12 de noviembre del 2007
Paramilitares a escena; falsedades del Libro blanco, la otra historia
“Sabemos que nos están apuntando, anden disparen, estamos sin armas”
El 26 de septiembre de 1997 La Jornada reportó el primer retorno de desplazados zapatistas y perredistas de Chenalhó; 5 mil indígenas se dirigieron a Polhó
Hermann Bellinghausen / VIII
El 23 de septiembre de 1997, un grupo de reporteros llegamos a Polhó, cabecera municipal de los autónomos zapatistas. Una comunidad de un millar de pobladores, a quienes se agregaban centenares de desplazados de todos los parajes donde la ley paramilitar quemaba casas, emboscaba y asesinaba a simpatizantes del EZLN y priístas por igual. A los segundos se les castigaba si no respaldaban la aventura armada de los ya entonces llamados paramilitares.
El panorama era desolador. No había nadie. Ni perros. Sólo pollos. Las casas estaban cerradas; las calles y edificios comunitarios, desiertos. Tras el ataque a Majomut por los priístas y frentecardenistas de Los Chorros, el día 21, ya ni siquiera Polhó era un lugar seguro. Al amanecer el 21, comunidades como Yibeljoj habían sido evacuadas; sólo permanecieron algunos hombres. Mujeres y niños, incluso priístas, buscaron refugio en las montañas. Sabían del ataque paramilitar.
El 26 de septiembre, La Jornada reportó el primer retorno de desplazados zapatistas y perredistas de Chenalhó, en una marcha de 5 mil indígenas y 70 camiones con destino a Polhó. El episodio fue relatado con falsedades e inexactitudes palmarias en el informe de la PGR llamado Libro blanco de Acteal (1998), y esa versión ha sido repetida de oficio por diversos autores que han querido contarnos “otra historia” de aquellos acontecimientos. El lector interesado puede comparar la versión oficial, o sus transcripciones posteriores, de Gustavo Hirales (1998) a Héctor Aguilar Camín (2007), con el relato presencial que a continuación se transcribe.
El fracotirador del tinaco: cazador cazado
La movilización de las bases de apoyo del EZLN, el día 25, fue pacífica. Había durado casi toda la jornada. Antes de las 17 horas llegó a Yabteclum. Un orador encapuchado arriba de una camioneta, señalando las laderas circundantes, dijo:
–Sabemos que nos están apuntando. Anden, disparen, aquí estamos, sin armas.
Empezaba el mitin de miles de zapatistas de 15 municipios en la cancha y plaza central del “pueblo viejo” de Chenalhó, cuya mayoría priísta expulsó meses atrás a los simpatizantes del EZLN. Una hora después, cuando el acto estaba por concluir, una veintena de zapatistas trepó a la azotea de la escuela con gran aspaviento. Corrieron al tinaco, lo escalaron y se metieron en él precipitadamente. Segundos después brotó un rifle Máuser, que fue pasado de mano en mano. La multitud se agitó, y más cuando sacaron del tinaco a un hombre que, de mano en mano, saltó al suelo, cayó como gato y echó a correr. Tras él salieron varios zapatistas. Del tinaco salió, por último, una caja llena de balas Remington 410.
Nada más sobrecogedor que una multitud airada. La ira se apoderó de todos al descubrir que todo ese tiempo los acechó un francotirador. Muchos decían haber visto gente armada en las casas de arriba, en las laderas. Las bases de apoyo del EZLN provenían de Pantelhó, Mitontic, San Juan Chamula, San Andrés Sakamchén, Zinacantán, San Juan de la Libertad, Bochil, Simojovel, Sitalá, Ixtapa, Tenejapa, San Juan Cancuc y Chenalhó. Habían salido de Tzabaló a la cabecera oficial. En la descubierta, el conductor del acto decía al megáfono:
–Somos misma carne, misma sangre, mismo pueblo. No venimos a lastimar a nadie. No queremos matarnos entre hermanos. Los hermanos priístas quemaron su casa de nuestros compañeros. Los hermanos priístas no entienden lo que pasa. Venimos a explicar.
En tzotzil, otro orador invita a la gente a unirse a la marcha, que a las 12 del día alcanza la plaza pedrana y se forma en caracol, dejando en el centro a los desplazados de Yabteclum, Los Chorros y otros poblados.
–Venimos a demostrarles que los compañeros zapatistas en el municipio no están solos. No queremos tomar venganza. Venimos a decirles de buena manera que entiendan. No traemos armas. Vamos a ir a entregar a sus comunidades a los compañeros perredistas y zapatistas que corrieron ustedes –dice el orador ante las oficinas del municipio oficial.
Los mensajes insisten en decir a los priístas: “Nuestro enemigo no son ustedes, sino el gobierno”. No faltan mueras e improperios contra el alcalde Jacinto Arias Cruz, los caciques, las guardias blancas y la policía; contra Zedillo, Ruiz Perro (los tzotziles pronuncian la letra F como P, pues en su lengua no existe el sonido fricativo) y contra el funcionario priísta Antonio Pérez Hernández, a quien acusan de armar las nuevas guardias blancas.
Los municipios rebeldes advirtieron en un comunicado: “Los compañeros desalojados van a regresar a sus comunidades. Nadie lo va a impedir”. El mitin terminó pacíficamente. La radio estatal, encadenada al noticiero de las 14:30, informaba del acto tal como queda dicho. Unos anuncios comerciales. Y entonces la voz de un locutor, distinto del que daba las noticias, relató una versión contrapuesta a la que se acababa de radiar, y totalmente falsa, según la cual “grupos de zapatistas habían ido a amenazar a la cabecera municipal armados de palos”, “encabezados por Alianza Cívica” (sic).
Horas más tarde, durante el juicio popular que se hizo al hombre del tinaco, éste confesaría que en Yabteclum se reunieron para esperar a los zapatistas y le indicaron ponerse donde se puso “porque pensaban que los zapatistas venían armados y enojados”.
A las 18 horas, los periodistas acaban de recorrer las casas destruidas y saqueadas de los desplazados. Ese horror de muebles rotos, ropa rasgada, robos, muñecas decapitadas, papeles quemados, mazorcas regadas. El mitin está por concluir cuando descubren al hombre del Máuser, José Pérez Gómez, a quien apodan El Morral, y a otros dos que al parecer lo intentaron defender. Pérez Gómez viene severamente golpeado. Sus captores lo arrastran entre la multitud que parece a punto de írsele encima. Lo suben a la camioneta que preside el mitin. Y el hombre golpeado, sin camisa, es objeto de una especie de juicio popular.
La gente de Yabteclum lo identifica con un grupo de cinco personas que introducen armas a la comunidad. Micrófono en mano, entre el tzotzil y el castellano, transcurre un interrogatorio urgente. El hombre del rifle, con voz doliente, va hilando:
–Fue un acuerdo de toda la comunidad. Lo estamos organizando todos.
–¿Para matar los zapatistas?
–Noombre, pensamos que son ustedes que van a venir a matarnos. Estábamos ahí, preparados.
–¿Cuántas armas hay?
–No sé. No hay armas. Puro .22 de un tiro.
Sorprende verlo entero y firme, en el predicamento en que está. Pérez Gómez, sofocado, aguantando el sollozo, casi de rodillas, dice que “el arma es de Chamula” y que no sabe esto, ni aquello.
–Di “que mueran los asesinos”.
–No hay asesinos.
Lo interrogan sobre quién asesinó a los zapatistas, quién quemó las casas, quién robó a los desplazados. “No sé, no sé”.
La multitud rodea la camioneta. Se aproximan los responsables de las regiones para decidir qué harán con el detenido. Las laderas empiezan a mostrar grupos inquietos de hombres que observan la escena. Finalmente, los zapatistas dejan ir a Pérez Gómez, “a que informe a sus compañeros”. Como por ensalmo, la multitud se desentiende de él, que baja de la caja de la camioneta y arrastra sus pasos hacia las casas más próximas. Se sienta en un escalón. Le duele el cuerpo. Nadie se le acerca. La multitud se dispersa rumbo a los camiones que conducirán la marcha a Polhó. El hombre se ha vuelto invisible.
Días de balas en Chenalhó
El 27 de septiembre, La Jornada describe “las aguas revueltas de Chenalhó”, donde “es abierta la existencia de grupos paramilitares auspiciados por la policía y el Ejército federal”. A la vez que aparecen armas en Santa Martha, Puebla se convierte en un campo de tiro, se expulsa a familias enteras por apoyar al municipio autónomo o no dar dinero para las obras de los priístas y la compra de balas. Cada día, la vida de las comunidades se descompone más.
Santa Martha está prácticamente incomunicado con la cabecera de Chenalhó, su salida natural es San Andrés. Allí, el fiel de la balanza es el gobernador tradicional. Y sobre él viene la presión. Un día llega un teniente del Ejército federal, oriundo de Zacatecas. Se presenta al gobernador y el maestro de la escuela. Los convence de que los zapatistas, abundantes en la comunidad, representan un peligro y hay que combatirlos.
Después, el gobernador se arrepiente. Le dan dolores de cabeza y lo aquejan dudas de conciencia. Como quiera, las armas ya llegaron, y de noche “brillan como plata” cuando se adiestra a los hombres. “Primero, instrucciones para el manejo de armas. Luego películas pornográficas. Para rematar, baile con mujeres en bikini. Terminan con ejercicios militares. Los hombres llegan muy tarde a sus casas”, revelan alarmadas las mujeres del pueblo.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/12/index.php?section=politica&article=006r1pol
13 de noviembre del 2007
El francotirador de Yabteclum y los muertos de Los Chorros, sus razones
Priístas de Chenalhó pidieron a Zedillo permiso para armarse
El mandatario habría dicho a los alcaldes del tricolor que las razones del alzamiento zapatista ya no eran “legítimas”, lo que fue interpretado por algunos como “luz verde” para combatir a los pueblos autónomos
Hermann Bellinghausen
El 2 de octubre de 1997, en un encuentro con el presidente Ernesto Zedillo en San Cristóbal de las Casas, el alcalde oficial de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, entregó al mandatario una carta donde el ayuntamiento pedía “permiso” para que sus seguidores pudieran tener armas de fuego en sus casas, para “defenderse”, invocando el artículo 10 de la Constitución. A raíz del episodio del francotirador en Yabteclum, el 25 de septiembre, las autoridades priístas acordaron lo anterior y demandaron una investigación sobre la muerte de sus compañeros de Los Chorros, el 22 de septiembre, “luego de que éstos quemaron 14 casas –según cifras oficiales– de los zapatistas” (La Jornada, 3 de octubre).
Según versiones recogidas por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), en esa misma reunión el presidente de la República habría dicho a los alcaldes priístas de los Altos que las razones del levantamiento zapatista ya no eran “legítimas”, lo cual fue interpretado por algunos como “luz verde” para combatir a los pueblos autónomos.
Con el presidente Zedillo de vuelta de su gira por Chiapas, el 3 de octubre el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, se manifestó por “reanudar el diálogo” y expuso con optimismo que “el gobierno ha desplegado acciones importantes” en la entidad, “por lo que la situación es muy distinta a la que imperaba en 1994” (LJ, 4 de julio), en una frase que a esas alturas ya admitía diversas interpretaciones.
Las víctimas de Las Limas
Al mismo tiempo, cuatro integrantes de una familia eran asesinados en Las Limas Chitanucum, municipio de Pantelhó, vecino de Chenalhó. Una niña de seis años estaba entre las víctimas. También hubo seis heridos. Todos priístas. Los atacantes fueron unos 25 hombres encapuchados que “llegaron tirando piedras y balazos en las puertas de las casas” y saquearon la tienda de uno de los heridos, Francisco Gutiérrez Maldonado, quien aseguró haber conocido “por la voz” a varios de los atacantes, pero no dio los nombres (LJ, 4 de octubre) ni los vinculó con algún grupo. Curiosamente, ni siquiera los priístas dijeron en ese momento que los agresores, a quienes reconocieron, fueran zapatistas.
