15 Diciembre 2008
A fines del sexenio pasado, la Secretaría de la Función Pública cerró cuatro investigaciones contra el director corporativo de Administración de Pemex, Rosendo Villarreal Dávila –relacionadas con contrataciones de familiares de él y de terceros en la petrolera del Estado–, a pesar de que se comprobó el parentesco y la inobservancia a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El mismo funcionario es señalado por los recientes despidos masivos de trabajadores con antigüedad de hasta 20 años
Entre 2005 y 2006, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió indagatorias en contra del administrador de Petróleos Mexicanos (Pemex), Rosendo Villarreal Dávila, por supuestas violaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP), en las que habría incurrido al contratar a sus familiares y los de otros directivos en áreas clave de la petrolera.
Aunque en la mayoría de los casos denunciados se acreditó el parentesco y la inobservancia a la LFRSP, en ninguno se le fincó responsabilidad. Federico Domínguez Zuloaga, entonces titular del Órgano Interno de Control (OIC) en Pemex y quien fuera subordinado de Villarreal Dávila en la SFP, determinó “falta de elementos” y cerró las indagatorias.
Algunas de estas denuncias se dieron por concluidas en los mismos días en que Villarreal autorizó la entrega de 212 mil pesos a favor de Domínguez Zuloaga, para una “cirugía dental” para su esposa Lilia Elena Celio Macías. Zuloaga fue despedido en septiembre de 2006, cuando el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, y el director general de Pemex, Luis Ramírez Corzo, determinaron que dichos recursos eran ilegales. Sin embargo, no hubo sanción alguna para Villarreal.
Ese año Domínguez Zuloaga había integrado la inhabilitación en contra de Raúl Muñoz Leos, por pagar con recursos de Pemex, autorizados también por Villarreal Dávila, la liposucción y cirugía estética para su esposa Hilda Ledezma, cuyo costo ascendió a 163 mil 244 pesos.
Los últimos casos reportados ante Domínguez Zuloaga respecto del administrador de Pemex fueron: la contratación de su sobrino Gerardo Lozano Montemayor, a quien designó como gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, con atribuciones para controlar todos los recursos materiales de la paraestatal, y que depende directamente de Villarreal Dávila en la Dirección Corporativa de Administración (DCA). Además de la recontratación del exfuncionario de la DCA, Gustavo García Higuera, como asesor del director de Pemex Exploración y Producción (PEP), Carlos Morales Gil.
Nepotismo
Villarreal fue designado titular de la DCA en la sesión 758 del Consejo de Administración de Pemex, el 13 de enero de 2005. En febrero contrató a su sobrino Gerardo Lozano Montemayor en el puesto señalado. La designación fue avalada por su coordinador de asesores en la DCA, Pedro Aguirre Castro, y por el subdirector corporativo de Recursos Humanos, Marco Antonio Murillo Soberanis.
La LFRSP, en el artículo 47, fracciones XII, XV, XVI y XVII, establece restricciones e impedimentos para que los funcionarios puedan intervenir, solicitar, designar, contratar, promover, suspender, remover, cesar o sancionar a sus familiares que se encuentren comprendidos dentro del cuarto grado de parentesco, ya fuese por consanguinidad, afinidad o civil. El Código Civil vigente en la materia señala que los familiares comprendidos dentro del cuarto grado de parentesco y por ende dentro de la restricción legal son desde hermanos, cónyuges y hasta sobrinos segundos del cónyuge.
Por ello, la contratación de Lozano implicaría la inobservancia de Villarreal a dicha Ley, según la denuncia DE/024/2005/NA/041. La contratación de Lozano se habría operado de la siguiente manera: el 16 de febrero de 2005, Murillo Soberanis envió un documento a Aguirre Castro, en el que señala: “Como lo comentamos, te envío el currículo, perfil del puesto y la hoja de evaluación de Gerardo Lozano Montemayor, quien está propuesto para ocupar el cargo de gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales”.
El 18 de febrero, Villarreal Dávila notificó a Murillo: “Te envío los resultados de Gerardo Lozano Montemayor, quien está propuesto para ocupar el cargo de gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales”.
Documentos de Pemex revelan que fue Villarreal quien calificó los “atributos” de Lozano. Su tío determinó que cubría el perfil requerido por Pemex, pese a que éste exhibió una constancia de que cursaba apenas el segundo semestre de la licenciatura en comercio internacional en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Dictaminó que tenía 88.85 por ciento de “atributos del puesto ponderado”, según se desprende de un oficio interno de la DCA.
El día 23 se dio la contratación formal. Se le adjudicó la plaza 80070600ME00020, nivel 44, con vigencia al 31 de diciembre del año “2999” (sic), según consta en la “tarjeta de trabajo para funcionarios superiores”, cuya copia obra en poder de Contralínea.
