Ofrece “La Familia” nueva tregua

La Redacción

MORELIA, Mich., Enero 02 (apro).-El cártel de “La Familia Michoacana” ofreció este domingo una nueva tregua de un mes.

En un comunicado distribuido por correo electrónico, la agrupación responsabiliza a la Policía Federal de los hechos violentos ocurridos el mes pasado en territorio michoacano.

En noviembre, La Familia lamentó que el gobierno federal hubiera declinado su ofrecimiento de concretar un pacto, y en contraparte prometió que haría una tregua unilateral durante todo diciembre.

A continuación, el comunicado:

“A TODA LA SOCIEDAD MICHOACANA

“A toda la sociedad michoacana primeramente se les desea un feliz año nuevo 2011, a todos los michoacanos en general, a continuación la familia michoacana les informa que se deslinda de todo acto vandálico ocurrido en este mes de de diciembre del 2010 ya que las autoridades federales nos quieren hacer responsables de este tipo de sucesos, lo cual negamos rotundamente por lo que señalamos directamente a la Policía Federal Preventiva.

“Y que con estos actos de abuso de autoridad han atacado sin mira y sin importar si son mujeres, niños, adultos mayores, por lo que las autoridades han manejado una información falsa y totalmente a su conveniencia, y culpando a la familia michoacana, cuando la única verdad es que la PF. fue la que inicio y atacó a nosotros y a toda persona que por desgracia se les cruzó en su camino por lo que de forma reiterativa nos deslindamos de toda responsabilidad.

“Aprovechamos este comunicado para informarles a toda la sociedad michoacana, que La Familia, decidió continuar con su repliegue de no seguir con actividad alguna por un mes más el cual será por todo enero de 2011 para con esta decisión seguir demostrando a las autoridades, gobierno federal y sobre todo al pueblo michoacano que la familia michoacana no es culpable de todos los actos delictivos que las autoridades y gobierno federal hacen públicos en los medios de comunicación.

“ATENTAMENTE “LA FAMILIA MICHOACANA” (sic).

Fuente: Proceso

2011, es tiempo de los ciudadanos

Domingo, 02 de Enero de 2011 00:00

Escrito por La Jornada Morelos

El año nuevo representa una oportunidad para reiniciar con visión clara el camino. No obstante, a pesar las proyecciones optimistas de los agoreros de la macroeconomía, el crecimiento de la economía mexicana no se verá reflejado de manera directa en los bolsillos de los mexicanos. Es posible que se creen nuevos empleos, pero el problema es que el país trae un déficit que no será superado si no con varios años de crecimiento efectivo. Además, a ello hay que sumarle los millones de jóvenes que se sumarán al ejército de reserva de mano de obra. Aunque ahora el narcotráfico se les presenta como una “alternativa”.

A ese marco debe agregarse la llegada de la cuesta de enero que representa los ajustes “normales” del inicio de año en los precios, se esperan alzas en combustibles y la mayor parte de los productos de la canasta básica, lo que diluirá fácilmente el irrisorio aumento a los salarios mínimos. Además, deben tomarse en cuenta las alzas en los servicios e impuestos, que ya se han hecho sentir en los últimos días. En ese sentido, no se espera pues un cambio real en la calidad de vida de la mayoría de las personas que habitan este país, no sólo en términos de las oportunidades que se ofrecen (pocas o nulas, en la mayoría de los casos), si no por las presiones que impone el estilo de vida y la propia organización social, política y cultural.

Y la pregunta se repite: ¿qué haremos? ¿Cuándo cambiará esta situación? ¿Cuándo nos hará justicia? Y la respuesta de las autoridades siempre oscila entre el llamado al cambio y la cínica demagogia. Y los ciudadanos poco a poco aprenden a cobrar facturas atrasadas en las elecciones. Sin embargo, ello sólo cambia a los cirqueros, sin realmente modificar las condiciones sociales, políticas y culturales que han puesto al país en este estado. Es necesario y urgente incrementar la participación social. Sólo la organización social puede cambiar de fondo las condiciones de inequidad que persisten y se agudizan en la historia del país.

2011 es una nueva oportunidad para buscar el diálogo con los iguales y comenzar la construcción de propuestas de lo más cercano a lo más lejano. De lo más concreto a lo más abstracto. Comenzar por la calle, la manzana, la colonia, la ciudad y luego continuar con el estado y el país. Los ciudadanos son los que tienen la respuesta a sus demandas y necesidades. Se ha visto que las autoridades han sido rebasadas, así que es tiempo de la gente. Unas cuantas minorías se movilizan por una razón u otra. Es importante articularlas y ampliarlas, dejando de lado el sentido faccioso que gobierna a tantos y tantos movimientos sociales en la historia del país. Al final, “somos iguales, porque somos diferentes”, y eso debe dar sentido a la participación social. Las elecciones son una forma, no la única, en la que se puede cambiar este país. Es tiempo, los ciudadanos tienen la palabra.

Fuente: La Jornada de Morelos

Empresas extranjeras prometen como políticos en campaña: Ortiz

CONSUELO ARAIZA DÁVILA

COLABORACIÓN ESPECIAL PARA: LA JORNADA SAN LUIS

El geólogo Ramón Ortiz Aguirre exigió un “ya basta” al saqueo, “un rotundo no” a la explotación de los recursos minerales por parte de las trasnacionales extranjeras con el aval del gobierno federal, por lo cual llamó a la Semarnat que explique si la canadiense First Majestic Silver tiene ya la manifestación de impacto ambiental para operar en Real de Catorce, por lo cual la población debe de unirse para defender el patrimonio histórico delPueblo Mágico.

“Es importante averiguar cómo van a afectar a Real de Catorce, tanto en el aspecto religioso huichol y saber el impacto urbano, vial y económico en el proceso metalúrgico que piensan hacer en sus 22 concesiones ya que es bien sabido que todas las aguas termales del país tienen altas concentraciones de sílice y de arsénico, no hay vuelta de hoja, a mayor profundidad, más mineral, hay que exigirles que nos expliquen cómo van a manejar los residuos industriales líquidos, esa es una obligación de Joel Milán Navarro, delegado de la Semarnat, que explique públicamente esa manifestación de impacto ambiental, que diga si ya la tiene, porque tanto las dependencias federales como la misma dirección minera, más que nada están actuando como departamento de relaciones públicas de First Majestic Silver.

Demandó la urgencia de conocer a fondo el proyecto de explotación de la plata en Catorce: “La empresa debe presentarle a Semarnat su proyecto de exploración pero existe la duda de si la dependencia federal no les dirá nada, van a actuar como los tres monos que dicen no veo, no hablo y no oigo”, comentó.

Explicó que la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) no tiene capacidad de exigirle nada a la canadiense, “por cortesía le pudieran dar algo de información porque no es del ámbito de su competencia, sino que es asunto federal, ni para el uso de suelo, tampoco la Segam es autoridad sino que es el municipio de Real de Catorce”.

El ex titular de la Comisión Estatal del Agua aseveró que la responsabilidad de la supervisión recae en la Semarnat y la Secretaria de Ecología, y su dirección minera debe de tener el proyecto minero completo.

Dijo que la Semarnat ya debería haber enviado a sus inspectores para evaluar la Manifestación de Impacto Ambiental ya que First Majestic Silver sólo ha obtenido el beneplácito del gobernador: “sabemos que en este gobierno no hay nada de obras visibles y tal vez con esto, los canadienses hagan labor de convencimiento con el asunto del empleo: “Eso va a suceder, sobre todo si nos damos cuenta que todos los delegados federales en San Luis Potosí son panistas y más que panistas son marcelistas, nada ha cambiado, prevalecen los intereses neoliberales y los negocios y nada de riqueza se queda para los mexicanos, todo se llevan los extranjeros”, dijo el ambientalista universitario.

Comentó el especialista en Geología Ambiental que la explotación en Catorce sí puede afectar a Estación Catorce y a sus comunidades aledañas “porque la Manifestación de Impacto Ambiental, si acaso va a causar un incremento o decremento en la población, es necesario explicarlo así como el impacto en las condiciones sociales y económicas, para ver si es viable o no y por ello hay que prevenir”. Detalló que la afectación será en la cultura Huichol con el peregrinar que hacen y la afectación en el turismo, en los recursos naturales y el daño a la protección histórica, ya que se trata de un patrimonio cultural, “la población sabe que ya de por sí hay problemas en el acceso por el túnel de Ogarrio, no hay una buena infraestructura urbana pero aquí estos extranjeros están como los políticos en campaña, prometiendo que van a hacer muchas obras, como la planta de tratamiento, que además tienen mucho dinero para hacerla, pero es pecata minuta, porque ya de por sí el agua subterránea de los municipios mineros tiene grandes cantidades de minerales y está contaminada de manera natural, lo que veo es que hay un impacto al medio biótico y un impacto al medio humano”.

