Fragmento de
El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen relativo a las modificaciones que
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de
El diputado Felipe Borrego Estrada: Gracias, Presidenta.
El diputado Felipe Borrego Estrada: Siempre se ha dicho y criticado que el derecho y en concreto las leyes y quienes las elaboran van a la retaguardia; que nunca están a la par en la dinámica de la sociedad. Es más, se nos responsabiliza que somos los legisladores y el derecho en sí, un obstáculo al cambio social.
Ahora que estamos en una reforma moderna, integral, necesaria de la justicia penal y la seguridad, apoyemos la ley idónea y urgente que requiere el país. La reforma es integral y equilibrada en sus objetivos y pretensiones. Permitirá a las instituciones encargadas de investigar, procurar y administrar justicia ser más eficientes en su encargo.
Es un dictamen incluyente, resultado de la investigación razonada de diversas iniciativas y propuestas. Estamos proponiendo bases para un nuevo paradigma en la justicia. Sería ocioso repetir las bondades que trae la reforma en su totalidad. Diré algunas y resumidas.
Los juicios orales donde habrá, como en todo Estado democrático, publicidad, inmediatez, igualdad de las partes, presunción de inocencia, defensa profesional, reconocimiento a los derechos de las víctimas, concentración, medios alternativos de solución. En fin, una nueva forma de hacer justicia.
La prisión preventiva deja de ser una regla constante para ser una excepción. Por todo esto y más exhortamos a su aprobación. Es la gran oportunidad de dotar a la sociedad de confianza, de transitar de un sistema oscuro, arcaico y anacrónico, a uno nuevo, dinámico, actual, transparente y justo.
Veamos las bondades. Tengamos mente abierta y positiva. No tengamos miedo ni temor a lo nuevo, a los cambios. Quitémonos el estigma de que somos los legisladores, y el derecho, un obstáculo al cambio social.
Sabemos quiénes son los auténticos enemigos de México. Enfrentémoslos en el papel que nos corresponde: haciendo leyes y dotando de herramientas a los otros dos poderes para una aplicación y ejercicio en contra de los delincuentes y a favor de las víctimas y a favor de la sociedad.
Los diputados debemos tener sensibilidad social. Saber escuchar y valorar las voces de todos. Por lo mismo, los miembros del Partido de Nueva Alianza, del Verde Ecologista, del Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional hemos sentido, con responsabilidad, que en este momento se modifique el dictamen y se suprima el párrafo 11, el del llamado "allanamiento". En este momento me permito entregar a
(Se hace entrega del documento a
Cabe señalar que estamos convencidos de que es una figura importante que el Estado cuente con ella, pero también con conciencia estamos convencidos de la oportunidad debida.
Ya existe la jurisprudencia 2107 de
Lo que proponemos en estas fracciones, es, en este momento, no elevarla a rango constitucional y suprimirla. Con esto y escuchando voces de la academia, de investigadores y a algunos actores de la sociedad, respondemos a un mandato democrático. Queremos actuar con prudencia política.
Otra razón es que ha existido desinformación sobre el tema. Lo que valoramos sería inoportuno en estos momentos que, sin la información debida, se legisle sobre el tema.
Recordemos que dentro del dictamen ya se contempla, por ejemplo, la capacitación y certificación a los policías. Éste es un gran avance que viene a beneficiar la gran reforma y en consecuencia a la sociedad.
Diario escuchamos el clamor social que demanda al Estado seguridad personal y patrimonial, tranquilidad y paz. Por ello nosotros, los representantes de esa sociedad, no podemos permanecer inmóviles. Debemos acometer con sentido de responsabilidad nuestro compromiso con valentía y altura debida.
Es tarea de todos, hombres y mujeres, el hacer posible la convivencia digna y sobre ella abrir las puertas para la auténtica reforma que México necesita y todos anhelamos.
Con la supresión del párrafo que comento, los invito —por el bien del país— a apoyar la nueva forma de hacer justicia en México. Hagámoslo por México. Es cuanto, diputada Presidenta.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Artículo 16 de
"No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana, y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad, con las reservas de ley. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que puedan exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.
Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los 80 días.
Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia.
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que haya de aprenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia levantándose, al concluirla, un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado, o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ella. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito.
En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración.
La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
Los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos.
Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos carecerán de todo valor probatorio. La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley.
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Es cuanto, diputada Presidenta.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de
El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (desde la curul): En virtud de que tanto el Grupo Parlamentario del PAN como del PRI han reconocido su lamentable error de pretender incluir el cateo de domicilios sin orden judicial y el allanamiento, solicito se retire el voto particular presentado por un servidor y publicado en
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Pido la palabra.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. El Grupo Parlamentario del PRD celebra que hayamos retirado una gran aberración que íbamos a cometer en un texto constitucional.
Por eso se inscribió la moción suspensiva por parte del grupo parlamentario. Pero ahora, con esta modificación, que además es muy económica en términos del proceso legislativo y que tendríamos que atender que se tendría entonces que regresar a comisiones, porque están todavía los transitorios que no se han comentado; que además se recorren, como lo hizo el Senado en su fe de erratas.
Y también saludar y agradecer la sensibilidad que hubo para que se hicieran cargo todos los diputados y diputadas de esta Cámara, de las observaciones que enviaron Amnistía Internacional,
Por eso quedaríamos satisfechos, por el momento, con esta eliminación de una gran aberración que querían pretender en la reforma constitucional.
Pero no quiero dejar de señalar que hay un proceso legislativo viciado y que necesitamos hacernos cargo de que una reforma constitucional no puede entrar, no puede salir así de estas Cámaras, tanto del Senado como la de Diputados.
Y que además hay que señalar todavía los transitorios como quedarían, porque entonces por eso señalamos, en su momento, lo de la fe de erratas.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Presidenta.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Con su permiso, diputada Presidenta.
