Amnistía Internacional aplaude la decisión de suprimir el parrafo que otorgaba el poder a la policía de entrar a domicilios
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Difusión-Cencos México D. F., 28 de febrero de 2008
Amnistia Internacional
Declaración Pública
México: Una oportunidad histórica que no debe perderse
Amnistía Internacional aplaude la decisión de suprimir el párrafo de la reforma constitucional que otorgaba el poder a la policía a entrar domicilios sin autorización judicial
Sin embargo, las reformas todavía incluyen varios artículos que no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional espera que el Senado se asegure de que ningún artículo contravenga estas normas antes de aprobar las reformas.
Hay varios aspectos positivos de la reforma como el reconocimiento de la presunción de inocencia, la igualdad procesal de las partes, la inadmisibilidad como prueba de evidencia recabado por medios ilegales y otros avances en el debido proceso. Sin embargo, la inclusión del régimen de excepciones a estos estándares para los casos de delincuencia organizada socavan estos avances.
En particular preocupa la organización la amplia definición de delincuencia organizada y la incorporación de la figura de arraigo a la Constitución para estos casos.
La facultad del Ministerio Público de detener a una persona hasta 80 días por sospechas antes de presentar pruebas o cargos ya ha sido criticada en reiteradas ocasiones por varios mecanismos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que es una figura que se presta a que haya abusos, juicios injustos y errores judiciales.
Amnistía Internacional hace un llamamiento a los legisladores para que rectifiquen estas deficiencias en las reformas para asegurar que los fundamentos del sistema de justicia y seguridad pública estén conformes con los estándares internacionales de derechos humanos y garanticen acceso a la justicia con igualdad y sin discriminación.
Información adicional
Amnistía Internacional publicó un análisis breve de la iniciativa de reforma en materia de justicia penal: Reformas al sistema de justicia penal: avances y retrocesos; 7 de febrero 2008, Índice AI: AMR 41/004/2008
Jueves 28 de Febrero de 2008
Índice AI: AMR 41/006/2008
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Amnistía Internacional
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Sin modificaciones, avanza reforma judicial en el Senado
Se prevé que para la próxima semana se lleve ante el pleno de la Cámara Alta
Arturo Zárate
El Universal
Viernes 29 de febrero de 2008
arturo.zarate@eluniversal.com.mx
Sin cambios, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Estudios Legislativos, de Justicia y de Seguridad Publica del Senado aprobaron la minuta de los diputados en materia de justicia penal.
A los senadores no les gustó lo que hizo la colegisladora, porque según ellos se perdió la acotación que le habían hecho al allanamiento de morada, párrafo que fue eliminado por los diputados.
Sin embargo, convinieron en ya no tocar la minuta, para que avance el procedimiento legislativo. La próxima semana se aprobaría en el pleno del Senado; después, por tratarse de una reforma constitucional, se pondría a consideración de los congresos de los estados.
La reforma de justicia penal, que eliminó el allanamiento de morada sin orden judicial, pero que preservó los juicios orales y los arraigos, entraría en vigor una vez que sea aprobada por la mayoría de los congresos locales y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Durante el análisis en comisiones unidas, el senador Pedro Joaquín Coldwell, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, les hizo ver a sus compañeros que había tres caminos para desahogar el procedimiento legislativo.
Se optó por avalar sin cambio alguno lo hecho por los diputados, aunque no dejó de considerarse su rechazo, lo que hubiera significado enviar la reforma hasta el siguiente periodo ordinario del Congreso de la Unión.
Los panistas Ulises Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia, defendieron el acotamiento del allanamiento de morada, que se pierde con la eliminación del párrafo.
TeleSUR _ 28/02/08
Pdvsa presenta alegatos ante tribunal londinense por caso Exxon Mobil
Venezuela solicita la suspensión inmediata de la congelación temporal de los activos de Pdvsa, según informó el abogado de la estatal venezolana, John Fordham.
El Tribunal Superior de Londres escuchó por vez primera este jueves, en una audiencia oral y pública que se prolongará hasta el próximo lunes, los alegatos de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que pide se desestime la medida cautelar solicitada por la gigante privada estadounidense Exxon Mobil, para congelar 12 mil millones de dólares de los activos de la empresa suramericana.
Así lo confirmó este jueves el ministro de Energía y Minas de Venezuela, Rafael Ramírez.
"Hoy nosotros estamos dando nuestros alegatos frente a una corte de Londres. Están nuestros equipos legales dando nuestras declaraciones allá ante una situación que, como hemos denunciado, es absolutamente desproporcionada e injustificada y atentaría contra lo que es cualquier tipo de seguridad jurídica a nivel mundial para poder desarrollar los negocios petroleros", declaró.