Fuente: La Jornada de San Luis

2010, año de represión contra la libertad de expresión y asesinatos de periodistas

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 1º enero. El gremio periodístico fue uno de los sectores que también sufrió la represión a la libertad de expresión durante 2010, donde hubo asesinatos de periodistas y agresiones a medios de comunicación, sin que hasta la fecha haya esclarecimiento de ninguno de los casos.

En el año que termina se sumaron a la lista de periodistas asesinados dos más, el de Juan Francisco Rodríguez Ríos, corresponsal de El Sol de Acapulco en el municipio de Coyuca de Benítez, y su esposa María Elvira Hernández Galeana, su colaboradora, quienes fueron asesinados el 28 de junio.

Con estos homicidios se contabilizaron cinco en los dos últimos años y nueve en lo que va del sexenio de Zeferino Torreblanca Galindo.

En todos los casos, según destacó en un reporte el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, las investigaciones no son centradas en atentados contra la libertad de expresión y la defensa de los derechos, sino como asuntos relacionados con la delincuencia organizada.

De igual forma se dio el atentado contra el periódico El Sur, donde gente armada hizo varios disparos con armas de alto poder, sin que resultara ningún trabajador lesionado.

Estos hechos también provocaron gran preocupación ante organismos internacionales quienes consideraron a Guerrero como el lugar donde más periodistas se asesinan, pues así lo expresó la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, el 14 de noviembre.

De igual forma la Asociación Interamericana de Prensa (SIP) condenó los atentados contra los periodistas, que hasta el día de hoy, no hay grandes avances en las investigaciones.

El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, condenó y alertó “una vez más que estamos frente a un hecho de censura que no sólo quita la vida de los periodistas, sino que también crea una cultura del miedo, cercenando el derecho del público a la información”.

Casos como el de Amado Ramírez, Misael Tamayo, Juan Daniel Martínez, Juan Francisco Rodríguez Ríos y el de su esposa, aún están en la impunidad, pues no se han podido resolver de manera satisfactoria.

Organizaciones sociales consideraron que la situación de violencia que impera en el estado y en el país, pone en indefensión a la libertad de expresión.

Fuente: La Jornada de Guerrero

Se deslinda La Familia Michoacana de la violencia ocurrida en diciembre

REDACCIÓN

En un nuevo mensaje distribuido ayer por la noche, la agrupación autodenominada La Familia Michoacana se deslindó de “todo acto vandálico” ocurrido en la entidad durante los últimos 30 días, y anunció su decisión de continuar con su “repliegue” durante un mes más “para seguirle demostrando al gobierno federal, a las autoridades y, sobre todo, al pueblo michoacano”, que ellos no son los responsables de los actos delictivos que la federación “hace públicos en los medios de comunicación”.

Por otro lado, reiteró sus acusaciones en contra de los elementos de la Policía Federal (PF) destacamentos en Michoacán, a quienes señaló de cometer “abusos de autoridad” y atacar a la población “sin mira y sin importar si son mujeres, niños o adultos mayores.

Asimismo, el comunicado sostiene: “las autoridades han manejado una información falsa y totalmente a su conveniencia culpando a La Familia Michoacana cuando la única verdad es que la PF fue la que inició y nos atacó, a nosotros y a toda persona que por desgracia se les cruzó en su camino, por lo que de forma reiterativa nos deslindamos de toda responsabilidad”.

El mensaje fue hecho llegar a una centena de reporteros y medios de comunicación de la entidad desde el correo electrónicoemilianozapata200006@gmail.com.

Fuente: La Jornada de Michoacán

Denuncia SME irregularidades en proceso penal y político en contra de sus dirigentes

Viernes, 31 de Diciembre de 2010 00:00

Escrito por Dulce Maya

CUERNAVACA. Héctor Salazar Porcayo y Marco Antonio García Barrera subsecretario general y subsecretario de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas de la División Cuernavaca, denunciaron una serie de irregularidades que se han presentado en torno al proceso penal (político) que se sigue en su contra en el juzgado IV de Distrito, a cargo de la juez Griselda Sáenz Horta, bajo el expediente 63/2010, por el delito de privación ilegal de la libertad a funcionarios públicos de la Comisión Federa de Electricidad (CFE) y del Servicio del Sistema de Enajenación de Bienes (SAE).

“Sigue la instrucción de seguir reprimiéndonos e ir en contra de los trabajadores, que hacemos esta denuncia pública, ante la serie de contradicciones, conforme a las declaraciones de la parte acusadora y que no coinciden para nada en los señalamientos que nos están imputando”, refirió Héctor Salazar Porcayo.

En rueda de prensa, denunciaron diversas violaciones del proceso: los supuestos ofendidos no acuden al desahogo de la diligencia; la jueza nos obliga a verificar pruebas de la PGR; los agentes aprehensores no acuden, también, a desahogar las pruebas aportadas por los suscritos. Además de un sinfín de trabas de que somos objetos: señalan fechas y nos tienen en el juzgado más del tiempo debido, es decir nos atienden hasta que quieren, el trato es desigual, violando la garantía de Igualdad no se aplican las multas a los agentes aprehensores que no acuden a las fechas señaladas, etcétera. “Éstas son algunas de las constantes violaciones que se cometen en nuestro proceso penal, tal parece que la jueza o el tribunal tiene interés en que se aplique la ley de manera ilegal”, refirieron.

Dijeron que continúan a la espera de que se respeten los Derechos Sustantivos consagrados en la Constitución Federal pilar fundamental en un estado garantista, nosotros confiamos en que el Tribunal Unitario, en la Toca 529/2010, de un revés a lo ordenado y no se violen nuestras garantías. Finalmente, adelantaron que la División Cuernavaca del Sindicato Mexicano de Electricistas ha determinado denunciar públicamente hechos que son represivos por parte del gobierno federal y acudir ante los organismos internacionales de derechos humanos para el efecto de que estén enterados en el proceso ilegal que se sigue en nuestra contra.

Fuente: La Jornada de Morelos

Desaparecen 80 por ciento de migrantes que salen de Oaxaca

Amatlán, Ver.- De cada 100 migrantes que salen del estado de Oaxaca, al menos 80 desaparecen en su trayecto hacia la zona centro, de acuerdo con datos proporcionados por Norma Romero Vázquez, principal activista en la zona centro, en la comunidad La Patrona, que ofrece ayuda a centroamericanos en su camino hacia el norte del país. Romero Vázquez es testigo fiel del andar y sufrimiento de los migrantes, explicó que durante estas fechas normalmente aumenta el flujo de los que buscan llegar a los Estados Unidos, debido a que por ser temporada vacacional disminuye considerablemente la vigilancia de las dependencias. Por ello, se dijo preocupada de que en este año la situación haya cambiado repentinamente, al disminuir sobremanera el tránsito de migrantes.

Así, se vio en la necesidad de conversar con el párroco Alejandro Solalinde (encargado de la Casa del Migrante en Ixtepec, Oaxaca), quien le confirmó que al día apoyan en ese lugar a alrededor de 100 centroamericanos, quienes reciben comida y techo en aquella casa. De los cerca de 100 que salen diariamente del estado de Oaxaca, sólo llegan a La Patrona alrededor de 20, es decir más de 80 personas se pierden en el trayecto de estado a estado.

Romero Vázquez se manifestó preocupada por esta situación, ya que más de la mitad de los indocumentados están “desapareciendo extrañamente” en el trayecto, lo que aumenta la preocupación, toda vez que no se descarta la posibilidad del secuestro. Reveló que para ellos, el paso por Veracruz se ha convertido en uno de los más peligrosos nacionalmente, ya que no sólo son víctimas de agresiones físicas o verbales, sino que en la entidad ocurren los actos más violentos, como los secuestros o el esclavismo.

Esto puede ser uno de los motivos por los cuales los migrantes prefirien cambiar de ruta para llegar a Estados Unidos, pues el estado de Oaxaca es uno de los lugares donde más se congregan éstos, puesto que se detienen a descansar y recibir alimento, por lo que guardan la esperanza de que al salir opten por modificar su trayecto.