El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Quiero únicamente comentar que retiro la reserva presentada del párrafo séptimo del artículo 16 constitucional del dictamen en discusión, toda vez que se queda sin efecto.
Y también quiero felicitar de manera muy especial al diputado Andrés Lozano Lozano, y a los diputados del PRD de
Agradezco de esta manera a los compañeros diputados de mi grupo parlamentario por la lucha dada y por el logro que este día de hoy se alcanza, con el retiro de esta situación aberrante para el derecho mexicano. Muchas gracias.
Vamos a darle el uso de la palabra a los compañeros que se han inscrito para posicionar, fijar posición de los grupos parlamentarios. Voy a nombrar a los compañeros que están inscritos: la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario de Alternativa; la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del PT; el diputado Francisco Elizondo Garrido, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Alejandro Chanona Burguete, del Partido de Convergencia; el diputado César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI; el diputado Javier González Garza, del Grupo Parlamentario del PRI; y el diputado Carlos Alberto Navarro Sugich, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
Por lo que le damos el uso de la palabra a la diputada compañera Aída Marina Arvizu Rivas. Hasta por 10 minutos se le está dando la palabra.
La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el inmenso problema de la corrupción, la ineficiencia y la morosidad con que se persigue el delito y se administra justicia en nuestro país es un problema añejo que deriva de una amañada composición de complicidades y silencios de los que está hecha la impunidad en México.
Aquí nunca hay culpables. Y cuando los hay, muchas veces son inocentes. Esta situación es más grave aún ante el embate del crimen organizado, que no sólo ha puesto en jaque a la sociedad mexicana, sino que ha calificado la verdadera capacidad de las instituciones encargadas de la seguridad interna y de la procuración de justicia. Una calificación absolutamente deficiente.
En ambos casos tenemos un sistema caro e ineficiente. Si no fuera así no estarían nuestras Fuerzas Armadas haciéndose cargo de un problema que, lo sabemos bien, no debería ser suyo.
Esta situación de urgencia, de verdadera emergencia, ha llevado a muchos sectores a un falso dilema. El dilema de tener que elegir entre la seguridad y los derechos humanos, entre la seguridad y la democracia. Nosotros creemos que ésa es una disyuntiva falsa.
Es un punto de vista conservador y —diría, con todo respeto— primitivo, buscar la solución sacrificando en el altar de la seguridad la democracia y la tradición protectora de los derechos humanos en la que México, o una parte importante de este país, ha pugnado por incorporarse en los últimos años, creyendo que de esta manera se resolverá el grave problema de la delincuencia y el crimen organizado.
Amplían los márgenes de discrecionalidad y de arbitrariedad de una autoridad, lo saben bien, muchas veces corrupta y muchas veces ineficiente. Los delincuentes —organizados o no— no evaden la justicia por ausencia de leyes duras. Alguno, a caso, por ejemplo, se acogerá a la benignidad con que tratan a los violadores de mujeres y a los traficantes de niños y niñas, pero sus expedientes están mal hechos y la capacidad de investigación de nuestro Ministerio Público es muy lamentable. Ése es el problema.
Desde otro punto de vista es iluso e irresponsable pretender "negligir" nuestras obligaciones con la seguridad pública, diciendo que todo ello deriva de una situación endémica de injusticia social en nuestro país.
Esta percepción no comprende la naturaleza del crimen organizado que hoy es el principal reto a nuestra tranquilidad. ¿Qué duda hay de que vivimos en un sistema socialmente injusto?
En el Grupo Parlamentario de Alternativa creemos que toda verdadera reforma debe atacar al mismo tiempo los tres problemas principales de un sistema de justicia: prevención, sanción y rehabilitación; y que esa reforma debe hacerse siguiendo por lo menos dos criterios.
Primero, debe ser una reforma sistémica para lograr congruencia en todas nuestras leyes; y segundo, debe ser un proceso integral para ir por partes y dentro de un plan.
Alternativa vio algunos atisbos de solución en la propuesta que dio origen al actual debate. Por eso en la primera votación preferimos abstenernos, en la expectativa de que en el proceso de elaboración legislativa en el Senado alcanzaríamos un adecuado balance entre la necesidad de dotar de instrumentos modernos a la procuración de justicia y del respeto irrestricto a la democracia y a los derechos humanos.
Sin lugar a dudas esta reforma contiene aspectos muy positivos tales como la definición de un sistema oral, la redefinición de la participación de los jueces en los procesos; mayores definiciones respecto a la presentación de pruebas y testimonios, y al desarrollo de los juicios mismos, lo que a la postre redundará en una reducción de los tiempos de impartición de justicia; una de las deudas más sentidas del sistema de la administración de justicia mexicana, que aunque lo dice no lo hace. La justicia debe ser pronta y expedita.
Nuestra fundamental preocupación en el dictamen anterior se encontraba en que esta reforma restringía un derecho fundamental de las personas: la inviolabilidad de su domicilio. Esto hubiera sido un gran retroceso, y lo peor es que, en este supuesto problema, tampoco se resolvería, como lo es la detención flagrante del que se mete en un domicilio privado o bien tratando de proteger la integridad o la vida de alguien en un delito. Estos temas ya están resueltos por
En Alternativa nos preguntamos muchas veces: ¿por qué se insiste en algo que ya está resuelto? ¿Será cierta la sospecha de que lo que se quería era una excusa constitucional para que se pudiera entrar, al antojo, al domicilio de cualquiera de nosotros?
Finalmente la propuesta que hoy hacen los grupos parlamentarios o la propuesta que hacen las Comisiones Unidas me da la certeza que no es así, y también me da la certeza —y esto es para todos, compañeras diputadas y compañeros diputados— de que cuando escuchamos a la sociedad civil no nos equivocamos.
