domingo, 21 de junio de 2009

Asesinato de campesino reaviva pugna ejidal solventada en Atlixtac

Al recuperar el cuerpo de Vázquez, los de San Pedro fueron recibidos a balazos, denuncian

Fuente: La Jornada de Guerrero



Se teme un levantamiento de ejidatarios; “están muy molestos”: comisariado de bienes comunales

MARLEN CASTRO

CHILPANCINGO, 19 DE JUNIO. A pesar de que ya había un acuerdo sobre las tierras en disputa, el conflicto entre las comunidades nahuas del municipio de Atlixtac, San Pedro Huitzapula y San Juan Coapala resurgió por el asesinato a balazos de Daniel Vázquez Florestino, habitante de la primera localidad, el pasado miércoles.

Jesús Parra de la Cruz, secretario del comisiariado de bienes comunales de San Pedro Huitzapula, señaló que el pasado miércoles encontraron el cadáver de uno de sus vecinos, justo en los límites del lindero que durante medio siglo se disputaron con los ejidatarios de Coapala, y cuando quisieron ir por el cuerpo fueron recibidos a balazos.

“En los hechos, el conflicto ya había sido superado, pero ahora Coapala nos vuelve a quitar a otro compañero más”, acusó Parra de la Cruz, quien indicó que luego del entierro la gente de Huitzapula decidió hacerse justicia por propia mano, por lo que había mucha zozobra sobre lo que pudiera ocurrir.

A mediados de 2008, el conflicto de tierras de más de 50 años, quedó resuelto con la firma de un convenio entre los comuneros de Huitzapula y los ejidatarios de Coapala, quienes incluso recibieron de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) una contraprestación económica para renunciar a toda pretensión de seguir con la pelea de las cerca de de 2 mil 500 hectáreas en disputa.

Parra de la Cruz sostuvo que no tienen duda de que quienes mataron a su compañero fueron los de San Juan Coapala, porque cuando quisieron ir por él “nos tirotearon y sólo se fueron hasta que comenzó a llover y hasta entonces pudimos recoger a nuestro compañero”, dijo el campesino en esta capital a donde vino a informar a las autoridades agrarias de la situación en la zona.

Vázquez Florentino fue sepultado la mañana del viernes, dejando en el desamparo a siete niños en la orfandad, indicó Parra.

El comunero lamentó que vuelvan otra vez las agresiones, pues todos en Huitzapula ya estaban tranquilos de que los problemas con la comunidad vecina se habían acabado.

“Pero con esta agresión salta a la vista que Coapala no está conforme con el acuerdo y prácticamente se está provocando el resurgimiento del pleito por la posesión de las tierras”, expresó.

El campesino aseguró que la situación allá está muy difícil porque aunque las autoridades comunales han intentado detener a la gente “todos están muy molestos y quieren subir a Coapala para vengarse.

“La verdad es que la gente está muy molesta, quiere subir a la comunidad de Coapala para vengarse, cosa que estamos tratando de contener”, apuntó.

Parra de la Cruz señaló que pidió a su gente tranquilidad, pero aceptó que estaba muy preocupado porque él tuvo que bajar a la capital para solicitar la asesoría del gobierno del estrado y para presentar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para que el hecho se investigue y se sancione a los responsables.

Recordó que en la firma del convenio con el que se logró finiquitar el conflicto de tierras, se establecieron 4 mil 200 hectáreas para Huitzapula y 472 para Coapala, además de una contraprestación que fue de 8 millones de pesos para el primer núcleo agrario y 10 para san Juan Coapala.

En agosto de 2007, en otro enfrentamiento armado, murieron Juan Florencio Solís, de 43 años, y Reyes Regino Cabrera, de 63, ambos de San Juan Coapala.

Expondrán perredistas violaciones militares en las Ollas ante el Congreso de la Unión

Irá Comisión de Derechos Humanos del SE y SN a recoger testimonios de víctimas, anuncian

Fuente: La Jornada de Guerrero


También presentarán ante el pleno legislativo el asalto a La Jornada Guerrero; “es un atropello”

LAURA REYES MACIEL

Las violaciones cometidas por efectivos del Ejército Mexicano en su incursión a las comunidades Puerto las Ollas y Las Palancas, ubicadas en las zonas limítrofes de la Costa Grande y la Tierra Caliente, así como el robo de los ejemplares –el 15 de junio– de La Jornada Guerrero serán llevados ante el pleno del Congreso de la Unión por la fracción del PRD en el Senado y los diputados federales.

De esa forma pretenden evidenciar al gobierno federal la represión a la que son sometidos los indígenas en el estado y el atentado a la libertad de expresión contra esta casa editorial.

Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Secretariado Estatal (SE) y Nacional del PRD recorrerán el próximo martes esas dos zonas militarizadas para recopilar todos los testimonios de las irregularidades cometidas por las fuerzas castrenses, y después de eso integrarán un expediente donde, por la gravedad del caso, será incluirá el hurto de la camioneta y los ejemplares de La Jornada Guerrero, que en esa edición denunciaba las violaciones a los pobladores.

El presidente de la Comisión Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del SE, Urbano Lucas Santamaría, detalló que la comisión visitadora a Puerto las Ollas y Las Palancas estará integrada por unas 15 personas, incluidos senadores y diputados federales, con el objetivo principal de levantar testimonios de los indígenas, muchos de ellos niños y mujeres, que fueron amenazados y torturados por los militares para que dieran información de miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

Dentro de esa comisión estará Aurora Muñoz Martínez, ex secretaria de derechos humanos del PRD, pues Lucas Santamaría sentenció que de no atender ese problema existe un evidente riesgo de que la población de la Costa Grande y Tierra Caliente se abstenga de votar.

“Los perredistas vamos a llevar este tema a la máxima tribuna, a la Cámara alta, vamos a darle la importancia que tiene porque es una situación de violencia que va a repercutir el día de la elección. Por eso es importante que se difunda a nivel nacional. El tema de La Jornada es urgente por igual porque es un atropello”, manifestó.

Insistió en que las prioridades de las fracciones del PRD ante el Senado y el pleno legislativo será denunciar las violaciones militares y el caso del periódico, hecho del cual ya conocen Carlos Navarrete y Javier González Garza.

“Es inconcebible que a estas alturas se siga metiendo el Ejército con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Deben actuar con total apego a la ley”, recalcó.

Criticó la actuación del gobierno estatal y del candidato a diputado federal por el distrito 3 de la Costa Grande, Armando Ríos Piter, quienes han minimizado el hecho e incluso dudar de las cifras de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos.

La trituración del cerro El Pochote, para sacar cantera y construir un bulevar, lamentan vecinos



Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla)

MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ RÍOS

Atlixco. La historia sobre la demolición del cerro El Pochote, considerado un espacio de reserva ecológica en la ciudad, cambió drásticamente en menos de 24 horas. Mientras la noche del miércoles pasado funcionarios del ayuntamiento aseguraron a los vecinos interesados en defender esa franja verde que no había la menor intención de permitir trabajos de ese tipo, ayer los habitantes involucrados en ese lucha recibieron la noticia directamente del edil Eleazar Pérez Sánchez: “no existe cambio de uso de suelo en ese sitio; pero sí permiso para sacar la piedra del monte, que será utilizada para construir el bulevar gastronómico”.

La alerta

La noche del miércoles anterior, vecinos del fraccionamiento Tizayuca, ubicado en la entrada norte de esta ciudad, denunciaron que el dueño del predio, de nombre Emilio Fernández, pretende devastar, con dinamita de por medio, el cerro denominado El Pochote, ubicado a unos metros de las casas, para presuntamente comercializar el material de tepetate y la piedra.

El problema “es que ese monte está considerado dentro del Plan Municipal de Desarrollo Urbano como un área de conservación ecológica. A pesar de ser una zona protegida, desde hace unos días llegaron camiones para abrir un camino de seis metros de ancho, el cual permitirá en las próximas horas la entrada de maquinaria pesada para comenzar con la pulverización de ese loma”, lamentaron los entrevistados.

De hecho, durante un recorrido realizado la noche del miércoles, este reportero encontró un enorme trascabo listo para continuar con el exterminio de ese sitio en las primeras horas del jueves. “Hablamos de un espacio de aproximadamente tres hectáreas de diámetro, en donde habitan todavía conejos, ardillas, algunos gatos monteses y aves de varias especies. Nosotros preguntamos ayer mismo a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del ayuntamiento sobre si tenía permiso el dueño para acabar con El Pochote, y las respuesta fue una: no, porque es una reserva ecológica”.

