Está por dictarse esa sentencia, explica el luchador social
Carlos Covarrubias Rendón, regidor del Partido de Revolución Democrática (PRD) habló ayer de irregularidades ocurridas en el municipio de Cerro de San Pedro durante la administración de Rosaura Loredo.
Desde 1993 fue emitido el plan rector en San Luis Potosí en zona conturbadas y sigue vigente para el Cerro de San Pedro, porque para el caso de San Luis con el artículo 68 de la ley, pero en caso de Cerro de San Pedro originariamente tiene preservación de la vida silvestre, se establece que debe haber una política de restauración de la misma durante un lapso no menor a 20 años, esa situación no se ha generado porque no se ha hecho esa restauración, por la llegada de MSX y la violación de ese decreto.
Actualmente el decreto está vigente; la zona donde trabaja la MSX es una zona de preservación silvestre y desde luego, en cuanto a lo determinado en aquella ocasión por el gobierno potosino, pues está violando una normatividad de carácter urbano y ambiental.
Covarubias Rendón reitera que el Cerro de San Pedro conserva esa característica de preservación y en forma por demás indebida las autoridades federales han permitido la devastación en el lugar.
EL regidor del partido del sol azteca mencionó que en el caso del gobierno de Marcelo de los Santos Fraga ellos saben bien que el permiso que obtuvo en 1999 fue anulado en octubre de 2005, y que se espera la emisión una nueva autorización que está ahorita en litigio y además establece que debe haber unos nuevos permisos.
En caso del gobierno del estado, ellos siguen manteniendo un permiso de 2000; un permiso derivado desde de 1999 para un permiso de suelo. También en Cerro de San Pedro se han liberado permisos sobre el uso de suelo, cuando esto es imposible por la vigencia del plan, si el mismo Fernando Silva contravino el gobierno de Horacio Sánchez Unzueta; y Marcelo de los Santos ha venido manteniendo esa situación durante todos estos años. En este momento el juicio principal, el juicio ambiental que se tomó mediante el Tribunal de Justicia Administrativa a través del noveno tribunal colegiado del primer circuito en materia administrativa del Distrito Federal, están en manos de ese tribunal llevándose a cabo un análisis jurídico para determinar si es o no posible mantenerle los permisos a Minera San Xavier, o si se cumplió o incumplió el fallo que ordenaba anular los permisos de 2004 y ese tribunal tiene dos meses para determinar de forma definitiva el asunto. A más tardar en mayo el tribunal colegiado va a ordenar terminar la nulidad absoluta de los permisos, añadió que todo lo antes expuesto es con base en un informe jurídico.
Por otra parte, a nivel local los ejidatarios de Cerro de San Pedro obtuvieron una sentencia de amparo; tramitaron un juicio agrario para recuperar las cerca de 300 hectáreas invadidas por MSX (juicio número 455/2007).
En este expediente se solicitó una medida cautelar para detener los trabajos de la empresa. El tribunal agrario negó la medida pero en el amparo 1129/2007, los ejidatarios lograron que el juez tercero de distrito le ordenara al tribunal agrario considerar los elementos aportados por los ejidatarios a efecto de normar y sustentar la orden que detenga los trabajos de MSX.
Nuevamente la empresa, desesperada, recurre a la revisión. Esta cuestión se resolverá a principios de noviembre próximo.
Cabe recordar que en ese permiso, emitido por la Semarnat a través de la dirección de evaluación y riesgo ambiental, se enuncia bajo la modalidad de factibilidad ambiental, se establecía que debieran generarse nuevos permisos a través de las autoridades municipales de Cerro de San Pedro. Nos referimos al cambio de uso de suelo, de funcionamiento y construcción. Esto no se ha realizado, pues en forma por demás irregular la empresa se atiene al permiso que otorgó el gobierno del estado en mayo de 2000, respecto al uso de suelo y la renovación del permiso de funcionamiento y construcción, que se sustentan en la autorización emitida por el Instituto Nacional de Ecología en 1999 y que fue anulado en su totalidad en octubre de 2005.
El juicio de amparo (120/2006), promovido por el ejido de Cerro de San Pedro contra el ayuntamiento gobernado por Rosaura Loredo, fue resuelto en forma definitiva amparando al núcleo agrario.
Este ayuntamiento pretendía modificar el uso de suelo, que según el Plan Estratégico de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí y municipios conurbados, incluye a Cerro de San Pedro y que data de septiembre de 1993, no se modificará para darle vida jurídica a los permisos que la MSX ha gestionado infructuosamente.