Es por ello que aunque sabemos que esta reforma contiene todavía temas pendientes, Alternativa dará su voto, en lo general. Muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Aída Marina Arvizu Rivas. Se concede ahora el uso de la palabra a la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de
Es común que las acciones implementadas por las autoridades se vean mermadas por lagunas legales y procedimientos ineficaces y que estas debilidades sean aprovechadas en forma cotidiana por los delincuentes para burlarse de la aplicación de la ley. Obviamente, en claro perjuicio de todas nosotras y todos nosotros.
Asimismo, la procuración y administración de justicia se encuentra en franca decadencia. En la actualidad resulta ineficiente la manera de implementar la justicia, la cual es causa de una desconfianza generalizada de la ciudadanía. Lo anterior ha dado lugar a que las víctimas, en su gran mayoría, prefieran no acudir al Ministerio Público a denunciar los delitos, aumentando así la cifra negra.
Por otra parte, un gran número de delincuentes no son condenados a prisión, lo que fortalece la impunidad. Las audiencias en los procesos penales se desarrollan sin la presencia del juez de la causa. Las órdenes de aprehensión no son materializadas y existe una gran cantidad de detenidos que nunca siquiera hablaron con el juez que dictó su condena.
En Nueva Alianza reconocemos y vemos con preocupación que la incidencia delictiva supera por mucho al aparato estatal. En parte, porque los agentes de seguridad pública son corrompidos. Baste por las estadísticas de la gran cantidad de agentes policiales y ministeriales consignados como presuntos responsables de delito ante la autoridad judicial. Tan solo de diciembre de
Estos datos demuestran la realidad que enfrenta el pueblo mexicano cotidianamente y se traducen en nuestro principal fundamento para que, en nuestra calidad de legisladores responsables, coadyuvemos a su solución, garantizando la celeridad de la impartición de justicia en un marco de transparencia y legalidad por parte de las autoridades facultadas para ello.
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos conscientes de que la reforma judicial es una de las prioridades de la agenda nacional. Es menester hacer hincapié que el dictamen a la iniciativa en materia judicial contiene avances sustanciales como parte del proceso de modernización del sistema de procuración e impartición de justicia.
En este sentido, queremos resaltar el cambio del sistema actual que es preponderantemente inquisitivo. Es decir, que el indiciado es culpable hasta que se demuestre lo contrario y se le ve como un objeto de investigación, más que como sujeto de derechos por uno acusatorio y garantista, el cual se rige por los principios de presunción de inocencia, de publicidad, contradicción, concertación, continuidad, inmediación e imparcialidad.
Estos cinco principios se traducen en la práctica en otorgar la misma oportunidad probatoria tanto al órgano de investigación y persecución, como al presunto responsable, garantizando que el órgano jurisdiccional tenga a su alcance todos y cada uno de los elementos de convicción que le permitan dictar una sentencia con plena certeza respecto a la responsabilidad penal del procesado. Todo en el marco del absoluto respeto a la garantía de audiencia de la víctima como del inculpado.
La implementación de una justicia oral, como la que se propone, es la vía idónea para acceder a ello. Con esta reforma lograremos que la administración e impartición de justicia sea imparcial, pronta y expedita.
Hoy, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen, esperando que la aprobación de la presente reforma se traduzca en un instrumento que responda a las demandas de la sociedad y que el sistema de seguridad pública, procuración y administración de justicia sea una fortaleza del México que se obliga a garantizar nuestras libertades y derechos. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Mónica Arriola. Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputado Presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se congratula por la decisión de las comisiones dictaminadoras de retirar del dictamen que se discute y votar el párrafo undécimo, en donde se establecía la posibilidad de que las policías ingresaran sin orden judicial al domicilio de los particulares.
Por fortuna, esta soberanía ha sido sensible a los reclamos de la sociedad mexicana, que en forma unánime se han expresado en contra de este proyecto de reforma.
Desde diciembre pasado se han externado múltiples voces desde ciudadanos en lo individual, pasando por las organizaciones de abogados, e incluso de
Queremos dejar en claro que no nos oponemos a que el gobierno cuente con más y mejores instrumentos jurídicos que les permita combatir eficazmente la delincuencia. El Poder Legislativo ha aprobado un sinnúmero de reformas al Código Penal Federal, a
En diciembre pasado nuestro grupo parlamentario votó en contra del dictamen que se nos presentó, porque consideramos que con la legalización de los allanamientos de los domicilios se establecía un Estado totalitario.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo no permitiría que se criminalice a la sociedad, sin embargo no podemos soslayar el hecho de que en México gran parte de la delincuencia se genera por la ausencia de empleos dignamente remunerados. Mientras el Estado mexicano no cree los empleos suficientes, en México seguirá habiendo delincuencia.
Amplios sectores de las corporaciones policiacas de todo el país y también del Ejército se han pasado a las filas de la delincuencia, ésos son malos elementos a los que se debe combatir de manera eficaz y no vulnerando los derechos de los ciudadanos.
El bien jurídico más preciado después de la vida lo es nuestro domicilio, es ese lugar en donde nosotros y nuestras familias nos debemos sentir seguros. Con la suspensión del párrafo XI del dictamen, la inviolabilidad del domicilio seguirá siendo un derecho fundamental de los mexicanos. La sociedad y el Frente Amplio Progresista se anotan una victoria importante en la defensa de sus derechos.
Qué bueno que existe voluntad política para escuchar a la sociedad. Ojalá en otros temas torales del acontecer nacional, como el energético entre otros, los legisladores nos demos a la tarea de escuchar qué es lo que los mexicanos quieren y demandan.
Compañeras y compañeros legisladores, con el retiro del párrafo XI del dictamen que se nos presenta, nuestro grupo parlamentario votará a favor de cómo queda el dictamen. Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Ricardo Cantú Garza.
Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Francisco Elizondo Garrido. Aprovechamos para saludar,
El diputado Francisco Elizondo Garrido: Con la venia de esta Presidencia. Honorable asamblea.
Las propuestas de reformas constitucionales que hoy se someten a nuestra consideración son un cambio histórico que va a propiciar el mejor funcionamiento de las instituciones encargadas en la administración de justicia, quienes son partícipes de la seguridad de nuestro país.