Sin embargo, mientras transcurría la entrevista, uno de los vecinos recibió una llamada telefónica del dueño de los terrenos para decirle textualmente que “ya contaba con las autorizaciones de la Semarnat y del presidente municipal. Ya tenemos incluso un estudio de impacto ambiental. Además, son mis terrenos y puedo hacer lo que quiera con ellos”.

En respuesta, los vecinos amagaron con iniciar movilizaciones para detener el intento de acabar con el cerro. “Llegaremos a las instancias correspondientes, porque además de perder uno de los pocos pulmones de Atlixco, corremos el riesgo de desgajamiento del monte o de daños en las estructuras de nuestras casas por el uso de dinamita”.

Uno de los habitantes de Tizayuca, quien desde luego pidió el anonimato para evitar represalias, dejó en claro: “independientemente de los problemas que tuvimos en un principio cuando cometieron el fraude con las casas, el actual conflicto es que el dueño de los terrenos, que están junto al fraccionamiento, permitió ya la entrada de una empresa (de nombre Naipe) para triturar el cerro y sacar la piedra”.

Es decir, “comenzarán a comerse el cerro; y nosotros como vecinos no estamos de acuerdo porque creemos que al hacer eso terminarán con mucha flora y fauna. Además, eso generará una contaminación con el polvo y el ruido; sin olvidar las explosiones porque ya escuchamos versiones sobre el uso de dinamita para sacar el material requerido”.

De hecho, “a raíz de este asunto, nos hemos dado a la tarea de investigar. Y en la dirección de Desarrollo Urbano del municipio nos dicen que es imposible que lleven a cabo esas labores porque esa superficie es catalogada como de conservación ecológica. A pesar de esa normativa, el propietario ya comenzó a meter la maquinaria. La muestra es que ya comenzó a abrir brecha para el paso de los camiones”.

–¿Desde cuándo iniciaron los trabajos; mejor aun, desde cuando comenzaron a abrir brecha?

–Empezaron el día de hoy (miércoles) como a las 2 de la tarde. Aunque con anterioridad nosotros sabíamos que el propio Emilio Fernández ya estaba manejando esta posibilidad.

La respuesta de “nosotros ante esa situación fue preguntar en el gobierno de Atlixco si había algún tipo de permiso para esas obras o alguna solicitud del cambio de uso de suelo. Y encontramos que no hay nada; no hay solicitud y permiso”.

–¿Los funcionarios del ayuntamiento consultados por ustedes que información proporcionaron con respecto a este tema?

–En primer lugar, dejaron en claro que no entregarán ningún permiso porque según la publicación del Diario Oficial en el Estado, un sector catalogado como de conservación ecológica debe mantenerse lejos de la posibilidad alguna de daños. Hablaron de daños relacionados con la devastación o urbanización. Insistieron mucho en que por lo menos el día miércoles (17 de junio) no había nada autorizado en el cerro El Pochote. Y si el dueño está laborando, seguramente es por su cuenta propia.

Mientras transcurría la entrevista con los vecinos de Tizayuca, Emilio Fernández logró contactarse vía telefónica con una de las dos personas consultadas por este medio de comunicación:

–Señor Fernández, ¿ya tiene los permisos para triturar el cerro?, cuestionó uno de los habitantes.

–Claro, y son permiso de parte del Eleazar Pérez y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Incluso hasta tengo un estudio de impacto ambiental para prevenir consecuencias.

–Pero un funcionario del ayuntamiento nos dijo hoy (miércoles) por la mañana que no es posible hacer nada porque se trata de una reserva ecológica, reviró quien recibió la llamada.

–Bueno, arriba de quien dijo eso está el presidente municipal. Es más, a las personas dentro del ayuntamiento que están alborotando con esto ya se les puso en su lugar. Esa gente nada tiene que ver; son empleados nada más. Y ultimadamente, yo puedo hacer con mis propiedades cualquier cosa, afirmó el dueño del predio antes de poner fin a la conversación.

Los vecinos involucrados decidieron la noche del pasado miércoles acudir un día después a Palacio Municipal para intentar hablar del caso con Eleazar Pérez Sánchez quien los jueves traslada su oficina al patio de ese inmueble para atender a los ciudadanos. La cita era a la 1 de la tarde, pero el recibimiento tardó en llegar. A la salida del cónclave, ésta fue la información proporcionada por los habitantes de Tizayuca:

–¿Cómo les fue en la reunión con el alcalde?

–En primer lugar nos dijo que de un momento a otro ellos pueden cambiar el uso del suelo; pero que en este caso, no ocurrirá así. Que nada más será un permiso para la explotación de cantera que servirá para construir la obra del corredor gastronómico. Y que únicamente será eso porque volverán a sembrar árboles ahí. La verdad es que no mostró en papel ningún permiso. Habló únicamente de una autorización por escrito.

Sigue: “la próxima semana llegará a Atlixco la hija del dueño para hacer los trámites correspondientes. Auque por lo que mencionaron, ya tienen permisos de la Semarnat. La verdad es que sería interesante saber si en esa dependencia tienen o no conocimiento de este lamentable suceso. Sinceramente, nos dieron atole con dedo y todo quedó igual”.

EL POCHOTE, EN PELIGRO DE DEMOLICIÓN



Fuente: La Jornada de Oriente (Puebla9

MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ RÍOS

Vecinos del fraccionamiento Tizayuca, ubicado en la entrada norte del municipio de Atlixco, denunciaron que el dueño del predio, de nombre Emilio Fernández, pretende devastar con dinamita dicho cerro, ubicado a unos metros de algunas casas para presuntamente comercializar el material de tepetate y la piedra. El problema, abundaron, es que ese monte está considerado dentro del Plan Municipal de Desarrollo Urbano como un área de conservación ecológica; se trata de un espacio de aproximadamente tres hectáreas de diámetro en donde habitan todavía conejos, ardillas, algunos gatos monteses y aves de varias especies. De hecho, durante un recorrido realizado la noche de este miércoles, este reportero encontró un enorme trascabo listo para iniciar con el exterminio de ese sitio en las primeras horas de hoy jueves, pero los vecinos amagaron con iniciar movilizaciones para detener este intento de acabar con el cerro.

