Brasil busca recuperar el control de su petróleo
Empresas extranjeras se apropian de recursos, sostiene
Ante la presión de Estados Unidos por privatizar los hidrocarburos de América Latina, el especialista dice que su país debe copiar a México el marco constitucional de control del Estado sobre sus recursos. “Ahora más que nunca Pemex es un paradigma”, afirma
Roberto González Amador e Israel Rodríguez
Estados Unidos enfrenta una “difícil situación energética”, y la necesidad que tiene de lograr el control sobre los recursos petroleros de América Latina está detrás de las “enormes presiones” para privatizar los hidrocarburos en México y en otros países de la región. Habla Fernando Siqueira, director de la Asociación de Ingenieros de Petrobras (Aepet):
“En realidad, Estados Unidos paga hoy 300 dólares por barril de petróleo: 100 dólares por el costo del crudo en el mercado y otros 200 derivados de los gastos en el aparato militar en Oriente Medio para garantizar el suministro desde esos yacimientos”.
Crítico del proceso de privatización de Petróleos Brasileños (Petrobras), que se concretó en 1997, durante el gobierno del ex presidente Fernando Henrique Cardoso –cuando se promulgó una ley que permitió a otras empresas competir con Petrobras en todos los ramos de la actividad petrolera–, Siqueira dice a La Jornada:
“En la discusión sobre el tema energético, México no debe ver el proceso de apertura en Petrobras como un ejemplo. En Brasil estamos en plena campaña para recuperar el control sobre el petróleo, y Brasil tiene que copiar a México el marco constitucional de control del Estado sobre sus recursos, y ahora más que nunca Petróleos Mexicanos (Pemex) es un paradigma. Es necesario que Brasil recupere el control de su riqueza”.
Fernando Siqueira y Murilio Marcato, delegado de la Aepet en Minas Gerais, forman parte del movimiento que ha renacido en Brasil para que el país recupere el control de su petróleo. La Aepet, fundada en 1961, está integrada por 5 mil empleados de nivel medio y superior de Petrobras, la mayoría en activo. Entre sus objetivos está defender la propiedad del Estado sobre el petróleo y el fortalecimiento de Petrobras como una empresa energética pública.
De visita a México comentaron a La Jornada algunas de las experiencias del proceso de privatización del petróleo en su país. Entre ellas, la forma en que las empresas extranjeras penetraron los órganos de dirección de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), el órgano creado por el gobierno después de la apertura para coordinar la política petrolera, e incluso del intento –ya durante el gobierno del presidente Luis Inacio Lula da Silva– de cambiar el nombre de la empresa por “Petrobrax”, bajo el argumento de su director de que “era más fácil de pronunciar para los inversionistas extranjeros”. También de la manera en que los promotores de la privatización invirtieron millones de dólares en pagar a periodistas y “analistas independientes” para que influyeran en la opinión pública en crear un clima favorable a la privatización.
“La experiencia de Petrobras no fue buena ni para el país ni para la petrolera; se abrió a las compañías extranjeras que se convirtieron en propietarias del recurso natural. El gobierno tenía 87 por ciento de las acciones y ahora tiene sólo 40 por ciento. Las empresas participan en las licitaciones de lotes para explotar campos petroleros y se convierten en dueñas del terreno y del petróleo que encuentren, el cual pueden vender a quien deseen”.
La privatización de Petrobras, asegura Siqueira, no llevó nuevas inversiones a Brasil. Tampoco aportó tecnología. “Las empresas extranjeras vinieron a Brasil a aprender, Petrobras era un líder tecnológico”, asegura.
Debilitamiento premeditado
A la vez que se transfería a firmas privadas, principalmente extranjeras, la propiedad sobre el petróleo, el Estado comenzó a perder los recursos de la renta petrolera.
Explica Fernando Siqueira: las empresas privadas que participan en la explotación del petróleo brasileño pagan al gobierno una participación de 10 a 45 por ciento del precio a que vendan el crudo. La media internacional en cuanto al pago de contribuciones a los países propietarios del recurso, agrega, es de 84 por ciento del precio de venta. Es decir, las compañías que operan en el país sudamericano pagan al Estado la mitad de lo que se tributa en promedio internacional.
Otra merma para el Estado, luego de la privatización impulsada por el régimen de Fernando Henrique Cardoso y continuada en el actual, tiene que ver con el valor de los lotes, que son las partes del territorio que se adjudican a las firmas privadas mediante licitación.
Explican los expertos que el lote más costoso ha sido vendido por el gobierno brasileño a un precio de 300 millones de dólares. La firma que se lo adjudicó extraerá crudo por un monto equivalente a 8 mil millones de dólares durante la vida productiva del yacimiento.
La privatización de Petróleos Brasileños en 1997 fue el punto culminante de un proceso de debilitamiento intencional de la empresa iniciado 20 años antes, explican. “Petrobras fue obligada a comprar petróleo a precios internacionales de 25 dólares por barril y venderlo en el mercado interno a 14 dólares; la diferencia era cubierta por la producción nacional y esto provocó que la empresa no tuviera recursos para invertir y se descapitalizara”, dice Siqueira.
En 1994 ocurrió un intento de reforma a la Constitución brasileña para acabar con el monopolio del Estado sobre el control de los recursos naturales. “Se tergiversaban las cosas, diciendo que Petrobras era un monopolio, pero en realidad el monopolio era del Estado sobre el control de los recursos, y Petrobras sólo era la empresa encargada de poner en práctica la política estatal sobre petróleo”, añade.
Había una creciente oposición a la privatización de Petrobras, que incluía al sindicato petrolero, entonces uno de los mayores del país, a empleados públicos de otros gremios, sindicatos de industria y organizaciones sociales. Cuenta que en 1995 el entonces presidente Henrique Cardoso emitió un decreto que prohibía a cualquier empleado público trasladarse a Brasilia, la capital federal y asiento de los poderes, a realizar cualquier protesta contra la decisión de abrir la empresa petrolera al capital privado, so pena de ser despedido. El objetivo, dice, era “quebrar” la resistencia a la política de apertura.
Un año después fue enviada la ley para eliminar el control total del Estado sobre el petróleo y permitir a empresas extranjeras extraer y hacerse propietarias del crudo brasileño. Fue aprobada un año después, a la vez que se creaba una Agencia Nacional del Petróleo que, asegura, respondía a los intereses de las grandes trasnacionales a las que entregó “todo el conocimiento que Petrobras había acumulado en 55 años de investigación sobre los yacimientos de petróleo en el país”.
Los modos de Halliburton
Una vez aprobada la ley que privatizaba la propiedad del petróleo brasileño, se instrumentó en la empresa una política de jubilación anticipada, que redujo de 35 a 30 años los años laborados antes del pase a retiro. En este proceso, la plantilla laboral de Petrobras se redujo de 60 mil a 30 mil empleados, aunque el plan de los administradores era de mantener sólo 15 mil empleados.
Una siguiente medida fue reconformar el consejo de administración de Petrobras, que hasta antes de la privatización estaba integrado por nueve miembros: seis directivos de la empresa y tres representantes de la sociedad.
Con las modificaciones legales se incluyó a consejeros externos de nacionalidad brasileña que, dicen los entrevistados, representaban los intereses del sistema financiero internacional.
A partir de esta reconformación del consejo se perdió control sobre las decisiones y el manejo de información estratégica. Un problema, desde su punto de vista, que llegó al extremo este año, cuando “se perdieron” tres discos duros robados a computadoras portátiles y que contenían la información sobre el gigantesco campo de Tupí, descubierto en diciembre pasado. Esos datos, como se ha publicado en la prensa brasileña y ahora recuerda el entrevistado, “aparecieron” en poder de Halliburton, la empresa propiedad del vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney.
Se eliminó, además, al equipo de planeación de Petrobras y se compraron “activos podridos” en Argentina, pertenecientes a Repsol, firma que, dijo, “se sospecha es un brazo de la Shell usado por la petrolera anglo holandesa para eludir algunos controles a que están sujetas las mayores compañías energéticas del mundo”.