Explicó que uno de los principales argumentos que esgrimen los abogados en la corte europea es que por la naturaleza estatal de Pdvsa es jurídicamente inmune a cualquier tipo de embargo.
"Pdvsa es una empresa estatal, es una empresa que tiene inmunidad juridiccional. No se puede embargar una empresa estata, así ha sido la lógica y la práctica a nivel mundial", agregó, y adelantó que, de acuerdo a los resultados de este juicio, Pdvsa contrademandará a Exxon Mobil.
"No vamos a permitir que la Exxon Mobil pretenda congelar nuestros bienes o actuar en contra de nuestra empresa y de nuestra República de esa manera, por eso es que estamos dando nuestros alegatos", recalcó.
La audiencia, que estaba planificada inicialmente para el miércoles, fue aplazada un día para darle oportunidad al juez Andrew Smith de leer los expedientes presentados por Venezuela, en los que solicita la suspensión inmediata de la congelación temporal de los activos de Pdvsa, había informado el abogado de la extractora venezolana, John Fordham.
Este caso está siendo revisado por el tribunal londinense a petición de Pdvsa.
"Al término de la audiencia el juez puede decidir inmediatamente levantar la orden de suspender los 12 mil millones de activos que le pertenecen a PVDSA, pero el juez podría también esperar unos días y no dar su fallo inmediatamente tras la audiencia", señaló el representante legal de PVDSA en Londres. "El juez está muy consciente de la importancia del caso, que está afectando las relaciones comerciales de Pdvsa. Por eso no creo que se demore mucho en anunciar su fallo", señaló el abogado.
Desde enero pasado, Exxon Mobil, la multinacional petrolera más grande del mundo inició acciones legales contra Pdvsa en tribunales de Holanda, Londres y Estados Unidos. Meses antes ya lo había hecho ante juzgados de arbitraje del Banco Mundial (BM).
Exxon deberá enfrentar el caso de Pdvsa simultánemamente a la audiencia final del escándalo de Exxon Valdez, por el derramamiento hace casi 19 años de 42 millones de litros de crudo en la costa suroeste de Alaska, el peor derrrame en la historia del país norteamericano. El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidirá si la transnacional tiene que pagar dos mil 500 millones de dólares a más de 32 mil demandantes.
Exxon quiere más de lo que merece
La demanda contra Pdvsa se reporta al momento en que la petrolera estadounidense se negó a participar en el proyecto de extracción de la Faja del Orinoco (sureste), que el gobierno nacionalizó para proteger la soberanía energética del país suramericano, al no aceptar las nuevas condiciones impuestas por Venezuela, que limitaban las ganancias y daban un nuevo marco jurídico a la participación de las compañías extranjeras.
Según la corporación, juzgados de Holanda, de las Antillas holandesas y de Estados Unidos, habrían acogido la demanda y congelaron activos de Pdvsa en sus jurisdicciones oara garantizarle a la estadounidense el pago de una compensación si llegara a ganar el caso, asunto que ha sido negado reiteradamente por el gobierno de Venezuela, pues lo que logró Exxon Mobil en los tribunales extranjeros es sólo una medida preventiva.
"Se está publicando que nuestra empresa tiene congelados sus bienes por 12 mil millones de dólares. Eso es completamente falso. No tenemos ninguna decisión de ningún tribunal que sea definitiva respecto a nada de nuestros bienes", dijo Ramírez en el mes de enero.
Para el ministro Rafael Ramírez, la raíz del "conflicto" con Exxon Mobil es que la empresa quiere "colocar sobre la mesa" un monto de indenmización "superior a lo que se merece" por la nacionalización de los hidrocarburos en Venezuela.
Denunció que Exxon Mobil inició demandas ante tribunales de Holanda, Estados Unidos y el Reino Unido sin previa notificación a Pdvsa, y aseguró que el Estado venezolano no tiene "ningún activo en esas jurisdicciones" que se acerque al monto antes mencionado.
"No se nos notificó. Fue una acción que pretendía crear una situación de sorpresa y de zozobra", lamentó y recordó que ésta no es la primera vez que Venezuela afronta un litigio legal, por lo que no debe causar alarma este nuevo proceso.
"En el pasado afrontamos los arbitrajes de la empresa Enel contra nuestro país por el tema de la orimulsión y este arbitraje fue ganado por la República", enfatizó.
En el caso de Exxon, la trasnacional petrolera no ha "respetado los términos del arbitraje sino que ha querido tomar medidas de presión legal contra nuestra empresa nacional".