Los grandes cambios que México necesita en materia de justicia deben construirse de forma firme, reconociendo nuestra realidad, fortalezas y debilidades. Sólo así se ha podido crear un marco jurídico que cumpla con los requerimientos y exigencias de nuestro país.
Para ello es necesario hacer un recuento de nuestra historia y de la evolución de nuestro derecho recuperando las experiencias nacionales e internacionales, con el firme propósito de evolucionar hacia un estado de derecho comprometido con la justicia y con pleno respeto de los derechos humanos.
En este sentido, considero oportuno señalar que México necesita más que nunca de unos procesos judiciales ágiles que proporcionen certeza jurídica a los gobernados. Es por ello que en estas reformas se implementan elementos vanguardistas como la oralidad en los juicios, así como el proceso penal acusatorio.
El Partido Verde Ecologista de México apoya que la justicia sea pronta y expedita. Para que esto sea posible se debe sustentar la fortaleza de las instituciones encargadas de la impartición de justicia, quienes deben cumplir con procesos más justos, con estricto apego a los derechos humanos y que permitan construir el México que nuestros jóvenes desean. Por ello es necesario construir un marco jurídico que proporcione certeza, imparcialidad y equidad en los procesos judiciales.
Esta reforma constituye un avance en los mecanismos de persecución del delito, ya que de forma innovadora define acertadamente lo que se entiende por "delincuencia organizada"; proporciona mecanismos alternativos para la solución de controversias; asegura la reparación del daño con la posibilidad de que ésta sea supervisada judicialmente.
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales tienen que ser explicadas en una audiencia pública; también se establece el sistema penal acusatorio y oral que se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Ello se traduce en unos procesos más ágiles. Como podemos ver, dicha reforma revoluciona al sistema de justicia penal mexicano.
De este modo y conscientes de ello, el Partido Verde Ecologista de México tiene un fuerte compromiso en esta materia. Compromiso que hasta ahora ha cumplido con importantes iniciativas de ley que procuran replantear los elementos con que el Estado cuenta para combatir la delincuencia, con la finalidad de reestablecer la seguridad y el respeto de los derechos de nuestros gobernados.
Es así que las modificaciones propuestas en el Senado de
Un claro ejemplo es la facultad otorgada al Procurador General de
Así, pues, este proceso de reformas constitucionales en materia de justicia penal constituyen un hecho inédito en la historia de nuestro país. En su proceso existieron diferencias, acuerdos y debates; todo ello con un solo propósito: la creación de un marco normativo que otorgue certeza jurídica a nuestros gobernados.
El resultado: un marco constitucional que exige a las instituciones judiciales establecer mecanismos de profesionalización para que éstas cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para el combate de la delincuencia, tema que ha sido ya, desde hace mucho, prioritario en la agenda nacional.
Compañeros legisladores, la reforma constitucional en materia de justicia penal es un exhorto a todas las fuerzas políticas a lograr un consenso en los temas prioritarios de la agenda nacional. En este sentido, dicha reforma debe ser congruente con las necesidades actuales de nuestro país. Por ello, nos sumamos al compromiso social que generan estas reformas. Muchas gracias.
El diputado Alejandro Chanona Burguete: Con el permiso de
Celebro mucho que nuestras compañeras y compañeros que tuvieron dudas sobre la importancia de impedir una reforma constitucional que generara una patente de corzo, una licencia de impunidad a nuestras policías precariamente entrenadas a lo largo de la historia, se hubiera podido consolidar.
Creo que es importante observar que los pendientes que tenemos en materia de justicia en este país solamente tendrán con este avance, al derrotar la idea de un allanamiento de morada sin orden judicial previa, un inicio de lo mucho que falta por hacer.
Quiero decir también que felicito a mi bancada, a Convergencia y a los miembros del Frente Amplio y Progresista, por la batalla que dimos, pública, para hacer posible lo que en estos momentos vamos a aprobar con el dictamen en cuestión, al suprimir el párrafo undécimo.
Quiero decirles que fue la sociedad alerta, consciente, la que hoy triunfó. No triunfa ninguna de las ocho fracciones parlamentarias y me parece que la sociedad dijo algo fundamental: "no a la violación de sus domicilios y no a la violación de sus derechos humanos".
Quedan pendientes, como lo señalaba, pero quiero ser enfático de por qué razonamos que hoy estamos corrigiendo ante el riesgo de un error garrafal por parte de esta Legislatura.
Convergencia vino pugnando, desde diciembre, por una reforma al sistema de procuración y administración de justicia de gran calado. Es importante, por eso cuando se vino el chipote éste de crear un instrumento de allanamiento de morada, permitiendo a las policías de manera subjetiva penetrar a los domicilios, estábamos verdaderamente eclipsando el paso histórico de esta reforma de gran calado.
Tenía que ser una reforma integral, sosteníamos, que abordara cada uno de los temas que dan lugar a un sistema más ciudadano y, desde luego, garantista.
La reforma presentada en diciembre no pudo ser celebrada por nosotros, en donde, por ejemplo, Convergencia contribuyó señaladamente al asunto de la introducción de los juicios orales. No nos habíamos preocupado de los juicios orales por esta obstinación de quienes lo proponían, de que tenía que haber cateos sin orden judicial previa.
Quiero también felicitar, en ese contexto, a quienes hicieron posible el establecer un sistema inmediato y futuro de juicios orales. Quiero reconocer a
En su momento consideramos que tenía que avanzar en lo que hoy empieza como un primer peldaño, en un sistema de justicia en donde la justicia fuera transparente, la justicia fuera pronta y fuera expedita.
Sin embargo, desde diciembre, fíjense cuánto tiempo perdimos, nos manifestamos muchos en contra del 16 y lo mantuvimos, cuando pudo haber sido desde diciembre que elimináramos este párrafo y esta licencia de impunidad.