Además de una oficina en el piso siete de la torre ejecutiva, de acuerdo con oficios de Pemex, Villarreal le dio a su sobrino atribuciones para manejar todo el presupuesto del corporativo y “administrar los recursos necesarios para la prestación de los servicios de abastecimiento, operación y mantenimiento, seguridad y servicios generales para las unidades administrativas del corporativo a nivel nacional y a los organismos subsidiarios y filiales en el centro administrativo de Pemex”.
También le designó interlocutor de Pemex ante la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Gobernación, de la Función Pública, de la Defensa Nacional, el Gobierno del Distrito Federal, la Comisión Federal de Electricidad, los prestadores de servicios, los proveedores y contratistas, y las asociaciones civiles.
Le dio además atribuciones como interlocutor interno con las distintas direcciones corporativas, las gerencias, el OIC, la Subdirección Corporativa de Relaciones Laborales, la Subdirección de Servicios Corporativos, la Subdirección de Servicios Médicos, el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros, y para manejar los negocios de la empresa privada de Pemex: Integrated Trade Systems, la cual tiene su sede en Houston, Texas.
En septiembre de 2005, la SFP abrió
la indagatoria DE/024/2005/NA/041 respecto de la contratación. Al respecto, el día 7, Villarreal Dávila envió a Federico Domínguez Zuloaga el documento DCA/2162/2005 donde señala: “Niego categóricamente, por ser falso, el hecho del supuesto parentesco entre el suscrito funcionario de Servicios Generales; es importante señalar que no tengo parentesco con ninguno de los trabajadores que se desempeñan en la Dirección Corporativa de Administración”.
Durante la indagatoria, el 29 de noviembre de 2006, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SFP, Moisés Herrera Solís, emitió un dictamen (oficio 110-6847) en el que señala que además del artículo 47, el artículo 8 de la misma LFRSP impide a los funcionarios públicos “intervenir o participar en la selección, nombramiento o contratación de sus familiares, o cuando tenga un interés personal, familiar o de negocios, o de terceros con quien tenga relaciones profesionales, personales, laborales o de negocios”, ello, “con el propósito de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que aquellos deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones”.
El jurídico dictaminó que, dado que se había acreditado el parentesco y la intervención en la contratación, se debían aplicar los mandatos de dicha Ley. El dictamen fue avalado también por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
En otro oficio fechado el 15 de diciembre, Herrera Solís determinó que el OIC tenía “elementos suficientes” para resolver el asunto.
El expediente de la SFP revela que se acreditó el parentesco entre Villarreal Dávila y Lozano Montemayor; también que Villarreal intervino en su contratación de forma directa. Y se acreditó el impedimento legal de la relación laboral, lo que contraviene la LFRSP.
Con todo ello, en su dictamen final, el OIC en Pemex estipuló que “no existen elementos suficientes que permitan determinar la realización de conductas administrativas irregulares que pudieran constituir infracciones cometidas por el ciudadano Rosendo Villarreal en su carácter de director corporativo de administración de Petróleos Mexicanos, derivadas de su intervención al proponer y autorizar la contratación del ciudadano, Gerardo Lozano Montemayor, como gerente de Recursos Materiales y Servicios Generales, dependiente de esa Dirección a su cargo”.
La exoneración
Otro caso en el que se vincula a Villarreal Dávila en supuestas violaciones a la LFRSP en la contratación de personal fue el que denunció ante OIC en Pemex el titular del Área de Quejas del OIC en PEP, Francisco Javier Galindo Noriega, y que se refiere a la recontratación de Gustavo García Higuera, un exfuncionario liquidado en la DCA el 29 de enero de 2004, y recontratado como asesor de Morales Gil en PEP, en febrero de 2005, con nivel 44.
Según se desprende del oficio PEP/00087/2005, la recontratación fue propuesta por Morales Gil, apenas 12 meses después de su salida de la DCA, periodo en el que García cobró 97 mil pesos mensuales de su jubilación. Villarreal Dávila y el abogado José Néstor García Reza la aprobaron mediante el oficio DCA-039/2005, fechado el 15 de marzo.
La normatividad interna y los Lineamientos para el Ejercicio de la Función Jurídica Institucional en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios establecen un mínimo de dos años para casos de recontratación. Además, en el acuerdo CA-074/2005, el Consejo de Administración de Pemex había definido las Bases Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2005, que prohibía la recontratación de una persona “que haya sido liquidada por alguna de las entidades de la industria petrolera estatal”.
En el expediente DE095/2005, la SFP determinó que Villarreal Dávila y García Reza, quienes avalaron la contratación de García, habrían incurrido en conductas contrarias a la normatividad interna, a las disposiciones del Consejo de Administración y a la LFRSP. Por ello, Francisco Javier Galindo Noriega denunció ante el OIC la recontratación.