En ese mismo pueblo habían sido quemadas varias casas de zapatistas (y éstos expulsados) el 23 de mayo, “aunque luego fueron reparadas porque las partes y el ayuntamiento priísta llegaron a un acuerdo para resolver sus diferencias”, añade la nota de La Jornada, que registra también el retorno a sus casas de cien militantes priístas de Polhó, “de donde salieron hace más de una semana después de que dos de sus compañeros de Los Chorros fueron asesinados”.
En octubre y noviembre se incrementa el número de muertos, heridos y desplazados. El 4 de octubre, Sebastián López López resultó lesionado en una “emboscada” cuando iba a su milpa en el ejido La Esperanza, a un lado de Los Chorros. Las autoridades priístas dijeron temer “nuevos ataques de los contrarios (LJ, 5 de octubre)”. Sin embargo, son ellos los que atacan: el mismo día 4, el concejo autónomo de Polhó denuncia que la comunidad La Esperanza fue agredida por un grupo armado proveniente de Los Chorros, con un saldo de varias casas quemadas y el desplazamiento de 52 familias.
Ese mismo día, 2 mil miembros de Las Abejas marcharon “por la paz y la reconciliación” en la cabecera municipal de Chenalhó, con banderas blancas y pancartas, demandando que “termine la violencia entre hermanos”. Los manifestantes expresaron “dolor por esta gran desgracia de los enfrentamientos entre hermanos, con armas de alto calibre usadas por paramilitares y militantes del partido oficial”. Las Abejas aseveraron que las autoridades municipales estatales y federales “no tienen voluntad de resolver las mortandades ocurridas en nuestro municipio: parece que quieren acabar con nuestra raza (LJ, 5 de octubre)”.
El día 8, la comunidad de Yibeljoj acordó no participar de ninguna manera en hechos violentos. El acuerdo fue suscrito por 329 habitantes, según informó el CDHFBC.
El 10 de octubre el concejo autónomo declaró: “Nosotros los zapatistas no queremos mancharnos las manos con sangre indígena, pues son nuestros hermanos, son nuestra misma gente, nuestra misma sangre”. En un comunicado, los autónomos ratificaron su voluntad para el diálogo, afirmaron que las amenazas provenían de los ejidos Los Chorros y Puebla, y exigieron: “Primero, que los priístas creen condiciones necesarias para el diálogo, es decir, retirar la policía de Seguridad Pública. Son las autoridades priístas las que deben comprometerse a la reconstrucción de las casas quemadas. Queremos que regresen todos los desplazados, pero ¿dónde llegarán los que tienen sus casas quemadas?”
El banco de arena, insistían los autónomos, “es un pretexto”. El ayuntamiento de Polhó “tiene en su poder los planos límites del predio que ocupa el banco de grava” y lo explota “para beneficio del municipio”.
En La Realidad, el subcomandante Marcos se reúne el 11 de octubre con los poetas chiapanecos Óscar Oliva y Juan Bañuelos, miembros de la Comisión Nacional de Intermediación, y responde a las presiones declarativas del gobierno sobre la reanudación del diálogo. Según Marcos, la “confusión” al respecto “la está creando el gobierno”. Los poetas transmiten: “Los zapatistas pidieron el cumplimiento de las cinco condiciones mínimas expresadas el 7 de septiembre de 1996, cuando el EZLN se retiró de las negociaciones (LJ, 12 de octubre)”.
Oliva manifestó su preocupación porque el incumplimiento de dichas condiciones “está generando problemas cada día más graves”, pues “todos los días hay desalojos, represión e injusticia hacia las comunidades zapatistas”. Bañuelos, a su vez, considera que ésta es “una política bien meditada del caos”.
En la zona norte, donde los elementos de la contrainsurgencia no son los mismos de Chenalhó, la situación es grave. La presencia del Ejército federal es directa, y los conflictos comunitarios que se explotan para la confrontación poseen un hipertrofiado componente religioso. La Comisión Episcopal para la Reconciliación y la Pacificación en Chiapas denuncia ataques y amenazas contra catequistas y sacerdotes. Los paramilitares han quemado ermitas e iglesias. El párroco de Tila, Heriberto Cruz Vera, “ha tenido que esconderse, pues lo quieren matar, al parecer los de Paz y Justicia”. La situación se repite en Tumbalá y Salto de Agua (LJ, 14 de octubre). Para entonces hay 4 mil 112 indígenas desplazados en esa zona; desde 1995 han muerto unas 40 personas de la “sociedad civil perredista” y bases zapatistas, así como “varias decenas” de priístas de Paz y Justicia (LJ, 17 de octubre).
Llamado al diálogo
El día 14, el concejo autónomo de Polhó llama al diálogo al municipio oficial, con la condición de que se retiren la policía de Seguridad Pública y el Ejército federal (LJ, 17 de octubre). El 16, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informa de la muerte de Gabriel Gómez Guillén y Romeo Hernández Gómez, priístas, en Tzanembolom. Además hay tres heridos. La Jornada sólo da la versión de la PGJE y los priístas, quienes aseguran que todo comenzó con una discusión “por diferencias políticas” dos días atrás, cuando los zapatistas “detuvieron” varias horas a cinco priístas. Horas después “un grupo de aproximadamente 20 perredistas-zapatistas… acribilló” a los priístas (LJ, 17 de octubre).
En sus informes posteriores, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolemé de las Casas documentó también la versión de las bases de apoyo zapatistas, según la cual “un grupo de priístas llegó a la comunidad, amenazándolos y disparando contra la población, y por ello 475 personas salieron huyendo a las montañas para protegerse. El grupo de invasores saqueó sus propiedades y mató muchos de sus animales”.
Para entonces, 20 por ciento de la población de Chenalhó se encuentra desplazada, especialmente de las localidades de Yaxjemel, Los Chorros, Takiukum, Acteal, Canolal, Puebla, Tzanembolom y Cruztón. Antonio Gutiérrez Pérez, representante de Las Abejas, asegura que en los últimos días se ha incrementado el tráfico de armas, y los grupos armados controlan el acceso a las comunidades donde habitan simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (LJ, 21 de octubre). Esos grupos “recorren las comunidades, roban animales y las milpas de las personas que han huido y amenazan a los que se niegan a tomar las armas”.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/13/index.php?section=politica&article=005r1pol
14 de noviembre del 2007
Desmantelar las desarmadas bases zapatistas, su propósito
Paramilitar: joven frustrado por las autoridades agrarias
Un trabajo de los investigadores Andrés Aubry y Angélica Inda, difundido al día siguiente de la matanza, describía el perfil del “agente protagónico de la violencia”
Hermann Bellinghausen /X
En los meses anteriores a la masacre de Acteal, los investigadores Andrés Aubry y Angélica Inda, buenos conocedores de los Altos, y particularmente de Chenalhó, se dieron a la tarea de indagar el fenómeno de violencia que sacudía la región. Por extraña coincidencia, habrían de publicar sus conclusiones iniciales el día que se difundieron las primeras informaciones de la matanza. Su documento fue elaborado antes, pero tuvo una oportunidad muy importante. Se titulaba “¿Quiénes son los ‘paramilitares’?” (La Jornada, 23 de diciembre). Vale la pena adelantar un poco el calendario y escuchar sus hallazgos en los mismos meses finales de 1997 que este reportaje recapitula:
“El conflicto de Chiapas cobró a los antropólogos una tarea más: la de identificar a un nuevo sujeto social, el agente protagónico de la violencia”, admiten de entrada. Los autores hacen un rastreo metódico de la información proporcionada por indígenas y precisan: “Sólo en Chenalhó, 17 parajes son afectados: la tercera parte de sus asentamientos y la mitad de su población”.
Por rutina histórica, explican Aubry e Inda, “se le llamó primero pistolero o guardia blanca, por las heridas que aquellos han plasmado en la memoria colectiva de Chiapas. Sin que ellos se hayan extinguido, los medios empezaron a darle la identidad de paramilitar para diferenciarlo de los anteriores (agentes externos a las comunidades, mientras que el nuevo brote de ellas), porque actúa con una relación ambigua y no confesada con las fuerzas del orden, e interviene con armas propias de ellas.
“Con repetidos desmentidos, el Estado ha negado la existencia de paramilitares, dando argumentos que fracciones del Congreso local y la opinión pública se resistieron a creer. Por carencia semántica y por respeto a las autoridades, seguiremos llamándolo como los medios, pero entrecomillado.”
Ni tierra ni trabajo
“¿Quiénes son?”, se preguntan. “Aparecen casi exclusivamente entre jóvenes frustrados por las autoridades agrarias. En los 17 parajes de Chenalhó en que logramos documentar la existencia de unos 246 de ellos, la inercia agraria combinada con el crecimiento demográfico no da ni tierra ni trabajo, aun no agrícola, a los jóvenes en edad de ser derechohabientes del ejido. Los ya casados y jefes de familia, a la par de sus padres, han vagado sin éxito en busca de empleo, sobrevivido de milagro, o de robos de parcelas y cosechas. Obligados a vivir como delincuentes, no sólo carecían de medio de subsistencia sino que, además, no tenían por qué sesionar en las asambleas y, por tanto, eran excluidos de las decisiones del ejido. Primera conclusión, estos criminales son productos del sistema y de sus opciones económicas, agrarias y laborales”.
De repente, la “paramilitarización” ofrece a estos campesinos solución y prestigio. “Solución porque el impuesto de guerra que cobran (25 pesos quincenales por adulto si es permanente, 375 pesos de una vez para quienes se niegan) les proporciona ingresos, y porque el botín de animales, cosechas y enseres (incluidas camionetas) legitima los hurtos humillantes de elotes, café y aves de corral. Prestigio porque las armas –que no son escopetas– les confieren un poder y un estatus que nunca han tenido, ni ellos ni sus padres sin tierras”.
Aquí, Aubry e Inda señalan: “Por haber tenido una vida itinerante en busca de trabajo, o no ser ejidatarios, nunca tuvieron la educación cívica que proporcionan las asambleas periódicas en las cuales se decide el destino colectivo de su paraje, colonia o municipio, y escaparon a toda responsabilidad comunitaria. Los ‘paramilitares’ no tienen proyecto social o político alguno. No pregonan nada, tan sólo se imponen. Los únicos maestros que han tenido son sus monitores del entrenamiento militar al que está condicionada la adquisición de las armas que exhiben.
“Sus mentores, ya sea en sus campamentos o en los patrullajes, tienen una conducta muy parecida a la de los kaibiles de Guatemala. ¿A qué le tiran? ¿Por qué están operando sólo en el estrecho perímetro de la zona de influencia en la cual gozan de perfecta impunidad? La razón es estratégica, y probablemente lo ignoran”. Los investigadores destacan que los parajes donde finalmente “prendieron” estos grupos armados forman una cuña entre los municipios colindantes de Chenalhó, Pantelhó, Cancuc y Tenajapa.
Hacen comparaciones con la ubicación de otros grupos paramilitares: “El estado mayor de Paz y Justicia, en torno a El Limar (Tila), controla los cinco municipios choles y el acceso a varios más. Hacen las veces de las políticas públicas en la casi totalidad de los municipios que administra la secretaría estatal de Atención a los Pueblos Indígenas. El objetivo de todos es el desmantelamiento de algún bastión de las bases –desarmadas– de apoyo zapatistas”.
Después del “golpe militar” contra las comunidades rebeldes el 9 de febrero de 1995, una de las tácticas militares denunciadas por las Misiones de Observación era la destrucción de instalaciones productivas, cosechas y aperos de cultivo “para quitar porvenir” a los disidentes, subrayan. “La táctica ‘paramilitar’ de Chenalhó es la misma: los operativos empezaron con el inicio de la tapizca del café, en un año de buen precio. Y se desplaza masivamente a los productores. Tal como a los indeseables se les corre el tapete, a los indígenas de Chiapas se les quita su futuro”.
