa vitalidad del Frente: “seguimos reorganizándonos,- plática para Cencos - por lo menos en Atenco no hemos vendido, ni venderemos nada. Sería caminar sin rumbo sería no tener identidad, no saber quien somos ni que hacemos, sería negar nuestra historia”.

“Alcanzamos la libertad pero no hemos alcanzado la justicia porque en Atenco las violaciones a nuestras compañeras, los asesinatos de Javier Cortés y de Alexis Benhumea, lo que nos robaron, la desintegración de las familias que no han querido regresar, y todo lo que trajo la represión, aun no es reparado”.

A pesar de haber ganado esta batalla “la comunidad sigue con problemas de vivienda, de escolaridad, de salud, esas han sido las demandas y el principal problema sigue siendo el de la defensa de la tierra”.

La represión ahora, parece cada vez más sólo un paréntesis de una lucha aún mayor, “encarcelar a nuestros compañeros fue una estrategia de parte del gobierno para que desistiéramos de seguir en la defensa de la tierra, pero esto reafirmó nuestra convicción de seguir adelante, porque demostramos que defender la tierra no es un delito, es un derecho”.

Fuente: Centro Nacional de Comunicación Social

Los misteriosos regaladores

Fuente: Patricio