El 6 de enero de 2006, Federico Domínguez Zuloaga abrió la investigación DE/001/2006/NA/002. En ésta se acreditaron los impedimentos legales para la contratación, tal como lo indicara Galindo Noriega; sin embargo, el 27 de febrero, Domínguez cerró el expediente “por falta de elementos”.
La defensa tanto de Villarreal Dávila como de García Reza fue que, dado que se trata de hechos de carácter laboral, “por su naturaleza se encuentran fuera de la esfera competencial de esa instancia fiscalizadora”.
Por esos mismos días, Villarreal autorizó la transferencia del dinero a Domínguez Zuloaga. La operación se realizó de la siguiente manera: el 26 de febrero, el contralor remitió a la DCA el plan de tratamiento dental y el presupuesto respectivo que erogó en la atención médica particular que se le proporcionó a su esposa, por la cantidad de 212 mil pesos, con la finalidad de que la administración de la paraestatal le “reembolsara” dicha cantidad.
El 6 de marzo de 2006, Humberto Ismael Meza Cabello, gerente de Responsabilidades –subordinado de Domínguez Zuloaga– notificó a Galindo Noriega que el expediente en contra de Villarreal Dávila y García Reza había sido cerrado “por falta de elementos”.
El 4 de abril, Villarreal Dávila ordenó a Marco Antonio Murillo Soberanis, subdirector corporativo de Recursos Humanos, que se aprobara el reembolso de la atención dental de la esposa de Domínguez. El documento signado por Villarreal cita: “Atendiendo la solicitud que presentó el licenciado Federico Domínguez Zuloaga, subcontralor corporativo de Responsabilidades y Atención Ciudadana, de la Contraloría General Corporativa, y en virtud de que la Subdirección de Servicios de Salud otorgó su conformidad a dicha petición, me permito anexar a usted el comprobante que erogó el licenciado Domínguez…”.
Murillo Soberanis pidió al subdirector de Servicios Médicos, Víctor Manuel Vázquez, que diera el visto bueno a dicho reembolso. El oficio apunta: “Con escrito del 26 de febrero de 2006, el licenciado Federico Domínguez Zuloaga… nos envió el plan de tratamiento dental y el presupuesto respectivo, que erogó en la atención médica particular que se le proporcionó a su esposa, por la cantidad de 212 mil pesos. Lo anterior con la finalidad de que en caso de ser procedente se le reembolse dicho importe, de conformidad con lo dispuesto en el punto tercero del Acuerdo S/N de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, relativo al reembolso de gastos médicos particulares a funcionarios superiores”.
Cinco meses después, Domínguez fue despedido cuando se determinó que la entrega de recursos era irregular. A Villarreal no se le impuso sanción alguna.
Subordinados, privilegios extensivos
En 2006, ante la SFP se denunciaron contrataciones que Villarreal hizo de familiares de directivos de los organismos subsidiarios. Uno de estos casos es el que se integró con el número DE/001/2006/NA/002, en el cual se le denunció a él y al subdirector de PEP, Teódulo Gutiérrez Acosta, por la contratación de Tomás Gutiérrez Peimbert, hijo del último.
Tomás Gutiérrez ingresó a PEP con nivel 35, es decir, como mando medio. Pocos meses después ascendió a nivel 41, es decir, como alto mando, en la plaza 20239200VH00187390. Como subdirector de Recursos Humanos, Competitividad e Innovación, cargo que ocupó antes de llegar a la Subdirección de PEP, Gutiérrez Acosta contrató a su yerno, Salvador Arrieta Silva, para el cargo de subdirector de la Coordinación de Tecnología de Información, con nivel 39.
Villarreal avaló también que el gerente de Relaciones Laborales de PEP, Porfirio Peñafiel Callejo, contratara a su sobrina, Alejandra Gou Félix, con nivel 35.
Cita uno de los escritos integrados dentro de la denuncia DE/001/2006/NA/002, la cual presentaron trabajadores de la petrolera, que “con amenazas y terrorismo laboral”, Villarreal presionaba a trabajadores a aceptar supuestos retiros voluntarios “para beneficiar a familiares, amigos y compadres abusando de su poder”, instalándolos en las plazas vacantes.
Dichos casos fueron remitidos por el contralor Galindo Noriega a Domínguez Zuloaga, quien, como en los otros casos, argumentó “falta de elementos” para comprobar las irregularidades denunciadas.
Contralínea solicitó entrevistas con los funcionarios de Pemex que se señalan en este artículo, lo mismo que con el secretario de la Función Pública, Salvador Vega. Sin embargo, no hubo respuesta.