No podíamos aprobar una patente de corzo en donde las policías pudieran realizar cateos y visitas ilegales a los domicilios, en donde los ciudadanos no pudieran ni siquiera pedir una orden judicial para sentir perpetrado el hogar y su intimidad.
Y advertimos, creo que ahora que estamos viendo lo positivo de este gran edificio de la reforma judicial, en donde creo que estamos empezando a cortar uno de los grandes males del sistema de impartición de justicia en México, que es el Ministerio Público.
El Ministerio Público por muchos años ha mantenido el monopolio de la acción penal y había permitido privar, sobre todo a los pobres y socialmente excluidos, ser víctimas no solamente en las calles, sino en los sistemas carcelarios porque las cárceles están llenas de gente pobre por motivos de delitos por debajo de los ocho mil pesos.
Esta aberración ha sido condenada por diversos juristas —la que hoy estamos corrigiendo— y por organizaciones defensoras de derechos humanos, por ser abiertamente contraria a la preservación de los más elementales y fundamentales derechos humanos, que contravenía también nuestra suscripción de tratados y convenios internacionales.
Los medios de comunicación, ustedes lo saben —para que nadie se quiera colgar aquí la medallita— han venido sistemáticamente condenando que lo que estábamos legitimando era un régimen de excepción, en donde las policías podrían haber hecho con nosotros cosas inimaginables.
Por eso celebramos que esta Cámara haya decidido no aceptar las modificaciones que realiza el Senado. Convergencia lo reitera —es muy importante, para que se oiga clarísimo— éste es un triunfo de la sociedad que no le vamos a regatear. Nadie podrá en esta Cámara abrogarse ese triunfo. Que quede claro. En todo caso, que quede claro que fueron partidos como Convergencia los que derrotamos dicha iniciativa.
Por todo lo anterior me es muy grato decirles que hoy votamos a favor de la sociedad, votamos a favor de la ciudadanía, votamos a favor de un sistema de justicia que garantice el respeto a los derechos humanos fundamentales. Por todo ello, Convergencia en consecuencia vota a favor del dictamen. Es cuanto, señora Presidenta.
El diputado César Camacho Quiroz: Gracias, señora Presidenta. Compañeras, compañeros diputados, no hay que ser un especialista en estos menesteres para afirmar categóricamente que en este país nadie está satisfecho con el sistema de justicia. Que urge, como lo hemos llamado, una modificación sustantiva de hondo calado, de transformación profunda de un sistema jurídico que acusa obsolescencia por haber estado en vigor durante décadas.
Durante muchos años parece que el debate se ha centrado entre la imposición severa, rígida de un estado de derecho acartonado o el impulso de un régimen de garantías ciudadanas.
Mientras el estado de derecho pugna por el establecimiento, por el mantenimiento del orden, el régimen de garantías ciudadanas se preocupa por la libertad. Falso dilema si pretendemos o alguien sugiere que escojamos entre orden y libertades.
Nuestra obligación jurídica y de ética política es asegurar el orden, condición sine qua non para el crecimiento, sin lesionar un ápice el régimen de libertades que tanto ha costado a tantos.
Hay algunos fundamentalistas de todo signo político que suponen que esta ecuación siempre es de aquéllas que suman cero: más orden, menos libertad y viceversa. Es la convicción de los diputados, de las diputadas del Partido Revolucionario Institucional que la libertad y el orden no sólo son compatibles sino mutuamente complementarios. Es más, son condiciones de los regímenes democráticos modernos.
Sí. Dotar de más y mejores herramientas al Estado mexicano en el ámbito federal y del fueron común, sin nunca atropellar las libertades de las personas.
El reto, por tanto, en este casi un año de discusión sobre este asunto delicado, es lograr un equilibrio inteligente y eficaz que permita combatir al crimen organizado, al tiempo que establezca un sistema moderno, garantista, respetuoso de los derechos humanos.
En 2003, como nos consta a muchos, el alto comisionado de las Naciones Unidas hizo una serie de sugerencias al Estado mexicano, no en ejercicio de ninguna autoridad formal, sino de la autoridad moral de que está investido el organismo que agrupa a las naciones del orbe, destacando el valor político del consenso, de la construcción de acuerdos, de las mutuas cesiones.
Vale la pena decir que arribamos a buen puerto dictaminando 10 iniciativas de todo signo político partidario y que después de escuchar no sólo a los especialistas, sino subrayadamente a la sociedad civil, fuimos capaces de concretar la gran reforma judicial penal.
Un sistema —y lo subrayo— democrático de justicia penal, éste que los especialistas llaman "sistema acusatorio y oral", que incorpora —y vale la pena decirlo con toda satisfacción— la presunción de inocencia que de la mano modifica el concepto de prisión preventiva, para convertirla en una excepción y no en una regla. Esta regla perniciosa que ha hecho que 90 mil de los poco más de 210 mil presos procesados, es decir, sin que aún se haya dictado sentencia condenatoria, se encuentran ahí, privados de su libertad, con todo el impacto no sólo económico, de integración familiar, sino de indignidad en el trato a las personas.
Pero el dato más agudo es que de esos 90 mil, 72 mil lo están por habérseles atribuido la comisión de delitos patrimoniales menores de 5 mil pesos. En pocas palabras, el sistema de justicia penal está criminalizando la pobreza.
Otra cuestión destacable es el establecimiento de mecanismos alternativos a la solución de este tipo de asuntos cuidando que se garantice la reparación del daño. No todas las sentencias o no todos los asuntos deben desembocar en una sentencia de igual naturaleza. Los jueces, cuidando —insisto—, salvaguardando los derechos de la víctima o el ofendido, pueden posibilitar el arreglo oportuno, transparente, encima de los escritorios, a fin de que efectivamente el derecho penal sea un derecho de excepción, un derecho que no se convierta en el único instrumento para arreglar las desavenencias sociales.