Fernando Henrique Cardoso dejó la presidencia en 2003 con una deuda interna por el equivalente a 60 mil millones de dólares, aun cuando durante su gobierno fueron vendidos activos públicos por 160 mil millones de dólares. “Entregó al país en bancarrota”, señala Siqueira. Murilo Marcato, delegado de la Aepet en Minas Gerais, recuerda que una vez iniciado el proceso de privatización, que ha llevado a que 40 por ciento del capital de Petrobras esté colocado en bolsas de valores, desde el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES, similar a Nafin en México) se buscó adquirir acciones de la compañía petrolera para asegurar que una parte permaneciera bajo control estatal. “El gobierno impidió que siguiera la compra de acciones del BNDES, e incluso los directivos del banco que la promovían fueron cesados”. Actualmente, ese banco tiene alrededor de 10 por ciento del capital de Petrobras.
En cambio, se favoreció a las empresas privadas que compraban acciones de Petrobras a través de los mercados accionarios. Dice Marcato que en 1999 el estatuto de la empresa fue cambiado para permitir que su presidente fuera extranjero; en 2000 se vendió, a través de la bolsa, 18 por ciento de la participación estatal. Un porcentaje similar de acciones, también del gobierno, fue colocado en las bolsas en 2001. En total, 40 por ciento del capital de Petrobas fue vendido en la bolsa.
El gran consumidor
Los dirigentes de la Asociación de Ingenieros de Petrobras consideran que América Latina está sujeta a una mayor presión por parte del aparato industrial y militar de Estados Unidos, y de las grandes compañías petroleras que los abastecen, por el control del petróleo. Una presión que ha ido en aumento conforme el alza en la cotización del crudo llega a niveles que los expertos consideraban que ocurrirían después de 2010.
Explica Siqueira: “El choque de precios previsto para 2010 está ocurriendo en 2008. Se anticipó porque los picos de producción se han caído y la demanda ha subido. La era del petróleo barato ya se terminó y ahora la previsión es que el barril alcance 180 dólares en 2015 y una cotización de 300 dólares en 2020”.
En este contexto de precios cada vez más altos, Estados Unidos muestra una mayor avidez por petróleo. Ese país consume una cuarta parte de la producción mundial dentro de su territorio y casi otro tanto con sus instalaciones militares externas, señala el experto.
Así, con reservas de 28 mil millones de barriles, Estados Unidos requiere 8 mil millones de barriles por año para su suministro interno y otros 7 mil millones de barriles para su aparato militar, “por lo que si no garantiza un suministro confiable, en dos años puede colapsar”.
Agrega que el desarrollo de Estados Unidos está “montado” sobre la energía del petróleo, que es la materia prima de 3 mil productos que no son fácilmente sustituibles.
“Estados Unidos está en una situación crítica. Consume 15 mil millones de barriles por año y tiene 28 mil millones en reserva. En ese país, cada coche consume 28 barriles (al año), una computadora tres barriles, y el promedio de consumo por habitante es de 25 barriles por año, en tanto que en los países de Europa es de 11 barriles por persona al año”, asevera.
Una de las principales fuentes de abasto de petróleo para Estados Unidos es el Oriente Medio y en especial de Arabia Saudita. Según los entrevistados, el gasto militar estadunidense en esa región del mundo agrega un costo de 200 dólares por barril al precio del crudo, que ya tiene dos semanas arriba de 100 dólares. Para el aparato industrial y militar de Estados Unidos, el costo neto ha subido a 300 dólares por barril de crudo.
“Aun cuando Arabia Saudita es un aliado muy fiel de Estados Unidos, no tiene la capacidad para abastecer y garantizar el suministro de crudo”, agrega Siqueira. Estados Unidos, asegura, se encuentra en una situación difícil de abasto de petróleo y para ellos es más fácil tratar de garantizar ese suministro en América Latina que invertir en Medio Oriente.
“Ahora que la oferta de petróleo es prácticamente igual a la demanda, la lucha por el abasto y el control del crudo se intensifica”.
Estrategia mediática
La decisión del gobierno brasileño de privatizar su industria petrolera en 1997 tuvo un componente fundamental para asegurar su realización, cuenta el especialista. Fue “convencer” a la población, a través de los principales vehículos de comunicación de masas en el país, de que Brasil no podía solo.
Relata: “la campaña en los medios de comunicación hacía llegar a los brasileños el mensaje, insistente, de que si no había apertura al capital privado no llegarían al país recursos externos necesarios para explotar el recurso, y entonces, se decía desde el gobierno, se tendrían que desviar recursos de los ramos de la salud, educación y seguridad. Se nos insistía en que no teníamos recursos ni experiencia, por lo que necesitábamos ayuda de las compañías y que no permitir esa ayuda sería ruin para el país”.
Todas las afirmaciones para apoyar la privatización estaban sustentadas en mentiras, cuenta Siqueira. Fue una campaña muy bien elaborada y planeada, añade. Recuerda que la trasnacional Shell invirtió 100 millones de dólares para que especialistas y profesores escribieran artículos y aparecieran en los medios de comunicación para hablar a favor de la privatización. “Les daban espacios para defender la privatización, compraron conciencias de periodistas y académicos que después se volvieron célebres en los medios brasileños”.
Relata que los promotores de la privatización ofrecían a profesores universitarios triplicarles el sueldo para que aceptaran escribir artículos y participar en foros para hablar a favor de la apertura de la empresa petrolera al capital privado.
“Yo, como opositor a la privatización, realicé entonces visitas por todo el país para hablar sobre el tema. Y me llamó la atención cómo, sin importar la región de Brasil donde me encontrara, las preguntas de quienes me cuestionaban en los foros eran las mismas, como salidas del mismo sitio”.
Los periódicos y los medios electrónicos lanzaron una campaña en la que argumentaban que la nacionalización de los recursos petroleros “era algo retrógrado y que la globalización era lo actual”. Se desplegaron informaciones subliminales para convencer a la población, dice.
Recuperar el control
En diciembre de 2007, Petrobras anunció el descubrimiento del campo petrolero Tupí, en el sureste del país, en la costa del océano Atlántico, un yacimiento que incrementará la reserva de crudo de Brasil a 80 mil millones de barriles, lo que convierte a ese país en poseedor de una riqueza comparable a la de mayores dueños de reservas: Rusia, Arabia Saudita, Irán, Irak y Venezuela.
El descubrimiento de Tupí reavivó el debate nacionalista e infundió nuevos ánimos a un sector de la población que busca recuperar el control total de Brasil sobre sus recursos naturales. Una acción emprendida, entre otras organizaciones por la Aepet, ante un órgano autónomo de procuración de justicia, detuvo temporalmente una licitación de 41 campos cercanos a Tupí. Con este mandato judicial, el gobierno pospuso la venta de esos campos.
“La enorme riqueza descubierta hace necesario que Brasil recupere el control sobre sus yacimientos. Como están las cosas ahora ese control no existe, porque las empresas privadas, de acuerdo con la ley vigente, son propietarias del crudo que extraen”, dice.
En Brasil, asegura, ha crecido un nuevo sentimiento nacionalista que ha hecho suyo el lema “el petróleo es nuestro” –que fue una de las frases empleadas por Getulio Vargas, el presidente que nacionalizó el hidrocarburo en los años 50, quien tomó como ejemplo el decreto del presidente Lázaro Cárdenas de nacionalización en 1938.
Añade que la privatización de Petrobras tuvo otras implicaciones. Dio éxito a la idea de los grupos que controlan política y económicamente a Estados Unidos de que se debe impedir que países potencialmente hegemónicos se desarrollen.
“Antes de la privatización, en Brasil el 90 por ciento del desarrollo tecnológico se realizaba en empresas estatales, eso se perdió. Los países dominantes no quieren un competidor indeseable”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/03/12/index.php?section=economia&article=028e1eco
miércoles, 12 de marzo de 2008
Petróleos ¿Mexicanos?
Petróleos ¿Mexicanos?
