Las comisiones del Senado aprobaron el dictamen que adiciona facultades a la Comisión Reguladora de Energía, misma que a la fecha ha otorgado 736 permisos privados a los particulares habiendo desnacionalizado ya el 48.3% de la capacidad de generación eléctrica total a nivel nacional. Este dictamen es inaceptable por ser abiertamente privatizador. Con o sin votación, todos los partidos están avalando la continuación impune de la privatización energética furtiva.
Dictamen privatizador
Con 12 votos a favor, las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que fortalece (sic) y amplía (sic) las actividades que regula dicha instancia. El PRD se volvió a “reservar” su voto.
“La Comisión Reguladora de Energía, órgano desconcentrado de la secretaría energía gozará de autonomía técnica, operativa, de gestión y decisión al llevar a cabo la regulación económica de los sectores de gas y electricidad”. Asimismo, se amplían las actividades reguladas por la CRE, "con lo que se disminuye el riesgo de distorsiones en los precios y en la selección de los medios de transporte y almacenamiento de gas natural" (Notimex, 17 oct 2008).
El dictamen “se aprobó con modificaciones, ya que Arturo Núñez hizo notar que se otorgaban facultades a ese organismo para intervenir en refinación, redes de distribución y almacenamiento de petróleo, como si esas actividades las fueran a realizar compañías privadas” (Becerril A., en La Jornada 18 oct 2008).
Este dictamen es inconstitucional y contiene, explícitamente, el veneno privatizador. La CRE es el instrumento propuesto por el Banco Mundial (BM) para concretar la privatización energética en materia de electricidad, para llevarla al 100%, y de gas natural.
A la fecha, esta Comisión ha otorgado 200 permisos para la distribución, transporte y almacenamiento de gas natural, y distribución y transporte de gas LP por medio de ductos. Estas actividades ya son privadas, acordes con lo establecido por el Tratado de Libre Comercio (TLC) y las contrarreformas de 1995-96 a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (LRRP).
En el caso eléctrico, con base en las inconstitucionales reformas de 1992 a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), la CRE ha otorgado 736 permisos privados a las transnacionales y sus filiales. Esto significa que el 48.3% de la capacidad de generación eléctrica total a nivel nacional, ya es privada. Más de 300 transnacionales y sus filiales ocupan el territorio nacional. La CRE ya desnacionalizó a la industria eléctrica de los mexicanos.
Pero, eso, no les dice nada a los legisladores de ningún partido. Peor aún, todavía se atreven a fortalecer a esa comisión traidora. El PRI y el PAN apoyan esas propuestas. El propio FAP, en la iniciativa elaborada por los “expertos”, solamente propuso que la CRE presente “un informe” de los permisos otorgados. Esto es simplista porque, no se trata de que esa comisión “informe” de sus fechorías, sino que, NO se otorguen permisos inconstitucionales.
Ley para el aprovechamiento de energías renovables
En las comisiones se pretendía aprobar el dictamen sobre la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables, propuesta por el PVEM, y la Ley para el Financiamiento de la Transición Energética, propuesta por el PRI. Sin embargo, se pospuso la votación.
Esto se debió a la discusión que se suscitó respecto a la primera Ley. “De entrada, Pablo Gómez planteó que en la pasada legislatura quedó en primera lectura en el Senado una minuta con un proyecto similar de reforma, a la que primero debía darse trámite, pero su planteamiento no prosperó”. “Después, Núñez advirtió que aunque en la exposición de motivos se destaca que la intención es impulsar el desarrollo de energías renovables, lo que se busca realmente es que continúe la participación de la inversión privada en la generación de energía eléctrica, lo cual viola la Constitución” (Becerril A., en La Jornada 18 oct 2008).
En efecto, así es. Lo grotesco es que Nuñez, Graco, Dante, Gómez y otros senadores del todos los partidos aprobaron, desde el 17 de abril de 2007, un dictamen pare otorgarle a la secretaría de energía (Sener) las facultades de “regular” todas las fuentes de energía alternas a los hidrocarburos. Esto incluye a las renovables y las no renovables. Ahora, en 2008, TODOS los partidos volvieron a presentar la misma propuesta, relacionada con las reformas al artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), cuyo dictamen ya fue aprobado por las comisiones del Senado. Na-die objetó na-da.
El mismo FAP, en su iniciativa energética, NO objetó a esas reformas; más aún, también las propuso. Consecuentemente, el dictamen fue aprobado en comisiones.
Núñez tiene razón cuando indica que se continuaría con la privatización eléctrica “lo cual viola la Constitución”. Pero, entonces, ¿porqué aprobaron (y propusieron) las reformas al artículo 33 de la LOAPF? Apenas están descubriendo el veneno privatizador; podría ser tarde.
“El senador del PVEM Arturo Escobar y los panistas Fernando Elizondo y Rubén Camarillo sostuvieron que no hay inconstitucionalidad, debido a que la Ley del Servicio Público para la Energía Eléctrica permite la generación a particulares, e insistieron en la urgencia de impulsar fuentes alternas renovables”.
Sí, la LSPEE permite la generación eléctrica privada, incluyendo a las fuentes renovables. Entre los permisos privados otorgados por la CRE están varios referidos al viento. Iberdrola de España, Electricidad de Francia, y prestanombres vendepatrias, ya han instalado cientos de aerogeneradores en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para la generación eoloeléctrica, a base del viento. Pero, las disposiciones de la legislación secundaria contravienen a la Constitución, pues el párrafo sexto del artículo 27 constitucional indica que en materia eléctrica NO se otorgarán concesiones a los particulares. De manera que sí existe inconstitucionalidad.