Utopía



Desencuentro en el Anpri

Eduardo Ibarra Aguirre

Vivir para creerlo. Un político con más de tres décadas de hechura, formado en el régimen del “partido prácticamente único”, colaborador de primera línea de los tres últimos mandatarios de la República provenientes, de manera formal, de las filas del Revolucionario Institucional, advirtió: “Si no lo estamos (en el fascismo) en este momento, parece que rápidamente nos estamos acercando”.
La respuesta de Manlio Fabio Beltrones Rivera corresponde a la siguiente pregunta de Jenaro Villamil Rodríguez: “--Usted ha mencionado con frecuencia que se ha sustituido al estado de derecho por un Estado de derecha, pero, no estamos más cerca del fascismo?”. La respuesta fue la transcrita en el párrafo anterior y el presidente de la Junta de Coordinación Política y dirigente de la bancada del tricolor en el Senado, abundó: “A muchos nos preocupa que los instrumentos de excepción que el Congreso le ha dado a este gobierno, como son la intervención telefónica, la de los cateos y el arraigo, estén siendo utilizados de manera incorrecta, facciosa” (Proceso 1702, 14-VI-09).
Una candidez aparente asoma en la denuncia de uno de los otrora jóvenes colaboradores más aventajados de Fernando Gutiérrez Barrios, hombre temido y temible por sus cálculos fríos y decisiones autoritarias. Y ante la pregunta obligada de si no fueron ingenuos, se refugió en “Fue una decisión de buena fe”.
Si algún político conoce los costos y las ventajas de una alianza duradera con Felipe de Jesús Calderón Hinojosa es, justamente, el exgobernador de Sonora, quien ahora reconoce que el presidente electo “nos habló de la posibilidad de un cogobierno que podría iniciarse con la presencia de algunos priístas en ciertas secretarías”.
El condicionamiento que hizo Mariano Palacios Alcocer para que se estableciera una nueva forma de gobierno en la Constitución, no permitió que se materializara el ofrecimiento, pero tampoco alejó a los tres priístas, incluido Emilio Gamboa Patrón, para jugar un papel clave en la toma de posesión, aunque fuera por la puerta de banderas, con el Estado Mayor Presidencial y los francotiradores que coparon el recinto de San Lázaro.
Este invaluable servicio no resolvió el problema de origen, el de la ilegitimidad, que el ex subsecretario de Gobernación redujo a la “presunción que mantenían algunos adversarios políticos de Felipe Calderón: que por lo difícil de su acceso a la Presidencia de la República había tenido que sacar al Ejército a las calles para realizar una serie de operativos que le construyeran la imagen de presidente valiente y le quitara la de presidente ilegítimo que le había puesto Andrés Manuel López Obrador”.
Poco entiende el senador de la política que se construye en las calles y entre multitudes. De la “especulación que algunos hicieron” pasa a valorar que “han sido los mismos componentes del Estado mexicano” los que han “iniciado la denuncia de estas acciones en contra del narcotráfico y la corrupción política”.
Y suscribió el sonorense lo que en boca del tabasqueño es “una presunción”. El grupo gobernante y su partido “se acuartelaron” en la Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado “para tender una cortina de humo sobre el fracaso económico de este gobierno” que “lo tendremos que pagar con el mayor desempleo que haya vivido México”.
Con tales reflejos, el respetado como temido senador que aún es “factor bisagra” del Anpri --el sistema de pactos y alianzas que permiten a Calderón Hinojosa despachar en Los Pinos--, resulta dable esperar que Beltrones Rivera se revele sorprendido de un engranaje que coadyuvó a construir, y que lo haga ubicado en la antesala de la sucesión presidencial.
Acuse de recibo
De un comentario de Rafael Luviano Delgado entresaco lo siguiente: “Sobre lo que despliegas en la parte final de tu brillante Utopía (15-VI-09) dedicada a la pandemia, de la que realmente no sale bien librado el gobierno plenamente ineficiente de Felipe Calderón (aunque con esta enfermedad intentó posicionarse, a la par de otros grotescos personajes), creo que la crisis por la que pasa Forum y este afán patrimonialista para manejar los presupuestos publicitarios, abarca no sólo al gobierno del desempleo, sino también al que se dice de izquierda, pero no muestra nada por representarla. Tú sabes bien que se hicieron las gestiones ante Óscar Argüelles y su gente. Sin embargo, tanto los de derecha como los otros, están en el mismo tenor. Utilizando estos recursos a discreción, con un gran desparpajo. No hay diferencias. Por eso no podemos erigirnos en defensores, ni siquiera con el pensamiento, de este inútil gobierno, plagado también de retórica y una gran estulticia. La señora que maneja las pautas, de nombre Georgina Martínez Pérez es la encargada de la publicidad y trata a los que osan acercarse a ella como si fuera capataz, cuestionándolos como ministerio público. Con esta tarea de amedrentamiento y no recibiendo a muchos de los representantes de los medios, intenta hacer una depuración de sus perfiles publicitarios.”
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Pulso crítico


J. Enrique Olivera Arce

Que la responsabilidad no quede en la ciudadanía


Ante el riesgo de que el intercambio de inmundicia a que podría dar lugar el debate anunciado entre Beatriz Paredes Rangel del PRI y Germán Martínez del PAN, fortaleciera en la ciudadanía la idea de votar en blanco o nulificar el sufragio, Jesús Ortega, Presidente Nacional del PRD entró al quite y bajo el argumento baladí de ausencia de equidad, facilitó la tarea al IFE, al TRIFE y a los presidentes nacionales del tricolor y el blanquiazul de evitar incrementar el ya de sí enrarecido clima de descomposición en que ha caído el actual proceso electoral.

No hay debate televisado, sin embargo, bacinica en ristre cada quien por su lado y por todos los medios a su alcance, los partidos punteros mantendrán a nivel de piso su línea de denigración de la política y torpedeo a la línea de flotación de la incipiente democracia.

¿O es que, atendiendo a lo que cotidianamente difunden los medios de comunicación, podría esperarse del fallido debate un intercambio civilizado de ideas y propuestas? Indudablemente que no.

La espiral de mutuo descrédito en que se revuelven PAN y PRI, a unos cuantos días de que concluyan las campañas políticas, es tan intensa que por simple reacción inercial el intercambio de inmundicias era más que inevitable. Por razones obvias, toda la clase política tenía que evitar que la mierda desbordara el bacín y que mejor que un colaboracionista experto en la materia como Jesús Ortega, se prestara a ponerle freno a tal desatino.

Desafortunadamente, el destino alcanzó a nuestros inefables políticos. El mal viene de atrás y ya no hay tiempo para borrar del imaginario popular la profundidad de la crisis por la que atraviesa el sistema de partidos en México. La corrupción e impunidad brota por doquier y son los mismos partidos los que se han encargado de destapar la cloaca. Para la ciudadanía no pasa desapercibido escándalo tras escándalo en el que se ven involucrados personeros de la vida política nacional, estrechamente vinculados con los más oscuros intereses de quienes se disputan el destino de México como botín.

El cochinero no se ha cerrado aún. Falta mucho por ver de aquí a los cierres de campaña. Aún queda mucha mierda en las alforjas del PAN el PRI y el PRD, por lo que no es de dudarse que entre ella habrá que recorrer el camino entre nuestro hogar y las urnas. Más ello no debe ser inconveniente para, armados de fe más que de confianza, cumplamos con nuestra obligación y deber cívico de sufragar. Que la responsabilidad de un proceso fallido no quede en la ciudadanía.

Lo que pase después del cinco de julio será otro boleto. Otro escenario en el que la responsabilidad depositada en el arbitro de la elección y en el tribunal que habrá de sancionarla, estará en juego. Esperemos que nuestro voto se respete por el bien de todos.

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Imágines del mitin de AMLO en la Col. El Manto, Iztapalapa





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sábado, 20 de junio de 2009

Comunicado del ERPI


COMUNICADO ESTATAL # 17

Al Pueblo de México:
A las organizaciones sociales y políticas que luchan contra la impunidad:
A los medios de comunicación:

Presagios

El alba está lejana.
No sé que busca el pájaro
entre la noche densa.

Habla, murmura, insiste.
Se acerca a la ventana.

Dice que el sol no ha muerto
Y existe otro mañana.

José Emilio Pacheco. Poema en La Arena Errante


Volvemos a alzar la voz que nos presta el pueblo organizado e insurgente cuando en el estado de Guerrero, el poder de los opresores intenta acallar la palabra de los pueblos, comunidades y organizaciones sociales, de los pobres que resisten activamente a la miseria, la violencia, el fraude y la impunidad. Hace una semana, al entrar violentamente en las comunidades campesinas de Puerto Las Ollas y Las Palancas en la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, los miembros del ejército federal gritaron “¡Viva Rogaciano!”, para aterrorizar a la población, y demostrando con cinismo cómo está coludido el poder político y las fuerzas gubernamentales con el conocido cacique regional, Rogaciano Alba, amigo del Gobernador de Guerrero Zeferino Torreblanca, Rogaciano el ganadero señalado por organismos de derechos humanos como uno de los responsables de asesinatos a luchadores sociales, de despojos de comuneros y conocido por la opinión pública como un muy destacado socio de los cárteles de la droga, quien jefatura grupos de paramilitares y sicarios contra campesinos en lucha y defensoras de derechos humanos como la abogada Digna Ochoa. Nosotros convertimos ese murmullo del pueblo pobre de esa región y de tantas otras de Guerrero y de México, que cómo el ave de los presagios nos anuncia que hay otro mañana, como dice el poema de José Emilio Pacheco, en un ¡Viva el poder del pueblo que se construye desde abajo y hasta las últimas consecuencias! ¡Muera la impunidad de los poderosos que actúan como crimen organizado por el Estado!

Hoy se encuentran 3 soldados muertos y un herido por defender esos intereses, fueron enviados a reprimir a sus hermanos del pueblo, fueron a acallar las voces de la sierra guerrerense y para empezar, ahí están los resultados. Nuestra estructura esta en alerta y dispuesta a combatir en otras zonas del estado, los enfrentamientos pueden continuar y sabemos el riesgo que esto conlleva pues la lucha por la libertad del pueblo mexicano es así matar o morir, asumimos los costos.