Pemex. En manos de grandes corporaciones trasnacionales
Foto: fernando gutiérrez juárez
Carlos Acosta Córdova
Más allá del errático y polarizante debate sobre la presunta privatización de Petróleos Mexicanos, y de lo que se anime finalmente el gobierno de Felipe Calderón a presentar como propuesta para sacar del bache a la paraestatal, lo cierto es que sólo en la letra Pemex es "del pueblo" y de "los mexicanos". En realidad, sus actividades centrales –con ganancias gigantescas– están en manos de grandes corporaciones trasnacionales. Si bien Pemex es propiedad del Estado mexicano, el sector privado nacional y extranjero, lo mismo empresas que personas físicas, prácticamente controlan la industria petrolera nacional: realizan actividades directas en toda la cadena del petróleo, el gas y el resto de hidrocarburos, supuestamente prohibidas por la Constitución, o bien trabajan para la paraestatal por medio del contratismo desmesurado, que ha hecho de la paraestatal el gran negocio de cientos de miles de personas y empresas.Sólo para ilustrar esto último: el catálogo de contratistas y proveedores de uno solo de los cuatro corporativos que conforman la compañía, Pemex Refinación, actualizado al 31 de enero, consta de más de 37 mil nombres de compañías y personas, nacionales y extranjeras. Entre esos nombres destaca por ejemplo el de Juan Bosco Abascal Carranza (proveedor número 1000040812, hermano de Carlos, secretario del Trabajo y de Gobernación en el sexenio pasado), encargado de impartir los cursos de moral a legisladores y gobernantes del Partido Acción Nacional, hasta empresas como Swecomex, de Carlos Slim, constructora de plataformas petroleras, y Union Pacific Railroad, la poderosa ferroviaria estadunidense dedicada sobre todo al transporte de mercancías.No hay eslabón de la cadena petrolera que no esté invadida por particulares. Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994), cuando Petróleos Mexicanos quedó dividida en cuatro subsidiarias (Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica), se le ha venido dando la vuelta a la Constitución y a diversas leyes para que, por medio de contratos y permisos, los particulares puedan participar y hacer negocio en actividades antes –y aun ahora, en algunos casos– reservadas a los mexicanos.Si con Salinas la petroquímica legalmente dejó de ser un área estratégica –para que los capitales privados pudieran hacerse cargo de ella– y se inició la apertura de la industria del gas, con Zedillo y Fox se concretaron ambos procesos, con el agravante de que aun extranjeros tendrían facilidades para entrar en las dos áreas, incluso con una participación de control, en particular en el caso del gas.De hecho, en materia de transporte, almacenamiento, distribución y comercio del gas natural, es poca la participación de Pemex. El gas es coto de empresas privadas, sobre todo extranjeras. No se diga la distribución, que es controlada por cinco trasnacionales. La principal de éstas, la española Gas Natural, es la distribuidora de gas número uno en México y tiene presencia en siete de las 14 zonas de distribución en el país, tiene 1 millón 120 mil clientes y una red de más de 15 mil kilómetros: en el Distrito Federal surte gas en 14 de las 16 delegaciones del gobierno capitalino. Las otras cuatro son: las estadunidenses Sempra Energy y KN Energy, con fuerte presencia en Chihuahua, Baja California, Durango y Sonora; la franco-belga Tractebel-Suez, que controla la distribución de gas en Jalisco, Tamaulipas y Querétaro, y la francesa Gaz de France, con presencia en el norte de Tamaulipas y dominio en el Valle de México.Pero si la distribución y comercialización eran los únicos renglones en los que la ley permitía participar a los empresarios nacionales y extranjeros, por vía de los Contratos de Servicios Múltiples ahora –desde 2003– lo pueden hacer también en el ámbito de la producción y el desarrollo de los campos de gas.Gracias a ese mecanismo, también grandes empresas extranjeras pueden encargarse de todo el ciclo de exploración y producción de gas. Por lo menos en la cuenca de Burgos ya operan la poderosa petrolera española Repsol YPF, que ya tiene una sólida presencia en la parte estadunidense del Golfo de México en trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos; la argentina Techint-Tecpetrol; la brasileña Petrobras, en alianza con la japonesa Teikoku Oil, y la estadunidense Lewis Energy.Permisos de almacenamiento con regasificación los han obtenido las trasnacionales estadunidenses Shell, Sempra Energy y Marathon Oil, líderes en productos y servicios y que operan en Tamaulipas y Baja California.
La petroquímica nacional, bajo control de particulares desde hace unos tres lustros, es un desastre. Desde tiempos de Miguel de la Madrid se consideró que la industria no era prioritaria y que muy bien podrían encargarse de ella las empresas privadas. Con ese argumento, en aquel gobierno se hizo una primera reclasificación de los petroquímicos básicos, de 72 a 36; luego Salinas de Gortari los dejó en 20 y, al final de su gobierno, bajo los compromisos del TLCAN, quedaron sólo ocho. Pero ha sido tal el desdén de los particulares que ahora el gobierno de Felipe Calderón pretende reactivar la industria petroquímica nacional para reducir la dependencia del exterior –las importaciones son abrumadoras. Para ello anunció, apenas hace 10 días, un espectacular plan no sólo para la construcción de una gran planta de etileno –a cargo de la iniciativa privada, a un costo de mil 700 millones de dólares– sino de la licitación de contratos de suministro, por 15 años, de etano y gasolinas.La dependencia del exterior en materia de petroquímicos es tal que las importaciones han alcanzado cifras históricas con 12 millones de toneladas anuales, a un costo de 15 mil millones de dólares. En su informe de resultados de 2007, que dio a conocer el miércoles 27 de febrero, Pemex refiere que así como el valor récord de las ventas totales –1 billón 135 mil millones de pesos, 2.9% más que en 2006– se debió a un mayor precio internacional del crudo, las cuantiosas pérdidas netas de la paraestatal –más de 16 mil millones de pesos– fueron producto de una mayor importación de petrolíferos, principalmente de gasolinas. Las compras de éstas pasaron de 204 mil 700 barriles diarios, en 2006, a 307 mil 700 barriles por día, promedio, en 2007, es decir, un volumen superior en 50.3%. El desastre de la petroquímica alcanza al Sistema Nacional de Refinerías. Hace poco, Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía del Senado, dijo: "No tenemos capacidad de almacenamiento suficiente y el sistema de transporte es costoso e ineficiente". Es más, agregó, "estuvimos a punto de quedarnos sin gasolina, en la zona metropolitana, en diciembre pasado, porque no tenemos almacenamiento suficiente en el país."La gravedad del asunto la dan las propias cifras oficiales: la oferta de gasolinas de Pemex sólo cubre el 62% de la demanda nacional. Es decir de cada 10 litros que se consumen en el país, poco más de cuatro se importan, sobre todo de Estados Unidos, pero también de China y la India… y con nuestro propio petróleo. Por ello, la propuesta de Calderón, sin ser explícita, apunta a la creación de refinerías "nacionales" pero de propiedad privada, inclusive extranjera. Los investigadores universitarios Víctor Rodríguez-Padilla y Ramón Pacheco interpretan así, en su ensayo Petróleo, gas natural y Pemex; proceso de privatización y alternativas, que hicieron público el 25 de febrero pasado:"La propuesta de la corriente aperturista es que existan refinerías privadas que maquilen el crudo y entreguen los productos resultantes a Pemex. La Constitución prohíbe este tipo de infraestructura y actividad por parte del sector privado, porque la refinación forma parte tanto de la explotación petrolera como de la industria petrolera, ambas reservadas a la nación".Algunos aseguran que las "refinerías maquiladoras" cumplirían con la ley porque no habría transferencia de los derechos de propiedad; Pemex sería dueño del crudo y los productos resultantes; el inversionista privado sería dueño de la refinería y obtendría un margen por barril procesado con dos componentes: un cargo fijo para rembolsar las inversiones y un cargo variable dependiendo de la carga procesada; todos los riesgos serían para Pemex y el gobierno federal. Si la propuesta llega a prosperar se crearía una figura equivalente al "productor independiente de productos derivados del petróleo". Será el "salinazo" de Felipe Calderón."Más adelante, dependiendo de cómo les fue con la primera parte de la apertura, vendría la libre importación y la liberalización de las actividades comerciales. Las refinerías maquiladoras se transformarían en 'refinerías de mercado'. Las gasolinerías cambiarían la bandera Pemex por las de Shell, BP (British Petroleum), Chevron, Exxon-Mobil. Durante los últimos 15 años, desde la entrada en vigor del TLCAN, esas compañías han estado adquiriendo gasolinerías a través de prestanombres. Algunos gasolineros han firmado contratos con las trasnacionales para continuar como operadores de las estaciones de servicio cuando se liberalice el mercado."