Se establecen jueces de control, lo mismo que del conocimiento y de ejecución de sanciones penales, con una evidente demanda de eficiencia y de preparación a los integrantes de los Poderes Judicial, Federal y del fuero común. Y subrayo la condición acusatoria del sistema del que hablo, que —para ponerlo en palabras de todos los días— entraña la igualdad de armas.
Un Ministerio Público, por tanto, más competitivo, que requiere esforzarse para investigar; un Ministerio Público no en condición de supremacía respecto del probable responsable o del indiciado, sino en condiciones —repito— de igualdad jurídica y de igualdad real.
Una defensa pública también con mecanismos, con medios que le permitan actuar no con demérito, sino, insisto, en igualdad de condiciones, estableciéndose de manera puntual y concreta que los emolumentos; que las percepciones de los defensores públicos nunca podrán ser menores que las del representante social.
La eliminación de la defensa por persona de su confianza que siendo en principio noble, a lo único que le ha dado paso es al robustecimiento del coyotaje, que tanto daño le ha hecho a gente desvalida.
La oralidad que hace a las partes, que obliga a las partes a ser mucho más eficaces, eficientes y a preparar sus asuntos.
La inmediatez que entraña la presencia material del juez en las audiencias, que por cierto serán nulas si no se encuentra presente. Vale la pena destacar que, según sondeos confiables, más de 80 por ciento de los procesados admiten no haberle visto nunca el rostro al juez, que al final fue quien les dictó una sentencia.
Y la oralidad que también propicia la erradicación de la opacidad y le da paso a la transparencia propia de un régimen democrático.
La protección de las víctimas, que teniendo varias vertientes rompe, quizá sea de las más destacables, con el conocido monopolio de la acción penal para permitir, con reserva de ley, porque lo veremos en la legislación secundaria, acudir a los jueces en demanda de justicia sin necesariamente depender del Ministerio Público.
En síntesis. Nulidad de pruebas obtenidas con violación de derechos humanos. Pero así como estamos convenidos de un régimen garantista llamado así "acusatorio y oral", la sociedad mexicana demanda eficacia, subrayadamente en el combate al crimen organizado, por eso se amplía el espectro de las medidas cautelares, pero se sujeta siempre a control judicial previo, a efecto de evitar abusos.
Se establece la extinción de dominio para impactar al crimen organizado en la parte más sensible, que es la de carácter material, financiero, haciéndose el Estado, mediante un procedimiento expedito de los bienes, resultado, objeto, producto de la propia criminalidad.
Es nuestra convicción que estamos frente a una reforma trascendente. Es nuestra convicción que las propuestas, incluida — lo digo con toda claridad— la relacionada al ingreso sin orden judicial, es una medida con base doctrinaria, con base jurisprudencial, en cuya bondad creemos, como creemos también, y eso es producto de la actitud abierta de mis correligionarios, escuchando a los nuestros, a la sociedad, a las organizaciones de la sociedad civil, que no es éste el momento oportuno para ponerla en vigor. No admitimos comisión de error alguno. Estamos convencidos de la medida: éste no es el momento para implantarla.
Hemos pues llegado a la conclusión de que vale la pena, una vez más, estar de acuerdo en lo fundamental, como ya lo sugería Mariano Otero. El Legislativo está haciendo su trabajo y hacemos votos porque el Ejecutivo, el federal y los de los estados hagan la parte que les toca y que en su oportunidad el Poder Judicial también honre la responsabilidad que
Termino haciendo una sugerencia atenta, que espero que el diputado Borrego haga suya, que es simplemente hacer conteste la propuesta, con los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto, que aluden a un párrafo, el décimo cuarto, que de proceder la reforma con la supresión del párrafo aludido habría un corrimiento natural y esta alusión de los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto, ya no sería al párrafo catorce, sino al párrafo décimo tercero. Gracias, por su atención.
El diputado Francisco Javier Santos Arreola (desde la curul): Presidenta.
El diputado Francisco Javier Santos Arreola (desde la curul): Sí, diputada Presidenta. Diputado César Camacho, quiero felicitarlo a usted y a todos los miembros de
Es de reconocerse el trabajo profesional y que hicieron con mucho cuidado y, que entiendo perfectamente bien que es fruto de un gran esfuerzo de mucho tiempo. Le felicito su trabajo a usted y a todos los miembros de estas comisiones.
Le pedimos oportunidad al compañero, de saludar a los jóvenes de
Adelante, diputado —perdón—.
El diputado Javier González Garza: Compañeras y compañeros, estamos discutiendo, no el contexto general, ni siquiera toda la reforma que hemos discutido desde el año pasado. Estamos discutiendo la eliminación de un párrafo que tiene que ver con la posibilidad de que entren a las casas sin orden judicial. Eso es lo que estamos discutiendo.
Sin embargo, la reforma como tal, en esta reforma no es cierto que ganemos todos. Estando absolutamente de acuerdo en que ese párrafo se elimine. Quiero decirles nada más que ¿qué ganamos? Restituimos el punto número 17 de los Sentimientos de
Este párrafo tiene que ver con
Quiero referirme al arraigo, a esa cárcel preventiva que se llama arraigo. Ese tema es un tema anticonstitucional. Es un tema en donde de pronto a alguien lo toman preso para saber si va a ser preso o no. Ese es un asunto absolutamente anticonstitucional y ya está aprobado.
Me refiero a la extradición como un asunto de soberanía nacional, como un asunto en donde de pronto las autoridades de este país toman preso a alguien y antes de terminar el proceso se puede extraditar a los Estados Unidos. Porque nadie piensa que lo van a extraditar ni al Ecuador ni al Salvador ni a Angola, es a los Estados Unidos.
Ése es un asunto que rompe con la soberanía nacional y estamos totalmente en contra. Quiero decir que tenemos tremendos pendientes.
Tenemos que cambiar
Nos quedan discusiones fundamentales alrededor de otras leyes.