Nacionalización devolvió soberanía a Venezuela
Con la nacionalización de la Faja del Orinoco, que produce unos 500 mil barriles de crudo diarios, Pdvsa aumentó su participación activa y consolidó su carácter de socio mayoritario en los acuerdos con transnacionales, poniendo en práctica el mandato constitucional de devolver al pueblo la soberanía sobre los recursos energéticos de la Nación.
El decreto con fuerza de ley de nacionalización de la Faja fue firmado en marzo de 2007 por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y empezó a regir el 1º de mayo de ese año. Establece que Pdvsa debe tener una participación accionaria mínima de 60 por ciento en las asociaciones mediante la creación de empresas mixtas.
"Ésta es la nacionalización verdadera de nuestros recursos naturales", exclamó Chávez en aquella oportunidad, al criticar la apertura petrolera de los años 90 de la industria venezolana.
De las trece empresas privadas que desde hace años enriquecían sus arcas con el petróleo del Orinoco, sólo dos (ambas estadounidenses), decidieron abandonar la extracción antes que ver disminuidos sus beneficios económicos: Exxon Mobil y Conoco Phillips.
En cambio, Total (Francia), Statoil (Noruega), Chevron (Estados Unidos) y BP (Gran Bretaña) aceptaron que la parte de la compañía estatal Pdvsa se convirtiese en mayoritaria en las co-empresas petroleras del Orinoco con por lo menos 60 por ciento de capital accionario.
Curiosamente, la Exxon Mobil aparece firmando los primeros memorandos de entendimiento que permitirán a Venezuela asumir la mayoría accionaria de los proyectos.
Tras el decreto, y haciendo caso omiso al compromiso de indenmización, el 6 de septiembre la Exxon introdujo una demanda de arbitraje ante el Centro internacional de solución de controversias relativas a inversiones (Ciadi), que tiene sede en Washington y depende del Banco Mundial.
"Frente a esta situación, nosotros por supuesto hemos acudido a constituir el Comité Arbitral, se han nombrado los árbitros tanto de la parte de Exxon Mobil como de la parte venezolana y estamos a la espera que se constituya, para iniciar el juicio que estamos seguros va a favorecer los intereses de la República" , expuso este viernes Ramírez.
Las copias fueron entregadas por AMLO al FAP
Mouriño firmó contratos por más de $26 millones
Pemex le autorizó transportar derivados del petróleo
Enrique Méndez y Ciro Pérez Silva
En sólo dos años, desde su paso por la Cámara de Diputados hasta la Subsecretaría de Energía, Juan Camilo Mouriño obtuvo de Petróleos Mexicanos (Pemex) contratos para el transporte terrestre de derivados del petróleo por 26 millones 700 mil pesos, e incluso fue beneficiario de un plan piloto de la paraestatal para la apertura de cinco nuevas rutas de "distribución dedicada de combustibles" en igual número de estados.
Las copias de los contratos, entregadas por Andrés Manuel López Obrador a los diputados de PRD, PT y Convergencia, revelan que el primer contrato fue de adjudicación directa, firmado el 20 de diciembre de 2002, cuando el secretario de Gobernación era presidente de la Comisión de Energía y el presidente Felipe Calderón coordinador de la diputación de Acción Nacional.
Los otros dos contratos son ampliaciones consecutivas del primero, y en los tres casos Mouriño los firmó como apoderado legal de Transportes Especializados Ivancar. Inclusive, la primera ampliación del convenio coincidió con el tercer Informe de gobierno de Vicente Fox, el primero de septiembre de 2003.
Ante las evidencias, el presidente de la comisión especial que investiga el tráfico de influencias de los hijos de Marta Sahagún, Elías Cárdenas Márquez, informó que solicitará a la Comisión de Vigilancia que la Auditoría Superior de la Federación investigue si Mouriño tiene contratos vigentes con Pemex, y refirió que el grupo parlamentario de Convergencia solicitará que el secretario de Gobernación comparezca para que explique el presunto tráfico de influencias en favor de la empresa familiar.
Mouriño pudo firmar los tres contratos con Pemex gracias a que su hermana María de los Angeles Mouriño Terrazo le cedió "poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio" de la empresa Transportes Especializados Ivancar, con sede en Campeche. Dicha cesión consta en la escritura pública 67, ante el notario público 2 de Champotón, Juan Antonio Renedo Dorantes.
Dicho poder le fue ampliado el 7 de noviembre de 2000, dos meses después de que Mouriño rindió protesta como diputado federal del PAN, pues hasta entonces el único que tenía facultades de llevar y otorgar la firma de la sociedad no en forma mancomunada, sino individual y distinta, era Manuel Carlos Mouriño Atanes.