Espiral imparable
Entre septiembre y diciembre, las comunidades del norte y el oriente de Chenalhó se ven atrapadas en un proceso que parece imparable. Los hechos criminales en Acteal el 22 de diciembre confirman que al menos el Estado mexicano no pudo, o más bien no quiso, detener esa espiral. De hecho, fue obra suya. Anuncios, denuncias y alarmas no faltaron. Lo que faltó fue otra cosa.
De los entrenamientos de la Seguridad Pública en la comunidad de Puebla no hubo testimonios directos, aparte de los tiros que todas las noches se escuchaban en el valle. Pero sí de lo que ocurría en Los Chorros. Desde julio, el edil Arias Cruz había encargado a sus agentes municipales que levantaran listas de quienes eran del PRI y quienes no, en cada paraje. Se hace asamblea. El agente toma nota. Casi nadie se apunta. Los de la “sociedad civil” instauran un debate y mandan decir a Arias Cruz que el agente no tiene derecho a dividir las comunidades. Lo mismo dicen muchos priístas que tampoco se apuntaron (La Jornada, 27 de septiembre).
En septiembre, los agentes exigen dinero a los pobladores de Puebla, Los Chorros y otros parajes para comprar armas y municiones. Se castiga a los que no colaboran. En algunos lugares, como Los Chorros, se les expulsa. El concejo autónomo de Polhó asegura que el promotor de la contra para dividir a las comunidades es el ex diputado priísta Antonio Pérez Hernández (significativamente, oriundo de Polhó), ahora secretario estatal de Atención a los Pueblos Indígenas, en sustitución del escritor Jacinto Arias Pérez. Entre pedranos te veas.
El 23 de octubre, La Jornada informa desde la cabecera municipal de San Andrés que grupos de tzotziles de los municipios de Chenalhó, San Andrés y Simojovel “reciben entrenamiento militar para oponerse a la permanencia de los simpatizantes del EZLN y evitar la formación de municipios autónomos en los Altos”, según autoridades civiles rebeldes y representantes de organizaciones independientes.
Las comunidades de Puebla y Santa Martha, en Chenalhó; Santiago el Pinar, en San Andrés, y cerca de Chitamulkum, en Simojovel, son consideradas por los concejos autónomos “como centros de entrenamiento de personas que posteriormente formarán parte de grupos paramilitares”. En todos esos lugares se suceden agresiones violentas contra las comunidades en resistencia.
Creciente trasiego de armas
Por su parte, Las Abejas denuncian que “el trasiego de armas en los municipios indígenas se incrementa y los grupos armados aparecen continuamente en los caminos del municipio de Chenalhó” (La Jornada, 24 de octubre).
Los días posteriores se suceden en cascada hechos muy graves en el camino a Los Chorros y las comunidades de Chimix, La Esperanza, Aurora Chica, Puebla, Canolal, Tzanembolom y Acteal. Los ataques armados de los paramilitares contra la población civil, con la intención de expulsarlos de las comunidades, producen un muerto y más de una decena de heridos; los primeros casos que se conocieron, contabilizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado y los representantes priístas de Los Chorros, fueron 13 priístas heridos, y estas fuentes insisten en que todos fueron “emboscados” por “presuntos simpatizantes del EZLN” (La Jornada, 26 y 28 de octubre). En los días posteriores se vería que las cosas no eran así de simples.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/14/index.php?section=politica&article=014r1pol
15 de noviembre del 2007
Grupos armados de priístas preparaban ofensiva desde octubre: autonomías
Violencia y desalojos crecieron sin control en las zonas zapatistas
Meses antes de la matanza, el surgimiento de bandas se desató sin que las autoridades intervinieran, lo que fue denunciado por activistas
Hermann Bellinghausen/ XI
Para fines de octubre de 1997, La Jornada ya cubre constantemente los hechos que se suceden en Chenalhó, y entre lo tupido y lo complicado de la situación, los corresponsales no se dan abasto. El día 28, uno de ellos reporta desde distintos puntos de la geografía pedrana lo siguiente:
En medio de la carretera, frente a la comunidad de Acteal, dos camiones de tres toneladas llenos de indígenas priístas armados y con los rostros descubiertos entorpecen el tráfico. Son 40 hombres venidos de distintas comunidades que se preparan en plena vía pública para bajar, por segundo día consecutivo, a la comunidad de Chimix, donde habría de registrarse este martes un segundo enfrentamiento con simpatizantes zapatistas.
En las montañas de Chimix han habido, desde el pasado domingo 26, enfrentamientos de militantes de los partidos Revolucionario Institucional y Cardenista contra simpatizantes del EZLN, dejando un saldo de por lo menos ocho personas heridas.
“Es mentira que zapatistas emboscaron a miembros del PRI. Los priístas llegaron el lunes acompañados de la Seguridad Pública y agredieron a los simpatizantes zapatistas de Chimix; ellos protegieron a su familia y se defendieron”, aseguraron Antonio Pérez, Mariano Luna y Domingo Pérez Paciencia, miembros del consejo municipal autónomo de Polhó.
Para los representantes del gobierno autónomo, las cuatro personas heridas –Juan Pérez Hernández, Elías Pérez Pérez, Lorenzo Ruiz Vázquez y Agustín Pérez Gómez– no fueron emboscadas, sino que resultaron lesionados en el enfrentamiento. “Los compañeros respondieron para proteger a sus familias, después huyeron a las montañas y a las comunidades cercanas”.
En la región comprendida entre la comunidad zapatista de Polhó y la comunidad cardenista de La Esperanza (ya en los linderos de Pantelhó) se vive una fuerte tensión. Los simpatizantes del EZLN han reforzado su vigilancia alrededor de la comunidad donde se encuentra el consejo autónomo y, por su parte, los priístas-cardenistas recorren los principales caminos y mantienen una vigilancia permanente de los accesos a las comunidades consideradas zapatistas.
La mayoría de sus 400 familias –priístas y zapatistas– abandonaron Chimix. De acuerdo con la información proporcionada por campesinos del lugar y el propio consejo autónomo, unas 170 familias volvieron a dejar sus viviendas en Yaxjemel, 54 más se fueron de La Esperanza, 30 familias salieron de Aurora Chica, cerca de 300 abandonaron Chimix y dos docenas de Puebla.
La mayoría de los indígenas que huyeron de sus comunidades por temor a ser agredidos por grupos armados –priístas y zapatistas– se encuentran refugiados en las comunidades de Tzajalchén, Naranjatic Alto, Poconichim y Polhó, en la cabecera municipal de Chenalhó y la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
De acuerdo con información obtenida en el recorrido por varias comunidades de Chenalhó, los grupos armados priístas –igual al que encontramos en la comunidad de Acteal– estaban concentrados desde hace cinco días en Bajo Beltic y, según el consejo autónomo de Polhó, se espera una fuerte embestida de los grupos paramilitares contra otras comunidades zapatistas.
Llamado a negociar
En otras informaciones de esa fecha (La Jornada, 29 de octubre) fuentes de la Procuraduría General de Justicia del estado informaron que unos 300 policías de Seguridad Pública “pusieron en marcha hoy un operativo de despistolización en Chenalhó para evitar nuevos hechos de violencia”. A la luz de los hechos que no dejaron de ocurrir, el frívolo operativo no ocurrió jamás.
Por otra parte, representantes de los municipios de rebeldes de los Altos de Chiapas pidieron a los priístas que “reflexionen’” y “se acerquen para buscar soluciones pacíficas sin la intervención del mal gobierno y sus funcionarios corruptos, que sólo quieren que haya división y enfrentamientos entre indígenas”.
En un documento dirigido a los priístas de Chenalhó, los representantes de los municipios autónomos agregaron: “No es justo que nos sigamos matando entre indígenas sólo porque no somos de la misma organización, partido o religión”, precisaron. Asimismo, acusaron a los presidentes municipales del partido oficial de ser los causantes de la división entre los indígenas y de “engañar a los priístas, con todo el dinero que les da el gobierno, y por eso no les conviene que haya una solución”.
Los autónomos aseguraron que “no queremos pelear contra nuestros hermanos indígenas, por eso nos hemos aguantado hasta donde hemos podido, pero si ustedes comienzan a provocarnos no nos queda más camino que defendernos. No podemos quedarnos callados”.
Se precipitan los acontecimientos
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) elaboraría sus propia relación de los tumultuosos acontecimientos: “El consejo autónomo de Polhó informó que el 23 de octubre, a bordo de un camión de tres toneladas, propiedad del municipio de oficial, un grupo de priístas, junto con elementos de la policía de Seguridad Pública, agredió con arma de fuego al señor Manuel Santiz Gómez en la comunidad de Las Láminas. Como resultado de esta agresión, 28 familias (130 personas) salieron huyendo a las montañas cercanas” (El camino a la masacre, diciembre de 1997).
El 25 de octubre, “en un enfrentamiento en las inmediaciones del entronque de Majomut” resultaron heridos Mariano Pérez Santiz, Lucio Luna Guzmán, Manuel Vázquez Pérez, Agustín Gómez Negocio, Juan Luna Entzín, Abelardo Girón Luna, Antonio Entzín López, Andrés Santiz Jiménez, Sebastián Gómez Arias, Cristóbal Ruiz Pérez, Miguel Vázquez Vázquez y María Vázquez Pérez. “Todos ellos, al parecer originarios del ejido Los Chorros y militantes del PRI y del Partido Cardenista (PC). Los heridos fueron trasladados de urgencia a San Cristóbal de Las Casas. Algunas de las víctimas fueron dadas de alta el mismo día. La agresión se llevó a cabo por un grupo embozado al parecer miembros del municipio autónomo. Las autoridades municipales autónomas lo negaron”.
El 27 de octubre por la mañana un grupo de paramilitares armado con rifles de alto poder, originario de Los Chorros, se trasladó a Chimix, en el norte del municipio. “Al llegar a la comunidad dispararon al aire para amedrentar a la población. De igual manera destrozaron la tienda de Manuel Pérez Luna y saquearon sus pertenencias”.
El CDHFBC relata: “Al día siguiente, 28 de octubre, los mismos individuos armados regresaron a Chimix. En esta ocasión la comunidad ya los esperaba. Se registró un enfrentamiento en el cual, según la subprocuraduría de Justicia, resultaron heridas cuatro personas”. El 12 de noviembre aparecería en Chimix el cadáver de Benito Moreno Hernández y la subprocuraduría informó que “había perdido la vida en el enfrentamiento”.
En la comunidad de Canolal, un grupo de priístas quemó el día 27 varias viviendas y expulsó a los simpatizantes del municipio autónomo. Los desplazados se refugiaron, al parecer, en la comunidad de Santa Cruz. Según estimaciones del CDHFBC, en esa ocasión se desplazaron unas mil 200 personas.
El 29 de octubre, Manuel Anzaldo Meneses (miembro del comité estatal del Partido Cardenista, “ex guerrillero” presunto, pues nunca lo fue, considerado en la región como uno de los líderes de los paramilitares, y a la sazón representante de un grupo, Los Chorros) dijo a la reportera Gabriela Coutiño del oficialista diario local Cuarto Poder “que la responsabilidad de todos los hechos violentos la tienen los zapatistas de la región”. Esa misma fecha, en las inmediaciones de Majomut, Lorenzo Jiménez fue arbitrariamente detenido por elementos de la SP y el juez municipal. “Ante la protesta de los vecinos y la exigencia de que mostraran alguna orden de aprehensión fue liberado”.