Lo lamentable, a decir de Romero Vásquez, sería que estas extrañas desapariciones se deban a situaciones como secuestros o asesinatos de parte de corporaciones de seguridad, del crimen organizado o incluso de la propia sociedad que aún discriminan a este sector.

Incluso comentó que existen algunos municipios en la entidad, donde apedrean a los indocumentados que viajan sobre el tren, en otros se congregan ladrones para quitarles lo mucho o poco que tienen, incluso se estima que estos bandidos están coludidos con los maquinistas, pues en ciertas zonas estos disminuyen la velocidad para que puedan subir a cometer sus atracos; estas situaciones, refirió, pueden ser también motivo de que cambien de ruta.

Córdoba, ciudad peligrosa

Aun cuando a nivel nacional Veracruz se consideró como uno de los estados más peligrosos en cuanto a agresiones a migrantes, Córdoba es una de las ciudades más peligrosas para el sector. A decir de Norma Romero Vásquez, de acuerdo con los testimonios de los propios centroamericanos, Córdoba es una de las ciudades donde se cometen más violaciones a los derechos humanos, debido a que muchos delincuentes se hacen pasar por indocumentados para cometer fechorías, lo que al final deriva en un odio infundado hacia este sector.

Otra de las situaciones, señaló, es que en la estación del tren de esta ciudad se reúnen también maleantes para atacar a los migrantes que ahí descienden para pedir ayuda. De esta forma, lamentó que Córdoba sea uno de los sitios más peligrosos para los indocumentados, donde no se respeta a este sector y, peor aún, donde han sido emulados para cometer fechorías.

La boca del lobo

Para la organización Dignidad y Justicia en el Camino, de Guadalajara, la zona sur del país, que incluye a Veracruz, es considerada la boca del lobo, por el alto índice de actos delictivos cometidos contra los migrantes.

Fernando Valencia, vocero de la organización, comentó que desde hace cuatro años ha sido constituida legalmente esta sociedad que, al igual que en la comunidad La Patrona, se dedican a brindar techo y alimento a los indocumentados, amén de buscar la defensa de sus derechos pero, sobre todo, la dignificación a su persona.

Contrariamente a las experiencias en el estado de Veracruz, en Guadalajara, explicó, los datos cambian, puesto que aumenta el flujo de personas, pero de mexicanos más que de centroamericanos, porque en su paso por el sur y zona centro del país ya se han distribuido o lamentablemente ya han sido víctimas de algunas situaciones.

Además que Veracruz se considera el paso forzoso de Centroamérica hacia México, en la entidad se congregan más indocumentados de países como Guatemala y Honduras. Ya en el trayecto hacia el norte del país la situación va modificándose, puesto que se van uniendo más mexicanos al camino que buscan colocarse en maquilas o jornales en ciudades como Nogales, mientras que los centroamericanos ya se han dispersado en las diversas rutas.

En una comparación entre Jalisco y Veracruz, señaló que debido a esta situación el flujo de personas disminuye, ya que a la semana reciben entre 30 y 40 personas, cuando de este estado salen alrededor de 100 al día. Asimismo, lamentó la abismal diferencia de los problemas que vive este sector entre Veracruz y Jalisco, donde agresiones son más de tipo verbal que de cualquier otro.

Por ello, a esta zona se le califica como la boca del lobo para los migrantes, debido a toda la serie de problemas que viven en su camino por esta parte de México. Reconoció que no es que en Guadalajara no suceda nada, sólo que de acuerdo con las versiones de los indocumentados en Veracruz los atropellos van desde agresiones verbales hasta corretizas y secuestros, mientras que en aquel lugar no existen acciones documentadas de este tipo. Añadió que los propios centroamericanos han señalado a Chiapas, Veracruz y Oaxaca, como los estados más peligrosos para ellos.

En una reflexión ante el grave problema de la migración, añadió que en México lo que hace falta para resolverlo es voluntad política, pues adujo que estos casos no son recientes, sino que datan de hace más de seis años, sin embargo tuvo que ser necesaria la matanza masiva de centroamericanos para ver que “el problema existe”.

Acotó que mientras en México no se proporcionen las herramientas necesarias para dotar a los ciudadanos de mejores condiciones de vida, desde laborales hasta educativas, entonces continuará existiendo una larga lista de personas que emigran a otros países, donde estas condiciones sí existen.

Mientras esto no cambie, México seguirá siendo “un expulsor de personas”, afirmó uno de los 20 voluntarios de Dignidad y Justicia en el Camino.

Fuente: La Jornada de Veracruz

Redadas de Navidad en Marruecos

Las palabras se atropellan en su boca mientras utiliza un teléfono que han logrado esconder. Son 27 en la celda, hombres y mujeres, una de ellas madre de un bebé de siete meses.

Algunas están enfermas o embarazadas. El bebé se alimenta de la poca teta que le queda a su madre, que también tiene hambre.

Les detuvieron en las redadas de los días de navidad en diversos barrios de Tánger. Aprovecharon que estaban reunidos rezando (la mayoría son de confesión cristiana) y compartiendo cenas o comidas. Entraron en las casas y llenaron las furgonetas de policía en un corto espacio de tiempo.

Desde entonces están detenidos esperando ser deportados a la frontera con Argelia, en la región Oriental marroquí.

“La situación es insoportable. Tenemos frío. Nos llevaron con lo puesto. No hay mantas. Pero lo peor es que no tenemos comida. No nos dan de comer. El olor, la falta de asistencia a los enfermos y la falta de alimento se hacen insoportables. Que hablen de lo que nos pasa. No somos animales”, declara Ben en la primera y por el momento, única comunicación que logramos con los detenidos.

Cuando intentamos contactarles de nuevo, el teléfono está cerrado y hay una gran inquietud en el barrio donde se vuelven a repetir las detenciones.

“Han cogido a mucha gente. A todas las chicas, a Joey, Beuty, Mariam, y a todos los bebés también. No han dejado a nadie. Los que corremos más nos hemos salvado”, declara Dam, acostumbrado a las redadas de los bosques.

El día de navidad fueron arrestadas 38 personas.

“Ahora mismo están deteniendo a gente. Estoy escondido. Han cogido a cinco de mis compañeros con mucha violencia, más de lo acostumbrado”, nos susurra Kevin para no ser oído en su escondite.

Intentamos localizar a la gente que conocemos sobre todo a los enfermos en tratamiento por tuberculosis y a las madres con bebés, pero ningún teléfono responde. Todos están apagados.

Cuando llamas en una situación así quieres pensar que ellos mismos cerraron la conexión para evitar ser arrestados, pero en la mayoría de las ocasiones lo que sucede es que ha empezado el infierno de la detención.

“En Rabat las redadas se extienden por todos los barrios donde hay inmigrantes, aunque hasta el momento no se tiene noticia de que hayan entrado en las casas”, nos cuenta Ismael.

Para la ciudad de Tánger ha sido diferente, la policía ha entrado en los domicilios buscando a la gente y se ha llevado a todo el mundo, sin hacer diferencia entre enfermos, niños o mujeres embarazadas.

“Cogen a toda la gente, a todos. Tu sabes nosotros celebramos la navidad, es un momento importante de rezos y esperanza en el futuro, de encontrarnos. Aquí ellos no celebran la navidad, así que han aprovechado este momento nuestro de estar juntos para detenernos. Es muy doloroso, te lo digo, muy doloroso”

Un dolor tremendo es lo que expresan los gritos de la última comunicación telefónica con los arrestados.

Golpes secos, gritos y voces lejanas entre las que se adivinan los agudos de las mujeres y los llantos de los niños. A mi interlocutor más próximo sólo le escucho decir “deja de pegar que lo vas a matar”.

Fuente: TeleSur

La invasión a Afganistán dejó más de 10 mil muertes en 2010

La invasión a Afganistán dejó en 2010 más de 10 mil muertos, el 20 por ciento de de ellos civiles, según un balance de la agencia France Press dado a conocer este domingo y que contabiliza cifras oficiales y las de un sitio internet independiente icasualties.org

Según cifras publicadas el domingo por la noche por el ministerio afgano del Interior, 8 mil 560 personas entre civiles, policías e insurgentes murieron en 2010 en hechos de violencia vinculados con el conflicto que enfrenta desde 2001 cuando fuerzas extranjeras invadieron el país para enfrentar al movimiento Talibán.

Por su parte, el ministerio afgano de defensa informó que durante 2010 murieron 810 soldados afganos.

Según el sitio independiente icasualties.org, las operaciones en Afganistán costaron la vida de 711 soldados extranjeros en 2010, en el que sería el año con más bajas para las fuerzas de la coalición invasora encabezada por Estados Unidos.