El gobierno de Felipe Calderón, aun sin presentar la polémica iniciativa para transformar la industria petrolera nacional, ya ha dado muestras de que está decidido a abrir de par en par las puertas a la iniciativa privada, nacional y extranjera, aun en áreas reservadas. Las cifras son elocuentes: en el gobierno de Ernesto Zedillo las inversiones en el sector energético, financiadas por el sector privado, sumaron poco más de 8 mil millones de dólares; en el gobierno de Fox, los contratos en el sector energético ascendieron a cerca de 30 mil millones de dólares, pero Calderón quiere más: en su primer año de gobierno se firmaron 642 contratos de obra pública con empresas nacionales y extranjeras, con un valor de 9 mil millones de dólares. Y este año va rápido: hasta mediados de febrero iban seis licitaciones públicas, nacionales e internacionales, para la ejecución de obras por un valor de 1 mil 380 millones de dólares.Y para todo: construcción de infraestructura y mantenimientos de campos de gas; plantas de óxido de etileno para complejos petroquímicos; construcción y tendido de oleoductos y gasoductos; perforación, terminación y mantenimiento de pozos petroleros y elaboración de registros geofísicos de yacimientos de crudo.Un análisis de la revista El mundo del petróleo, de Ferráez Editores, la empresa que edita la revista Líderes Mexicanos, señala –con base en información del IFAI– que de poco más de 3 mil empresas contratadas por Pemex y la CFE para la construcción de infraestructura energética sólo 27 han sido las más beneficiadas porque concentran obras y proyectos con un valor superior a los 21 mil 641 millones de dólares.Pero resulta que son empresas extranjeras las que se llevan la mayor parte del pastel. Entre ellas: Halliburton, Repsol, Schlumberger, Bergensen Worldwide Limited, Lewis Energy, Baker Hughes, Bosnor, Keppel Offshore and Marine USA y China Petroleum. Son portentos trasnacionales que, en México, están en todo: explotación y producción de gas; perforación de pozos en el mar; provisión de barcos y unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga de petróleo; generación de electricidad, entre otras actividades.Por otra parte, en materia de construcción de plataformas marinas, no es poca la presencia de empresas mexicanas: Swecomex, de Carlos Slim; ICA, de la familia Quintana, entre las más reconocidas, pero también Cigsa, Comintersa, Commsa y Cyemsa. Pero la demanda es más grande que la capacidad de las empresas mexicanas, de tal suerte que el gobierno ha echado mano de las extranjeras Upstream Engineering, Shaw Mexican Holding, Keppel Offshore and Marine, McDermott Internacional y la coreana Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, entre otras, para la construcción de plataformas. Entre las compañías extranjeras favoritas de los gobiernos panistas destaca Halliburton, que tiene más de cien años de existencia y se especializa en el desarrollo de tecnologías de punta para la construcción de infraestructura civil para operaciones militares; es precursora y líder en servicios de energía. En un tiempo fue dirigida por el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney.En México, Halliburton ha obtenido, desde 2002, 160 contratos de Pemex por 25 mil 800 millones de pesos (2 mil 345 millones de dólares) para trabajos de perforación y mantenimiento de pozos en las principales regiones productoras de crudo del país. El más reciente, anunciado apenas la semana antepasada, fue por 683 millones de dólares (poco más de 7 mil 500 millones de pesos), para trabajos de gestión de proyectos, servicios de perforación y terminación de 58 pozos petroleros en la región sur del país. Pero Pemex también abre sus puertas a empresas presuntamente mexicanas. Le dio un contrato a DS Servicios Petroleros, S.A. de C.V., creada apenas el 15 de diciembre de 2006 –dos semanas después de la toma de posesión de Felipe Calderón– para ejecutar trabajos de geociencias, perforación, producción e infraestructura y operación de sistemas de producción. El monto del contrato es por 817 millones 122 mil 46 pesos, más 66.8 millones de dólares; su objetivo es la prestación de "Servicios integrales de optimización y desarrollo de campos en el sector Ébano-Pánuco-Cacalilao del Activo Integral Poza Rica-Altamira", según consta en el contrato de Pemex Exploración y Producción, con número 424107840, del 14 de mayo de 2007.Aunque el titular del contrato es de DS Servicios Petroleros SA de CV, la propuesta fue presentada conjuntamente con D&S Petroleum, SA de CV, filial del grupo compuesto por la mexicana Diavaz, la brasileña Petrobras y la japonesa Teikoku Oil.En suma, la presencia de la iniciativa privada, nacional y extranjera, está en todos los sectores de la industria petrolera nacional. Muchos le llaman "privatización silenciosa". Habrá que ver qué más quiere el gobierno de Felipe Calderón. (Con información de Rosalía Vergara) l
Pemex. En manos de grandes corporaciones trasnacionales
Foto: fernando gutiérrez juárez
Carlos Acosta Córdova
Más allá del errático y polarizante debate sobre la presunta privatización de Petróleos Mexicanos, y de lo que se anime finalmente el gobierno de Felipe Calderón a presentar como propuesta para sacar del bache a la paraestatal, lo cierto es que sólo en la letra Pemex es "del pueblo" y de "los mexicanos". En realidad, sus actividades centrales –con ganancias gigantescas– están en manos de grandes corporaciones trasnacionales. Si bien Pemex es propiedad del Estado mexicano, el sector privado nacional y extranjero, lo mismo empresas que personas físicas, prácticamente controlan la industria petrolera nacional: realizan actividades directas en toda la cadena del petróleo, el gas y el resto de hidrocarburos, supuestamente prohibidas por la Constitución, o bien trabajan para la paraestatal por medio del contratismo desmesurado, que ha hecho de la paraestatal el gran negocio de cientos de miles de personas y empresas.Sólo para ilustrar esto último: el catálogo de contratistas y proveedores de uno solo de los cuatro corporativos que conforman la compañía, Pemex Refinación, actualizado al 31 de enero, consta de más de 37 mil nombres de compañías y personas, nacionales y extranjeras. Entre esos nombres destaca por ejemplo el de Juan Bosco Abascal Carranza (proveedor número 1000040812, hermano de Carlos, secretario del Trabajo y de Gobernación en el sexenio pasado), encargado de impartir los cursos de moral a legisladores y gobernantes del Partido Acción Nacional, hasta empresas como Swecomex, de Carlos Slim, constructora de plataformas petroleras, y Union Pacific Railroad, la poderosa ferroviaria estadunidense dedicada sobre todo al transporte de mercancías.No hay eslabón de la cadena petrolera que no esté invadida por particulares. Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994), cuando Petróleos Mexicanos quedó dividida en cuatro subsidiarias (Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica), se le ha venido dando la vuelta a la Constitución y a diversas leyes para que, por medio de contratos y permisos, los particulares puedan participar y hacer negocio en actividades antes –y aun ahora, en algunos casos– reservadas a los mexicanos.Si con Salinas la petroquímica legalmente dejó de ser un área estratégica –para que los capitales privados pudieran hacerse cargo de ella– y se inició la apertura de la industria del gas, con Zedillo y Fox se concretaron ambos procesos, con el agravante de que aun extranjeros tendrían facilidades para entrar en las dos áreas, incluso con una participación de control, en particular en el caso del gas.De hecho, en materia de transporte, almacenamiento, distribución y comercio del gas natural, es poca la participación de Pemex. El gas es coto de empresas privadas, sobre todo extranjeras. No se diga la distribución, que es controlada por cinco trasnacionales. La principal de éstas, la española Gas Natural, es la distribuidora de gas número uno en México y tiene presencia en siete de las 14 zonas de distribución en el país, tiene 1 millón 120 mil clientes y una red de más de 15 mil kilómetros: en el Distrito Federal surte gas en 14 de las 16 delegaciones del gobierno capitalino. Las otras cuatro son: las estadunidenses Sempra Energy y KN Energy, con fuerte presencia en Chihuahua, Baja California, Durango y Sonora; la franco-belga Tractebel-Suez, que controla la distribución de gas en Jalisco, Tamaulipas y Querétaro, y la francesa Gaz de France, con presencia en el norte de Tamaulipas y dominio en el Valle de México.Pero si la distribución y comercialización eran los únicos renglones en los que la ley permitía participar a los empresarios nacionales y extranjeros, por vía de los Contratos de Servicios Múltiples ahora –desde 2003– lo pueden hacer también en el ámbito de la producción y el desarrollo de los campos de gas.Gracias a ese mecanismo, también grandes empresas extranjeras pueden encargarse de todo el ciclo de exploración y producción de gas. Por lo menos en la cuenca de Burgos ya operan la poderosa petrolera española Repsol YPF, que ya tiene una sólida presencia en la parte estadunidense del Golfo de México en trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos; la argentina Techint-Tecpetrol; la brasileña Petrobras, en alianza con la japonesa Teikoku Oil, y la estadunidense Lewis Energy.Permisos de almacenamiento con regasificación los han obtenido las trasnacionales estadunidenses Shell, Sempra Energy y Marathon Oil, líderes en productos y servicios y que operan en Tamaulipas y Baja California.