Gracias a la misión de las organizaciones defensoras de derechos humanos y a periodistas honestas que actúan en el estado de Guerrero, también víctimas del terror de estado, tenemos en la prensa y en las redes alternativas de comunicación la palabra viva de las comunidades de Las Palancas, las Ollas (como antes de estos hechos en La Morena) que vivieron durante cinco días, una vez más en los últimos años, la ocupación militar y policíaca que tiene militarizado a Guerrero, como también sucede en otros estados de la República. Su pretexto era buscar a las fuerzas que comanda nuestro compañero Ramiro en esa región, quien dicen en una entrevista realizada por los medios guerrerenses, donde señaló con sencillez y claridad la complicidad de los gobiernos estatal, federal y municipales con el negocio del narco y marcó sin duda el papel de jefe del paramilitarismo en la zona al ganadero Rogaciano Alba. Con más de 500 efectivos armados con morteros, y con 3 helicópteros artillados, los soldados se posesionaron de la plaza de esa comunidad, allanaron y catearon viviendas, golpearon a jóvenes, acosaron a niñas y niños, presionaron con interrogatorios violentos a mujeres y ancianos y robaron y destruyeron casas y terrenos de siembra en esa comunidad. Además balearon las casas y a personas inermes y cuando intentaron buscar a la guerrilla fueron contenidos y burlados por las fuerzas insurgentes de nuestro Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente en la región (¿no les recuerdan estas escenas a las campañas militares contra el pueblo queriendo exterminar al Partido de los Pobres?. Como es una norma, nuestras columnas no se esconden en las comunidades, ni arriesgan a la población, se mantiene una movilidad guerrillera y una táctica precisa para romper los cercos de la contrainsurgencia federal, y para golpearlos en movimiento a pesar de sus asesores estadounidenses. El compañero Ramiro ha reportado que no han tenido bajas guerrilleras, ni de milicianos y en cambio han causado tres muertos y un herido entre los soldados en el ultimo de 3 combates librados contra los agresores de las comunidades.

El acoso del poder a las comunidades en Guerrero de parte del ejército federal, la policía ministerial, la policía federal, y los grupos de paramilitares y de sicarios se han extendido e intensificado en los últimos 10 años. Es la verdadera cara del mal gobierno. Su presencia castiga la valiente defensa que organizan campesinos, indígenas, maestros, normalistas, universitarios, periodistas, colonos, en el siempre movilizado pueblo guerrerense.

En Las Palancas como en muchas comunidades guerrerenses de Costa Grande y Tierra Calientes, prácticamente los hombres se retiran al monte y ahí subsisten cuando las fuerzas represivas se acercan, pues saben que les espera la violencia, la cárcel, las ejecuciones extrajudiciales, el secuestro. Eso mismo ocurrió a los dirigentes Nu Savi de la Organización Por el Futuro del Pueblo Mixteco, en Ayutla, en la región de la Costa Chica, asesinados por narcoparamilitares de los llamados “pelones” en acuerdo con el comandante militar de la plaza de Cruz Grande, Gro., abriendo con ello un segundo frente de combate de nuestra organización contra el narcoestado mexicano y sus instrumentos asesinos que aplican la guerra sucia y descarnada. Ya se esta aplicando castigo a toda esa estructura paramilitar pues no son solo los asesinos materiales e intelectuales los objetivos a castigar. Los compañeros mártires Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueron asesinados por luchar por sus derechos, por defender los derechos económicos, sociales y territoriales, y seguramente por ser también sobrevivientes de la masacre del Charco hace ya once años, en esa región se mantiene a la vez una ofensiva persistente contra los pueblos Me’ phaas, sus mujeres y niños han dado fiel testimonio de esta larga situación de asedio militar y paramilitar en la zona, que ya documentan los organismos regionales, nacionales e internaciones de derechos humanos.

El territorio guerrerense, pobre en las comunidades y opulento en las zonas turísticas y en los fraccionamientos con casas de banqueros, políticos y narcos, se ha convertido en un territorio violentado por los poderosos, sus negocios, sus intereses, sus redes de vicio y sus pugnas. Pero ninguna de las contiendas intestinas de las familias capitalistas, arrastra tanta sangre y sufrimiento como la de las muertes, persecuciones, violaciones a mujeres indígenas, enganche de jornaleros migrantes y de jóvenes, así como el peso la militarización en la vida cotidiana en lugares donde el pueblo sufre porque no se ha organizado y defendido como es su legítimo derecho. Porque donde el pueblo se defiende por su cuenta, ser víctimas de la violencia y la impunidad es apenas una parte de su identidad, la otra es su respuesta creativa, auténtica con la que se evaden las provocaciones del poder, se niega el crecimiento de la droga y se combate educativamente a las adicciones, se imparte justicia y se vigila la defensa de recursos y de vidas.

Donde el pueblo se organiza y lucha se sabe acudir a los medios o tomar los propios y se denuncia a tiempo y se anuncia el nuevo día desde los proyectos autónomos de producción, de salud, cultura.

Esto no le gusta a los poderosos, porque les crea dificultades a su acaparamiento de poder y saqueo de recursos. Les mancha la imagen de sirvientes del turismo y de los banqueros con la imagen de esos pobres que subsisten con la frente en alto, manifestando sus protestas y exponiendo sus proyectos y defendiéndolos.

Por eso se hizo necesario cumplir por nosotros la palabra prestada por el pueblo organizado a hombres y mujeres organizados como ejército insurgente. Así el ERPI habló por medio de la voz de Ramiro, miembro de la dirección estatal guerrerense, pues era hora de explicar cómo en Tierra Caliente y la Costa Grande, tal como con otras formas también ha sucedido en la Montaña y en la Costa Chica, el terror de Estado sigue impune. Ramiro describió al gobernador Zeferino Torreblanca, con su larga historia de oscuras maniobras como comerciante favorable al lavado de dinero, protege a caciques como Rogaciano, encubre la existencia de sus cuerpos paramilitares, negocia con algunos de los grupos de narcos y de otros se hace desentendido, lanza a sus policías contra los manifestantes y persigue a luchadores sociales y a sus familias. Festeja la militarización del Estado en acuerdo con el usurpador Felipe Calderón, comparte los beneficios de la inversión lícita e ilícita que depreda el territorio, las costas y el mar. Además de alentar la impunidad de las privatizaciones, los especuladores de terrenos y los que quieren arrebatar sus tierras a los campesinos como aún intenta, a pesar de la resistencia ejemplar en la Parota.

Pero Zeferino Torreblanca ese gobernador que el PRD ostenta gracias a algunos como Félix Salgado Macedonio, Armando Chavarría y por supuesto Los Chuchos comparten la responsabilidad por haberle dado su apoyo y llevarlo a la gubernatura, que ahora quieran deslindarse pues es demasiado tarde; su gabinete de traidores al movimiento social que los llevo a cargos de gobierno y por momentos con la complicidad de la mayoría de las corrientes del PRD nacional y estatal, incluso con sus colaboradores tan dos caras como Armando Chavarría, son todos un brote de la pus y los tumores que infestan con abuso, violencia y expoliación al estado de Guerrero. La otra gran parte del reino de la impunidad proviene del conjunto del capitalismo y su sistema político de partidos de Estado, el mismo que en México desemplea, elimina derechos sociales, laborales y agrarios, extorsiona a los migrantes, mantiene la impunidad de las familias priístas, panistas y perredistas que se roban los presupuestos públicos, que se enriquecen con las subrogaciones, con los fondos de pensión y jubilación de los trabajadores y que anulan las garantías individuales y colectivas en una vergonzosa estrategia de espionaje y control ideada desde los órganos de seguridad nacional del los Estados Unidos de América.

Sabemos que en las elecciones en puerta el pueblo seguirá luchando más allá de las casillas de votación. Sabe cada vez más cuando se organiza e informa que su lucha y sus reclamos no se responden desde el gobierno más que con migajas cada vez más raquíticas, con clientelismos y dependencias, con engaños y con burlas. Que los políticos que se columpian de un puesto al otro de todos los partidos no tienen ni el interés, ni la ética mínima como para responder por su voluntad a los que el pueblo quiere y manda. Habrá como siempre muchos que no vayan a las urnas y en Guerrero sabemos que eso no es por apatía, habrá quienes sigan los llamados a anular el voto con consignas de protesta, quizás algunos guerrerense aún busquen y les deseamos suerte de que encuentren perdidos entre la maraña de oportunistas y convenencieros a candidatos por los cuales votar. Sólo les pedimos a todos que reflexionen y se organicen por su cuenta, sin depender de esos políticos y partidos y que vean que el camino de las elecciones de este régimen no es el camino del pueblo honesto, menos sirve para que los jóvenes cambien su futuro, si se quedan esperando a que desde arriba se les den oportunidades de empleo, de educación, salud y convivencia sana y creativa. El régimen capitalista se comió las esperanzas de los abuelos que en creyeron en algún momento que otro partido u otro líder cambiaría las cosas, el sistema se opone y combate a nuestros padres y hermanos porque gritan ¡ya basta!; llegó la hora para que las y los jóvenes pasen a construir otro modo de hacer realidad sus sueños: sin explotación corrupción y maltratos.