El 3 de noviembre, el municipio autónomo de San Andrés Sakamch’en acusó al gobernador Julio César Ruiz Ferro de “armar” a paramilitares y guardias blancas. El consejo informó también que Cirilo Hernández López, su secretario municipal, fue sobornado por las autoridades priístas con un típico cañonazo de 50 mil pesos. Ni un peso más ni menos, para robar un vehículo. Él mismo reconoció luego que Marcos Hernández López (presidente municipal priísta de San Andrés) “le platicó que al principio existían 50 guardias blancas, pero que en los días recientes se han incrementado en todo el municipio, y que reciben entrenamiento militar en la casa del padre Diego Andrés Locket (quien siempre se enfrentó a la diócesis indígena de Samuel Ruiz) para atacar a los ‘perredistas’. Dijo Marcos Hernández que primero recibió 100 armas que mandó el gobernador del estado y recientemente recibió más y que lo repartieron en la noche en la casa del sacerdote” (La Jornada, 4 de noviembre).
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jueves, 20 de diciembre de 2007
REPORTAJE /A diez años de Acteal
16 de noviembre del 2007
Ni mediación ni diálogo, mensaje del atentado, dice el EZLN
Ataque a comitiva de Samuel Ruiz desata alarma mundial
El 4 de noviembre de 1997, tres campesinos son heridos de bala
Tres días después, la hermana del obispo es agredida a martillazos
Los responsables de los enfrentamientos son los priístas y sus guardias blancas pagadas por el gobierno, insiste el concejo autónomo de Polhó días antes de la matanza. Los desplazados por la violencia viven a la intemperie y sin lo elemental para subsistir
Hermann Bellinghausen /XII
El 4 de noviembre de 1997, una comitiva donde viajan los obispos de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García y Raúl Vera, es atacada a tiros en el municipio de Tila. Resultan heridos de bala los campesinos José Pedro Pérez, José Vázquez y Manuel Pérez. El atentado se atribuye a Paz y Justicia, y esta organización se deslinda. La alarma es de alcance internacional. Dos días después, la hermana del obispo Ruiz García, María de la Luz, es agredida a martillazos y herida de gravedad. El día 7, de manera inusual, la comandancia zapatista se solidariza con la diócesis de San Cristóbal y afirma en un comunicado que los atentados “tienen el objetivo de hacer llegar al EZLN un mensaje claro: ‘Ni mediación, ni diálogo, ni paz’” (La Jornada, 5 a 10 de noviembre).
El día 10, el concejo autónomo de Polhó reitera: “los responsables de los enfrentamientos en Chenalhó son los priístas y sus guardias blancas, pagadas por el gobierno”. Condiciona el diálogo a la desaparición de las guardias blancas y el retiro de policía y Ejército federal de las comunidades. Y asevera que “nuevamente han llegado amenazas y rumores de que los priístas atacarán Polhó” (La Jornada, 11 de noviembre).
El mismo día, el ayuntamiento priísta de Chenalhó “pide” públicamente –mediante un escrito– a “las dirigencias del EZLN y el PRD” que llamen a “sus simpatizantes y militantes para que encaucen su lucha en forma pacífica”. Asimismo, niega la acusación de que los enfrentamientos en el municipio han sido entre priístas. “Son los del EZLN y el PRD los que han agredido con armas de fuego a los militantes del PRI y del Frente Cardenista, sólo por no aceptar afiliarse a su organización”. El ayuntamiento oficial asegura que “en cuatro ocasiones ha tratado de conversar” con los autónomos, pero éstos “se han negado”. (Quien haya seguido este relato recordará que los intentos de diálogo habían sido interrupidos por incidentes y provocaciones gubernamentales, y los autónomos no aceptaban hablar en las condiciones imperantes de paramilitarización, ocupación policiaca y presencia militar.)
En Tuxtla Gutiérrez, el general Mario Renán Castillo Fernández, comandante de la séptima Región Militar, anuncia que será sustituido por el general José Gómez Salazar. El alto mando saliente pondera que en los tres años que ocupó el cargo, el combate al narcotráfico “fue frontal y agresivo, aunque falta mucho por hacer”, y que los soldados a su cargo nunca violaron la Ley para el Diálogo y la Reconciliación. Destaca la “labor social” de las tropas en comunidades indígenas; muchas incluso “la solicitaban” (La Jornada, 11 de noviembre).
A la mañana siguiente, priístas y cardenistas disparan por segundo día consecutivo sobre las casas de 18 familias simpatizantes del EZLN en Yibeljoj, a pocos kilómetros de Polhó, “por no cooperar en la compra de armas de los grupos paramilitares que están formando” (La Jornada, 12 de noviembre). En asamblea, la comunidad agredida decide no responder. El concejo autónomo informa que de Tzanembolom hay 455 refugiados, mil 200 de Chimix y un número no preciso de Canolal, Los Chorros, Yaxjemel, La Esperanza y Puebla.
Según reporta este diario, la situación es más dramática de lo que reflejan en sus rostros los voceros autónomos en Polhó. Uno de ellos tiene en la mano la denuncia que tomaron a un anciano que acaba de relatar los sucesos de Yibeljoj. “Se regresó rápido. No sabe si los disparos dieron en su familia”, comentan los concejales, pues el hombre fue sorprendido por la balacera en su milpa. Una huella digital firma su testimonio. “No sabemos si nos van a atacar. Los priístas y cardenistas armados están como a 2 mil metros de aquí”, dice el vocero, y señala hacia Majomut (La Jornada, 12 de noviembre).
“La presencia de miembros del Partido Cardenista en los ataques armados responde a la participación de ese partido en el ayuntamiento priísta”, agrega el concejo autónomo. “A gente de ellos también la agreden”. Y añade que la casa en Majomut del juez municipal oficial, Manuel Pérez Ruiz, “está convertida en cuartel de la Seguridad Pública, porque él está metido en los ataques”. Refiere la participación directa del funcionario en agresiones contra Las Abejas, el 21 de octubre, y zapatistas, el 29 de octubre. “El juez es de los que promueven la violencia”.
En la ciudad de México, el secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, asegura que el Ejército Mexicano “no adiestra ni fomenta grupos paramilitares en Chiapas”, al recibir en sus oficinas a una comisión del Senado. El legislador perredista Carlos Payán Velver cuestiona al general secretario sobre la guerra de baja intensidad y la “posible participación de miembros del Ejército” en el adiestramiento de dichos grupos (La Jornada, 13 de noviembre).
El concejo autónomo de Polhó realiza una asamblea a la que invita al gobierno oficial de Chenalhó, pero éste no acude, “pues su contraparte ha agredido a militantes del PRI” (La Jornada, 14 de noviembre). Los autónomos niegan haber agredido a miembros del tricolor en Chimix dos semanas atrás; dijeron que esa argumentación era una táctica “para no dialogar y seguir causando violencia”, y proponen una reunión conjunta para el próximo día 21.
Sirve recurrir a una cronología de los días posteriores. Allí se registra que el 14 de noviembre, cerca de San Andrés, sobre la carretera, en territorio chamula, tres personas descienden de un vehículo en marcha y sin placas, y ejecutan al maestro Mariano Arias Pérez, del PRI, quien había expresado públicamente su desacuerdo con las acciones de su partido en Chenalhó. Dos días después, durante su entierro en Yibeljoj, los priístas hacen disparos al aire y culpan a los zapatistas del crimen. Éstos huyen a Xoyep. Por ese deceso, el alcalde priísta Jacinto Arias Cruz amenaza de muerte al párroco de Chenalhó, Miguel Chanteau, en presencia de varias personas. (La Jornada, suplemento Masiosare, 14 de diciembre.)
Siguen los días de noviembre: “17, agresión y robos por parte de priístas armados en Acteal. 18, en Aurora Chica asesinan a varios pobladores. En Polhó, la Seguridad Pública arresta a tres autónomos; uno tiene 14 años. El día 19 hay tres desaparecidos en Polhó, entre ellos un niño de nueve años. Varias casas quemadas en Tzalalucum. A partir del 17 se generaliza la agresión: familias perredistas o zapatistas huyen de 10 comunidades. El día 29, coordinadas por el Centro Fray Bartolomé (CDHFBC) y la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, varias ONG visitan el norte de Chiapas y Chenalhó. Constatan la presencia de 700 desplazados que viven a la intemperie cerca de Polhó. El gobernador Julio César Ruiz Ferro habla de 800 desplazados en toda la entidad, pero su oficina de comunicación insiste a la prensa nacional en que “sólo son 500”. Sobre el terreno, se calcula que cuando menos hay 3 mil en Chenalhó (y en aumento), y más de 4 mil en la zona norte.
A su vez, el CDHFBC reporta que el día 15 fue asesinado Jacinto Vázquez Luna, en Bajo Beltik, mientras estaba en su cafetal. “Era padre de tres hijos y simpatizante del municipio autónomo. Su cadáver permaneció tirado en su cafetal”. Posteriormente, priístas de Los Chorros se enfrentaron en las proximidades de Pechiquil con un grupo de simpatizantes del municipio autónomo cuando éstos se dirigían a levantar el cuerpo de Vázquez Luna. Dicho grupo no pudo rescatarlo y retornó a sus comunidades. En tanto, el grupo priísta quemó al menos una casa en Pechiquil”.
El 20 de noviembre, el municipio autónomo de Polhó envía un comunicado a la Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación) y a la Conai (Comisión Nacional de Intermediación), convocándolas para que intervengan en el conflicto. Ese día, un grupo de ciudadanos y organizaciones sancristobalenses manifiesta: “Los cuerpos de Seguridad Pública destacamentados en la cabecera municipal, Puebla, Yaxjemel, Majomut, Los Chorros, Yibeljoj, Jobeltik, Kanolal y Tzanembolom pululan por los caminos y comunidades; se meten en las parcelas y siembran terror por todas partes, impidiendo que la gente coseche sus milpas y aumentando aún más la difícil situación de los pobres. ¿Están los policías buscando la paz y la reconciliación, como insiste el gobierno, o más bien protegen y azuzan a quienes tienen interés en continuar esta guerra civil? ¿Cuántos muertos más espera el gobierno para afrontar sus responsabilidades?”
El día 21, miembros de Las Abejas piden ayuda: 80 familias (408 personas) de Yibeljoj “se encuentran en una grave situación por falta de medicamentos, ya que estamos viviendo en Xoyep sin ninguna clase de ayuda”.
Ha estallado el nuevo gran problema: los desplazados, cuyo número crece en condiciones críticas, bajo lluvias invernales, sin techo, casi sin ropa. Sin alimentos. Sin medicinas. Sin. Sin. Sin.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/16/index.php?section=politica&article=014r1pol
17 de noviembre del 2007
Miles de desplazados, sin ayuda ni forma de conseguir comida
Crecen la violencia, muertes y miseria entre indígenas
Autoridades autónomas y constitucionales de Chenalhó se reúnen
Comienza la persecución contra observadores internacionales
Pese a las evidencias del clima de hostilidad denunciado por el concejo autónomo, el gobierno señala que los problemas se van resolviendo y niega que se quemen casas y se esté asesinando a zapatistas y perredistas
Hermann Bellinghausen/ XIII
El 24 de noviembre de 1997, el concejo autónomo de Polhó envía una carta invitando a los legisladores de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) a colaborar en la mediación del conflicto, convocando a un diálogo para el día 29 en Polhó. También informa que existen más de 4 mil 500 desplazados.
La Unión de Ejidos y Comunidades Majomut, que reúne a caficultores de las distintas filiaciones políticas, notifica que la cosecha de más de 20 mil sacos de la semilla está en riesgo a consecuencia de la violencia.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) recibe informaciones de que elementos de Seguridad Pública acompañan y dan protección a militantes priístas para cosechar café en predios de los zapatistas. El día 25 en los barrios de Acteal son quemadas cuatro casas de simpatizantes zapatistas por al menos 15 personas armadas. Se reporta “gran tensión” en Pechiquil, donde Hilario Guzmán Luna y Pablo Hernández Pérez, “ex militar” y actual agente municipal, dirigen un grupo de paramilitares (La Jornada, 26 de noviembre*). Simultáneamente, el síndico del municipio oficial Agustín Gutiérrez Pérez solicita la presencia del Ejército federal en el poblado “para salvaguardar el orden”.