Recuérdese que el principal juicio ganado en forma definitiva por los ecologistas, el amparo directo 65/2004, emitido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer circuito con sede en el Distrito Federal, estableció que ni siquiera en forma condicionada la MSX debe obtener autorizaciones de cambio de uso de suelo y mucho menos de funcionamiento y construcción, pues el decreto administrativo de 1993 establece que Cerro de San Pedro es una zona protegida y con una carga impositiva para que se desarrolle en la zona una estrategia de restauración de la vida silvestre en un lapso no menor de 20 años.
En cuanto a la ocupación temporal y la servidumbre impuesta por la dirección de minería dependiente de la Secretaría de Economía, se encuentra con suspensión de plano en el amparo 729/2007 ante el juzgado tercero de distrito. Tan es así que desde la interposición de dicho juicio las autoridades mencionadas se mantienen a la expectativa ante un fallo que dejara en los próximos meses sin efectos el dictamen que en su momento liberara a favor de MSX.
Y está por emitirse una sentencia agraria en relación a la legitimidad de los derechos ejidales en Cerro de San Pedro, dentro del expediente 828/2003, que implica en forma determinante la ilegalidad de los derechos de los suscriptores de los arrendamientos con MSX. También implica una inminente restitución de las tierras en el área de conflicto.
Aparte de todas las acciones legales en contra de la MSX, el secretariado técnico del Comité de Cooperación Ambiental vinculado a los paneles jurisdiccionales del TLACAN con sede en Montreal, Canadá, recibió y admitió la queja A14/SEM/07-001/17/DETN14(1) promovida por Pro San Luis Ecológico, llamando a cuentas al gobierno de México. En su respuesta, las autoridades ambientales nacionales trastabillaron al ser requeridos para que informaran sobre la aplicación de los principios precautorios, que inhiben de acuerdo a pactos internacionales, que empresas potencialmente dañinas al medio ambiente generen este tipo de operaciones.
El asunto ya género la inquietud de los directivos de Metallica Resourcers, quienes se adhieren con la corporación New Gold Inc, en este año, buscando prepararse y prevenir el embate de un fallo internacional contra el gobierno de México que, desde luego, implicaría el cierre de la empresa. Este asunto está para resolución en diciembre.
Fuente: La Jornada de San Luis.
Carlos Covarrubias Rendón, regidor del Partido de Revolución Democrática (PRD) habló ayer de irregularidades ocurridas en el municipio de Cerro de San Pedro durante la administración de Rosaura Loredo.
Desde 1993 fue emitido el plan rector en San Luis Potosí en zona conturbadas y sigue vigente para el Cerro de San Pedro, porque para el caso de San Luis con el artículo 68 de la ley, pero en caso de Cerro de San Pedro originariamente tiene preservación de la vida silvestre, se establece que debe haber una política de restauración de la misma durante un lapso no menor a 20 años, esa situación no se ha generado porque no se ha hecho esa restauración, por la llegada de MSX y la violación de ese decreto.
Actualmente el decreto está vigente; la zona donde trabaja la MSX es una zona de preservación silvestre y desde luego, en cuanto a lo determinado en aquella ocasión por el gobierno potosino, pues está violando una normatividad de carácter urbano y ambiental.
Covarubias Rendón reitera que el Cerro de San Pedro conserva esa característica de preservación y en forma por demás indebida las autoridades federales han permitido la devastación en el lugar.
EL regidor del partido del sol azteca mencionó que en el caso del gobierno de Marcelo de los Santos Fraga ellos saben bien que el permiso que obtuvo en 1999 fue anulado en octubre de 2005, y que se espera la emisión una nueva autorización que está ahorita en litigio y además establece que debe haber unos nuevos permisos.
En caso del gobierno del estado, ellos siguen manteniendo un permiso de 2000; un permiso derivado desde de 1999 para un permiso de suelo. También en Cerro de San Pedro se han liberado permisos sobre el uso de suelo, cuando esto es imposible por la vigencia del plan, si el mismo Fernando Silva contravino el gobierno de Horacio Sánchez Unzueta; y Marcelo de los Santos ha venido manteniendo esa situación durante todos estos años. En este momento el juicio principal, el juicio ambiental que se tomó mediante el Tribunal de Justicia Administrativa a través del noveno tribunal colegiado del primer circuito en materia administrativa del Distrito Federal, están en manos de ese tribunal llevándose a cabo un análisis jurídico para determinar si es o no posible mantenerle los permisos a Minera San Xavier, o si se cumplió o incumplió el fallo que ordenaba anular los permisos de 2004 y ese tribunal tiene dos meses para determinar de forma definitiva el asunto. A más tardar en mayo el tribunal colegiado va a ordenar terminar la nulidad absoluta de los permisos, añadió que todo lo antes expuesto es con base en un informe jurídico.