Por eso tratan de acallar a las comunidades y a las organizaciones en resistencia. Por eso difunden increíbles leyendas sobre los motivos de guerrilleros que como nosotros señalamos con precisión los compromisos del poder como lo hace Ramiro, quien sí aparece sin cubrirse suficientemente, es porque se le conoce públicamente por su escape de la cárcel de Acapulco y su militancia social y política, quien luego asumió su puesto de lucha en una de las fuerzas político militares de nuestro ERPI.

Advertimos a los poderes oficiales y fácticos que violentan y saquean al pueblo guerrerense que reconozcan, que con el mayor de los cinismos han aceptado su vínculo oficial con caciques como Rogaciano Alba; que desde el gobierno federal y estatal se promueven, preparan y encubren a los paramilitares, que quieren dividir y amordazar a las comunidades, infiltrar a las organizaciones sociales y seguir censurando las voces comunitarias y de los medios que muestran cómo en Guerrero el poder del capital quiere confundir y enmudecer al pueblo que lucha y se defiende de sus abusos. Nos reservamos las formas de acción que emprenderemos y cuándo, después de consultar a las comunidades organizadas, siempre a su lado pues ellas nos orientan. Sí hemos actuado, pero nos reservamos la reivindicación de esos hechos, porque nuestro método de construcción es en el silencio. No daremos pié a que los gobiernos escalen la represión contra comunidades y organizaciones, buscando culpar a nuestra fuerza de su violencia. De lo que no tenemos duda es que el pueblo organizado sigue aprendiendo a defenderse por su cuenta y nos enseña cual es el camino.

Y también ahora resulta que criminales figueroistas como Héctor Vicario Castrejon se avienta la puntada de hablar de un dialogo y fustiga a un Zeferino por insensible y no sabemos cuantas cosas mas. Sr. Vicario recuerde que usted tiene al igual que su patrón Rubén Figueroa cuentas pendientes con el pueblo y no olviden que ustedes hicieron de poder político a Rogaciano Alba por lo tanto también son cómplices de ello y ya les agregamos ese cargo a sus culpas a usted y su patrón. Déjense usted y los perredistas de querer utilizar la presencia de la insurgencia como pretexto electorero para querer mejorar su imagen y querer buscar votos.

En el Guerrero de estos días electoreros hay otras imágenes en nuestra mente diferentes a las de los politiqueros: Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas y la gente que vive persecución a los me’phaa en Ayutla, como ahora los afectados en la sierra de Petatlán. Ellas y ellos merecen que sus pueblos y organizaciones se preparen y sigan defendiendo lo suyo, merecen la solidaridad activa del pueblo guerrerense y mexicano. Sus muertos, sus presos y presas, sus desaparecidos, sus perseguidos son un ejemplo para fortalecer la resistencia comunitaria y social.

Aunque seguimos creciendo, organizando y preparando nuestras fuerzas en el silencio, en este comunicado, como en las entrevistas o declaraciones que han dado algunos de nuestros dirigentes o milicianos, la voz se levanta, pues en medio de la noche de tinieblas de la violencia de los ricos y de su mal gobierno, las aves del pueblo, murmuran, insisten, avisan que la hora del amanecer se acerca y estamos construyendo el poder del pueblo para que nos encontremos dispuestos y disponibles para la lucha por los derechos del pueblo pobre que construya su destino con la luz del día.

¡CON EL PODER POPULAR EL PUEBLO UNIDO VENCERÁ!

ATENTAMENTE.

COMITÉ ESTATALDE GUERRERO DE EL EJÉRCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO INSURGENTE ERPI.

A 18 de junio de 2009

DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO: VIDAS EN PELIGRO MIENTRAS LOS GOBIERNOS NIEGAN PROTECCIÓN A LAS PERSONAS REFUGIADAS EN EUROPA


Amnistía Internacional ha recordado hoy, 20 de junio, que gobiernos europeos están poniendo vidas en peligro al negar protección a las personas refugiadas. En el Día Mundial del Refugiado, las puertas de Europa se cierran y se pasan por alto los derechos de quienes buscan refugio.

“Las personas refugiadas arriesgan su vida para encontrar seguridad y lo único que se encuentran al llegar a Europa es que las devuelven”, ha afirmado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional. “Los gobiernos tienen que dejar de poner vidas en peligro y comenzar a cumplir sus obligaciones internacionales para proteger a estas personas vulnerables”.

Países limítrofes del espacio europeo están mostrando una absoluta indiferencia hacia sus obligaciones internacionales con respecto a las personas refugiadas:

 Italia está interceptando a refugiados en aguas internacionales y, sin evaluar su necesidad de protección, los está trasladando a Libia, en donde las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo corren peligro de sufrir malos tratos y de ser devueltas a países en los que corren peligro de sufrir graves abusos contra los derechos humanos.

 Turquía continua sin reconocer como refugiadas a las personas procedentes de países no europeos, lo que significa que a miles de personas se les niega la protección que necesitan.

 Grecia envía a las personas a la frontera terrestre y marítima con Turquía sin evaluar primero sus solicitudes de asilo. Quienes entran en el país se encuentran con numerosos obstáculos jurídicos para obtener protección.

 Los acuerdos bilaterales que mantiene España con diversos países africanos se utilizan para justificar la detención arbitraria, la reclusión y la expulsión de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en estos países.

En el Día Mundial del Refugiado, Amnistía Internacional recuerda a los Estados de la UE que su actuación está socavando la protección de los refugiados, no sólo en sus propios países sino en todo el mundo, al enviar un peligroso mensaje sobre el trato a estas personas. Todos los países deben cumplir sus obligaciones relativas a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, no sólo dentro de sus fronteras sino también en cualquier lugar en donde ejerzan control efectivo.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Italia

La reciente visita del dirigente libio Muamar al Gaddafi no disipó las preocupaciones en torno a la suerte que correrán los refugiados que, en virtud del acuerdo bilateral entre Italia y Libia, sean interceptados en aguas internacionales y trasladados a Libia. Entre el 6 y el 11 de mayo, aproximadamente 500 personas que enviaron una petición fueron interceptadas por Italia y trasladadas a Libia, en donde Italia afirmó que podían pedir asilo. Entre ellas había personas procedentes de Somalia, Eritrea y otros países africanos.

En mayo, una visita de investigación de Amnistía Internacional a Libia confirmó que este país no cuenta con un sistema de concesión de asilo en vigor, somete a los ciudadanos extranjeros a malos tratos y devuelve a personas a sus países de origen sin evaluar su necesidad de protección internacional. La delegación visitó el centro de detención de Misratah, a unos 200 kilómetros de Trípoli, en el que entre 600 y 700 presuntos migrantes irregulares, en su mayoría procedentes de otros países africanos como Eritrea y Somalia, están recluidos en condiciones miserables y de gran hacinamiento.

Turquía

Para muchas personas que quieren acceder a la protección de la UE, Turquía es el lugar en donde se quedan abandonadas a su suerte. Para los miles de solicitantes de asilo que llegan a Turquía cada año, el acceso a sus derechos plantea a menudo obstáculos insalvables. Solicitantes de asilo de Irak, Irán, Somalia y Afganistán se enfrentan a grandes dificultades, de tipo jurídico y práctico, para acceder al sistema de asilo.

Turquía es de hecho el único Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que no reconoce como refugiadas a las personas procedentes de países no europeos, lo que significa que se niega protección a miles de personas que la necesitan. A menudo se detiene arbitrariamente a solicitantes de asilo durante periodos prolongados y en condiciones lamentables y se les somete a malos tratos. Además, son habituales las devoluciones de personas desde Turquía a países en donde se enfrentan a sufrir graves abusos contra los derechos humanos.

Muchas personas, sin esperanza de obtener protección en Turquía, intentar entrar en la UE por tierra o mar. Para algunas, este viaje acaba fracasando cuando las autoridades griegas las obligan a retroceder y, a veces, dejan su vida en el intento.

Grecia

Debido a su posición geográfica, Grecia podría desempeñar una función clave a la hora de ofrecer protección a las personas refugiadas. Sin embargo, el acceso al sistema de concesión de asilo constituye un importante problema para los solicitantes, bien porque se les obliga a retroceder cuando intentan entrar en el país o por los obstáculos que plantea el propio sistema.