Según el portavoz del ministerio afgano del Interior, Zemarai Bashary, 2 mil 43 civiles murieron en 2010, ya sea en atentados de los insurgentes o durante operaciones militares contra la insurrección. Bashary agregó que murieron mil 292 policías y 5 mil 225 combatientes talibanes en 2010.

La cifra de ciudadanos es inferior a la brindada por las Naciones Unidas, que estimaba en su informe de diciembre que 2 mil 412 civiles afganos murieron entre enero y octubre de 2010, es decir un alza del 20 por ciento con respecto al mismo período de 2009.

El laberinto de Afganistán

En julio de 2010 la organización Wikileaks filtró alrededor de 90 mil informes militares estadounidenses clasificados sobre la guerra de Afganistán, donde se hicieron públicas las dificultades de las tropas de la coalición para manejar la situación de violencia en el país.

Los documentos revelaron operaciones encubiertas, muertes de civiles de las que nunca se informó públicamente y la implicación de Pakistán en la resistencia talibán.

Los informes que datan de 2004 a 2010, muestran las acciones de EE.UU. para ocultar pruebas de actuaciones ilegales, de la verdadera magnitud del poderío militar acumulado por los talibanes y también hablan sobre las masacres realizadas por EE.UU. contra civiles y los daños colaterales de las operaciones militares.

Fuente: TeleSur

El regreso del muchacho y los muchachos que no regresarán

Publicado el 30 de diciembre de 2010

Por Amy Goodman

El Presidente Barack Obama promulgó una serie de proyectos de ley durante la sesión del Congreso saliente conocida como 'lame duck'–entre las elecciones de noviembre y la renovación definitiva de los congresistas en enero. Se ganó el apodo de “Comeback Kid” (en referencia a su capacidad de recuperación y posible reelección) bajo una lluvia de artículos de prensa colmados de elogios. Pero en medio de esta sorpresa bipartidista, la guerra, tema en el que demócratas y republicanos siempre se ponen de acuerdo, fue totalmente pasada por alto. La guerra en Afganistán ya es la más larga en la historia de Estados Unidos y 2010 ha sido el año en que se registró el mayor número de bajas de soldados estadounidenses y de la OTAN.

Al momento de esta emisión, 497 de las 709 bajas de soldados de la coalición informadas en 2010 fueron soldados estadounidenses. El sitio web iCasualties.org ha rastreado cuidadosamente los nombres de los soldados muertos. No hay una lista exhaustiva de los afganos muertos. Pero hay algo que está claro: los 497 soldados estadounidenses bajo el mando de “Comeback Kid”, no regresarán.

El 3 de diciembre, el Comandante en Jefe Obama hizo una visita sorpresa a sus soldados en Afganistán, los saludó y pronunció un discurso en la Base Aérea de Bagram. Bagram es la base aérea construida por la Unión Soviética durante su intento fallido de invasión y ocupación de Afganistán. Ahora es administrada por fuerzas estadounidenses y también alberga el tristemente célebre centro de detención. El 10 de diciembre de 2002, casi ocho años antes de la fecha en que Obama pronunciara su discurso allí, un joven afgano llamado Dilawar fue asesinado a golpes en Bagram. La terrible experiencia de su arresto por error, su tortura y asesinato fue reflejada en el documental de Alex Gibney, ganador de un Oscar de la Academia, titulado “Taxi al Lado Oscuro”. Dilawar no fue la única persona torturada y asesinada allí por las fuerzas armadas estadounidenses.

Obama le dijo a los soldados: “Están protegiendo a su país. Están logrando sus objetivos. Triunfarán en su misión. Dijimos que íbamos a doblegar la fuerza del Talibán, y eso es lo que están haciendo. Ustedes van a la ofensiva, cansados de pelear a la defensiva, tienen como blanco a sus líderes, sacándolos de sus bastiones. Hoy podemos estar orgullosos porque hay menos zonas bajo el control del Talibán y más afganos tienen la posibilidad de construir un futuro más esperanzador”.

Los hechos de la realidad contradicen su evaluación optimista desde muchos ángulos diferentes. Los mapas realizados por las Naciones Unidas, que muestran las evaluaciones del nivel de riesgo de Afganistán, se filtraron al Wall Street Journal. Los mapas describían el riesgo para las operaciones de la ONU en cada distrito de Afganistán, calificándolos de “muy alto riesgo”, “algo riesgo”, “riesgo medio” y “bajo riesgo”. El Journal informó que, entre marzo y octubre de 2010, la ONU descubrió que el sur de Afganistán continuaba siendo una zona de “muy alto riesgo”, mientras que 16 distritos pasaron a ser zonas de “alto riesgo”. Las áreas consideradas de “bajo riesgo” disminuyeron considerablemente.

Y también están los comentarios del portavoz de la OTAN, el Brigadier General Joseph Blotz, que dijo: “El período de combate no tiene fin.... Habrá más violencia en 2011”.

Mucho antes de que WikiLeaks publicara el tesoro de los cables diplomáticos de Estados Unidos, dos documentos clave se filtraron al New York Times. Los “cables de Eikenberry”, como se los conoce, eran dos memorandos del General Karl Eikenberry, embajador estadounidense en Afganistán, a la Secretaria de Estado Hillary Clinton, exhortando a que hubiera un enfoque diferente de la Guerra en Afganistán que se centrara en brindar ayuda para el desarrollo en lugar de enviar más soldados. Eikenberry escribió sobre el riesgo de “involucrarnos cada vez más aquí y no tener forma de salir de esto, además de permitir que el país vuelva a caer en el desorden y el caos”.

Un problema que enfrenta el gobierno de Obama, mayor aún que una coalición internacional desgastada, es la creciente oposición a la guerra de la gente de su país. Una reciente encuesta de Washington Post/ABC News revela que el sesenta por ciento de la población cree que esta guerra no ha tenido sentido, comparado con un cuarenta y uno por ciento en 2007.

Cuando el Congreso se vuelva a reunir, preparado para promover lo que seguramente serán recortes presupuestarios polémicos, los casi seis mil millones de dólares que se gastan al mes en la guerra en Afganistán serán cada vez más el tema del debate.

Como el ganador del Premio Nobel de economía Joseph Stiglitz señala reiteradamente, el costo de la guerra va mucho más allá del gasto inmediato: hay décadas de disminución de la productividad entre muchos veteranos con lesiones, asistencia a los miles de veteranos discapacitados y familias destruidas por la muerte o la discapacidad de sus seres queridos. Stiglitz estima que las guerras en Irak y Afganistán terminarán costando entre 3 y 5 billones de dólares.

Uno de los principales motivos por los que Barack Obama es hoy presidente es que al oponerse abiertamente a la guerra de Estados Unidos en Irak, primero ganó la candidatura demócrata y luego las elecciones nacionales. Si asume la misma postura con la guerra en Afganistán y pide a los soldados estadounidenses que regresen, entonces tendrá verdaderas posibilidades de ser reelecto en 2012.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2010 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps, editado por Gabriela Díaz Cortez y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 650 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Fuente: Democracy Now

Vecinos de La Malinche marcharán al Zócalo

Opositores a la Supervía anuncian que protestarán el próximo 5 de enero, en punto de las 16 horas, por el incumplimiento de acuerdos y la toma de predios a manos de granaderos

Integrantes del Frente Amplio en contra de la Supervía anunciaron que el próximo miércoles 5 de enero, a las 16:00 horas, realizarán una marcha rumbo al Zócalo en contra de las acciones del gobierno de Marcelo Ebrard realizadas esta mañana.

Durante la manifestación, mostrarán su repudio a la toma de los predios expropiados por parte de cientos de granaderos que se hizo bajo lo que ellos acusan como engaños, violación de sus derechos y de acuerdos que el propio gobierno tenía con una comisión especial de personalidades que mediaban en el conflicto.

En asamblea, los vecinos aseguraron que aun cuando los predios estén tomados, ellos seguirán con su movimiento de resistencia desde otras trincheras.

Por el momento, dijeron que se mantendrán en el lugar y ya organizaron las guardias para evitar que el gobierno los desaloje su campamento

Esta mañana un grupo de granaderos bloqueó la entrada a los predios expropiados en la colonia La Malinche para la construcción de la Supervía Poniente.