La petroquímica nacional, bajo control de particulares desde hace unos tres lustros, es un desastre. Desde tiempos de Miguel de la Madrid se consideró que la industria no era prioritaria y que muy bien podrían encargarse de ella las empresas privadas. Con ese argumento, en aquel gobierno se hizo una primera reclasificación de los petroquímicos básicos, de 72 a 36; luego Salinas de Gortari los dejó en 20 y, al final de su gobierno, bajo los compromisos del TLCAN, quedaron sólo ocho. Pero ha sido tal el desdén de los particulares que ahora el gobierno de Felipe Calderón pretende reactivar la industria petroquímica nacional para reducir la dependencia del exterior –las importaciones son abrumadoras. Para ello anunció, apenas hace 10 días, un espectacular plan no sólo para la construcción de una gran planta de etileno –a cargo de la iniciativa privada, a un costo de mil 700 millones de dólares– sino de la licitación de contratos de suministro, por 15 años, de etano y gasolinas.La dependencia del exterior en materia de petroquímicos es tal que las importaciones han alcanzado cifras históricas con 12 millones de toneladas anuales, a un costo de 15 mil millones de dólares. En su informe de resultados de 2007, que dio a conocer el miércoles 27 de febrero, Pemex refiere que así como el valor récord de las ventas totales –1 billón 135 mil millones de pesos, 2.9% más que en 2006– se debió a un mayor precio internacional del crudo, las cuantiosas pérdidas netas de la paraestatal –más de 16 mil millones de pesos– fueron producto de una mayor importación de petrolíferos, principalmente de gasolinas. Las compras de éstas pasaron de 204 mil 700 barriles diarios, en 2006, a 307 mil 700 barriles por día, promedio, en 2007, es decir, un volumen superior en 50.3%. El desastre de la petroquímica alcanza al Sistema Nacional de Refinerías. Hace poco, Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía del Senado, dijo: "No tenemos capacidad de almacenamiento suficiente y el sistema de transporte es costoso e ineficiente". Es más, agregó, "estuvimos a punto de quedarnos sin gasolina, en la zona metropolitana, en diciembre pasado, porque no tenemos almacenamiento suficiente en el país."La gravedad del asunto la dan las propias cifras oficiales: la oferta de gasolinas de Pemex sólo cubre el 62% de la demanda nacional. Es decir de cada 10 litros que se consumen en el país, poco más de cuatro se importan, sobre todo de Estados Unidos, pero también de China y la India… y con nuestro propio petróleo. Por ello, la propuesta de Calderón, sin ser explícita, apunta a la creación de refinerías "nacionales" pero de propiedad privada, inclusive extranjera. Los investigadores universitarios Víctor Rodríguez-Padilla y Ramón Pacheco interpretan así, en su ensayo Petróleo, gas natural y Pemex; proceso de privatización y alternativas, que hicieron público el 25 de febrero pasado:"La propuesta de la corriente aperturista es que existan refinerías privadas que maquilen el crudo y entreguen los productos resultantes a Pemex. La Constitución prohíbe este tipo de infraestructura y actividad por parte del sector privado, porque la refinación forma parte tanto de la explotación petrolera como de la industria petrolera, ambas reservadas a la nación".Algunos aseguran que las "refinerías maquiladoras" cumplirían con la ley porque no habría transferencia de los derechos de propiedad; Pemex sería dueño del crudo y los productos resultantes; el inversionista privado sería dueño de la refinería y obtendría un margen por barril procesado con dos componentes: un cargo fijo para rembolsar las inversiones y un cargo variable dependiendo de la carga procesada; todos los riesgos serían para Pemex y el gobierno federal. Si la propuesta llega a prosperar se crearía una figura equivalente al "productor independiente de productos derivados del petróleo". Será el "salinazo" de Felipe Calderón."Más adelante, dependiendo de cómo les fue con la primera parte de la apertura, vendría la libre importación y la liberalización de las actividades comerciales. Las refinerías maquiladoras se transformarían en 'refinerías de mercado'. Las gasolinerías cambiarían la bandera Pemex por las de Shell, BP (British Petroleum), Chevron, Exxon-Mobil. Durante los últimos 15 años, desde la entrada en vigor del TLCAN, esas compañías han estado adquiriendo gasolinerías a través de prestanombres. Algunos gasolineros han firmado contratos con las trasnacionales para continuar como operadores de las estaciones de servicio cuando se liberalice el mercado."
El gobierno de Felipe Calderón, aun sin presentar la polémica iniciativa para transformar la industria petrolera nacional, ya ha dado muestras de que está decidido a abrir de par en par las puertas a la iniciativa privada, nacional y extranjera, aun en áreas reservadas. Las cifras son elocuentes: en el gobierno de Ernesto Zedillo las inversiones en el sector energético, financiadas por el sector privado, sumaron poco más de 8 mil millones de dólares; en el gobierno de Fox, los contratos en el sector energético ascendieron a cerca de 30 mil millones de dólares, pero Calderón quiere más: en su primer año de gobierno se firmaron 642 contratos de obra pública con empresas nacionales y extranjeras, con un valor de 9 mil millones de dólares. Y este año va rápido: hasta mediados de febrero iban seis licitaciones públicas, nacionales e internacionales, para la ejecución de obras por un valor de 1 mil 380 millones de dólares.Y para todo: construcción de infraestructura y mantenimientos de campos de gas; plantas de óxido de etileno para complejos petroquímicos; construcción y tendido de oleoductos y gasoductos; perforación, terminación y mantenimiento de pozos petroleros y elaboración de registros geofísicos de yacimientos de crudo.Un análisis de la revista El mundo del petróleo, de Ferráez Editores, la empresa que edita la revista Líderes Mexicanos, señala –con base en información del IFAI– que de poco más de 3 mil empresas contratadas por Pemex y la CFE para la construcción de infraestructura energética sólo 27 han sido las más beneficiadas porque concentran obras y proyectos con un valor superior a los 21 mil 641 millones de dólares.Pero resulta que son empresas extranjeras las que se llevan la mayor parte del pastel. Entre ellas: Halliburton, Repsol, Schlumberger, Bergensen Worldwide Limited, Lewis Energy, Baker Hughes, Bosnor, Keppel Offshore and Marine USA y China Petroleum. Son portentos trasnacionales que, en México, están en todo: explotación y producción de gas; perforación de pozos en el mar; provisión de barcos y unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga de petróleo; generación de electricidad, entre otras actividades.Por otra parte, en materia de construcción de plataformas marinas, no es poca la presencia de empresas mexicanas: Swecomex, de Carlos Slim; ICA, de la familia Quintana, entre las más reconocidas, pero también Cigsa, Comintersa, Commsa y Cyemsa. Pero la demanda es más grande que la capacidad de las empresas mexicanas, de tal suerte que el gobierno ha echado mano de las extranjeras Upstream Engineering, Shaw Mexican Holding, Keppel Offshore and Marine, McDermott Internacional y la coreana Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, entre otras, para la construcción de plataformas. Entre las compañías extranjeras favoritas de los gobiernos panistas destaca Halliburton, que tiene más de cien años de existencia y se especializa en el desarrollo de tecnologías de punta para la construcción de infraestructura civil para operaciones militares; es precursora y líder en servicios de energía. En un tiempo fue dirigida por el vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney.En México, Halliburton ha obtenido, desde 2002, 160 contratos de Pemex por 25 mil 800 millones de pesos (2 mil 345 millones de dólares) para trabajos de perforación y mantenimiento de pozos en las principales regiones productoras de crudo del país. El más reciente, anunciado apenas la semana antepasada, fue por 683 millones de dólares (poco más de 7 mil 500 millones de pesos), para trabajos de gestión de proyectos, servicios de perforación y terminación de 58 pozos petroleros en la región sur del país. Pero Pemex también abre sus puertas a empresas presuntamente mexicanas. Le dio un contrato a DS Servicios Petroleros, S.A. de C.V., creada apenas el 15 de diciembre de 2006 –dos semanas después de la toma de posesión de Felipe Calderón– para ejecutar trabajos de geociencias, perforación, producción e infraestructura y operación de sistemas de producción. El monto del contrato es por 817 millones 122 mil 46 pesos, más 66.8 millones de dólares; su objetivo es la prestación de "Servicios integrales de optimización y desarrollo de campos en el sector Ébano-Pánuco-Cacalilao del Activo Integral Poza Rica-Altamira", según consta en el contrato de Pemex Exploración y Producción, con número 424107840, del 14 de mayo de 2007.Aunque el titular del contrato es de DS Servicios Petroleros SA de CV, la propuesta fue presentada conjuntamente con D&S Petroleum, SA de CV, filial del grupo compuesto por la mexicana Diavaz, la brasileña Petrobras y la japonesa Teikoku Oil.En suma, la presencia de la iniciativa privada, nacional y extranjera, está en todos los sectores de la industria petrolera nacional. Muchos le llaman "privatización silenciosa". Habrá que ver qué más quiere el gobierno de Felipe Calderón. (Con información de Rosalía Vergara) l
El Dip. Agustín Guerrero, en el Centro de Información en Defensa del Petróleo
11 de Marzo de 2008. Este día en el Centro de Información en Defensa del Petróleo, estuvo como ponente el Dip. Agustín Guerrero, quien fuera de hecho el que ideo la realización de este Centro de Información, como una forma de manifestar la oposición a la privatización de PEMEX.