En primerísimo lugar, el asunto de los derechos humanos. ¿Qué hubiese pasado si se aprueba el párrafo tal cual? Les leo el artículo 12 de
Lo que quiero decir es que no se ha terminado esto. Lo que me parece fundamental son las posiciones que hemos conocido de Amnistía Internacional, de
Efectivamente, todos estamos de acuerdo en que tenemos que avanzar en términos de justicia, sí. Para eso necesitamos y exigimos una Ley de Amnistía, porque reconocemos que existen en el país presos políticos. Sólo menciono a los presos de Atenco y a los presos de Oaxaca, pero hay en muchos lugares. Necesitamos hacernos cargo de esa Ley de Amnistía porque si no, no hay justicia.
Nosotros propusimos que no terminásemos esta discusión hasta no tener aprobado lo que vamos avanzando en términos de
Hay muchas otras cosas que tenemos que evidenciar. La autonomía del Ministerio Público. No se puede seguir soportando que a los ministerios públicos, a los procuradores, los nombren los ejecutivos en turno. No tiene sentido. Necesitamos darle autonomía, porque si no nos pasa lo que acaba de pasar en
Compañeras y compañeros, sí nos parece muy importante la rectificación. Nos parece importantísima porque socialmente éste no es un asunto de partidos. Socialmente hay que darse cuenta de cuáles son las opiniones que existen. Y los investigadores, efectivamente, la gente que sabe del tema, abrumadoramente estaba en contra de un sistema absolutamente contrario a las libertades individuales.
Nos da gusto, sin duda, que esto lo podamos aprobar eliminando el párrafo. Pero les quiero decir, que no estamos conformes, que tenemos que, todos, pensar en cómo se dio el proceso de discusión y de aprobación de toda la ley.
C. Que lo que estamos haciendo en estos momentos es votar una sola cosa y en ésa vamos a votar a favor, pero les pido que pensemos en lo que falta de discutir alrededor del tema de justicia, pensemos en lo que nos falta de discutir alrededor de lo que hicimos e hicimos mal.
Los convoco a todas y a todos a que seamos capaces de rectificar atrocidades que hemos cometido. Muchísimas gracias por su atención.
El diputado Carlos Alberto Navarro Sugich: Con su permiso, señora Presidenta. En la construcción de este acuerdo los legisladores del Partido Acción Nacional hemos optado por honrar nuestra rica tradición legislativa, adoptando una postura de tolerancia, de generosidad y de apertura al diálogo y así lo seguiremos haciendo. Celebramos la construcción de este acuerdo y ojalá esta intentona que hoy cristalizamos continúe en otros temas que son indispensables y urgentes para México.
Quiero citar a un amigo que visitamos hace poco en un penal de Huixtla, Chiapas, y lo quiero citar porque me parece que vale mucho la pena traer a colación sus argumentos.
Se llama Guillermo Domínguez, a quien desde esta tribuna saludo. Me decía: "Diputado, le agradecemos mucho que vengan a supervisar las condiciones de vida que tenemos en este penal, pero le pedimos encarecidamente que se concentren en otra cosa: dénos la capacidad de defendernos dignamente, permítanos defendernos como cualquier otro ser humano lo podría hacer. Dénos la oportunidad de demostrar que somos inocentes".
Traigo a cuento la frase de Guillermo, porque México se encuentra atrapado en un sistema de justicia propio de la edad de piedra. El sistema de justicia penal en México no funciona y no funciona desde hace mucho.
Que sólo el 2 por ciento de los delitos cometidos en México encuentren sanción, que poco menos de la mitad de los ciudadanos en este país se sientan seguros habla no sólo de una realidad aterradora en este país, sino de una red de complicidad y conformismo que alcanza a todos y que es propiciada por todos y que tenemos que combatir desde todos los frentes.
Nos estamos enfrentando, amigas legisladoras, amigos legisladores, a un auténtico y verdadero problema de Estado. Hablar de miles y miles de mexicanas y mexicanos presos, sin sentencia y de decenas de miles de presos por delitos menores revela un sistema penal que lejos de cumplir con el propósito de proteger ciudadanos y reinsertar eficazmente en la sociedad a quienes violen la ley, irónicamente promueve la inseguridad al estimular la comisión de delitos.
Lo más triste de todo, amigas, amigos, es que a esos presos no los tiene recluidos su conducta, los tienen presos nuestra indiferencia. En México la realidad de la justicia penal es tan dolorosa que hemos decidido hacernos de la vista gorda. Es tan dolorosa que le hemos cerrado nuestros corazones y nuestro entendimiento a una realidad que hemos preferido ignorar que aceptar, o mucho menos combatir.
No sólo estamos dejando, amigas, amigos, que mueran de pie los miles de mexicanos que se encuentran recluidos; estamos dejando morir la posibilidad de que México se convierta en un Estado moderno al privilegiar la comisión de delitos en este país.
Saber que en México el 85 por ciento de los delitos no se denuncian revela un sistema que está lejos de ser tomado en serio por los ciudadanos. Entender que en México es indispensable la instauración definitiva de un estado de derecho, en el que el respeto a los derechos humanos sea el valor supremo, es adquirir la noción del rumbo que debemos tomar para solucionar el estado de cosas.
La iniciativa en la que el Ejecutivo federal y el Grupo Parlamentario del PAN han tenido una participación decisiva es una expresión viva del reclamo que a lo largo y ancho del país hemos venido escuchando.
Primero. Darle vigencia al principio de presunción de inocencia, ha sido una preocupación que ha quedado expresada en forma de iniciativa en el dictamen que tienen en sus manos. Difícilmente podremos convertirnos en un Estado moderno, con justicia moderna, si privamos a los mexicanos de la mínima posibilidad de ser juzgados con condiciones de seguridad.
Segundo. La humanización de la justicia ha quedado debidamente consignada en esta iniciativa. De hoy en adelante los estados y la federación deberán juzgar a seres humanos, no a montañas y montones de papel.