En la actualidad, Grecia está intentando modificar la legislación nacional para restringir aún más la protección, eliminando el derecho a un recurso sustantivo efectivo en el sistema de concesión de asilo, lo que supone una violación del derecho internacional y la legislación europea. Es más, continúan existiendo graves motivos de preocupación con respecto a las condiciones de detención de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

El 11 de junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió por unanimidad que las autoridades griegas habían conculcado los derechos de un ciudadano turco que había solicitado refugio en 2007.

El Tribunal falló que, debido a las condiciones en los centros de detención en donde estuvo recluido, Grecia había violado el derecho del hombre a no sufrir tortura ni trato inhumano o degradante, tal y como se establece en el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. El Tribunal también resolvió por unanimidad que Grecia había violado su derecho a la libertad y a presentar un recurso contra la legalidad de su detención, establecidos en los epígrafes 1 y 4 del artículo 5 del Convenio Europeo. UE

En la cumbre de Jefes de Estado y de gobierno de la UE que se celebró el 18 y 19 de junio se trató la cuestión de la migración irregular en el Mediterráneo, incluidas las medidas destinadas a reasentar en la UE a personas que necesitan protección internacional, con el fin de prestar ayuda a los Estados miembros del sur de Europa que se enfrentan a una “especial presión”. La cumbre también debatió las medidas encaminadas a “reforzar la capacidad” de países del norte de África para que ofrezcan protección a personas que la necesitan. Está previsto que la Comisión Europea presente en julio una propuesta sobre reasentamiento interno desde Malta a otros Estados miembros de la UE.

/FIN

Amnistía Internacional

BOLETIN DE PRENSA Familia Pasta de Conchos

México D.F. a 19 de Junio de 2009

INSPECCIÓN LABORAL NEGLIGENTE: GARANTÍA DE MÁS MUERTES EN NUESTRO PAÍS.


  • La Familia Pasta de Conchos manifiesta su solidaridad con las familias enlutadas por el incendio en la guardería ABC y se hermanan con su búsqueda de justicia.
  • Al igual que con nuestros familiares, las muertes se hubieran evitado si el Gobierno Federal hubiera cumplido con su obligación de inspeccionar y garantizar las condiciones de seguridad en el centro de trabajo.
  • Las enormes similitudes entre lo ocurrido en Pasta de Conchos y lo ocurrido en ABC nos muestran que no se tratan de accidentes aislados, sino de los efectos inevitables de una política laboral que antepone los intereses económicos de los empresarios al cumplimiento de los Derechos Humanos Laborales
  • Convocamos a que la ciudadanía se movilice por la justicia, la seguridad y la vida en los centros de trabajo. Mientras sigan impunes los responsables de la política laboral que se niegan a aplicar la ley a los empresarios, cualquiera de nuestros familiares puede ser el próximo muerto.

Hoy que se cumplen 40 meses de la explosión que nos arrebató a nuestros familiares, no podemos sino sentir dolor y solidarizarnos por la nueva tragedia que enluta nuestro país. Nos duele, por la pérdida de vidas humanas; y nos indigna porque notamos demasiadas similitudes entre lo que ocurrió hace tres años con nuestras familias, y lo que hoy se repite con las familias sonorenses.

En ambos casos, los dueños de los centros de trabajo incumplieron el mínimo respeto a la vida humana, al preferir economizar en vez de asegurar condiciones se seguridad e higiene en sus centros laborales.

En ambos casos, existían diversas autoridades gubernamentales que tenían la obligación de implementar Inspecciones para garantizar tanto el cumplimiento de la ley como – más importante- la vida de las personas.

En ambos casos, las actas de inspección proporcionaron elementos suficientes para preveer la inminencia de una tragedia, con costo de vidas humanas. Y las autoridades tenían la facultad y la obligación de hacer cumplir la ley a los empresarios.

En ambos casos, con vínculos entre los dueños de los centros de trabajo inspeccionados y funcionarios gubernamentales, se toleró el incumplimiento de las normas mínimas de seguridad por parte de los empresarios.

La reacción gubernamental ante la indignación nacional es similar también en ambos casos: declaraciones retóricas de justicia, seguidas de la exculpación anticipada de los responsables directos. Y, por supuesto, ocultar a la sociedad que hay una responsabilidad directa del Secretario de Trabajo y Previsión Social por su reiterada negativa a implementar un sistema de Inspección del Trabajo eficiente, honesto y con los recursos humanos y económicos suficientes para garantizar que el empresariado nacional cumpla la Ley.

Hoy, el que fuera Secretario del Trabajo en 2006, Francisco Javier Salazar Sáenz, se presenta como candidato a diputado federal por el PAN, como forma de asegurar su impunidad, en la medida en que avanza nuestra lucha por justicia (de ahí que llamemos a no darle un solo voto). Y nadie parece cuestionar al actual Secretario del Trabajo. Pero nosotros sabemos que la política de que los empresarios se auto-inspeccionen y cumplan “voluntariamente” la Ley sólo ha tenido como consecuencia abusos, riesgos de trabajo y muerte.

No nos queda duda. La única forma de asegurar que estas tragedias dejen de ocurrir, es mediante una amplia movilización social que rompa con la criminal política laboral de negligencia e impunidad. Sólo con un sistema de inspección laboral honesto y eficaz, dotado de recursos, y con la firme convicción de que los empresarios deben cumplir con la Ley, podemos asegurar la vida para los y las trabajadoras.

Va por ello nuestro corazón con las familias sonorenses. Su lucha es nuestra lucha, y caminaremos juntos por honrar a nuestros muertos, colaborando a construir un país libre de impunidad empresarial asesina.

A UNA VOZ, ¡RESCATE YA!

EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL LABORAL; FRENTE AMPLIO OPOSITOR A LA MINERA SAN JAVIER EN CERRO DE SAN PEDRO, MOVIMIENTO TODOS SOMOS ZIMAPÁN; RED DE DERECHOS HUMANOS TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS; CENTRO DE ESTUDIOS ECUMÉNICOS; SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ; SECRETARIADO INTERNACIONAL CRISTIANO DE SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA; CENTRO DE DH FRAY JUAN LARIOS; CEREAL; CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO; CENTRO FRAY FRANCISCO DE VITORIA OP; FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO; CENCOS; COMITÉ DE LIBERACIÓN “25 DE NOVIEMBRE”; CENTRO DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA; COLECTIVO ALAS; CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES ANTONIO DE MONTESINOS; CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR; OBSERVATORIO ECLESIAL; CELAMEX Y COMUNIDADES DE BASE DE MARTÍN CARRERA.

ANEXO

Miremos Pasta de Conchos y la Guardería ABC, y podremos ver que se trata de un patrón constante y sistemático de impunidad:

a) Declaración gubernamental de que se trabajaba en excelentes condiciones de seguridad.

Mina 8, Pasta de Conchos, Coahuila, 2006. Rubén Aguilar, el vocero de Los Pinos entonces, señaló que apenas el día 7 de este mes (febrero), tanto los técnicos de la Secretaría del Trabajo como los de la empresa y el sindicato determinaron que había "excelentes" condiciones de operación en la minera. Indicó que si una investigación determina que hubo irregularidades en la mina Pasta de Conchos, "desde luego que el gobierno federal estaría en condiciones de proceder contra la empresa". En entrevista con Excélsior, el 30 de mayo, el secretario del Trabajo, entonces, Fco Javier Salazar dijo que las bitácoras de la Empresa y de las inspecciones de la secretaría, indican que Grupo México cumplía con las medidas de seguridad.

Guardería ABC, SC, Hermosillo, Sonora, 2009. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Daniel Karam Toumeh, dijo que “la última evaluación que se hizo fue el 26 de mayo (hace dos semanas), y cumplió con todos los requisitos de seguridad”. Aseguró, que la guardería ABC cumplía con los lineamientos en materia de seguridad, “esto es (se verificó) que existieran los señalamientos, que existiera una ruta de evacuación, que existiera una salida de emergencia, que existieran extinguidores cargados”… pero por la tarde matizó, y dijo que la estancia “aparentemente” estaba dentro de lo que señala la normatividad correspondiente.

b) Declaración empresarial de que se trabajaba en excelentes condiciones de seguridad

Mina 8, Pasta de Conchos, Coahuila, 2006. Juan Rebolledo Gout, vicepresidente de relaciones internacionales de Grupo Minero México, aseguró que al momento del accidente donde perdieron la vida 65 trabajadores, la mina número 8 de Pasta de Conchos operaba con todas las medidas de seguridad necesarias y había cumplido con todos los señalamientos que previamente le había hecho la Secretaría del Trabajo, derivados de una inspección.