Priístas de Pechiquil instalan un “control” en el camino; entre ellos se identifica un grupo de 20 personas en uniforme oscuro y botas “parecidas a las del Ejército; el resto porta el tradicional calzado de hule”. La secretaría de Gobierno de Chiapas en una inserción pagada (27 de noviembre) declara solemnemente: “en la comunidad de Acteal ninguna vivienda ha sido quemada.”
Aniquilar las bases de apoyo, misión del gobierno
Al día siguiente, el comandante David dice a La Jornada que “el objetivo principal de la violencia promovida por el gobierno en Chenalhó y otros municipios a través de guardias blancas y grupos paramilitares, es destruir a las bases de apoyo del EZLN”, y que “aunque el gobierno dice diariamente que en Chiapas se van resolviendo los problemas, todo es mentira porque lo que crece es la violencia, la persecución, la muerte y el encarcelamiento de muchos compañeros”.
El 29 de noviembre un helicóptero del gobierno del estado aterriza en Canolal llevando gente que dice ser de “derechos humanos”, y que “regresaría al rato para acabar con los zapatistas y la sociedad civil”. El primero de diciembre, el secretario de Pueblos Indígenas, Antonio Pérez Hernández, en el contexto de una visita de observadores nacionales e internacionales, “acusa a forasteros de ser causantes de la violencia”. Por su parte, la Secretaría de Gobernación instala un retén migratorio “coyuntural” en la carretera a San Pedro Chenalhó.
El concejo autónomo de Polhó informa de cuatro casas de zapatistas quemadas por priístas en Takiukum y Yibeljoj. El subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín, en otra inserción pagada, desmiente al gobierno autónomo, a pesar de la publicación de fotografías de las viviendas destruidas, en distintos diarios del país: “En Chenalhó no ha sido quemada ninguna casa” (3 diciembre).
El 30 de noviembre, un grupo de observadores constata “la dramática situación de los desplazados”. Según la diputada perredista Patria Jiménez, “es urgente hacer algo por ellos antes que comiencen a morir de hambre y frío porque ya no aguantan más” (primero de diciembre). En Chenalhó “se propicia la descomposición social y la guerra entre hermanos de manera muy clara”, por lo cual hay que detener la violencia “antes de que sea demasiado tarde”. En el mismo sentido se pronuncia la Misión Civil Nacional e Internacional para la Paz en Chiapas tras recorrer las comunidades (4 de diciembre) y constatar la “connivencia y complicidad abierta de la SP y los paramilitares”, así como la presencia de personas uniformadas y con cuernos de chivo en Pechiquil.
El 2 de diciembre, el consejo autónomo revela la existencia de “un enorme grupo de desplazados en el monte, no lejos de Xcumumal, junto con numerosos desplazados de Chimix, Joveltik, Canolal y Tzanembolom. Estos no reciben ayuda alguna y no pueden salir a buscar comida”. Según testimonios, se trata de casi 2 mil personas en las peores condiciones.
Las movilizaciones y protestas contra el gobierno mexicano se multiplican en el mundo. Los desplazados de Chenalhó aparecen en los noticieros de CNN y las principales televisoras de España, Italia, Francia, Portugal, Reino Unido y Suecia (4 de diciembre). Ricardo Rocha inicia el día 7 su memorable cobertura sobre los desplazados en Detrás de la noticia, de Televisa. Al mismo tiempo, aumentan las denuncias contra los agentes de migración. Lo nuevo es perseguir a los observadores internacionales, ahuyentarlos de Chenalhó. Eso garantizará que dos semanas después, cuando suceda la masacre, no haya ningún testigo extranjero en el área (salvo un par de campamentistas europeos en Polhó).
El día 5 se reúnen por fin los autónomos y el ayuntamiento priísta en el crucero de Las Limas, en Chenalhó. Los priístas denuncian la muerte de Lucio Gómez Guillén en Tzanembolom el día anterior. Los autónomos dicen que no pudieron ser zapatistas los autores pues ya no queda ninguno en esa comunidad. Dos horas después de la reunión llega la noticia de otro muerto priísta en Chimix. El alcalde oficial había notificado que los desplazados de su partido ya recibían ayuda del gobierno estatal en Pechiquil, Aurora Chica, Chimix y Puebla (6 de diciembre), comunidades en poder de los paramilitares.
La violencia no se detiene. El día 10, el consejo de Polhó acusa al edil priísta de incumplir los acuerdos mínimos de Las Limas. El día 12 las partes vuelven a reunirse en el mismo lugar. La Jornada reporta:
Se necesitaron cuatro mesas de madera, 70 sillas (y una treintena de muertos, casi 6 mil desplazados, incontables casas quemadas) para la primera negociación efectiva entre las distintas autoridades municipales de Chenalhó. Frente a frente, el ayuntamiento constitucional y el concejo municipal autónomo. Jacinto Arias Cruz encabeza la representación priísta, con agentes municipales y cabildo, y sólo muy de vez en cuando dirige la mirada a Domingo Pérez Paciencia, presidente del concejo autónomo, quien no deja de mirarlo con una cierta sonrisa detenida en los labios.
Buena parte de las intervenciones son en tzotzil. Participan como testigos representantes del gobierno estatal, la Comisión Nacional de Intermediación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su sucursal estatal y el CDHFBC. Hay 11 puntos a discutir según los autónomos, ocho según los constitucionales, sobre la cancha de basquetbol de la primaria, en el crucero de Chalchihuitán, punto intermedio entre Chenalhó y Polhó.
“Tenemos que pensar cuál punto urge para una paz justa”, dice un agente del concejo autónomo. En eso están todos de acuerdo. Hay que detener la violencia. También participan ex presidentes municipales de Chenalhó y representantes de las organizaciones Majomut y Las Abejas. De la gravedad de lo que se disputa depende la paz.
Diálogo y disparos
Durante la reunión, que se lleva todo el día, pasan por la carretera grandes camiones de la policía, convoyes militares y un conspicuo Volkswagen rojo que, según comenta uno de Las Abejas, “es el automóvil con el que patrullan los paramilitares”.
Esta mañana hubo varios disparos en Tzajalucum, un pueblo abandonado por sus pobladores, cuando se dirigían allá representantes de organismos civiles y del gobierno chiapaneco. No acaba de decir Gustavo Moscoso, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que el encuentro “llena de alegría al gobierno del estado”, cuando el priísta Arias Cruz informa que se están quemando casas y hay disparos en ese momento en Chimix.
“Caras vemos, el corazón no sabemos”, había dicho poco antes el propio Arias, echando rápidos brillos de su dentadura de oro. Sugiere que eso impide la negociación. Las pláticas anteriores se han suspendido por incidentes durante el encuentro. Hoy no es así. Se decide que las partes sigan negociando mientras va una comisión a verificar lo que sucede en Chimix. La comisión acude al mencionado pueblo, donde las casas destruidas y baleadas de los perredistas y zapatistas dan testimonio de lo que ha ocurrido en las semanas recientes. La versión resulta falsa. La guarnición policiaca de Chimix, en voz del segundo oficial Vicente González Castellanos, detalla que “todo está tranquilo. No hemos recibido reportes”.
La negociación en Las Limas llega a una firma conjunta. Curiosamente, una vez que regresó la comisión enviada a Chimix, ya nadie del cabildo priísta se interesa en que se informe de su denuncia. Domingo Pérez Paciencia, presidente autónomo, comenta: “cara se ve, el corazón no se sabe”.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/17/index.php?section=politica&article=012r1pol
18 de noviembre del 2007
Planea el gobierno un ataque contra representante del Vaticano
Provocaciones montadas para preparar el escenario
La paz es sólo una figura retórica en el discurso zedillista
El diálogo, una simulación para continuar con la violencia
Ante la evasión del gobierno por resolver el conflicto, el EZLN alerta sobre el verdadero carácter del PRI: “el de enemigo de los pueblos indios y exterminador de zapatistas”
Hermann Bellinghausen/ XIV
El 12 de diciembre de 1997, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) del EZLN informa “sobre la situación de miles de indígenas zapatistas, perseguidos, asesinados y desalojados de sus tierras en el municipio de San Pedro de Chenalhó”, donde más de 6 mil desplazados de guerra “son el resultado de los ataques de bandas paramilitares y la policía del estado, dirigidas ambas por el gobierno estatal con beneplácito del federal” (La Jornada, 15 de diciembre*).
“Tan sólo en la comunidad de Xcumumal se encuentran refugiados más de 3 mil 500 indígenas. Están completamente aislados, sitiados por guardias blancas y policías de SP. Los zapatistas de Chenalhó viven a la intemperie y sufren, además de la falta de vivienda, vestido y alimentación, enfermedades que alcanzan ya el rango de epidemias”, agregaba el CCRI.
“El gobierno federal, el estatal y el PRI, lejos de detener su ola de agresiones, intentan darle largas a la solución del problema principal, que es la desaparición de sus grupos paramilitares y el retorno de los desplazados a sus comunidades. Mientras finge dialogar, el priísmo chiapaneco se dedica al saqueo y destrucción de las pertenencias de los expulsados de sus comunidades. Café, ganado, ropa y utensilios domésticos se reparten entre los paramilitares como botín de una guerra en la que hasta ahora sólo ha disparado uno de los lados, el del gobierno y su partido”.
La comandancia zapatista fija su posición: “El PRI revela su verdadero carácter: el de enemigo de los pueblos indios y uno de los ejecutores de la política de exterminio que desde el gobierno federal se sigue contra los zapatistas. En días recientes la prensa nacional e internacional ha mostrado la grave situación que padecen los indígenas zapatistas de Chenalhó. Lo visto en los medios es sólo un pequeño botón de la gigantesca muestra de intolerancia y crimen con que el PRI y los gobiernos federal y estatal pretenden doblegar la rebeldía zapatista. El hecho innegable de que indígenas estén siendo asesinados y perseguidos, sin que ellos respondan a las agresiones, ha generado una opinión pública desfavorable al gobierno mexicano”.
Planean ataques
Para remontar dicha corriente adversa, “los gobiernos estatal y federal y sus grupos paramilitares planean agredir físicamente al representante del Vaticano, Justo Mullor, durante su (próxima) visita a Chiapas”. El plan de los paramilitares y el gobierno “es presentar estos atentados como realizados por comandos del EZLN y, para esto, equipan a sus sicarios con uniformes y distintivos del EZLN”. Las “apariciones” recientes de grupos armados presuntamente zapatistas en Las Margaritas y otros puntos de la geografía chiapaneca son “provocaciones montadas para preparar el escenario que buscan”. Frente a esto, el EZLN dice: “Como desde el inicio del diálogo, las tropas zapatistas se mantienen en sus cuarteles de montaña y no han realizado ni realizan ningún movimiento ofensivo o fuera de sus posiciones”.
El comunicado añade: “Además de implicar al EZLN en la agresión proyectada contra el nuncio, el gobierno trata de echar tierra al atentado que Paz y Justicia perpetró contra los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, y quitar la atención mundial que el caso de miles de indígenas desplazados por bandas priístas en Chenalhó ha provocado a últimas fechas”.
En lugar de urdir “complicados complots” como argumento para emplear a fondo la opción militar, el gobierno federal “debería detener a sus paramilitares, permitir el retorno de los miles de desplazados de guerra y cumplir sin dilación su palabra empeñada en San Andrés Sacamchén de los Pobres. Así se contribuiría al diálogo y la paz empezaría a dejar de ser una figura retórica en el discurso zedillista”.