Fuente: Observatorio Eclesial

Ni Perdòn Ni Olvido 1.1.11

Cobertura AMLOTV

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4. Los temas de derechos humanos 2010: La violencia gana espacio a la juventud juarense

México D.F., 27 de diciembre de 2010 (Cencos).- La situación de violencia se incrementó en Ciudad Juárez, Chihuahua desde la llegada del ejército en 2008. El paisaje urbano se comenzó a transformar con el paso de los combois y los retenes que sitiaron la ciudad, la sola presencia del ejercito agredía a los ciudadanos.

Estas acciones por parte del gobierno federal desencadenaron un mayor número de violaciones a los derechos humanos y la criminalización de la sociedad en particular de la juventud juarense. 2010 fue un año en que las niñas y niños, las y los jóvenes verían como se agudizaba la violencia y la criminalización en su contra, mientras su calidad y prespectiva de vida se deteriora.

El 30 de enero de 2010 en la colonia Villas de Salvárcar, fueron asesinados 13 adolescentes y 2 personas adultas durante la celebración de un cumpleaños, las víctimas en su mayoría eran estudiantes de preparatoria. Este hecho trajo consigo la indignación de la sociedad, por lo que el 13 de febrero organizaciones como el Frente Popular Ciudadano y el grupo Resissste convocaron a la “Marcha de coraje, dolor y desagravio” donde marcharon 3 mil personas en memoria de los 13 jóvenes asesinados y para repudiar la permanencia del ejército en Ciudad Juárez.

En entrevista para el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Pavel Velazquez, integrante del Frente Plural Ciudadano que trabaja contra la militarización, comenta que desde la llegada del ejército se incrementó la violencia, las ejecuciones y además fue el comienzo de extorciones, desaparición forzada, secuestro, y abusos por parte de funcionarios públicos.

El Frente parte del análisis de que no existe una guerra real contra el narco - explica Pavel-y aún cuando la hubiera “repudiamos que estén ejecutando gente en las calles. En todo caso, si la persona fuera el peor criminal, que se le detenga, investigue enjuicie y sentencie, pero no que un comando llegue y lo ejecute a las 12:00 de la mañana a las afueras de una primaria”.

Ciudad Juárez nunca fue una ciudad muy politizada -recuerda- sin embargo; los jóvenes han mostrado mayor empatía con las acciones del movimiento que ha venido impulsando el Frente como las caminatas contra la muerte de todos los sábados y diversas manifestaciones de protesta pero también de vinculación con la sociedad como es el caso del periódico Espartaco.

En este clima la credibilidad del gobierno ha menguado frente a la sociedad ante los constantes intentos por vincular a los jóvenes con el crimen organizado, “la sociedad en Juárez vive en un estado de terror, por lo que los jóvenes tuvieron que replegarse perdiendo espacios de esparcimiento junto a la población en su totalidad”.

Muestra de descompocisión social

El Colegio del Norte en su informe Todos somos Juárez presentado en marzo del presente año señala que en lo que va de 2008 a febrero de 2010 en un rango de edad de 12 a 35 años han sido asesinados con dolo 2 mil 526 jóvenes y que hay alrededor de 120 mil jóvenes en Ciudad Juárez entre los 13 y 24 años que actualmente no tienen acceso al aparato escolar, ni al mercado laboral.

Es importante destacar que en Ciudad Juárez miles de niñas y niños han quedado huérfanos en lo que va de la supuesta guerra contra el narcotráfico, por lo que organizaciones de la Sociedad Civil como Ririki intervención social, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Caminos Posibles, Casas de Cuidado Diario Infantiles, A.C. y la Organización Popular Independiente, recogieron los relatos y dibujos de los pequeños de Ciudad Juárez, en el libro titulado Un… dos… tres por mí y por todos mis amigos, las voces de las niñas y los niños pequeños de Juárez. En la publicación se rescatan testimonios de las niñas y niños de lo que significan las palabras amor, calle, barrio, escuela, familia, seguridad y Zumba, “en una ciudad donde viven poco más de un cuarto de millón de niños y niñas de hasta ocho años de edad. Niños y niñas en su primera infancia que crecen y se desarrollan en un contexto que atemoriza a no pocos adultos y que tiene sumida en la tristeza y en la desesperanza a la mayoría de la sociedad juarense”

Así mismo, el informe Todos somos Juárez destaca que Ciudad Juárez ha sufrido alteraciones de la vida cotidiana, debido a la inseguridad en los espacios públicos, además de la escalonada cancelación de las prácticas de convivencia de la sociedad, repercutiendo en la calidad de vida de los Juarenses, por otra parte señala que cerca de 10,000 empresas han cerrado en los últimos tres años.

Conforme avanzó el año se agudizaron los atentados contra los jóvenes desaparecidos, asesinados o secuestrados, como es el caso de 4 jóvenes que presenciaron la masacre de Salvárcar o los 6 jóvenes asesinados el 12 de marzo durante el velorio de otro adolescente asesinado dos días antes.

En la segunda mitad del año la violencia se vio nuevamente intensificada con el asesinato de 18 jóvenes en un centro de rehabilitación de Ciudad Juárez el pasado mes de septiembre y la masacre en la colonia Horizontes del Sur donde pierden la vida 14 personas en su mayoría jóvenes los cuales festejaban el cumpleaños de uno de ellos el 23 octubre; todos víctimas de la violencia que vive Juárez.

A consecuencia de estos hechos el 25 de octubre organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez y de la Ciudad de México como: Cauce Ciudadano, Ririki Intervención Social, Incide Social, Marabunta, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Red de Cultura de Paz, SERAPAZ (Servicios, Asesorías para la Paz), Infancia Común, El Barzón y Centro de Estudios Ecuménicos, Cencos, Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, Poder del Consumidor, Observatorio Eclesial y el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos denunciaron que en México se vive una política de muerte contra los jóvenes, que la impunidad que impera en Juárez se ha venido gestando desde hace mas de 15 años señalando como muestra los múltiples asesinatos de mujeres, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que actúen conforme a derecho y trabajen en el esclarecimiento de las Masacres en las colonia Villas de Salvárca y Horizontes del Sur, y se imparta justicia a las familias de los afectados.

Ese mismo día instalaron “la mesa permanente contra la violencia hacia niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en exigencia de un alto a los infanticidios y juvenicidios en México y la conformación de una Defensoría autónoma al servicio de las víctimas de la guerra contra el crimen organizado”.

Ante la indignación, más violencia

Días después el Frente Plural Ciudadano convoca al “Foro Internacional contra la Militarización y la Violencia”, que buscaba poner sobre la mesa el análisis de la viabilidad de la permanencia del ejército en Ciudad Juárez se vió envuelto en un atentado por parte de policías federales. Todo ocurrió en una marcha en que policías federales le dispararon por la espalda a José Darío Álvarez Orranquía estudiante de sociología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) en presencia de cientos de personas quienes participaban en la “Caminata contra la muerte” que se dirigía al Foro el viernes 29 de octubre. El policía responsable sólo fue sentenciado por el cargo de uso indebido de las armas.

Esta muestra de la impunidad del Estado indignó al país y desencadenó protestas simultaneas el 20 de noviembre con el nombre “Por una vida sin miedo, una revolución sin armas” en repudio a la militarización en Ciudad Juárez,y en diferentes ciudades del país y Estados Unidos como: el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Los Ángeles, El Paso y Guanajuato, también diversas organizaciones de la sociedad civil se han manifestado en repudio ante las acciones tomadas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Por su parte Michelle Barraza integrante del Frente Plural Ciudadano dijo a Cencos que en Ciudad Juárez casi 40 universitarios de la UACJ han sido asesinados durante la supuesta guerra contra el narcotráfico desde la llegada del ejército; destacando que la participación política de los jóvenes en 2008 fue poca, sin embargo, la intensa violencia que han vivido los jóvenes y la sociedad por parte del Estado durante estos dos años han hecho que la sociedad este de acuerdo en que “los militares no tienen nada que hacer en Ciudad Juarez y que los Federales y todas las corporaciones solo están desestabilizando, violentando, matando, callando y que es una opinión generalizada pero que la sociedad tiene miedo de externarlo”.

Frente a la violencia la sociedad comienza a organizarse y al igual que las mujeres para visibilizar los feminicidios, ahora los y las jovenes estan gritando por la paz en un Juárez repleto de armas e impunidad pero pocas politicas de empleo y educación, buscando la reconstrucción de su tejido social.