Discriminación laboral
Trabajadores de Pemex denuncian que Rosendo Villarreal ejecuta despidos masivos de ingenieros y técnicos de la petrolera, supuestamente utilizando como “grupo de choque” al personal adscrito a la Gerencia de Servicios de Seguridad Física, que encabeza el militar Víctor Manuel de la Peña Cortés y que depende directamente de la DCA.
Los trabajadores de Pemex viven en incertidumbre laboral. La reforma energética y las recientes modificaciones a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma contemplan el “adelgazamiento” laboral –que según cálculos hechos por la Administración de Pemex, será de 30 mil trabajadores despedidos–.
Semanas antes de que entrara en vigor, docenas de trabajadores del corporativo y los organismos subsidiarios habían sido despedidos y miles más están en riesgo de quedarse en la calle de un momento a otro, en virtud de que la función primordial de lo que los funcionarios denominan el “nuevo Pemex” será la administración de contratos.
Apenas el 14 de noviembre, 40 profesionistas y técnicos adscritos a las instalaciones de Coatzacoalcos, Tula, Reynosa, Guadalajara y el corporativo –en Marina Nacional– fueron “notificados” de su despido por el personal de seguridad interna de Pemex.
En un instante, sin explicación alguna, los ingenieros petroleros de carrera vieron desvanecerse 15 y 20 años de antigüedad laboral, en un momento en que, según la secretaria de Energía, Georgina Kessel, Pemex carece de ingenieros.
Según denunciaron estos trabajadores ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por órdenes de la DCA fueron desalojados de forma violenta. Se les quitaron sus identificaciones y no se les permitió regresar a sus centros de trabajo. Por ello, explica en entrevista el ingeniero Óscar del Cueto, vocero de los trabajadores, preparan denuncias en contra de Villarreal Dávila y Murillo Soberanis, que presentarán ante la SFP por despido injustificado, acoso y la represión de la que han sido objeto.
El laborista Arturo Alcalde Justiniani califica como “imperdonable” lo que llama la acción represiva de la administración de Pemex. Los violentos despidos masivos, estima, vulneran “los más elementales derechos laborales y humanos”.
Investigación en el Congreso
Las comisiones del Trabajo en las cámaras de Diputados y de Senadores busca documentar la conducta de Villarreal Dávila respecto del despido masivo de trabajadores adscritos a la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros.
Los trabajadores buscan obtener su registro como organización sindical, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se niega a otorgarles, pese a cumplir todos los requisitos y que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo garantizan a todos los mexicanos la libre asociación sindical.
Petroleros adscritos al Frente de Trabajadores de la Energía, el Comité de Estudios de la Energía, la Unión de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, y la Unión de Técnicos y Profesionistas Petroleros exigen que la SFP fiscalice la operación de Villarreal Dávila en la DCA y la contratación y despido de personal. (ALP)
Represión “paramilitar”
En diversas ocasiones, funcionarios y trabajadores de Pemex han denunciado los actos de represión física y sicológica de los elementos de seguridad interna de Pemex. El analista Antonio Ghershenson, especialista en temas petroleros, los califica como “paramilitares”. En su mayoría se trata de exmilitares y expolicías judiciales.
Respecto a la conducta de este personal, el exdiputado Jesús González Schmal presentó una denuncia judicial por espionaje e intimidaciones de elementos de seguridad interna de Pemex, quienes durante semanas tomaron fotografías de sus propiedades y lo siguieron por el estado de Coahuila, de donde es originario. El acoso, explica, “era una medida desesperada para frenar las indagatorias que desde el Legislativo se hacían para comprobar el supuesto tráfico de influencias de los hermanos Bribiesca y los negocios que operaban en Pemex a favor de empresas privadas”.
Otro caso fue el del exabogado Jorge García Martínez, adscrito a la Oficina del Abogado General, quien ante la SFP y autoridades judiciales denunció también espionaje y que los elementos de seguridad de Pemex lo siguieron durante meses, luego de que denunciara las supuestas irregularidades en la autorización de contratos de servicios múltiples en la Cuenca de Burgos, a favor de las trasnacionales Repsol, Petrobras, Teikoku Oil, Techint, Tecpetro y D&S Petroleum que habría dado José César Nava.
En estas denuncias –presentadas ante la SFP entre 2005 y 2007– se responsabilizaba a Villarreal Dávila por la utilización de los elementos de seguridad. En casi todas, el entonces titular del OIC, Federico Domínguez Zuloaga, determinó que no había elementos para fincar responsabilidades, aunque en algunos casos, como el de González Schmal, se comprobaron incluso los recursos que la DCA invirtió durante los días en que el abogado fue espiado y el informe que Villarreal envió a Marta Sahagún. (ALP)