Guardería ABC, SC, Hermosillo, 2009. Antonio Salido Suárez, director administrativo de la Secretaría de Infraestructura estatal, del gobierno sonorense, esposo de Marcia Gómez del Campo, emparentada con Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón, de los concesionarios, dijo que los socios de la guardería (que operaba junto a una gasolinera y un gran taller de llantas), siempre cumplieron con recomendaciones emitidas por personal de protección civil municipal y del IMSS en materia de seguridad, y que el lugar contaba con tres salidas de emergencia, que según bomberos no funcionaron el día del siniestro.

c) Promesa de investigar “a fondo” (aunque a tres años, en Pasta de Conchos el Gobierno ni siquiera ha cumplido con investigar qué fue lo que ocurrió)

Mina 8, Pasta de Conchos, Coahuila, 2006. Vicente Fox aseguró que se investigará “a fondo” las causas del accidente. Su administración revisará las condiciones laborales y de seguridad en que trabajan los mineros en México “Lo más seguro es que la empresa cumpla ampliamente con sus obligaciones… pero estaremos muy al pendiente de que cumplan cabalmente”.

Guardería ABC, Hermosillo, 2009. El presidente Felipe Calderón prometió a los familiares que verificará cómo ocurrieron los hechos para deslindar responsabilidades. El titular de la Secretaría de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, aseguró que investigará “a fondo” el caso de las instalaciones y trámites que llevaron a cabo los permisionarios de la guardería ABC. “Trátese de quien se trate”: Margarita Zavala Gómez del Campo.

d) Indolencia de la PGR para cumplir su obligación de investigar con diligencia

Mina 8, Pasta de Conchos, Coahuila, 2006. El 30 de diciembre de 2008, dos año y medio después de la tragedia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emite la Recomendación 64/2008, derivada del expediente abierto por familiares el lejano agosto del 2007, que concluye la existencia de violaciones a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, así como ejercicio indebido de la función pública, atribuibles a servidores públicos de la Procuraduría General de la República y en perjuicio de los mismos familiares, al demostrar que el Ministerio Público de la Federación, responsable de la integración y perfeccionamiento de la averiguación previa 20/UEIDCSPCAJ/2007, no actuó con diligencia para la pronta, completa y debida procuración de justicia.

Guardería ABC, Hermosillo, 2009. La orden de Calderón a la Procuraduría General de la República (PGR) es que en coadyuvancia con las autoridades locales y el apoyo de peritos lleve a cabo las investigaciones que ayuden a saber exactamente qué y cómo ocurrió y que se deslinden responsabilidades. El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, afirmó que las investigaciones acerca del incendio revelan que se trató de un hecho “no intencional” generado por el sobrecalentamiento de un aparato de enfriamiento de aire. No obstante, indicó que podrían configurarse delitos como lesiones y homicidio culposos, daño en propiedad ajena, ejercicio indebido del servicio público y uso indebido de facultades. Puntualizó que en caso de que alguna persona resultara responsable de esos ilícitos, podría alcanzar libertad bajo fianza porque no están tipificados como graves. “Las procuradurías generales de justicia tienen que actuar con toda responsabilidad sin anticipar las actuaciones de las averiguaciones previas, para que cuando se determinen estén perfectamente sustentadas en términos de responsabilidad, como lo exige la legislación penal federal y local”.

e) Contrastando con la indolencia y la impunidad gubernamental, la dignidad de las familias

Mina 8, Pasta de Conchos, Coahuila, 2006. “Lo que yo pido por la muerte de mi esposo es que se castigue a los culpables empezando por la empresa, porque ellos son los primeros que no cumplieron con las reglas de seguridad y luego a los funcionarios de las dependencias que tenían la obligación de venir a inspeccionar y verificar que todo estuviera bien al igual que debieron hacerlo representantes del sindicato minero”.

Guardería ABC, Hermosillo, 2009. “¿Qué hubiera pasado si esto hubiese ocurrido en una estancia infantil de la socialité o en un colegio? Vamos a demandar, hasta que se resuelva y los responsables vayan a la cárcel”. Más de 10 mil personas marcharon en Hermosillo para exigir que se castigue a los responsables del incendio ocurrido.

En 2008, advirtieron académicos el riesgo de que en México se instaure un “estado policial”

Acciones autoritarias, la forma en que Calderón responde al crimen, señalaron

Fuente: La Jornada de Michoacán


Las observaciones están contenidas en La reforma judicial, ¿retroceso constitucional?

ANTONIO AGUILERA ESPINOSA

La figura del arraigo –aprobada con las recientes reformas al Sistema Penal Mexicano– “posee tantas ambigüedades que bajo la justificación de la lucha contra el crimen organizado, puede ser un elemento más de coerción política” que para desahogar una averiguación previa, señalan varias conclusiones del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Los estudios, que fueron coordinados por los académicos Héctor Chávez y Héctor Pérez Pintor, y donde colaboraron Rosa María de la Torre Torres y Jean Cadet Odiaba On’Etambalako, señalan que desde que arrancó el debate en la Cámara de Diputados para aprobar el paquete de reformas en materia penal –aprobadas en febrero del 2008-, el Centro de Investigaciones Jurídicas emprendió un análisis de las propuestas de Felipe Calderón, que fueron contempladas en el texto La reforma judicial, ¿retroceso constitucional?

Cuando el libro fue presentado –el 11 de febrero del 2008, cinco días antes de que las reformas fueran aprobadas– rememora Pérez Pintor, “nos cuestionábamos: la iniciativa de reforma en materia judicial muestra que para el presidente Felipe Calderón las acciones autoritarias, respaldadas en la Constitución, son la forma en que se puede hacer frente al crimen. ¿Autoritarismo versus criminalidad es la fórmula para enfrentar a la delincuencia?, no lo creemos”.

Y advertían que las modificaciones de los artículos 16, 17, 18, 20, 73, fracción 21 de la Constitución, así como los artículos 25 y 336, además del 343 bis del Código Penal, “podría instaurar un estado policial en México”.

En particular, se referían a las propuestas de que “los policías podrán actuar sin orden judicial, obedeciendo solamente si existe una amenaza inminente, violando la intimidad del domicilio, y quitarle impedimentos a la acción policiaca o militar, pueden llevar a las autoridades judiciales a cometer excesos y abusos” se materializaron ahora con el operativo militar del pasado 26 de mayo.

Pérez Pintor destacó que la figura del arraigo corre el peligro de convertirse en una herramienta facciosa, ya que “no es una medida precautoria para asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa; ahora es utilizado como medida restrictiva de la libertad antes de ser acusado”.

Además, indicó que la figura del arraigo se inspira en esa actitud discrecional y arbitraria. Diseñada como recurso extraordinario, de última instancia, para proveer al juzgador del tiempo suficiente para concluir una investigación sólida, ha devenido en un recurso ordinario, de primera mano, para iniciar una investigación. Pero destacó que se le está dando un uso discrecional.

“No podemos olvidar que la figura del arraigo fue declarada anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que la autoridad ejecutiva ha decidido mantenerla a toda costa, sin importar que su aplicación signifique un grave atentado contra los derechos humanos de quienes reciben dicha pena”.

Asimismo, recalcó que el arraigo que se incluyó en la Constitución, contiene una serie de extremos que “francamente son contrarios en su sentido al resto del texto constitucional”.

Por último, detalló que el texto constitucional de que todo acusado debe ser puesto a disposición de un juez inmediatamente, pero para el caso de los arraigados, se establece una excepción, ya que sólo se requiere que la autoridad acuse a tres personas, culpables o inocentes para cometer una aberración jurídica.

Estudiantes de Ayotzinapa toman dos radiodifusoras

Exigen que militares salgan de pueblos

Fuente: La Jornada de Guerrero


MARGENA DE LA O

Chilpancingo, 18 de junio. Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa marcharon y tomaron dos estaciones de radio para demandar la salida del Ejército de la sierra, además que denunciaron que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo intenta vincularlos con la guerrilla.

Durante la caminata del centro de la ciudad al Congreso local, los estudiantes reprocharon el hostigamiento que han sufrido los pueblos serranos y las organizaciones sociales, por defender que no se violenten los derechos humanos.

Alrededor de las 11 de la mañana, los jóvenes normalistas, apoyados por marquesanos y una representación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), que en conjunto eran unas 100 personas, tomaron las estaciones ABC radio y Capital Máxima, y durante 30 minutos condenaron la incursión de los militares en la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.

Mencionaron que el gobernador ha tratado de vincular a los estudiantes con grupos guerrilleros como el ERPI, situación que rechazaron, porque “nuestra única arma son los libros”.