En su exposición, el legislador hizo un recuento de la parte histórica sobre la industria petrolera en nuestro país, así como sobre los contratos que indebidamente el actual Srio. de Gobernación, Juan Camilo Mouriño firmó con empresas de su familia cuando era diputado federal e integrante de
Asimismo, estuvo presente
GUERRERO: No acude el alcalde de Ometepec a una cita con dirigentes indígenas, denuncian. (Fuente: El Sur). Ometepec.
Una comisión conformada por cerca de 200 indígenas entre amuzgos y mixtecos, vecinos de las colonias indígenas El Polvorín y Nuevo Amanecer, donde hace unos años fue asesinado por problemas agrarios Marino Rentería, y miembros de
Los representantes de los indígenas, Misael Damián de
En el escrito piden a Montaño Salinas que “es necesario entablar puentes de comunicación que permitan sacar avantes” los problemas y le recuerdan que “los gobiernos deben estar comprometidos con los pueblos originarios, más aún cuando se trata de “un gobierno con causa y compromiso” (lema de la administración de Montaño Salinas). Lamentaron la actitud del alcalde ometepequense al no recibirlos, sin embargo, de acuerdo a lo que les dijo el síndico, el martes esperan una respuesta por escrito y que el presidente rectifique, “porque lo único que está fomentando con su cerrazón al diálogo, son marchas, plantones y tomas de edificios. Es lo que le queda al pueblo ante un gobierno sordo y mudo”, advirtieron.
Entre la lista de los problemas por resolver en las colonias, figura la exigencia de una investigación a fondo de la detención arbitraria, el 14 de enero, de los menores de edad Margarita Santiago García y su hermano Raúl, “a quienes los policías sacaron con violencia de su vivienda sin que hasta la fecha se haya castigado a los culpables”.
MEXICO: Miguel Concha. Impunidad en Oaxaca. (Fuente: La Jornada).
Hace ocho días
En él llega incluso a decir que “hay afirmaciones sin sustento, objetividad y con datos inexactos”, y que en sus recomendaciones provisionales observa igualmente “generalidad, lo que da cabida a la ambigüedad y a la inviabilidad”. ¿Será porque en ellas
Aparte de que son estos dos organismos oficiales de protección a los derechos humanos los que deben acreditar públicamente la veracidad de estas afirmaciones, es importante consignar aquí que esta misma semana está circulando por la red una acción urgente de Amnistía Internacional (AI) a escala mundial, en la que entre otras cosas pide al secretario de Gobernación, al procurador general de
AI informa que, en efecto, después de que delegaciones suyas y de
Por eso llama la atención que en su comunicado el gobierno de Oaxaca reproche a
La convicción sobre el alcance de la impunidad que tienen los servidores públicos, afirma igualmente
MEXICO: Abren espacios en la policía comunitaria para frenar violencia en la Costa Chica. (Fuente: La Jornada). Marquelia, Guerrero.
Al conmemorar el primer aniversario del asesinato de Martín Romero Romero, dirigente del Ejido Campamento General Enrique Rodríguez Cruz, familiares y ejidatarios demandaron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, justicia y castigo para los responsables de la ejecución, y al mismo tiempo anunciaron que ante la ola de violencia que aqueja a Costa Chica, solicitaron su ingreso al Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) o policía comunitaria.
Con un servicio religioso realizado poco después de las 2 de la tarde en la modesta capilla de
Durante un receso, los integrantes del Consejo Consultivo de ese ejido, Baltasar Morales, Miguel Nájera, Alejandro Cruz, Tomás de los Santos y Pablo Guzmán demandaron a Torreblanca Galindo justicia, y castigo para los responsables de este asesinato, cuando Romero se dirigía a ordeñar sus vacas: “fue poco antes de las 6 de la mañana, le dieron siete balazos, cinco en la espalda, y dos en la cabeza”. El acto estuvo vigilado por unos veinte policías comunitarios, encabezados por Arnulfo Morales Plácido, coordinador de
A su vez, Arnulfo Morales recordó que es probable que la ejecución de Romero se haya debido a que “desde hace tiempo gestionaba para incorporar este ejido a
MEXICO: Di no al redondeo en cajas es fraude!! (Fuente: (Fuente: Karina Ochoa).
Ayer en un centro comercial, Soriana para ser exactos, mi padre redondeó su cuenta, algo un tanto insignificante y una práctica muy común en todos y cada uno de los centros comerciales del país.
El ticket de compra aparecía 'redondeo 85 centavos'; mas lo que despertó mi instinto, 'mi instinto legal' fué que, en la pantalla de la cajera aparecía el siguiente concepto: 'Donación Cáritas A. C.'. Al ver lo anterior escrito, le pregunté a la cajera que si ellos (es decir 'Soriana') lo manejaban como una donación, a lo cual me respondió que sí, pues bueno ahora litigando fiscal entiendo que todas y cada una de la donaciones son deducibles de impuestos para cada contribuyente siempre y cuando se expida el dicho comprobante fiscal. Basado en lo anterior, le pedí a la cajera que me diera mi comprobante de donación, claramente la respuesta fue una negativa ya que ellos solo lo manejan como redondeo.
Pedí hablar con el gerente ya que evidentemente bajo mi razonamiento había una evasión fiscal escondida tras un redondeo, llego el gerente y le dije que si podía expedirme un recibo de donación a cargo de Cáritas a. c. por todas mis compras realizadas en dicha tienda ya que, ese era el concepto y quería deducirlas (evidentemente le dije que traía conmigo mis tickets de compra, falso pero buenoooo, esa era la onda ) el gerente me negó mi comprobante (que ojo! es mi derecho), y trató de explicarme que bueno, ellos solamente son captadores del efectivo, es decir juntan la suma de capital del redondeo y lo entregan a Cáritas A. C. Terminé pidiéndole queme regresara mis 80 centavitos porque no iba a participar en una defraudación fiscal y accedió.
Porqué fraude. Pues es simple, ellos recaudan una cantidad específica de dinero a lo largo del mes, calculemos que de cada compra recaudan 50 centavos, es claro que en un mes recaudan una muy alta cantidad de pesos, esa cantidad es recolectada en este caso por Soriana S.A. de C V. y entregada a Cáritas A. C. ojo, el dinero que es de un montón de ciudadanos y cooperación de los mismos no es entregado en nombre de todos y cada uno de los contribuyentes REALES, sino en nombre de 'Soriana' por lo que el recibo de donación es a nombre de 'Soriana'... más claro?? Lo que tú donaste se lo adjudica otra persona, y ella lo deduce es decir hace uso de tu dinero para ahorrarse impuestos, es decir defrauda a el fisco y paga con tu dinero impuestos que el debería de pagar con el suyo.