La ampliación se acordó en la sesión que la sociedad llevó a cabo ese día. El testimonio de escritura pública 2000, que protocolizó el acta de la asamblea general extraordinaria de la empresa, fue certificada por Tirso René Rodríguez de la Gala Guerrero, notario 18 con sede en la capital del estado.
Con esa facultad, Mouriño firmó el convenio de prestación de servicios de transporte terrestre de productos derivados del petróleo, número GTT-00142-01/2003, por adjudicación directa, con vigencia del primero de enero de 2003 al 31 de diciembre del mismo año. El contrato, al igual que sus dos ampliaciones, consideraba un monto mínimo de 3 millones 320 mil pesos por cada uno, y de 8 millones 300 mil pesos como máximo.
Firmaron por triplicado el gerente de Transporte Terrestre de Pemex Refinación, Jesús Villarreal Gallegos; Juan Camilo Mouriño, como apoderado general de Transportes Especializados Ivancar, y la jefa de Asuntos Jurídicos de la paraestatal, Liliana Anzaldúa Medina.
El primer convenio modificatorio se realizó el mismo día en que Fox rendía su tercer Informe, y se justificó a partir del acuerdo que tomó el consejo de administración de Pemex Refinación, que autorizó realizar un plan piloto de "transporte dedicado", a partir de enero de 2003, en cinco rutas donde en ese momento no participaban autotanques para la distribución de energéticos, y que se consideró podían ser "altamente rentables".
Dicha asamblea se realizó el 2 de diciembre de 2002, y en la siguiente, del 3 de marzo de 2003, se autorizó a esa subsidiaria de Pemex formalizar las rutas Irapuato-El Castillo-ASA Guadalajara; Rosarito-ASA Mexicali; Madero-San Luis Potosí, y Gómez Palacio-Parral. El monto del contrato fue igual al original, y esta vez además lo firmó José Antonio Prado Carranza, gerente jurídico de Contratos y Convenios, por la oficina del abogado general de Pemex. Sin embargo, se le agregó una cláusula segunda, para beneficiar a la empresa si la ruta excedía de 8 mil kilómetros base del convenio, y se fijó un costo adicional de 11.82 y 9.10 pesos por kilómetro excedente.
Además, se estableció que las rutas parte del contrato no eran limitadas, sino que también podía participar "en aquellas que se vayan integrando conforme al análisis de los pares origen-destino resultantes, requeridas por las necesidades operativas de Pemex-Refinación.
Finalmente, el tercer contrato se suscribió el 29 de diciembre de 2003, con duración del primero de enero de 2004 al 31 de diciembre del mismo año, cuando Mouriño ya trabajaba en la Secretaría de Energía como coordinador general de Asesoría y Enlace Institucional. En los tres casos, Pemex incluyó en las cláusulas la obligación de pagarle a la empresa de Mouriño los peajes en las casetas de cobro de Caminos y Puentes Federales.
El año pasado, la empresa española signó el contrato que la favorecerá durante 15 años
Puerto gratis a Repsol para que venda gas licuado a CFE
Se compromete un presupuesto de 16 mil millones de dólares, dice el "gobierno legítimo"
Transportará el energético desde la costa desértica de Perú hasta Manzanillo, Colima
Enrique Méndez y Ciro Pérez
Antonio Brufau, gerente de Repsol, durante una conferencia de prensa realizada ayer en Madrid Foto: Reuters
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Energía (SE) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) firmaron en septiembre del año pasado un contrato para suministro de gas natural licuado con la trasnacional española Repsol, durante 15 años, y que de acuerdo con estimaciones del "gobierno legítimo" comprometen un presupuesto de 16 mil millones de dólares.
En los documentos que Andrés Manuel López Obrador entregó el domingo pasado a diputados que integran el Frente Amplio Progresista (FAP) se informa que Repsol suministrará el gas desde instalaciones ubicadas en la costa desértica central de Perú, en la región de Camisea, y que con esta operación esa compañía concentrará la mayor parte del mercado de distribución de gas LP.
Además, denunció, se le construirá un puerto sin costo para desembarcar el gas traído de Perú, y se le entregarán las instalaciones de suministro de electricidad, como ha ocurrido con otros licitantes.
El contrato se firmó el 6 de septiembre de 2007, por un "servicio de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado y suministro de gas natural a la CFE para la zona de Manzanillo, Colima", a un precio de 0.0300 centavos de dólar por litro de gas, y luego de que otras compañías trasnacionales abandonaron el proceso de licitación.