El EZLN hace un “llamado urgente” a la sociedad civil nacional e internacional “para que acuda en ayuda de nuestros hermanos de Chenalhó”. La situación “es dramática, de vida o muerte para miles de indios rebeldes que creen todavía que su lucha no es contra otros indígenas, sino contra el sistema que los condena a la muerte y el olvido”.
El drama de los desterrados
En tanto, el presidente en turno de la Cocopa, Carlos Payán Velver, declara que la situación es “muy grave” y “es imprescindible que toda la sociedad empiece a reclamar y preocuparse” (13 de noviembre). Las imágenes mostradas en televisión por Ricardo Rocha perturban a millones de personas en el país. El suplemento Masiosare de La Jornada publica el día 14 el reportaje de Blanche Petrich “La tragedia de los desplazados”. Ya nadie puede decir que Chenalhó es un secreto. Así retrata la enviada la vida de un “campamento”:
Xoyeb es un caserío a medio camino entre Polhó y Yabteclum, al lado de un ocotal, en una hondonada entre cerros. Son 13 casitas familiares, tablas y techo de zinc entre milpas y platanares. Todas han abierto sus puertas para compartir lo poco que tienen con la oleada de recién llegados, sus vecinos.
Estos 488, contando dos recién nacidos, son de Yibeljoj. Están en dos “campamentos”, mínimas techumbres de hojas de plátano. A los más enfermos los alojan dentro de las casas o bajo los pocos plásticos disponibles, porque es invierno y llueve constantemente. Expulsados de su tierra ancestral, llevan dos meses en el paraje. El promotor de salud estima que 80 por ciento de los niños y 60 por ciento de adultos padecen fiebre. Hay disentería, enfermedades respiratorias y gastrointestinales, tifoidea, alto riesgo de cólera.
En uno de estos cobertizos minúsculos está Zenaida. Tiene 16 años. Su primer hijo, los ojos adormilados por la calentura, la pancita inflamada de bichos, gatea sobre el lodo. Todavía no come tortilla y quiere chichi. Pero su mamá lo mira sin ver, se abraza las rodillas, se queja: a ella también le duele el vientre y su falda azul añil está empapada en sangre. Su segundo hijo ya no va a nacer. Y no hay antibióticos, ni siquiera una asipirina, para ayudarla a soportar las secuelas del aborto. Su tía, arrodillada a su lado, hilvana frases en tzotzil. Su marido se mantiene en silencio. Nada pueden hacer por Zenaida. Ni un té.
Cuando amanece en los campamentos ya ninguna mujer está bajo las palapas. De las chimeneas sale humo. Cada casa es una cocina colectiva. Centenares de manos cooperan para atizar los fogones, partir la leña, cocer el maíz, molerlo, echar tortillas. Tocarán dos o tres a cada quien. Para toda la jornada. Hasta mañana.
Al mediodía todos habrán cumplido alguna tarea. Aprovechando un poquito de sol, los hombres tienden sus camisas mojadas. Las mujeres secan sus huipiles sobre sus cuerpos. Se espulgan el cabello mutuamente y platican. Y los niños, en medio del drama, ríen.
El último diálogo de paz
Una nueva reunión de priístas y zapatistas en Las Limas el martes 16 alcanza la firma de un “acuerdo de no agresión”, y mientras los rebeldes insisten en que lo cumplirán y llaman a la Cruz Roja Internacional y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), ese mismo día es asesinado por un grupo de encapuchados un destacado priísta de Quextic, Agustín Vázquez Secum, quien se oponía abiertamente a la paramilitarización de su gente (16 a 20 de diciembre).
De inmediato, el ayuntamiento oficial culpa a los zapatistas y hasta asegura que los sobrevivientes del ataque reconocieron en dos de los agresores a bases zapatistas (versión única que recogerá la PGR en sus pesquisas, según El Libro blanco de Acteal, 1998, y a partir de ahí los sucesivos “historiadores” por encargo, pues con esa pieza se terminó de armar la explicación oficial de lo que sucedería en Acteal seis días después).
Esa misma noche, Las Abejas cuentan los hechos de otro modo: “La emboscada fue realizada por priístas de La Esperanza, que mantienen diferencias con los priístas de Quextic”. La información coincide con la del concejo autónomo de Polhó (18 de diciembre), el cual abunda que en esa zona del muncipio ya no quedan zapatistas. Estas informaciones serán ignoradas en adelante por las autoridades, pues no cuadran con la “explicación” del “conflicto intercomunitario e interfamiliar” que la PGR intentará imponer inmediatamente después de la masacre, en voz del procurador Jorge Madrazo Cuéllar (27 de diciembre).
El día 19 fracasa el último intento de negociación en Las Limas. Los autónomos no asisten, pues no consideran que haya condiciones de seguridad para el traslado de su delegación. El edil priísta Jacinto Arias Cruz se opone a que el lunes 22 se cite a una reunión en Las Limas con la comisión de verificación de acuerdos, así como a fijar fecha para un nuevo intento de negociación (20 de diciembre). “Luego les avisamos”, dice Arias Cruz a los mediadores. Los priístas ya no avisarán.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/18/index.php?section=politica&article=010r1pol
19 de noviembre del 2007
“Supimos ayer que nos iban a atacar, pero no lo creíamos”
22 de diciembre: la masacre
Zapatistas previeron agresión e instaron a Las Abejas a marcharse
Las víctimas decidieron permanecer en el sitio, orando
En la sala de urgencias del hospital civil se oyen los lamentos de las mujeres heridas. Otras están inconscientes. Cuatro niños pequeños tienen un brazo destrozado, el cuello perforado o el cráneo abierto por balas de alto calibre
Hermann Bellinghausen /XV
Desde San Cristóbal de Las Casas, La Jornada reporta la noche del 22 de diciembre de 1997 el acto más violento de la guerra sin nombre de Chenalhó: una masacre en la comunidad de Acteal. Manuel Pérez Pérez, sobreviviente, al borde de las lágrimas informa que la Cruz Roja contó por lo menos 16 muertos. Otros testigos consideran que pueden ser más. “Supimos ayer que nos iban a atacar, pero no lo creíamos”, expresa Manuel. “Murieron mujeres y niños de muchos tamaños”. Su hijo Pedro, de nueve años, fue herido en la pierna. “Ahí está destrozado”, dice y señala hacia el hospital de campo del IMSS (23 de diciembre).
Hasta el momento se desconoce el número de lesionados y muertos, pero el reportero vio 11 heridos graves en el nosocomio civil y confirmó otros cuatro en el IMSS. Al cierre de edición de La Jornada ya hay otros 10.
En la sala de urgencias del hospital civil se oyen los lamentos de las mujeres heridas. Otras están inconscientes. Cuatro niños pequeños tienen un brazo destrozado, el cuello perforado o el cráneo abierto por balas de alto calibre.
El personal médico apenas se da abasto y lucha denodadamente por curar a los heridos. Una mujer en camilla tiene ya suturadas cinco grandes lesiones en distintas partes del cuerpo. Mariano no habla; en otra camilla, con los ojos muy abiertos, sólo espera que lo terminen de suturar. También está una niña de gran abdomen.
“Son los priístas, ya los conocemos”
A las 11 de la mañana empezaron a tirar desde el monte. “Se venían sobre nosotros. Son los priístas, ya los conocemos”, afirma Manuel, también representante de Las Abejas. No puede ocultar su angustia por los demás sobrevivientes. “Vayan por ellos. Se necesita un camión grande para sacarlos”. Relata que aún después de que llegaron elementos de Seguridad Pública (SP) los priístas seguían disparando.
Se supo que más tarde los agresores atacaron una ambulancia y le impidieron el paso hacia Acteal. “Murieron mujeres, hombres, esposos; la mujer sola o el hombre solo. Hubo niños a los que se murió su papá, su mamá”.
En otra nota de esa fecha, La Jornada reporta que los priístas armados iniciaron el lunes una violenta ofensiva contra los desplazados en Acteal, dejando por lo menos 25 heridos con arma de fuego y muchos muertos. Desde temprano, algunos pobladores se refugiaron en la ermita de la localidad, que después fue ametrallada. Considerada por el concejo autónomo de Polhó la agresión “más violenta” que grupo paramilitar haya realizado desde la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la embestida contra los desplazados, según los testigos, fue organizada con varios días de antelación y participaron por lo menos 60 hombres fuertemente armados.
Javier Jiménez Luna, miembro de la sociedad civil de Acteal, y el concejo autónomo de Polhó aseguraron que los desplazados fueron atacados por diferentes frentes para evitar que escaparan; habrían participado priístas de las comunidades de Los Chorros, Puebla, La Esperanza y Quextic. De Puebla es originario el presidente municipal priísta Jacinto Arias Cruz.
Hasta la medianoche del lunes, organismos de derechos humanos y de salud habían reportado por lo menos 25 heridos de bala. La mayoría fueron trasladados a San Cristóbal. Los indígenas refugiados en Acteal son originarios de Tzajalucum, Chimix y Quextic. Habitantes de las dos primeras habían sido agredidos el mes pasado por el grupo priísta, que quemó casas y se robó parte de la producción de los zapatistas y Las Abejas.
Desde principios de diciembre los priístas habían amenazado con agredir a los desplazados, pero el inicio del diálogo de paz entre ambas partes contuvo la violencia. El pasado 19, los representantes del PRI, encabezados por el alcalde Arias Cruz, rompieron las pláticas, argumentando que los zapatistas habían secuestrado a un priísta que estaba “amarrado y sin comida” en Acteal. Una delegación, encabezada por el secretario de la Comisión Nacional de Intermediación, Gonzalo Ituarte, encontró sana y salva a la persona a la que se referían los priístas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) aseveró que el secretario de Gobierno, Homero Tovilla, fue enterado a mediodía por Gonzalo Ituarte del ataque. El funcionario manifestó que velaría por los pobladores. Sin embargo, elementos de SP permanecieron a 200 metros del sitio del ataque, sin intervenir.
Por la mañana se informó que la SP se asentó en Acteal, una de las zonas de Chenalhó más afectadas por la violencia en el último mes, donde se encuentran refugiadas cientos de personas. El CDHFBC confirmó lo anterior y señaló que en Acteal se formó una comisión de cuatro personas, un hombre y tres mujeres, para alertar a los policías de lo que acontecía. El hombre fue detenido. Sabía demasiado.
Últimas vísperas
Éstas fueron las primeras noticias. Finalmente había ocurrido lo inimaginable, y a la vez predecible. Los días anteriores habían arreciado las denuncias, los llamados, los testimonios. Llegó a Chiapas la ex primera dama francesa Danielle Mitterrand con la intención de visitar a los refugiados. Los acontecimientos le impidieron hacerlo. El 18 de diciembre, el nuevo embajador del Vaticano en México, Justo Mullor, en una visita muy anunciada y destacada, fue recibido por el gobernador Julio César Ruiz Ferro en Tuxtla Gutiérrez con estas palabras: “Es necesario que todos volquemos nuestra acción, deber y conciencia para consolidar la paz” (19 de diciembre), y aseguró que la visita del nuncio ayudaría en tal sentido. Durante su gira, Mullor también fue interpelado directamente por la dirigencia de Paz y Justicia en Tila, pero la visita, pese a los temores, concluyó sin contratiempos.
Días atrás, el parroco de Chanalhó, Miguel Chanteau, había dado una entrevista a La Jornada. Pese a la modernidad, expuso, “hay valores que deberían permanecer, rescatarse en las comunidades: el sentido comunitario, la igualdad, el servicio gratuito” (15 de diciembre). La Secretaría de Gobernación obstaculizaba por entonces su situación migratoria; lo expulsaría del país en febrero de 1998. En la entrevista recordó lo sucedido poco antes. Su vecino en Chenalhó, el alcalde Arias Cruz, le había dicho: “si no controla a su gente, algún día lo vamos a matar. Se lo digo en su cara, padre. Vamos a quemar su cuerpo para que no se enfermen los gusanos”. Chanteau comentaba: “me puse a pensar mucho en esa frase. Ése es el lenguaje que utilizan los muchachos paramilitares”.