Por otra parte, a nivel local los ejidatarios de Cerro de San Pedro obtuvieron una sentencia de amparo; tramitaron un juicio agrario para recuperar las cerca de 300 hectáreas invadidas por MSX (juicio número 455/2007).
En este expediente se solicitó una medida cautelar para detener los trabajos de la empresa. El tribunal agrario negó la medida pero en el amparo 1129/2007, los ejidatarios lograron que el juez tercero de distrito le ordenara al tribunal agrario considerar los elementos aportados por los ejidatarios a efecto de normar y sustentar la orden que detenga los trabajos de MSX.
Nuevamente la empresa, desesperada, recurre a la revisión. Esta cuestión se resolverá a principios de noviembre próximo.
Cabe recordar que en ese permiso, emitido por la Semarnat a través de la dirección de evaluación y riesgo ambiental, se enuncia bajo la modalidad de factibilidad ambiental, se establecía que debieran generarse nuevos permisos a través de las autoridades municipales de Cerro de San Pedro. Nos referimos al cambio de uso de suelo, de funcionamiento y construcción. Esto no se ha realizado, pues en forma por demás irregular la empresa se atiene al permiso que otorgó el gobierno del estado en mayo de 2000, respecto al uso de suelo y la renovación del permiso de funcionamiento y construcción, que se sustentan en la autorización emitida por el Instituto Nacional de Ecología en 1999 y que fue anulado en su totalidad en octubre de 2005.
El juicio de amparo (120/2006), promovido por el ejido de Cerro de San Pedro contra el ayuntamiento gobernado por Rosaura Loredo, fue resuelto en forma definitiva amparando al núcleo agrario.
Este ayuntamiento pretendía modificar el uso de suelo, que según el Plan Estratégico de Desarrollo Urbano de San Luis Potosí y municipios conurbados, incluye a Cerro de San Pedro y que data de septiembre de 1993, no se modificará para darle vida jurídica a los permisos que la MSX ha gestionado infructuosamente.
Recuérdese que el principal juicio ganado en forma definitiva por los ecologistas, el amparo directo 65/2004, emitido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer circuito con sede en el Distrito Federal, estableció que ni siquiera en forma condicionada la MSX debe obtener autorizaciones de cambio de uso de suelo y mucho menos de funcionamiento y construcción, pues el decreto administrativo de 1993 establece que Cerro de San Pedro es una zona protegida y con una carga impositiva para que se desarrolle en la zona una estrategia de restauración de la vida silvestre en un lapso no menor de 20 años.
En cuanto a la ocupación temporal y la servidumbre impuesta por la dirección de minería dependiente de la Secretaría de Economía, se encuentra con suspensión de plano en el amparo 729/2007 ante el juzgado tercero de distrito. Tan es así que desde la interposición de dicho juicio las autoridades mencionadas se mantienen a la expectativa ante un fallo que dejara en los próximos meses sin efectos el dictamen que en su momento liberara a favor de MSX.
Y está por emitirse una sentencia agraria en relación a la legitimidad de los derechos ejidales en Cerro de San Pedro, dentro del expediente 828/2003, que implica en forma determinante la ilegalidad de los derechos de los suscriptores de los arrendamientos con MSX. También implica una inminente restitución de las tierras en el área de conflicto.
Aparte de todas las acciones legales en contra de la MSX, el secretariado técnico del Comité de Cooperación Ambiental vinculado a los paneles jurisdiccionales del TLACAN con sede en Montreal, Canadá, recibió y admitió la queja A14/SEM/07-001/17/DETN14(1) promovida por Pro San Luis Ecológico, llamando a cuentas al gobierno de México. En su respuesta, las autoridades ambientales nacionales trastabillaron al ser requeridos para que informaran sobre la aplicación de los principios precautorios, que inhiben de acuerdo a pactos internacionales, que empresas potencialmente dañinas al medio ambiente generen este tipo de operaciones.
El asunto ya género la inquietud de los directivos de Metallica Resourcers, quienes se adhieren con la corporación New Gold Inc, en este año, buscando prepararse y prevenir el embate de un fallo internacional contra el gobierno de México que, desde luego, implicaría el cierre de la empresa. Este asunto está para resolución en diciembre.
Fuente: La Jornada de San Luis.