A tres días del asalto a La Jornada Guerrero, la PGJE sólo “ha boletinado” el vehículo

El caso, sin pistas de autores ni la ubicación de la camioneta: Montúfar

Fuente: La Jornada de Guerrero


MARLEN CASTRO Y FRANCISCA MEZA

CHILPANCINGO, 18 DE JUNIO. A tres días del robo de una parte del tiraje de la edición de La Jornada Guerrero del día 15 de junio, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aún no tiene pistas sobre quiénes son los responsables ni ha ubicado la camioneta que los hombres armados robaron junto con los periódicos, informó el director de la Policía Investigadora Ministerial, Erit Montúfar Mendoza.

Entrevistado en su oficina, el jefe policiaco aseguró que un grupo especial de ministeriales fueron comisionados para investigar el caso y que están abocados a ello, no de manera exclusiva, porque tienen otros asuntos que resolver.

El lunes 15, como a las 5:15 de la mañana, individuos armados que viajaba en un automóvil Nissan Tsuru interceptaron la camioneta de La Jornada Guerrero que trasladaba la edición de ese día hacia Chilpancingo y las regiones Norte, Tierra Caliente y La Montaña.

La edición requisada de manera violenta contenía información y fotografías sobre el sitio de cuatro días por militares a las comunidades Puerto Las Ollas y Las Palancas, de Coyuca de Catalán, en Tierra Caliente, ubicados entre los límites con Petatlán, de la Costa Grande, a donde subió una misión de organismos civiles y públicos de derechos humanos a constatar las violaciones a las garantías de los habitantes.

Montúfar Mendoza señaló que desde que se integró la averiguación previa ATB/A.ESP/01/0857/2009, relativa al robo, el mismo lunes, se giró la orden de investigación. Sin embargo, reconoció que hasta la fecha “aún no tenemos responsables” ni la ubicación del vehículo, una camioneta blanca con el nombre de La Jornada Guerrero, en letras rojas, a ambos costados.

En Acapulco, en la agencia de Recuperación de Vehículos de la PGJE, el colaborador de la dependencia Nahín Bello, dijo que se continúa con las investigaciones. Desde el martes la respuesta en la agencia es la misma, no hay avances al respecto.

Aunque se trató de localizar al titular, Alejandro Soria Villa, para que diera información al respecto no se encontró en su oficina por la mañana ni en su celular.

En su lugar Bello insistió en que el reporte ya fue distribuido a nivel nacional y que la camioneta ya está boletinada como robada por lo que en cualquier lugar que se encuentre se informará de inmediato.

Aseguró que el comandante Soria Villa está avocado a la búsqueda de la camioneta pero que no hay avances. Sobre si existen indicios del móvil o de dónde pueda estar el vehículo sólo aseguró que se continúan con los operativos en diferentes puntos de la ciudad.

El miércoles agentes ministeriales recuperaron 14 vehículos con reporte de robo en distintos corralones del municipio sin que se tuvieran personas detenidas.

Ayer soldados del Ejército Mexicano localizaron 4 vehículos con reporte de robo en el estacionamiento de la discoteca Prince. De estos ninguno correspondió a la camioneta Nissan blanca 2009 con logotipos rojos de La Jornada que fue reportada este lunes por la tarde, luego del atraco que sufrieran los distribuidores en la salida de Acapulco, donde los dejaron abandonados con sus pertenencias.

Regresar al Ejército a sus cuarteles, clamor de organizaciones sociales

Grave y artero, el robo de periódicos y camioneta repartidora de La Jornada Guerrero

Fuente: La Jornada de Guerrero


Con el pretexto de la guerrilla, asola comunidades de la sierra, denuncian en reunión

Demandan que organismos internacionales de derechos humanos constaten violaciones

MARLEN CASTRO

CHILPANCINGO, 18 DE JUNIO. Como respuesta a las incursiones militares en Puerto las Ollas y Las Palancas, en las que se documentaron violaciones a los derechos humanos de los pobladores, 18 organizaciones civiles se reunieron y exigieron el regreso inmediato de los militares a los cuarteles.

También pidieron la presencia en la sierra de las organizaciones internacionales de derechos humanos, para que constaten la situación en la que viven los habitantes y documenten las violaciones a sus garantías.

Las organizaciones calificaron de grave y artero el atentado a las libertades de expresión y prensa por el robo de los ejemplares de la edición del 15 de junio de La Jornada Guerrero, que contenía textos y fotografías sobre el asedio de cuatro días del Ejército en las comunidades mencionadas.

En el encuentro participaron campesinos del ejido Río Frío, al que pertenecen las comunidades Puerto las Ollas y Las Palancas, en Coyuca de Catalán, Tierra Caliente, colindantes con Petatlán, de la Costa Grande.

Modesto Rauda Wences, presidente del Consejo de Vigilancia del comisariado ejidal, narró que hace 15 años, en una incursión similar a la de días pasados, los militares mataron a un niño y torturaron a adolescentes en la misma localidad, usando como pretexto la búsqueda de hombres armados.

Aseguró que en Puerto las Ollas, Las Palancas, Los Laureles, Río Frío, San Isidro, Las Pilas y La Barranca de San José no hay personas relacionadas con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

En esos pueblos, en conjunto, habitan unas 500 personas en casas sin ningún servicio; los niños no van a la escuela porque no hay ni siquiera primaria completa, por lo que quienes quieren estudiar se trasladan al ejido Los Fresnos, también en Coyuca de Catalán.

El comisariado señaló que en esas comunidades los habitantes decidieron la protección de sus bosques, y dejaron unas 10 mil hectáreas como reserva ecológica.

Las organizaciones consideraron en su manifiesto que el plan de contrainsurgencia del Ejército ha llevado a violaciones de garantías y abusos en las comunidades, como detenciones y cateos ilegales, daños a la propiedad, tortura física y sicológica, así como malos tratos.

Por lo anterior, demandaron el regreso inmediato de los militares a sus cuarteles y frenar el proceso de militarización de la sociedad guerrerense.

Por otro lado, señalaron que ante la confirmación de enfrentamientos entre el Ejército y el ERPI, es necesaria la aplicación del derecho internacional y humanitario de acuerdo con las convenciones y declaraciones internacionales firmadas y ratificas por el Estado mexicano.

Ante tal situación, expusieron que las comisiones nacional y estatal de derechos humanos (CNDH y Coddehum) deben jugar un papel enérgico y oportuno en su misión de velar por la plena vigencia del respeto a las garantías.

A los partidos políticos y los candidatos los llamaron a asumir una posición respecto al marco legal vigente, que ha permitido acotar el respeto de los derechos de las personas.

Exigieron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo respetar las garantías constitucionales de los habitantes, y al Congreso local que asuma una postura clara en favor de la resolución pacífica del conflicto armado que se vislumbra.

Entre las organizaciones participaron el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos, el Frente de Defensa Popular (FDP), la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), entre otros.

Demandan consulta


Fuente: La Jornada de Guerrero

Marcharán contra delegado de la CDI

MARLEN CASTRO

CHILPANCINGO, 18 DE JUNIO. Unidos por el derecho a la consulta, los pueblos indígenas de Guerrero marcharán a la ciudad de México el próximo lunes, para tomar las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y exigir una consulta, para que sean las comunidades las que elijan al nuevo delegado o devuelvan a Guillermo Alvarez Nicanor el cargo.

En conferencia de prensa, la Coordinadora de los Pueblos Indígenas de Guerrero (CPIG) informó del acuerdo hecho la noche del miércoles, con la Convención Estatal Indígena (CEI).

Lo anterior, resaltó el vocero de la CPIG, Marcelino Díaz de Jesús, significa que el reclamo del derecho a la consulta establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) consiguió unificar a los pueblos.

Alvarez Nicanor aseguró que de la ciudad de México “no nos vamos a venir con las manos vacías”, pues van con la firme determinación de conseguir que Luis H. Alvarez, titular de la CDI, convoque a los pueblos y organizaciones indígenas a una consulta.

La CPIG y la CEI calculan que por lo menos participarán unos mil 200 indígenas. Los contingentes se irán sumando a lo largo del recorrido.

Por otro lado, esta mañana el movimiento por la reinstalación de Alvarez Nicanor o una consulta a los pueblos para nombrar al nuevo delegado recibió el apoyo de Andrés Manuel López Obrador mediante su representante en Guerrero, César Núñez Ramos. Al mismo tiempo que la toma en el Distrito Federal, habrá protestas iguales en las oficinas de la CDI estatales y las regionales de Chilapa y Ometepec.