Fuente: Centro Nacional de Comunicación Social

3. Los temas de derechos humanos 2010: La guerrilla contenida. Entre la desaparición forzada y la mediación

México D.F., 24 de diciembre de 2010 (Cencos).- La reacción del Estado para enfrentar a grupos guerrilleros o subversivos que buscan cambiar el sistema por las armas se ilustra en el caso del Ejército Popular Revolucionario. El Estado cometió desaparición forzada –considerado un crimen de lesa humanidad- contra dos de sus integrantes y ante un ofrecimiento de diálogo a través de la Comisión de Mediación (Comed), el silencio gubernamental es contundente.

El Partido Democrático Popular Revolucionario – Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), realizó su última acción armada el 10 de julio de 2007 y desde entonces mantiene una tregua declarada unilateralmente. Mes y medio antes, sus dos dirigentes, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, fueron víctimas de desaparición forzada (como lo ha confirmado la CNDH), por parte del Estado en la ciudad de Oaxaca.

Casi un año después de las desapariciones el EPR solicitó mediante un comunicado la ayuda de una Comisión de Mediación que dialogara con el Estado para encontrar a Gabriel y Edmundo. La posibilidad de encontrarlos parece lejana, pero la tarea fue aceptada y el trabajo de la Comed ha sido clave para presionar al Estado a que investigue y reconozca su responsabilidad.

En este tiempo a la Comed se le pueden adjudicar aciertos como ayudar a que el EPR mantenga su tregua, informar a la sociedad y al EPR a través de los medios de comunicación de los avances o la falta de estos, presionar al Estado para que realice todas las investigaciones que lleven al paradero de ambos guerrilleros, y para que la CNDH emitiera una recomendación (07/2009) que concluye que en efecto fueron servidores públicos quienes se llevaron a los dos líderes un 25 de mayo de 2007, cometiendo así un crimen de Estado continuado contra Edmundo, Gabriel y sus familias.

La Comed lucha contra un crimen que es tan vigente hoy en día como desde hace 40 años con la Guerra Sucia. Las “ejecuciones extrajudiciales, detenciones, encarcelamientos, tortura y desapariciones forzadas han ido en aumento en este contexto de supuesta “guerra contra el narcotráfico””, dicen en un comunicado integrantes de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada quienes identifican a esta como una “política vigente del Estado mexicano” que suma más de 3 mil casos en el sexenio.

Oscuridad de la calle, oscuridad en su casa

El Estado mexicano es conocido en la política internacional por ratificar la gran mayoría de los instrumentos de derechos humanos; sin embargo, con la desaparición forzada no sucede igual. Aunque sí se adhirió a la Convención Internacional contra todas las formas de desaparición forzada de personas, la cual entró en vigor el día de ayer luego de que al menos 20 países la aprobaran, este no la adoptó en su totalidad.

“México se abstuvo de reconocer la competencia del Comité contemplado en la Convención, dando un paso hacia atrás en su actitud de política exterior en materia de Derechos Humanos”, explicaronorganizaciones civiles el día de ayer.

México no ha reconocido la competencia del Comité que vigila el cumplimiento de dicha convención, ya que de hacerlo, se permitiría que dicho órgano recibiera peticiones contra el Estado mexicano por desaparición forzada, entre ellas las de los caso de Edmundo y Gabriel.

La desaparición forzada consiste en “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”, según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Al pie de la letra se cumple esta definición con los casos de los integrantes del EPR, ya que incluso el gobierno del estado de Oaxaca y de su capital, a quienes dirigió la CNDH su recomendación, rechazaron “reconocer dicha privación de la libertad”.

Sobre la recomendación, el primer visitador de la CNDH dice a la Comed de manera contundente que “del análisis de todas las evidencias que se analizaron y valoraron, cobró mayor certeza jurídica la presunción de que ambos agraviados después de su detención, fueron trasladados inicialmente de manera velada, al interior de instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca, ocurriendo tales sucesos, entre el 24 y 25 de mayo de 2007, fecha en que nada se volvió a saber sobre su paradero”.

Oídos sordos. Cronología durante 2010 de los esfuerzos de la Comisión de Mediación (Comed)

La Secretaría de Gobernación incumplió el acuerdo establecido con la Comed de transmitir preguntas a la Sedena; un ejemplo cabal de la poca disposición de avanzar en el diálogo de la mediación.

Anuncian que continuará la Comisión de Mediación (COMED) entre el EPR y el Gobierno Federal, con la finalidad de esclarecer la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

Se cumplen tres años de las desapariciones forzadas de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, falta voluntad política por parte del Estado mexicano para impartir justicia.

La Comed solicita avances al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, sobre el caso.

El Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-PPR), emplazó a la Comed a informar al pueblo mexicano "sobre la situación que guarda el caso de nuestros compañeros y las respuestas gubernamentales”.

Integrantes de la Comed presentan Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada

La Comed expone su preocupación ante la falta de cumplimiento a la recomendación 7/2009 de la CNDH.

La Comed reconoce que enfrenta condiciones difíciles para lograr los objetivos planteados, en un contexto político adverso, ya que para el gobierno federal no es tema prioritario.

La Comed y CNDH se reunieron para dar seguimiento a las recomendaciones por la desaparición de integrantes del PDPR-EPR.

La Comed informó que de acuerdo con investigaciones de la CNDH, integrantes del EPR sí sufrieron desaparición forzada a manos de agentes de seguridad del estado.

El Comité Central y la Comandancia General del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario informaron a la Comed del conocimiento de los resolutivos de la CNDH y que no abandonarán la exigencia de la presentación con vida y en libertad de sus compañeros Eperristas.

La Comed contesta el comunicado del EPR: "no existen condiciones para la reanudación de la mesa de negociación formal con el Gobierno Federal, dado que no hay muestras de verdadera voluntad política de resolver la desaparición forzada de los integrantes del Grupo armado", dicen. y también se publica el último comunicado del EPR en que opina sobre la situación de los movimientos sociales en Oaxaca y en el cual llaman a solidarse con la desaparición de sus compañeros.

Fuenbte: Centro Nacional de Comunicación Social

2. Los temas de derechos humanos 2010: Silencios y pasividad gubernamental dejan indefensos a periodistas y libertad de expresión

México D.F., 22 de diciembre de 2010 (Cencos).- Durante 2010 las agresiones contra periodistas, comunicadores y medios de comunicación han tenido un alto nivel de violencia. El asesinato, el secuestro, las amenazas y la reubicación de periodistas formaron parte del panorama cotidiano en México. A diferencia del año 2009, en 2010 la gravedad de las agresiones dificultó el alcance de la información y la documentación de casos. Los medios fueron orillados a reservarse en temas de narcotráfico, corrupción y violaciones a derechos humanos para salvaguardar su seguridad.

A pesar de las diversas acciones que impulsan la sociedad civil nacional e internacional y periodistas para frenar las agresiones, no ha habido una respuesta clara del Estado en materia de investigación y protección, sobre todo, no existe la articulación suficiente para atender la urgencia del problema.

Luis Carlos Santiago Orozco

El 16 de septiembre, el vehículo con el que circulaban dos fotógrafos del periódico El Diario fue atacado en Ciudad Juárez, Chihuahua. Luis Carlos Santiago Orozco de 21 años perdió la vida y su compañero “Carlos” de 18 (cuyo nombre completo se omite) fue internado en un hospital. Ambos reporteros gráficos estaban en prácticas de El Diario de Ciudad Juárez. Luis Carlos, que llevaba 6 meses colaborando en el medio estaba por incorporarse de manera formal.

En febrero se abrió un proceso de dialogo entre la Secretaria de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH) y organizaciones de derechos humanos y de periodistas, en el que se abordó la creación de un Mecanismo de Protección a Periodistas y personas Defensores de derechos humanos; posteriormente no tuvo seguimiento para su articulación.

El poder ejecutivo anunció en el mes de julio el cambio de titular y de nombre de la actual Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). En el poder legislativo, la federalización de las agresiones a la libertad de expresión, no pasó de un punto de acuerdo emitido el 12 de octubre en la Cámara de Diputados.

Amenazas a Alejandro Medellín

El periodista Jorge Alejandro Medellín fue amenazado de muerte el día 31 de octubre, en relación a la publicación de un artículo que describe posibles lazos entre el crimen organizado con autoridades militares y de justicia encargadas de la lucha contra el narcotráfico en el estado de Chihuahua.

Organizaciones internacionales voltean la mirada a México

En este contexto se dio la visita conjunta de las relatorías especiales para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de Naciones Unidas del 9 al 24 de agosto, que dio cuenta de la situación en México. En su informe preliminar, las relatorías hicieron recomendaciones puntuales al Estado, por un lado sobre la urgencia de atender temas estructurales referentes al marco jurídico y por otro, pusieron especial énfasis en el alto nivel de violencia contra quienes difunden información, opiniones e ideas, destacando la impunidad que prevalece en los casos como un obstáculo para el sano ejercicio democrático del país.

