ONU y Tribunal Latinoamericano del Agua han constatado violaciones a derechos humanos
México D.F., 13 de mayo de 2010 (Cencos / Papel de Aguas).- El pasado 28 de abril se aprobó en asamblea la construcción de la hidroeléctrica La Parota que impulsa la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el voto de 1.200 asistentes registrados tras una malla ciclónica y con el resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, en el Pacífico mexicano. El acceso estaba restringido a los opositores.
"Se llenó de taxistas y más gente acarreada desde Acapulco y votaron por la aprobación de La Parota de forma totalmente irregular. Después de 15 minutos ya había acabado", explica Rodolfo Chávez, campesino opositor al proyecto. "La convocatoría fue completamente irregular y por eso solicitamos en recurso de nulidad ante el Tribunal Agrario, el cual esperamos que lo aprueben ya que en otras cuatro asambleas ha pasado lo mismo y hemos conseguido que se declaren ilegales", agrega el también integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop).
La consulta a los más de 40.000 pobladores que serían desalojados de sus comunidades es un paso necesario si la CFE quiere comenzar la construcción y por ello recurre a prácticas antidemocráticas y de presión para hacer de lado la opinión de los campesinos.
En las afueras del lugar se encontraban mil 500 integrantes del Cecop, a la espera de poder entrar y ser consultados sobre el megaproyecto. Vidulfo Rosales, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" y asesor del Cecop, destacó que no reconocerán los acuerdos que emanen de la asamblea. “Que quede claro; sólo muertos nos van a sacar de nuestras tierras”, resume Felipe Flores, dirigente del Cecop.
Esta última asamblea se acumula a los intentos por aprobar la represa que llevaría electricidad al puerto de Acapulco y se ubicaría sobre el río Papagayo. A pesar de que el Cecop resiste y ha ganado todas las batallas a nivel jurídico e incluso acudiendo a instancias de justicia internacional, el gobierno federal y del estado insisten en imponerlo.
Falsas asambleas y asesinatos
En 1967 la Comisión Federal de Electricidad comenzó los estudios de reconocimiento en los municipios de Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos, Chilpancingo y Tecuanapan, en el Estado de Guerrero, comunidad de Cacahuatepec, con el fin de impulsar el proyecto de construcción de la hidroeléctrica La Parota, que pretende desviar el cauce de los ríos Papagayo y Omitlán, inundando 17 mil hectáreas de selva caducifolia, por lo que se verían afectadas 21 comunidades que en la actualidad gozan de tierras fértiles y productivas. Más de 125. mil personas serían afectadas directa e indirectamente.
En 2002 la CFE comenzó a introducir maquinaria pesada con el fin de poner en marcha la construcción de la hidroeléctrica, esto puso en alerta a los ejidatarios que hasta ese momento supieron de la existencia del proyecto; decidieron organizarse con todos los pobladores que se oponían, formando el movimiento contra la represa más importante de México y emblemático de estas luchas en todo el mundo.
Ante el desacuerdo de los ejidatarios, el 25 de abril de 2004 el Presidente de Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, junto con la CFE, convocaron a una Asamblea General de los Bienes Comunales en la que se aprobaron los estudios y trabajos para la construcción de la hidroeléctrica: fue el primero de una serie de intentos para pasar por encima de los campesinos.
Casi mil 600 comuneros interpusieron el 24 de junio de 2004 ante el Tribunal Unitario Agrario una demanda de nulidad en contra de los resolutivos de la asamblea del 25 de abril, en la que destacaba que la convocatoria había sido ilegal conforme a lo que señala la Ley Agraria, además de que se desarrolló en un lugar diferente en presencia de funcionarios públicos y representantes de la CFE. Estos reclamos desencadenaron detenciones a representantes opositores a la hidroeléctrica por parte del gobierno.
Es hasta el 15 de julio de 2005 que el Tribunal Unitario Agrario emite las medidas precautorias que ordenan que la CFE no podrá llevar a cabo ninguna acción hasta que no haya un fallo definitivo.
Nuevamente se realizan intentos de asambleas sin representación popular en agosto, en San Marcos, y en noviembre en Dos Arroyos; en ambos existen enfrentamientos entre la Cecop y la policía que resguardaba las asambleas comunitarias. Así, se multiplican las asambleas falsas y para cada una de ellas el Cecop interpuso recursos de nulidad, todos ganados.
Finalmente, el Tribunal Unitario Agrario da el fallo a favor de los opositores el 17 de enero de 2006, anulando el acta de asamblea, convenio y acuerdos con la CFE por lo que se le notifica que no tiene injerencia legal para ingresar en la comunidad Cacahuatepec, municipio de Acapulco, para comenzar la construcción. Sin embargo, el 29 de enero de 2006 el activista Eduardo Maya Manrique, integrante del Cecop, es asesinado frente a su casa en la localidad de Dos Arroyos.
Apoyo internacional
El Cecop presentó el caso en el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) el 17 de marzo de 2006. Éste falló a favor de la cancelación de la construcción del proyecto de La Parota, debido a que “el costo en materia social y ambiental es muy alto” por lo que exhortó a los gobiernos federales, estatales y municipales que reparen los daños por las violaciones a los derechos humanos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Amerigó Incalcaterra, después de haberse reunido con ambas partes del conflicto, también se pronunció ante el desacato del gobierno estatal y la CFE, por seguir con la construcción aún cuando el poder judicial ya había fallado en su contra.
También el relator sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, de la Organización de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, confirmó los abusos y violaciones contra campesinos. Lo mismo ha hecho el relator especial sobre una vivienda adecuada, centrando su preocupación en los derechos económicos, sociales y culturales violados. Y ambos dijeron al gobierno que era necesario suspender el proyecto.
La Parota, por encima de la legalidad
Alrededor de la construcción de la hidroeléctrica ha habido un fuerte bloqueo de la información por parte de las autoridades, acompañado de una ola de represión que ya ha dejado 6 miembros del Cecop asesinados, encarcelamientos y desapariciones forzadas, delitos de lesa humanidad, por parte del Estado y de la CFE, violando los derechos humanos de los comuneros indígenas, además de la autonomía de los núcleos ejidales (artículo 27 Constitucional), la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Salud, entre las principales.
La lucha por impedir la construcción de la presa La Parota es una historia de éxito para la autodeterminación de los pueblos; aunque por otro lado, resulta paradigmática de como el Estado es capaz de violar derechos humanos y su propio marco legal y el de la nación con tal de imponer sus intereses.
Cencos y Papel de Aguas: En el marco de la exposición fotográfica Agua, Ríos y Pueblos, que se realiza en la primer sección del bosque de Chapultepec en la ciudad de México, y de manera simultaneamente en la ciudad de Barcelona, España, el Centro Nacional de Comunicación Social inició una colaboración con el Semanario Papel de Aguas, publicación que acompañará a la exposición en aquella ciudad y que incluye una sección sobre las problemáticas del agua en México. El presente material es fruto de esta alianza.
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Fuente: CENCOS
Difusión: Soberanía Popular