Así que la próxima vez que te pidan el redondeo piénsalo, no te digo que no dones, para eso ahórrale y hazlo directamente ante las instituciones y no ante una empresa 'intermediaria' Si calculamos que en un día de quincena, por una caja pasan 30 clientes por hora, y si lo multiplicamos por 25 cajas, por 15 horas en que está abierta
Atte. Un ciudadano de buena fe ...
EL CIRCULO DE ESTUDIOS COAPA TE INVITA A LA
CONFERENCIA
"
A CARGO DE
DR. ALFREDO JALIFE RAHME
JUEVES 13 DE MARZO 2008 A LAS 19:00 HORAS
AUDITORIO "JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN"
Cárcamo #3755 esquina Prol. Div. del Norte y Canal de Miramontes. Subdelegación de Villa Coapa , Tlalpan.
Junto a
Entrada Libre.
BOLETIN DE PRENSA.
Washington D.C. 11 de Marzo del 2008.
· Se desahoga la primera Reunión de Trabajo de seguimiento a la visita de
· Ausencia del Canciller mexicano, Martín del Campo, quien abandono la sala previo al inicio de la sesión sobre Oaxaca.
El Comité de Liberación 25 Noviembre,
Es importante señalar que el gobierno mexicano sí estuvo presente en diversas audiencias de trabajo durante el 131 período de sesiones de
Las temáticas abordadas fueron: investigaciones sobre violaciones a derechos humanos, averiguaciones previas, desapariciones, estado actual de procesos judiciales, urgencia de la reforma para la independencia de poderes, depuración de los cuerpos policíacos, situación de defensores como una necesidad y urgencia de que el estado respete y garantice la labor de defensa.
Se abordó la temática de la impunidad en la que se encuentran las graves violaciones a derechos, la nula investigación, la utilización del sistema de procuración y administración de justicia para continuar la criminalización de la protesta social, ante lo que expresó que se mantendrá al tanto de la situación que prevalece en el estado de Oaxaca.
Ante la gravedad de la situación se le hicieron a
1. Emitir el informe especial de la visita a Oaxaca en agosto de 2007.
2. Priorizar y agilizar seguimiento de las medidas cautelares.
3. Instar al gobierno del estado de Oaxaca a que transparente sus acciones frente a la ciudadanía en materia de derechos humanos, para que se contribuya a la construcción de un estado democrático.
4. Instar a las autoridades del Estado de Oaxaca para la revisión de los expedientes de las cinco personas que una permaneces privadas de su libertad, así como de las cien persona sujetas a procedimientos por razones políticas a fin de cesar las violaciones a derechos humanos.
ATENTAMENTE
Centro por
Comité de Liberación 25 de Noviembre
Liga Mexicana por
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
**
INFORME*
*Estados Unidos – México: *
*Muros, abusos y muertos en las fronteras*
<http://www.fidh.org/IMG/pdf/USAMexiquemigran488esp.pdf>
*Violaciones flagrantes de los derechos humanos de los migrantes
indocumentados en camino a Estados Unidos*
*http://www.fidh.org/IMG/pdf/USAMexiquemigran488esp.pdf*
<http://www.fidh.org/IMG/pdf/USAMexiquemigran488esp.pdf>". Este informe será también presentado a varios congresistas norteamericanos y al gobierno estadounidense el 13 de marzo. En este documento,
Estas políticas se han traducido, tanto en Estados Unidos como en México, por legislaciones criminalizadoras y represivas que vulneran, entre otros, el derecho de los migrantes indocumentados a un debido proceso.
En lo que se refiere al tránsito, en México, se producen extorsiones frecuentemente acompañadas por amenazas, golpes, hostigamiento sexual o violaciones y secuestros de migrantes, tanto por parte de las fuerzas públicas mexicanas como de los traficantes de migrantes. Frente a estas graves violaciones de los derechos de los migrantes, existe una situación de impunidad casi total en un contexto de corrupción enorme.
Teresa García, de 25 años:
"/Éramos un grupo de 24 personas, de las cuales 5 mujeres y el coyote, caminamos durante 9 días de Tapachula hasta Arriaga para tomar el tren. El tren estaba andando, estábamos instalados encima cuando frenó muy bruscamente. Muchas personas se cayeron, otras se botaban. Yo caí entre 2 vagones, la mochila me protegió. No sé si, como a otros, un soldado me hizo caer o si simplemente perdí el equilibrio. Tenía la nariz reventada y los brazos heridos. Un soldado me quitó la mochila donde tenía un par de zapatos para el desierto y algo de dinero, luego estuve un día en el hospital. Un policía, que se llamaba Fernando vino a visitarme y me pidió que firmara un documento de regreso voluntario especificando que yo tuve un accidente que no tenía nada que ver con el operativo del 15 de febrero. Ellos se encargarían de llevarme hasta mi casa en Guatemala. Luego llegaron personas de derechos humanos que me dijeron que no tenía por qué firmar ese documento y que podía quedarme más tiempo en el hospital como me lo aconsejaban los médicos […] tengo que seguir mi viaje hasta Estados Unidos, pues mi madre está cuidando mis 4 hijos y ellos necesitan dinero para poder Sobrevivir/".
En Estados Unidos,
Tanto en Estados Unidos como en México, la detención de tipo carcelario para migrantes detenidos por una supuesta violación al derecho administrativo es la norma. Ni Estados Unidos, ni México cumplen con el respeto del derecho a la información sobre las razones de su detención y ni con sus derechos a recibir una protección jurídica. Hay graves deficiencias en Estados Unidos y en México, tanto en las condiciones de detención que de deportación de grupos vulnerables y en particular de todos los niños que emprenden este viaje para reunirse con sus padres.
*El informe se encuentra disponible en la página Web de
http://www.fidh.org/IMG/pdf/USAMexiquemigran488esp.pdf
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*Contacto : Karine Appy + 33 1 43 55 14 12 / + 33 1 43 55 25 18
*
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Satrapi marjane
Karine Appy
Attachée de presse
Press Officer
FIDH
17 passage de la main d'or
75011 Paris
France
Tél : 00 33 1 43 55 14 12
Fax : 00 33 1 43 55 18 80
http://www.fidh.org
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Satrapi marjane
Delphine Raynal
Encargada de programas / Chargée de programmes
Américas / Amériques
Federación Internacional de Derechos Humanos
17 Passage de
75011 Paris – France
Tel. (+33) 1 43 55 33 51
Fax. (+33) 1 43 55 18 80
http://www.fidh.org
PRONUNCIAMIENTO
Ciudad Universitaria, México a 09 de Marzo de 2008.
A
Presente:
Condenamos al Estado Colombiano por crímenes de lesa humanidad.
Los participantes del Taller Básico de Monitores de Derechos Humanos, que se lleva a cabo en
Este ataque pone de manifiesto el desprecio que el gobierno de Álvaro Uribe con apoyo del Gobierno de Estados Unidos, tiene por la vida y por la paz, y tal crimen no solo atentó contra la vida de 24 personas, sino contra el acuerdo humanitario, la liberación de rehenes, la apertura de procesos de paz y distensión en Colombia y amenaza fuertemente la seguridad de la región de América Latina.
El ataque militar se ejecutó actuando con premeditación, alevosía y ventaja, masacrando a personas de la población civil. Por lo menos cinco mexicanos fueron víctimas durante los hechos; Verónica Natalia Velásquez Ramírez, Fernando Franco Delgado, Juan González de Castillo y Lucía Andrea Morett Álvarez estudiantes de
El ataque del ejército colombiano en contra de a un grupo de las FARC se dio el día primero de marzo de 2008, después de media noche. Según cuenta Morett, el bombardeo inició en plena madrugada, al cual siguieron diversos disparos. Cabe señalar que un bombardeo no es fortuito sino que se realiza cuando el victimario tiene localizado su objetivo previamente a través de tecnología de alta definición. Según el gobierno colombiano, el objetivo fue ubicado gracias a una llamada del presidente Hugo Chávez al fallecido Raúl Reyes, segundo representante de las FARC. Por otro lado, se sabe que los cuerpos de Raúl Reyes y de otros 2 miembros de la guerrilla no fueron encontrados en el lugar de los hechos ya que el ejército colombiano se los llevó. La masacre ocurrió en un campamento cerca del Río San Miguel y de una comunidad llamada Granada, en Ecuador, que se encuentra aproximadamente a
Como es sabido, Raúl Reyes, al que se le conocía como el canciller de las FARC, ejecutaba labores de comunicación y negociaciones para la liberación de rehenes que habían sido capturados por miembros de dicha organización, hecho conocido por el Estado Colombiano, que por lo tanto cometió una ejecución extrajudicial.