El domingo 21 de diciembre, el suplemento Masiosare titulaba una serie de entrevistas como “Se preparan días sangrientos”. El poeta Óscar Oliva declaraba ahí: “No puedo decir, como el gran poeta Octavio Paz hace unos días al dejarse abrazar por el señor Zedillo, que en México se preparan nuevos días y que serán de luz. Esto no será posible mientras se estén preparando más días sangrientos”.
Las noticias eran alarmantes. El día 21, dos indígenas de Las Abejas lograron escapar de la comunidad de Pechiquil. Vicente Pérez Pérez y Vicente Ruiz Pérez, originarios de Tzajalucum, burlaron la vigilancia de los paramilitares y huyeron, el primero hacia Acteal y el segundo a San Cristóbal de las Casas. Los dos confirmaron que unos 70 integrantes de su organización estaban secuestrados en Pechiquil (22 de diciembre).
Estas personas “son amenazadas si hablan con extraños; los obligan a trabajos forzados, a robar en comunidades cercanas y a realizar guardias, tomar armas y posiciones en lugares estratégicos para responder a un ‘posible’ ataque zapatista”, añade el corresponsal. “Las mujeres secuestradas son obligadas a cocinar para los paramilitares, en jornadas de 14 horas”.
Ese día, víspera de la masacre, La Jornada estuvo en los campamentos de desplazados en Acteal. Se hablaba de que los priístas armados se estaban reuniendo en la parte alta de Acteal, donde queda la comunidad propiamente dicha. Se distinguían grupos de hombres apostándose en las laderas, al otro lado de la carretera. En las partes bajas del poblado estaban los dos campamentos de desplazados. Primero, en una hondonada, el de Las Abejas; más lejos, tras una loma, el de las bases zapatistas. Todo, a menos de cinco kilómetros por carretera de la sede autónoma de Polhó.
Testimonios posteriores confirmaron que antes de la madrugada del lunes 22 los desplazados zapatistas alertaron a Las Abejas de un posible ataque y les aconsejaron trasladarse a Polhó. La mayoría de Las Abejas determinó permanecer en el lugar, orando. Confiaban en que Dios los iba a proteger. No pensaban defenderse. Los zapatistas sí se marcharon, y su campamento estaba desierto al iniciarse el ataque paramilitar. Toda la mañana se escuchó la balacera.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/19/index.php?section=politica&article=012r1pol
Ni mediación ni diálogo, mensaje del atentado, dice el EZLN
Ataque a comitiva de Samuel Ruiz desata alarma mundial
El 4 de noviembre de 1997, tres campesinos son heridos de bala
Tres días después, la hermana del obispo es agredida a martillazos
Los responsables de los enfrentamientos son los priístas y sus guardias blancas pagadas por el gobierno, insiste el concejo autónomo de Polhó días antes de la matanza. Los desplazados por la violencia viven a la intemperie y sin lo elemental para subsistir
Hermann Bellinghausen /XII
El 4 de noviembre de 1997, una comitiva donde viajan los obispos de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García y Raúl Vera, es atacada a tiros en el municipio de Tila. Resultan heridos de bala los campesinos José Pedro Pérez, José Vázquez y Manuel Pérez. El atentado se atribuye a Paz y Justicia, y esta organización se deslinda. La alarma es de alcance internacional. Dos días después, la hermana del obispo Ruiz García, María de la Luz, es agredida a martillazos y herida de gravedad. El día 7, de manera inusual, la comandancia zapatista se solidariza con la diócesis de San Cristóbal y afirma en un comunicado que los atentados “tienen el objetivo de hacer llegar al EZLN un mensaje claro: ‘Ni mediación, ni diálogo, ni paz’” (La Jornada, 5 a 10 de noviembre).
El día 10, el concejo autónomo de Polhó reitera: “los responsables de los enfrentamientos en Chenalhó son los priístas y sus guardias blancas, pagadas por el gobierno”. Condiciona el diálogo a la desaparición de las guardias blancas y el retiro de policía y Ejército federal de las comunidades. Y asevera que “nuevamente han llegado amenazas y rumores de que los priístas atacarán Polhó” (La Jornada, 11 de noviembre).
El mismo día, el ayuntamiento priísta de Chenalhó “pide” públicamente –mediante un escrito– a “las dirigencias del EZLN y el PRD” que llamen a “sus simpatizantes y militantes para que encaucen su lucha en forma pacífica”. Asimismo, niega la acusación de que los enfrentamientos en el municipio han sido entre priístas. “Son los del EZLN y el PRD los que han agredido con armas de fuego a los militantes del PRI y del Frente Cardenista, sólo por no aceptar afiliarse a su organización”. El ayuntamiento oficial asegura que “en cuatro ocasiones ha tratado de conversar” con los autónomos, pero éstos “se han negado”. (Quien haya seguido este relato recordará que los intentos de diálogo habían sido interrupidos por incidentes y provocaciones gubernamentales, y los autónomos no aceptaban hablar en las condiciones imperantes de paramilitarización, ocupación policiaca y presencia militar.)
En Tuxtla Gutiérrez, el general Mario Renán Castillo Fernández, comandante de la séptima Región Militar, anuncia que será sustituido por el general José Gómez Salazar. El alto mando saliente pondera que en los tres años que ocupó el cargo, el combate al narcotráfico “fue frontal y agresivo, aunque falta mucho por hacer”, y que los soldados a su cargo nunca violaron la Ley para el Diálogo y la Reconciliación. Destaca la “labor social” de las tropas en comunidades indígenas; muchas incluso “la solicitaban” (La Jornada, 11 de noviembre).
A la mañana siguiente, priístas y cardenistas disparan por segundo día consecutivo sobre las casas de 18 familias simpatizantes del EZLN en Yibeljoj, a pocos kilómetros de Polhó, “por no cooperar en la compra de armas de los grupos paramilitares que están formando” (La Jornada, 12 de noviembre). En asamblea, la comunidad agredida decide no responder. El concejo autónomo informa que de Tzanembolom hay 455 refugiados, mil 200 de Chimix y un número no preciso de Canolal, Los Chorros, Yaxjemel, La Esperanza y Puebla.
Según reporta este diario, la situación es más dramática de lo que reflejan en sus rostros los voceros autónomos en Polhó. Uno de ellos tiene en la mano la denuncia que tomaron a un anciano que acaba de relatar los sucesos de Yibeljoj. “Se regresó rápido. No sabe si los disparos dieron en su familia”, comentan los concejales, pues el hombre fue sorprendido por la balacera en su milpa. Una huella digital firma su testimonio. “No sabemos si nos van a atacar. Los priístas y cardenistas armados están como a 2 mil metros de aquí”, dice el vocero, y señala hacia Majomut (La Jornada, 12 de noviembre).
“La presencia de miembros del Partido Cardenista en los ataques armados responde a la participación de ese partido en el ayuntamiento priísta”, agrega el concejo autónomo. “A gente de ellos también la agreden”. Y añade que la casa en Majomut del juez municipal oficial, Manuel Pérez Ruiz, “está convertida en cuartel de la Seguridad Pública, porque él está metido en los ataques”. Refiere la participación directa del funcionario en agresiones contra Las Abejas, el 21 de octubre, y zapatistas, el 29 de octubre. “El juez es de los que promueven la violencia”.
En la ciudad de México, el secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, asegura que el Ejército Mexicano “no adiestra ni fomenta grupos paramilitares en Chiapas”, al recibir en sus oficinas a una comisión del Senado. El legislador perredista Carlos Payán Velver cuestiona al general secretario sobre la guerra de baja intensidad y la “posible participación de miembros del Ejército” en el adiestramiento de dichos grupos (La Jornada, 13 de noviembre).
El concejo autónomo de Polhó realiza una asamblea a la que invita al gobierno oficial de Chenalhó, pero éste no acude, “pues su contraparte ha agredido a militantes del PRI” (La Jornada, 14 de noviembre). Los autónomos niegan haber agredido a miembros del tricolor en Chimix dos semanas atrás; dijeron que esa argumentación era una táctica “para no dialogar y seguir causando violencia”, y proponen una reunión conjunta para el próximo día 21.
Sirve recurrir a una cronología de los días posteriores. Allí se registra que el 14 de noviembre, cerca de San Andrés, sobre la carretera, en territorio chamula, tres personas descienden de un vehículo en marcha y sin placas, y ejecutan al maestro Mariano Arias Pérez, del PRI, quien había expresado públicamente su desacuerdo con las acciones de su partido en Chenalhó. Dos días después, durante su entierro en Yibeljoj, los priístas hacen disparos al aire y culpan a los zapatistas del crimen. Éstos huyen a Xoyep. Por ese deceso, el alcalde priísta Jacinto Arias Cruz amenaza de muerte al párroco de Chenalhó, Miguel Chanteau, en presencia de varias personas. (La Jornada, suplemento Masiosare, 14 de diciembre.)
Siguen los días de noviembre: “17, agresión y robos por parte de priístas armados en Acteal. 18, en Aurora Chica asesinan a varios pobladores. En Polhó, la Seguridad Pública arresta a tres autónomos; uno tiene 14 años. El día 19 hay tres desaparecidos en Polhó, entre ellos un niño de nueve años. Varias casas quemadas en Tzalalucum. A partir del 17 se generaliza la agresión: familias perredistas o zapatistas huyen de 10 comunidades. El día 29, coordinadas por el Centro Fray Bartolomé (CDHFBC) y la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, varias ONG visitan el norte de Chiapas y Chenalhó. Constatan la presencia de 700 desplazados que viven a la intemperie cerca de Polhó. El gobernador Julio César Ruiz Ferro habla de 800 desplazados en toda la entidad, pero su oficina de comunicación insiste a la prensa nacional en que “sólo son 500”. Sobre el terreno, se calcula que cuando menos hay 3 mil en Chenalhó (y en aumento), y más de 4 mil en la zona norte.
A su vez, el CDHFBC reporta que el día 15 fue asesinado Jacinto Vázquez Luna, en Bajo Beltik, mientras estaba en su cafetal. “Era padre de tres hijos y simpatizante del municipio autónomo. Su cadáver permaneció tirado en su cafetal”. Posteriormente, priístas de Los Chorros se enfrentaron en las proximidades de Pechiquil con un grupo de simpatizantes del municipio autónomo cuando éstos se dirigían a levantar el cuerpo de Vázquez Luna. Dicho grupo no pudo rescatarlo y retornó a sus comunidades. En tanto, el grupo priísta quemó al menos una casa en Pechiquil”.
El 20 de noviembre, el municipio autónomo de Polhó envía un comunicado a la Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación) y a la Conai (Comisión Nacional de Intermediación), convocándolas para que intervengan en el conflicto. Ese día, un grupo de ciudadanos y organizaciones sancristobalenses manifiesta: “Los cuerpos de Seguridad Pública destacamentados en la cabecera municipal, Puebla, Yaxjemel, Majomut, Los Chorros, Yibeljoj, Jobeltik, Kanolal y Tzanembolom pululan por los caminos y comunidades; se meten en las parcelas y siembran terror por todas partes, impidiendo que la gente coseche sus milpas y aumentando aún más la difícil situación de los pobres. ¿Están los policías buscando la paz y la reconciliación, como insiste el gobierno, o más bien protegen y azuzan a quienes tienen interés en continuar esta guerra civil? ¿Cuántos muertos más espera el gobierno para afrontar sus responsabilidades?”
El día 21, miembros de Las Abejas piden ayuda: 80 familias (408 personas) de Yibeljoj “se encuentran en una grave situación por falta de medicamentos, ya que estamos viviendo en Xoyep sin ninguna clase de ayuda”.