Se trata de la licitación pública internacional 18164067-009-006 (LI-509-06), en la que fungieron como testigos el analista David Shields Campbell, quien es defensor de la privatización de Petróleos Mexicanos, por parte de la Fundación Heberto Castillo, y Gonzalo Martínez Corbalá, como "testigo social" designado por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con los documentos oficiales de la CFE, la apertura de propuestas se realizó el 4 de septiembre de 2007, ante el notario público 103, Armando Gálvez Pérez Aragón, y se determinó que la única postulante era la española Repsol, luego de que ese mismo día las empresas Tokio Gas Col, Ltd, Marubeni México SA de CV, Mitsui & Co. Ltd y Sumimoto Corporation "presentaron carta excusa".
Ante ello, la proposición de Repsol se aceptó "para su análisis detallado" y se convocó para una nueva sesión donde se daría a conocer el nombre del ganador de la licitación.
El acta de presentación y apertura de proposiciones fue firmada por los representantes de la CFE, Yuriria Mascott Pérez, gerente de Abastecimientos; Jesús Buentello Medina, subdirector de Energéticos y Seguridad; Alberto Ramos Elorduy, subdirector de Proyectos de Inversión Financiada; Juan Granados Zúñiga A., gerente de Proyectos de Productores Externos; el ingeniero Francisco de la Parra; Alfredo Granados Gallardo, jefe del Departamento de Concursos; Eduardo Buendía Domínguez, subgerente de Cogeneración y Abastecimiento, y Alicia Rodríguez Alvarez, representante de la Gerencia de Abastecimientos.
Por la Secretaría de Energía suscribieron el acta respectiva Julio Alberto Valle Pereña, subdirector de Formulación de Balances de la Subsecretaría de Planeación, y Reyna Velázquez Montes, directora de Promoción de Inversión.
Por Pemex lo hizo el superintendente de Ventas, René Ramírez Romero, y por la Comisión Reguladora de Energía Fernando Granados Fernández, director general de Gas Natural. También suscribieron el documento los representantes del Órgano Interno de Control en la CFE en la región Centro/Centro Oriente, así como los representantes legales de cada una de las empresas licitantes. En el caso de Repsol, la firma es de Antonio Carlos Díaz González.
Los mismos funcionarios y representantes firmaron el contrato a favor de Repsol, que se encuentra en el lugar 97 de las 500 mayores empresas trasnacionales del mundo por volumen de ingresos, estimado en 44 mil 857.5 millones de dólares, y en el lugar 13 del sector hidrocarburos.
El documento del "gobierno legítimo" asegura que el contrato se otorgó como parte de la corrupción que impera en el gobierno federal y con objeto de beneficiar a una trasnacional, cuando Pemex perfectamente pudo realizar la compra de gas natural del sitio de licuefacción y encargarse de su transporte. "Sin embargo, CFE prefirió dárselo a las petroleras extranjeras y le ocasionó un daño al país, porque las ganancias son para Repsol y no para Pemex; además, comprometió su presupuesto futuro hasta por 15 años".
De acuerdo con el análisis, el capital social de Repsol está valuado en mil 220 millones 863 mil 463 euros, con datos a diciembre de 2004, y en él tienen participación, entre otros, BBVA Bancomer, el Chase Manhattan Bank, Brandes Investment y Petróleos Mexicanos, este último con 4.8 por ciento, a través de PMI.
En México, refirió, Repsol concentra siete permisos de distribución de gas natural, de un total de 21, a través de su subsidiaria Gas Natural, que adquirió cinco plantas generadoras de electricidad de ciclo combinado y un gasoducto propiedad de Electricité de France y Mitsubishi de México, en una operación valuada en mil 448 millones de dólares.
El análisis del "gobierno legítimo" afirma que el crecimiento del emporio de Repsol está basado en privatizaciones corruptas y oscuras en los países donde se ha establecido, y para el caso del contrato con CFE refiere que el gas lo obtendrá de Perú. "La española Repsol-Perú decidió la compra de las estaciones de servicio Mobil. Fuentes cercanas a la empresa indicaron que los ejecutivos comunicaron esta operación a las autoridades peruanas", señala. Añade que en enero "comenzó las obras de construcción de una planta de licuefacción en la zona desértica de la costa central de Perú, desde donde se exportará el gas del yacimiento de Camisea a México".
Esta operación tendrá un impacto negativo en Petroperú, una vez que Recosac, brazo comercial de Repsol en ese país, se fusionó con la refinería La Pampilla, que tiene la capacidad de absorber la demanda del negocio mayorista y de las estaciones de servicio Mobil. Con ello, Petroperú dejaría de ser el mayor productor de combustibles en el mercado local.