La relación juez-víctimas-procesados y Ministerio Público deberá ser estrecha y constante. Deberá quedar atrás toda práctica judicial asentada en una fría búsqueda de la verdad, para concentrarnos en adelante a darle un rostro digno a la impartición de justicia.
Urge, urge una reforma integral que permita dejar de ver al indiciado como objeto de investigación para reconocerlo como sujeto de derechos, así como darle mecanismos alternativos de solución de conflictos que aseguren a las víctimas negociaciones sencillas, cuyo objetivo final sea la reparación del daño sufrido.
Así, de ahora en adelante todo individuo será inocente hasta que se le pruebe lo contrario. No como sucede actualmente. La presunción de inocencia quedará reconocida en nuestra Carta Magna. Y la confesión, que hasta hoy ha venido siendo la prueba reina, dejará de serlo.
Esta iniciativa procurará que en México nuestras cárceles se despresuricen para que sólo la gente verdaderamente peligrosa se encuentre presa. Que las víctimas se encuentren y se sientan protegidas para dignificar las condiciones de trabajo de quienes nos cuidan y quienes nos juzgan. En suma, para que la gente se sienta y se encuentre más segura. Acción Nacional contribuye así a la construcción de un auténtico y verdadero estado de derecho. Muchas gracias.
El diputado Antonio Ortega Martínez: Con el permiso de
El diputado Antonio Ortega Martínez: Compañeras diputadas, compañeros diputados. No es sencillo venir a proponer una modificación a la minuta del Senado, después de haber conocido la disposición de todos los diputados de retirar el párrafo controvertido del allanamiento.
Sin embargo, me parece delicado el tema y por eso el atrevimiento y, por lo tanto, reclamo de todos ustedes la atención. Modificar la minuta del Senado requiere, en principio, una mayoría absoluta de los diputados y por ser reforma constitucional, una segunda votación de dos tercios.
El problema tiene que ver —como ustedes lo saben— con que
El Senado —de manera inexplicable— y aún senadores del PRD, decidieron rechazar la propuesta de Comisiones Unidas del Senado que había incorporado la figura de que mediante orden judicial sí se le diera la facultad al Procurador General de
El problema es muy sencillo: el Estado mexicano y sus instituciones tienen una guerra contra el narcotráfico. La estrategia del nuevo Ejecutivo, del nuevo gobierno, la conocemos. Tiene que ver particularmente con tres o cuatro líneas fundamentales:
Una primera, recuperar el territorio y las facultades del Estado mexicano que le están siendo disputadas por el poder de los narcos en muchas regiones del país.
En segundo lugar, frenar, sin duda, el tráfico de armas y ponerle atención a los jefes policiacos y policías que se han convertido en los escudos fundamentales de esta actividad.
Pero insisto, que ni nuevos túneles que se descubran en la frontera ni más retenes, ni deteniendo a más capos y extraditándolos al extranjero, ni más policías ni más soldados en las calles podrán frenar esta actividad y el Estado no podrá declarase vencedor si no se afecta la rentabilidad financiera del narco y que no hay que ocultarlo. Es el blanqueo y el lavado de dinero.
Y doy algunos datos.
Y esos 15 mil millones de dólares anuales se incorporan a la economía mexicana año con año y son el motor, sin duda, que está generando y estipulando la presencia de este negocio ilícito.
Miren ustedes, un kilo de cocaína en Colombia vale alrededor de mil 500 dólares. Cuando llega a México, ese kilo alcanza un precio de alrededor de 10 o 15 mil dólares; cuando llega a Los Ángeles, a Chicago o a Nueva York, alcanza los 20 o los 30 mil dólares el kilo, y ya no se diga cuando se va a Europa.
Estamos hablando de que en Estados Unidos se incorporan a la economía, según cálculos de
Pongo un ejemplo, quizás simple, pero va ayudar a comprender mi propuesta: todos conocemos la leyenda negra de
El Gobierno del DF tuvo la virtud de cerrar el círculo de esa actividad, de romper el circulo de esa actividad, expropiando
Me han pedido tiempo y le solicito a
El diputado Antonio Ortega Martínez: ¿A qué me refiero, compañeros? Requerimos dotar, sin duda, |a
Nos asombramos con el caso del chino: 205 millones en un clóset. ¿Saben ustedes cuánto dinero hay si sumamos los 20 mil millones de dólares que año con año se introducen a la economía financiera? Doscientos o trescientos clósets llenos de cantidades similares que están en la economía, y en la medida en que no se revise, que no se investigue esta figura, repito, la batalla del Estado mexicano contra el narco no se habrá ganado.
Pienso y espero que me comprendan ustedes, que la responsabilidad de
El diputado Antonio Ortega Martínez: Sí, como no.
La diputada Silvia Oliva Fragoso (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. La pregunta es ¿cómo quedaría el párrafo? Porque me parece que es importante lo que usted está argumentando, pero eso tendrá que ser con orden judicial y, si se regresa, como lo había planteado
El diputado Antonio Ortega Martínez: Qué bueno que comparte usted, diputada, porque había conocido su punto de vista de que no hiciéramos esta argumentación. La propuesta sería, efectivamente: el procurador con facultades constitucionales en la ley reglamentaria, con toda seguridad se creara, o una subsecretaría o una unidad de investigación financiera sobre el dinero del narco y —tengo claro— al procurador con facultades, pero con el candado de orden judicial y sólo en el caso de delincuencia organizada.
Término, diputadas, diputados, planteando: no puede
No niego que todo es necesario: el Ejército, el contrabando de armas, las policías, los retenes, todo, pero lo sustancial es atacar la rentabilidad financiera del narco, y eso está en el blanqueo y en el lavado de dinero.
La propuesta concreta es que se retire también este artículo por esta Cámara, se vuelva a discutir y se restituya la propuesta de
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de
La diputada Violeta Lagunes Viveros: Con su venia señora Presidenta. Coincido con todos los diputados que me han antecedido en la palabra, en