Los cinco mexicanos que de acuerdo con
Si integrantes de las FARC han cometido delitos, que respondan por la violación de derechos ante el Estado colombiano y la comunidad internacional. Sus delitos no son una justificación para que el Estado cometa graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad anteriormente señalados. La liberación de rehenes es parte de una estrategia política y militar que necesita mucha precaución por parte de todas las partes involucradas.
De acuerdo al contexto, todo parece indicar que el Estado colombiano, pretendió abortar el acuerdo humanitario y evitar el proceso para el reconocimiento de las FARC como una fuerza beligerante porque tenía que cambiar las Convenciones de Guerra que normaran todo este proceso.
Es claro que esta acción militar se ejecuta en un contexto en dónde se estaba en negociaciones para la liberación de rehenes que tenía las FARC, pretexto utilizado por el presidente de Colombia para afirmar que esta guerrilla es apoyada por Venezuela y Ecuador. No menos importante es el hecho que dentro del ataque les fue imposible a las personas presentes defenderse ante el mismo. Por lo que el ejército colombiano optó por el aniquilamiento. Al principio afirmamos que éste acto es un crimen de guerra ya que no hubo una orden de rendimiento ni mucho menos una respuesta agresiva, ya que estaban dormidos. Además la acción del ejército colombiano fue excesiva, algunos de los cadáveres presentaban impactos de proyectiles de bala en sus cuerpos, lo que sugiere que fueron rematados. Una acción alevosa y ventajosa que ha sido utilizada para que el Estado Colombiano escalara en su proyecto de guerra total, sustentándose en los supuestos de lucha contra el terrorismo apoyado por E.U., con una tibia respuesta de
Por lo que exigimos, de confirmarse la muerte de nuestros compatriotas, que el Estado mexicano demande ante las instancias internacionales al Estado colombiano por delitos contra la humanidad.
Por tal motivo instamos al Congreso de
Suscriben,
El Taller Básico de Monitores de Derechos Humanos, que se lleva a cabo en
Participan en dicho taller,
Iván Alonso Báez Díaz, Estela Barrita Percino, Petra Laura Bravo Calderón, Sergio Cervantes, Ma. Del Carmen Chavarría Amaya, María Teresa delgadillo Vázquez, Juan Galindo Flores, José Luis Garay Islas, Laura Talina Hernández Baca, Verónica Islas Galicia, Alejandro López de Lara Marín, Ma. Teresa López Pérez, Prisca Adriana Martínez Esparza, María Eugenia Meléndez Valadez, Rodrigo Monroy Figueroa, Sergio Pochón González, Laura Lorena Ramírez Bravo, Sebastian Rea Garibay, Lourdes Argelia Rodríguez Lucero, Jennifer Yolotl Sánchez Tecla, Antonio Valencia Chamomo, Hilda Venegas Negrete, Arturo Gómez Moedano, Elsa Arista González, Julio Mata Montiel, Alejandra Cano García, Blanca Hernández Díaz, Rosario Aceves Morquecho, Oscar de Jesús Islao, Adrián Ramírez López,
defensores de derechos humanos, abogados, periodistas, antropólogos, sociólogos, politólogos… y otros, todos, organizaciones y personas, comprometidos por la defensa de la justicia y el respeto a los derechos humanos, suscribimos lo anterior expuesto.
Martes, 11 de marzo de 2008. Ciudad de México
Silencio presidencial
Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
A la distancia de los seis días transcurridos desde que Juan Camilo Mouriño Terrazo reconoció con la candidez que le da una meteórica carrera política de una década, se percibe como un elemental error el reconocimiento explícito de que firmó contratos como apoderado legal de Transportes Especializados Ivancar con Petróleos Mexicanos, cuando se desempeñaba como coordinador de asesores del efímero secretario de Energía Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Es evidente que el campechano nativo de Madrid y gallego de origen subestimó a sus adversarios políticos en la misma proporción en que sobrevaloró la alianza con Manlio Fabio Beltrones y Emilo Gamboa Patrón, quienes bajo la presión de la opinión pública y publicada se disponen a meter reversa en su decisión de no apoyar la integración de sendas comisiones legislativas investigadoras sobre “los contratos de Pemex a partir de
Mouriño subestimó la cada vez más baja credibilidad ciudadana en los noticieros del duopolio televisivo, al concentrar esfuerzos en un tour que empezó con Joaquín López-Dóriga, y ante el experto de las entrevistas a modo formuló lo que los abogados llaman “A confesión de parte, relevo de pruebas”.
Mouriño Terrazo dijo el jueves 6 que son “auténticos, legales y éticos” los contratos y “que no hice nada indebido. No tengo nada qué ocultar, no tengo nada de qué avergonzarme. Jamás he beneficiado a nadie desde mis (sic) cargos públicos”. Lo paradójico es que lo declaró ante las cámaras de Emilio Azcárraga Jean, quien a los 40 años de edad descubrió a “varios presidentes y varios políticos que sí han robado muchísimo dinero”.
El problema es que se multiplican las pruebas sobre los contratos firmados por Juan Camilo como apoderado legal de Ivancar --en tiempos en que fungía como presidente de
Andrés Manuel López Obrador presentó dos nuevos contratos, además de los dos que exhibió el 24 de febrero ante decenas de miles de sus partidarios, y el Grupo Parlamentario de Convergencia, que dirige Alejandro Chanona Burguette, mostró copias de otros dos. Por sino fuera suficiente, el senador Carlos Navarrete Ruiz aseguró que el primero colocó al gerente de Ivancar como contralor de la paraestatal.
Seguramente se multiplicarán las pruebas que incriminen al joven político en tráfico de influencias. Consciente de ello y sobre todo previsor, Juan Camilo Mouriño deslindó de cualquier responsabilidad a su jefe y gran amigo.
El silencio sepulcral que guarda Felipe de Jesús Calderón aumenta las suspicacias que capitaliza muy bien López Obrador, su principal adversario que asegura sin matices: “Sí, el presidente usurpador debería dar la cara, pues es de dominio público que son socios”.
La defensa que hacen Germán Martínez Cázares y César Nava Vázquez con el discurso de “aquellos que quieren que a México le vaya mal” y “los que no quieren que México sea exitoso”, resulta poco convincente para una ciudadanía informada y exigente, harta de que los cargos públicos sirvan para el enriquecimiento privado y para que en cada sexenio, incluido el de Vicente Fox Quesada y todo indica que también el actual, se generen camadas de nuevos multimillonarios
El déficit de legitimidad de origen que padece el inquilino principal de Los Pinos, se incrementó con el que aportó el sustituto de Francisco Javier Ramírez Acuña en
Acuse de recibo
Dice el investigador Jorge Luis Morett Sanchez, padre de Lucía Morett Álvarez, herida en la masacre que los soldados y pilotos de Álvaro Uribe Vélez realizaron cerca de la comunidad de Granada, Ecuador: “Estimados compañeros les informo que hoy (6 de marzo) durante varias horas pudimos ver y apapachar a nuestra hija, constatar directamente que su estado de salud evoluciona favorablemente, que ha tenido un trato y una atención médica extraordinaria, que nada de lo que ha requerido le ha faltado, por lo que su mamá y yo estamos profundamente agradecidos con el gobierno ecuatoriano y con el personal del hospital por su gesto humanitario. También recibimos la atención profesional de nuestra Embajada”... Por el colega Nelson del Castillo, secretario general adjunto de
VIDEO LOPEZ OBRADOR EN RADIO FORMULA
Entrevista al Presidente Legítimo Andrés Manuel López Obrador en Radio Fórmula 11 marzo 2008
http://video.google.es/videoplay?docid=692194145379452763
http://video.google.es/videoplay?docid=-3013639287560295175
La Suprema Corte niega amparo a Proceso
http://video.google.es/videoplay?docid=6956587665408633653
Resiste Acapulco
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