“Gómez Álvarez, sin embargo, desmenuzó el anteproyecto de dictamen, y precisó que se obliga a la CRE a expedir reglas para interconectar a las empresas privadas al sistema eléctrico nacional y se crea un fondo de transición “a fondo perdido” para financiar a cualquiera; por ejemplo, a una empresa extranjera que instale generadores de energía eólica”. Así es, pero eso no es nuevo. La privatización eléctrica furtiva se inició en 1992 y hoy está dominada por las transnacionales. Gómez, al parecer, no se había dado cuenta siendo que casi la mitad de la industria eléctrica mexicana ya nos ha sido expropiada.
El panista Rubén Camarillo “restó importancia a los planteamientos de los perredistas”. Gómez Álvarez advirtió que “el PRD no votará ese dictamen de no modificarse los artículos 17 y 18, los cuales señalan la obligación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de comprar la energía generada por empresas privadas y su interconexión al sistema nacional”. Eso, es exactamente lo que ya existe y que el FAP, en ningún momento, objetó en la iniciativa energética de los “expertos”, al contrario las apoyó.
Gomez advirtió “que si se imponen y aprueban esa ley que viola la Carta Magna, el PRD podría acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en la pasada legislatura resolvió una controversia constitucional”. Sí, el pequeño problema es que el propio FAP acepta el primer dictamen que autoriza a la Sener para “promover la participación de los particulares en las actividades del sector energético, otorgar concesiones, autorizaciones y permisos a los particulares, y regular las fuentes energéticas alternas a los hidrocarburos”. La Sener lleva a cabo esas actividades a través de la CRE. Además, el FAP está de acuerdo con las reformas a la Ley de la CRE. El rollo de Gómez, entonces, no pasa de una simple amenaza que no podrá cumplir.
Por simple decoro político, los legisladores del FAP tienen la obligación de rechazar el primero, cuarto, quinto y demás dictámenes privatizadores. En la medida en que no lo están haciendo y la dictaminación sigue, el PRI y el PAN se están llevando “al baile” al FAP, mientras AMLO sigue vacilando con la resistencia.
PRI y PAN van por una votación de mayoría
El quinto dictamen quedó pendiente. Entre tanto, el PRI volvió a “introducir el tema de las refinerías privadas, el cual había retirado días antes”, con la obvia intención de presionar al FAP para que acepte los contratos en la industria petrolera.
El objetivo parece aclararse. El PRI y el PAN ya “sacaron” las bases de la privatización furtiva, indicadas en el primer dictamen, mismo que ya pasó al pleno en “primera lectura”. TODOS los partidos están de acuerdo. El cuarto dictamen, también privatizador, ya fue aprobado en comisiones y TODOS están de acuerdo.
Para los dictámenes restantes, el PAN dice que los acuerdos por mayoría son válidos, refiriéndose a la alianza PRI-AN. De manera que, el FAP pudiera estar de acuerdo o no, eso no les importa a los privatizadores. Carlos Navarrete (PRD), espera que “todos honren su palabra” y se lleve “lo acordado” a dictámenes. Pero el PRI y el PAN nunca han sido caballeros.
Según Graco Ramírez, “el PRI puso a consideración de PAN y PRD un proyecto para modificar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional para establecer un esquema especial de privatización de las refinerías vía la creación de empresas que importen crudo y produzcan gasolina para exportar”. “Para nosotros ello es inaceptable”, destacó Ramírez, ya que es el primer paso para impulsar el proyecto de filiales que los del tricolor ya habían retirado” (Becerril A., en La Jornada 18 oct 2008). El PRI no ha quitado el dedo del renglón privatizador.
Al respecto, el senador Juan Bueno (PAN) comentó: “alguien llevó a la mesa de discusión un documento en el que se plantea instalar en México empresas para refinar petróleo, aunque no fuera con producción nacional ni para el mercado interno”. Meter esa propuesta en la discusión “echaría a perder” lo avanzado, dijo, aunque no descartó que si hubiera un acuerdo al respecto “en otro lado”, es decir, entre coordinadores, lo tendrían que discutir este domingo, cuando se reunirán los miembros de las mesas directivas de las comisiones de energía y de estudios legislativos para concluir la revisión de los tres dictámenes pendientes.
Se ha anunciado que hoy se discutirán los proyectos de la Ley Orgánica de Pemex y la Ley Reglamentaria del Artículo 27 en el Ramo del Petróleo. El PRI y el PAN mantienen la ruta de seguir dictaminando en estos días, subir los dictámenes en la próxima semana y, de serles posible, aprobarlos por el pleno del Senado. No se descarta el “fast track”.
La resistencia debe ejercer las acciones previstas ya, no es necesario esperar más.
Este martes 21 de octubre, el FTE hará un mitin frente al Senado, de 12 a 14 hs., para expresar nuestro rechazo a la privatización energética furtiva. Invitamos a los interesados a participar en este evento. ¡La Constitución NO se negocia!
Llamamos a los mexicanos (as) en lucha a manifestarse organizadamente en sus propios lugares, con todas las acciones al alcance.
Frente de Trabajadores de la Energía, de México