Ataques a medios

Durante el año 2010 se han registrado 7 atentados en contra de medios de comunicación con artefactos explosivos o armas de fuego mientras que sólo se registraron 3 en 2009. Hasta la fecha no se reporta que haya algún detenido resultado de las investigaciones como responsables de estos ataques.

Entre el trabajo de las organizaciones internacionales, el 22 de septiembre, tuvo lugar una reunión que el presidente Felipe Calderón sostuvo con el Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); el ejecutivo informó sobre la implementación, para el mes de octubre, de un programa de protección a periodistas basado en el sistema que Colombia ha llevado con éxito. Cabe mencionar que esta propuesta ha sido impulsada desde 2008 por la organización Article19.

Finalmente, el 4 de noviembre en un acto protocolario, se firmó el Convenio para la Implementación del Mecanismo de Protección a Periodistas entre la Segob y la CNDH, con la presencia de José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, y Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, entre otros funcionarios de la administración pública federal. Ante dicho convenio, las organizaciones civiles denunciaron públicamente las inconsistencias y vacíos que tiene así como su preocupación por la falta de participación de los y las periodistas y la sociedad civil en su diseño. Así el Comité Consultivo para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas quedó formalmente instalado el 3 de diciembre, y acordó sesionar por primera vez el día 3 de enero de 2011.

Reportera herida de bala

La reportera Ixtli Martínez fue herida de bala en el muslo cuando cubría un conflicto en la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Ixtli Martínez es una reportera experimentada que cubre temas políticos y sociales, así como cuestiones relacionadas con los conflictos que han tenido lugar en el estado de Oaxaca en los últimos años.

Ante la inacción del Estado organizaciones locales e internacionales solicitaron 2 audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de protección; se presentaron diversos informes públicos sobre la situación y se llevaron acabo las visitas oficiales de los relatores de la ONU y la CIDH. También periodistas de diversos medios de comunicación se manifestaron en la Ciudad de México para exigir protección frente a las agresiones sufridas por ejercer su labor. Bajo el lema “Los queremos vivos”, la marcha silenciosa tuvo lugar en agosto, dejando un precedente de unión del gremio frente a la violencia.

A pesar de que el tema de protección a periodistas logró colocarse en el debate público durante el 2010 por la presión internacional y las iniciativas de la sociedad civil y el gremio periodístico, las acciones del Estado son débiles y no han logrado articularse. Las y los periodistas han implementado sus propias medidas para contener las agresiones, múltiples análisis y debates sobre la cobertura y la solidaridad que se necesita al interior del gremio para afrontar la violencia han sido las respuestas. Por su parte el Estado, sigue pendiente en atender sus obligaciones en materia de libertad de expresión.

Fuente: Centro Nacional de Comunicación Social

1. Los temas de derechos humanos 2010: Labor de defensoras y defensores. Es indispensable para una democracia proteger sus vidas

“Si me va venir a asesinar que me asesinen enfrente, para vergüenza del gobierno”

Marisela Escobedo

“Seguimos caminando hacía un sol que brilla con fuerza, viene el tiempo de los pueblos”

Beatriz Cariño

“El gobierno no ha cumplido con esa parte de investigar los hechos y si no hay investigaciones, quiere decir que no se está protegiendo nada, no se está protegiendo a los defensores”

Obtilia Eugenio Manuel

Artículo 1.- Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.

Declaración sobre el derecho y el deber de promover y proteger los derechos humanos

México D.F., 20 de diciembre de 2010 (Cencos).- Las personas y organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos son un factor indispensable para la construcción de un sociedad democrática. Es primordial para comprender la tarea de las y los defensores observar que México atraviesa por un contexto de degradación del respeto a los derechos humanos. La desigualdad social y económica, la violencia, la falta de una cultura democrática y la impunidad, explican, entre otros factores la necesidad de ejercer este derecho. Sin embargo, las y los defensores en México, no cuentan con un reconocimiento público y son blanco de agresiones tanto de funcionarios públicos como de particulares para quienes esta labor representa una amenaza.

En octubre de 2009, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh) apuntó en su informe Defender los Derechos Humanos: Entre el Compromiso y el Riesgo la situación de vulnerabilidad que enfrentan las y los defensores, destacaron en ese año: los casos de asesinatos, la judicialización y encarcelamiento, el robo de información, las amenazas, las campañas de desprestigio y el mensaje de impunidad emitido desde el Estado al no resolver los casos. El objetivo de dicho informe, fue impulsar recomendaciones concretas al Estado para frenar la violencia contra defensoras y defensores. Sin embargo, el recuento de la situación en 2010 nos habla de una agudización del fenómeno por la continuidad de agresiones y la persistencia del mensaje de impunidad.

Al 2010 se suman nuevos casos y el 91 por ciento de las agresiones reportadas en 2009 se mantiene en la impunidad según la actualización del informe presentado en noviembre pasado por la Oacnudh. Algunos nuevos elementos que destacan en 2010, son la reubicación de defensores dado el hostigamiento que viven en los lugares donde desempeñan su labor, y por otro lado, se identificó el aumento del riesgo de las y los defensores que viven en zonas aisladas, marginadas y con altos índices de violencia. La Oacnudh también apunta que muchas de las y los defensores contaban con medidas cautelares antes de sufrir una nueva agresión.

Para recordar: casos 2010

Marisela Escobedo, madre juarense que luchó incansablemente para que se hiciera justicia en el caso de feminicidio de su hija Rubí Frayre Escobedo de 16 años, fue asesinada de un tiro a quemaropa el pasado 17 de diciembre a las afueras del palacio de gobierno de Chihuahua, en donde mantenía un plantón para exigir a las autoridades dar con el paradero del asesino de su hija.

Marisela Escobedo advirtió a las autoridades que había sufrido amenazas por parte de la familia de Sergio Barraza, ex pareja de su hija Rubí y responsable de su asesinato. En mayo pasado los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudid lo dejaron en libertad por falta de pruebas a pesar de que el acusado se había declarado culpable.

Un día después del asesinato de Marisela Escobedo, al tiempo que era velada por su familiares y organizaciones de derechos humanos un grupo de hombres armados incendiaron la maderería de José Monge Marroquín, pareja de la activista. En el atentado también secuestraron a Arturo Monge Marroquín, hermano del esposo de Marisela Escobedo, el cual fue encontrado asesinado con signos de asfixia. Las autoridades de la fiscalía de Chihuahua, declararon que no es seguro que los atentados tengan relación al asesinato de la activista.

Un caso emblemático de 2010, fue el de Raúl Hernández declarado preso de consciencia por Amnistía internacional y que desde la Organización para el Futuro del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) denunció los abusos militares y de autoridades locales en Ayutla de los Libres, en la montaña de Guerrero. Raúl Hernández fue acusado injustamente de asesinato y liberado el pasado 27 de agosto tras comprobar su inocencia. Días después el activista fue amenazado de nueva cuenta. Por esos días, también en Ayutla, Álvaro Ramírez Concepción y otros integrantes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) fueron atacados a tiros por un grupo de desconocidos que allanaron su parcela. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan también ha sufrido hostigamiento y allanamientos.

La persecución de activistas y organizaciones en Ayutla de los Libres no ha cesado desde 2008, el último incidente de agresión fue la amenaza hecha el 28 de noviembre a Obtila Eugenio y a su compañero Cuauhtémoc Ramírez también dirigentes de la OPIM que luchan por la desmilitarización de la región y dan seguimiento al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo. Actualmente 107 defensores y defensoras cuenta con medidas cautelares en este municipio.

En Chiapas, destacan los casos de agresiones a los integrantes de Enlace Comunicación y Capacitación A.C Margarita Martínez, Adolfo Guzmán y su familia quienes desde 2009 han sufrido allanamientos, golpes y amenazas, estas han sido persistentes a lo largo de 2010. Aunque también cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. AsÍ mismo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ha sufrido difamación pública y amenazas.

En Oaxaca, el ataque por un grupo armado a la Caravana Humanitaria que se dirigía San Juan Copala, en la región mixteca, cobró la vida de los defensores Beatriz Cariño, del finlandés Jyry Jakkola e hirió a tres más. El contexto de inestabilidad social y política en el estado ha dibujado un panorama adverso a las y los defensores que trabajan en Oaxaca. Asesinatos de líderes sociales, y agresiones a defensores y periodistas han sido una constante durante este año.

Al norte del país, la lucha por la desmilitarización y la defensa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia ha provocado que las y los defensores sean blanco de ataques, en algunos casos se desconoce a los agresores, pero en la mayoría se conoce de amenazas y hostigamiento previo por parte de militares, policía federal y municipal. El 3 de enero de 2010, Josefina Reyes fue asesinada, el 18 de agosto su hermano Rubén Reyes también fue asesinado, ambos por grupos armados que no pudieron identificarse. Los dos realizaban una fuerte labor de denuncia contra los abusos de las fuerzas armadas en el estado de Chihuahua.

En ese estado, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres fue allanado el 6 de abril de 2010, su directora Luz Estela Castro había recibido amenazas y hostigamiento en octubre del año anterior, todo en relación a su labor de denuncia de los casos de feminicidio en Ciudad Juárez.

En Baja California Blanca Mesina, ha denunciado la tortura que recibió su padre Miguel Ángel Mesina quien fue policía ministerial. Silvia Vázquez que colabora con la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste ha acompañado a Blanca Mesina en el proceso de denuncia, ambas han sido amenazadas de muerte y han recibido hostigamiento por elementos de la policía municipal. Ambas tienen medidas cautelares por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la comisión del sistema interamericano.

Mecanismo de protección

En febrero surgió un diálogo entre la Secretaria de Gobernación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas y sociedad civil para impulsar un mecanismo de protección que atendiera tanto a periodistas como a las y los defensores de derechos humanos. El proceso que debió avanzar conjuntamente dejó rezagado a la parte que atendería casos de defensoras y defensores. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos trabajaronla propuesta de la sociedad civil, que contiene elementos para el diseño de las líneas de dicho mecanismo en el mes de octubre. Esto para seguir impulsando la propuesta ya que por parte del Estado no hubo ningún avance.

Cencos como organización de derechos humanos realizó un registro indicativo en el que contabilizó un total de 32 casos de agresión a defensores y defensoras de derechos humanos entre el mes de abril y el mes de diciembre de 2010, de los cuales el 48 por ciento se desconoce al agresor mientras que el 22 por ciento las agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos sin que ninguno de estos casos fuera consignado. Este registro da cuenta de la diversidad de campos en los que las y los defensores realizan su labor, desde la defensa de la tierra hasta los derechos sexuales y reproductivos, por ello es primordial que el Estado garantice su integridad y genere condiciones aptas para su labor. Las medidas de protección a las y los defensores deben ser paralelas al diseño e implementación de políticas publicas con enfoque integral de derechos humanos.

Fuente: Centro Nacional de Comunicación Social

El 2011, sin expectativas para defensores de derechos humanos, dice Tlachinollan

CITLAL GILES SÁNCHEZ ( )

Chilpancingo, 30 diciembre. El 2011 será un año sin expectativas para los defensores de derechos humanos y los grupos marginados y golpeados del estado, consideró el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, que, aunque es un año con escenario político, los candidatos “son un peligro para la sociedad”, porque se aferran a proyectos capitalistas, como la presa La Parota.

En un recuento que hace Tlachinollan, destaca que tan sólo en la administración de Zeferino Torreblanca Galindo hay más de 250 casos de criminalización de la lucha social, por lo que el gobierno perredista “causó graves daños a la población”, sobre todo a la más pobre y marginada.

Lamentó que careció de justicia, de un combate a la impunidad y por el contrario, hubo gran corrupción en el sistema de procuración y administración de justicia.

Detalla el recuento que las agencias del Ministerio Público se focalizaron a integrar denuncias contra de maestros, estudiantes, indígenas, campesinos y colonos sumando un poco más de 250 expedientes penales que se documentaron en lo que va de este gobierno, expedientes que “están plagados de irregularidades porque se trata de delitos fabricados y consignas políticas”.

Recordó la represión a estudiantes de Ayotzinapa, quienes exigieron nuevas plazas; contra los maestros de la Ceteg quienes protestaron contra la Alianza por la Calidad Educativa, contra los integrantes de la Policía Comunitaria que tienen varias órdenes de aprehensión; los ejidatarios de Carrizalillo, los campesinos del Cecop, los indígenas de la radio comunitaria La Palabra del Agua, los miembros de la OPIM y OFPM del municipio de Ayutla, de la APPG, el dirigente de la asociación Tierra y Libertad de Teloloapan, los mineros de Taxco, los colonos de Puerto Marques, los opositores a la minera Media Luna, los miembros del Frente Opositor al Muelle de Icacos, los indígenas de Tulimán.

De igual forma, criticaron la postura inflexible del gobernador de no reconocer la responsabilidad de su gobierno ante encarcelamientos injustos como el de Raúl Hernández, por el contrario “defendió en todo momento a la procuraduría de justicia y a la policía ministerial, quienes son las instancias donde más se violan los derechos humanos”.

En su recuento también dan detalle de la situación de riesgo en la que trabajan los defensores y defensoras de los derechos humanos, quienes a pesar de las medidas provisionales otorgadas por la CIDH a 107 defensores y defensoras de Guerrero, “no existen avances en las investigaciones y más bien se han multiplicado las amenazas, obligando a que 6 defensores busquen refugio fuera del estado”.

Recordaron el cierre de la oficina de Tlachinollan en Ayutla, la cual no ha podido ser reabierta porque no existen mínimas condiciones de seguridad para continuar con el trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos.

Fuente: La Jornada de Guerrero

2010: el año más violento

Viernes, 31 de Diciembre de 2010 00:00

Escrito por LJM

El año que culmina será catalogado como uno de los más violentos en el estado. Después de que Arturo Beltrán Leyva cayera abatido por las balas de un cuerpo de élite de la Marina Armada, en diciembre de 2009, en el fraccionamiento Altitude, en Cuernavaca, se recrudeció la violencia en la entidad dando como resultado que los siguientes 12 meses se convirtieran en los más violentos.

Como prueba de lo anterior, en los últimos 365 días, en promedio, una persona fue ejecutada o hallada muerta en el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico. Si bien, en Morelos ya se habían registrado hechos de este tipo en años anteriores, el número de 340 ejecuciones es uno de los síntomas del terror. Pero a ello se debe agregar las prácticas sádicas en algunas de las ejecuciones. Primero fueron cuerpos envueltos con signos de tortura y con disparo de gracia; luego vinieron las cabezas; después los cuerpos desmembrados; más tarde, los cuerpos colgados y finalmente aquellos que fueron mutilados y colgados.

La saña fue subiendo de tono y con ello también los enfrentamientos. De ser operativos nocturnos para la ejecución, el enfrentamiento y desafío pasó a ser a plena luz del día y en lugares públicos y llenos de personas. Lo más preocupante es que, de acuerdo con la propia información oficial, varias personas asesinadas a lo largo de este año, no tenían nada que ver con el crimen organizado y en el caso de otras, incluso participaron en el programa de denuncia anónima, lo que implica que el centro de denuncias está infiltrado, anulando así uno de los programas estrella de las administraciones federal y estatal.

Cabe decir que, aunque las autoridades han afirmado en diversas ocasiones que la violencia es sólo un tema que atañe a los cárteles y a las fuerzas federales, la acción de la delincuencia y la poca eficacia de las medidas aplicadas por las autoridades sí ha impactado en la vida de la mayoría de los ciudadanos. Ello se desprende por un lado, del cambio de estilo de vida de muchas familias, mismas que dejaron de acudir o prohibieron a sus hijos participar en la vida nocturna de las ciudades; pero quizás lo más grave, es que la economía local, basada en la vida nocturna, en las escuelas de español para extranjeros, en los parques acuáticos y atractivos turísticos ambientales o culturales, vieron mermada su actividad, debido a la publicidad de los sucesos violentos en la entidad.

Finalmente, en el balance se debe señalar que la delincuencia organizada no es el único problema de los morelenses. La llamada delincuencia común ha hecho de las suyas. En los últimos meses se han incrementado los asaltos bancarios, los robos a casa-habitación, los asaltos a mano armada, los secuestros, las extorsiones telefónicas, el robo de autos y al autotransporte. Con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, las autoridades locales y municipales han encontrado una forma de evadir su responsabilidad. Así también, es importante señalar que la violencia feminicida continúa aumentando, por lo que la muerte de las mujeres sigue siendo un foco rojo, de los más olvidados, por cierto.

Fuente: La Jornada de Morelos