Ha estallado el nuevo gran problema: los desplazados, cuyo número crece en condiciones críticas, bajo lluvias invernales, sin techo, casi sin ropa. Sin alimentos. Sin medicinas. Sin. Sin. Sin.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/16/index.php?section=politica&article=014r1pol
17 de noviembre del 2007
Miles de desplazados, sin ayuda ni forma de conseguir comida
Crecen la violencia, muertes y miseria entre indígenas
Autoridades autónomas y constitucionales de Chenalhó se reúnen
Comienza la persecución contra observadores internacionales
Pese a las evidencias del clima de hostilidad denunciado por el concejo autónomo, el gobierno señala que los problemas se van resolviendo y niega que se quemen casas y se esté asesinando a zapatistas y perredistas
Hermann Bellinghausen/ XIII
El 24 de noviembre de 1997, el concejo autónomo de Polhó envía una carta invitando a los legisladores de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) a colaborar en la mediación del conflicto, convocando a un diálogo para el día 29 en Polhó. También informa que existen más de 4 mil 500 desplazados.
La Unión de Ejidos y Comunidades Majomut, que reúne a caficultores de las distintas filiaciones políticas, notifica que la cosecha de más de 20 mil sacos de la semilla está en riesgo a consecuencia de la violencia.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) recibe informaciones de que elementos de Seguridad Pública acompañan y dan protección a militantes priístas para cosechar café en predios de los zapatistas. El día 25 en los barrios de Acteal son quemadas cuatro casas de simpatizantes zapatistas por al menos 15 personas armadas. Se reporta “gran tensión” en Pechiquil, donde Hilario Guzmán Luna y Pablo Hernández Pérez, “ex militar” y actual agente municipal, dirigen un grupo de paramilitares (La Jornada, 26 de noviembre*). Simultáneamente, el síndico del municipio oficial Agustín Gutiérrez Pérez solicita la presencia del Ejército federal en el poblado “para salvaguardar el orden”.
Priístas de Pechiquil instalan un “control” en el camino; entre ellos se identifica un grupo de 20 personas en uniforme oscuro y botas “parecidas a las del Ejército; el resto porta el tradicional calzado de hule”. La secretaría de Gobierno de Chiapas en una inserción pagada (27 de noviembre) declara solemnemente: “en la comunidad de Acteal ninguna vivienda ha sido quemada.”
Aniquilar las bases de apoyo, misión del gobierno
Al día siguiente, el comandante David dice a La Jornada que “el objetivo principal de la violencia promovida por el gobierno en Chenalhó y otros municipios a través de guardias blancas y grupos paramilitares, es destruir a las bases de apoyo del EZLN”, y que “aunque el gobierno dice diariamente que en Chiapas se van resolviendo los problemas, todo es mentira porque lo que crece es la violencia, la persecución, la muerte y el encarcelamiento de muchos compañeros”.
El 29 de noviembre un helicóptero del gobierno del estado aterriza en Canolal llevando gente que dice ser de “derechos humanos”, y que “regresaría al rato para acabar con los zapatistas y la sociedad civil”. El primero de diciembre, el secretario de Pueblos Indígenas, Antonio Pérez Hernández, en el contexto de una visita de observadores nacionales e internacionales, “acusa a forasteros de ser causantes de la violencia”. Por su parte, la Secretaría de Gobernación instala un retén migratorio “coyuntural” en la carretera a San Pedro Chenalhó.
El concejo autónomo de Polhó informa de cuatro casas de zapatistas quemadas por priístas en Takiukum y Yibeljoj. El subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín, en otra inserción pagada, desmiente al gobierno autónomo, a pesar de la publicación de fotografías de las viviendas destruidas, en distintos diarios del país: “En Chenalhó no ha sido quemada ninguna casa” (3 diciembre).
El 30 de noviembre, un grupo de observadores constata “la dramática situación de los desplazados”. Según la diputada perredista Patria Jiménez, “es urgente hacer algo por ellos antes que comiencen a morir de hambre y frío porque ya no aguantan más” (primero de diciembre). En Chenalhó “se propicia la descomposición social y la guerra entre hermanos de manera muy clara”, por lo cual hay que detener la violencia “antes de que sea demasiado tarde”. En el mismo sentido se pronuncia la Misión Civil Nacional e Internacional para la Paz en Chiapas tras recorrer las comunidades (4 de diciembre) y constatar la “connivencia y complicidad abierta de la SP y los paramilitares”, así como la presencia de personas uniformadas y con cuernos de chivo en Pechiquil.
El 2 de diciembre, el consejo autónomo revela la existencia de “un enorme grupo de desplazados en el monte, no lejos de Xcumumal, junto con numerosos desplazados de Chimix, Joveltik, Canolal y Tzanembolom. Estos no reciben ayuda alguna y no pueden salir a buscar comida”. Según testimonios, se trata de casi 2 mil personas en las peores condiciones.
Las movilizaciones y protestas contra el gobierno mexicano se multiplican en el mundo. Los desplazados de Chenalhó aparecen en los noticieros de CNN y las principales televisoras de España, Italia, Francia, Portugal, Reino Unido y Suecia (4 de diciembre). Ricardo Rocha inicia el día 7 su memorable cobertura sobre los desplazados en Detrás de la noticia, de Televisa. Al mismo tiempo, aumentan las denuncias contra los agentes de migración. Lo nuevo es perseguir a los observadores internacionales, ahuyentarlos de Chenalhó. Eso garantizará que dos semanas después, cuando suceda la masacre, no haya ningún testigo extranjero en el área (salvo un par de campamentistas europeos en Polhó).
El día 5 se reúnen por fin los autónomos y el ayuntamiento priísta en el crucero de Las Limas, en Chenalhó. Los priístas denuncian la muerte de Lucio Gómez Guillén en Tzanembolom el día anterior. Los autónomos dicen que no pudieron ser zapatistas los autores pues ya no queda ninguno en esa comunidad. Dos horas después de la reunión llega la noticia de otro muerto priísta en Chimix. El alcalde oficial había notificado que los desplazados de su partido ya recibían ayuda del gobierno estatal en Pechiquil, Aurora Chica, Chimix y Puebla (6 de diciembre), comunidades en poder de los paramilitares.
La violencia no se detiene. El día 10, el consejo de Polhó acusa al edil priísta de incumplir los acuerdos mínimos de Las Limas. El día 12 las partes vuelven a reunirse en el mismo lugar. La Jornada reporta:
Se necesitaron cuatro mesas de madera, 70 sillas (y una treintena de muertos, casi 6 mil desplazados, incontables casas quemadas) para la primera negociación efectiva entre las distintas autoridades municipales de Chenalhó. Frente a frente, el ayuntamiento constitucional y el concejo municipal autónomo. Jacinto Arias Cruz encabeza la representación priísta, con agentes municipales y cabildo, y sólo muy de vez en cuando dirige la mirada a Domingo Pérez Paciencia, presidente del concejo autónomo, quien no deja de mirarlo con una cierta sonrisa detenida en los labios.
Buena parte de las intervenciones son en tzotzil. Participan como testigos representantes del gobierno estatal, la Comisión Nacional de Intermediación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su sucursal estatal y el CDHFBC. Hay 11 puntos a discutir según los autónomos, ocho según los constitucionales, sobre la cancha de basquetbol de la primaria, en el crucero de Chalchihuitán, punto intermedio entre Chenalhó y Polhó.
“Tenemos que pensar cuál punto urge para una paz justa”, dice un agente del concejo autónomo. En eso están todos de acuerdo. Hay que detener la violencia. También participan ex presidentes municipales de Chenalhó y representantes de las organizaciones Majomut y Las Abejas. De la gravedad de lo que se disputa depende la paz.
Diálogo y disparos
Durante la reunión, que se lleva todo el día, pasan por la carretera grandes camiones de la policía, convoyes militares y un conspicuo Volkswagen rojo que, según comenta uno de Las Abejas, “es el automóvil con el que patrullan los paramilitares”.
Esta mañana hubo varios disparos en Tzajalucum, un pueblo abandonado por sus pobladores, cuando se dirigían allá representantes de organismos civiles y del gobierno chiapaneco. No acaba de decir Gustavo Moscoso, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que el encuentro “llena de alegría al gobierno del estado”, cuando el priísta Arias Cruz informa que se están quemando casas y hay disparos en ese momento en Chimix.
“Caras vemos, el corazón no sabemos”, había dicho poco antes el propio Arias, echando rápidos brillos de su dentadura de oro. Sugiere que eso impide la negociación. Las pláticas anteriores se han suspendido por incidentes durante el encuentro. Hoy no es así. Se decide que las partes sigan negociando mientras va una comisión a verificar lo que sucede en Chimix. La comisión acude al mencionado pueblo, donde las casas destruidas y baleadas de los perredistas y zapatistas dan testimonio de lo que ha ocurrido en las semanas recientes. La versión resulta falsa. La guarnición policiaca de Chimix, en voz del segundo oficial Vicente González Castellanos, detalla que “todo está tranquilo. No hemos recibido reportes”.
La negociación en Las Limas llega a una firma conjunta. Curiosamente, una vez que regresó la comisión enviada a Chimix, ya nadie del cabildo priísta se interesa en que se informe de su denuncia. Domingo Pérez Paciencia, presidente autónomo, comenta: “cara se ve, el corazón no se sabe”.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/17/index.php?section=politica&article=012r1pol
18 de noviembre del 2007
Planea el gobierno un ataque contra representante del Vaticano
Provocaciones montadas para preparar el escenario
La paz es sólo una figura retórica en el discurso zedillista
El diálogo, una simulación para continuar con la violencia
Ante la evasión del gobierno por resolver el conflicto, el EZLN alerta sobre el verdadero carácter del PRI: “el de enemigo de los pueblos indios y exterminador de zapatistas”
Hermann Bellinghausen/ XIV
El 12 de diciembre de 1997, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) del EZLN informa “sobre la situación de miles de indígenas zapatistas, perseguidos, asesinados y desalojados de sus tierras en el municipio de San Pedro de Chenalhó”, donde más de 6 mil desplazados de guerra “son el resultado de los ataques de bandas paramilitares y la policía del estado, dirigidas ambas por el gobierno estatal con beneplácito del federal” (La Jornada, 15 de diciembre*).
“Tan sólo en la comunidad de Xcumumal se encuentran refugiados más de 3 mil 500 indígenas. Están completamente aislados, sitiados por guardias blancas y policías de SP. Los zapatistas de Chenalhó viven a la intemperie y sufren, además de la falta de vivienda, vestido y alimentación, enfermedades que alcanzan ya el rango de epidemias”, agregaba el CCRI.
“El gobierno federal, el estatal y el PRI, lejos de detener su ola de agresiones, intentan darle largas a la solución del problema principal, que es la desaparición de sus grupos paramilitares y el retorno de los desplazados a sus comunidades. Mientras finge dialogar, el priísmo chiapaneco se dedica al saqueo y destrucción de las pertenencias de los expulsados de sus comunidades. Café, ganado, ropa y utensilios domésticos se reparten entre los paramilitares como botín de una guerra en la que hasta ahora sólo ha disparado uno de los lados, el del gobierno y su partido”.
La comandancia zapatista fija su posición: “El PRI revela su verdadero carácter: el de enemigo de los pueblos indios y uno de los ejecutores de la política de exterminio que desde el gobierno federal se sigue contra los zapatistas. En días recientes la prensa nacional e internacional ha mostrado la grave situación que padecen los indígenas zapatistas de Chenalhó. Lo visto en los medios es sólo un pequeño botón de la gigantesca muestra de intolerancia y crimen con que el PRI y los gobiernos federal y estatal pretenden doblegar la rebeldía zapatista. El hecho innegable de que indígenas estén siendo asesinados y perseguidos, sin que ellos respondan a las agresiones, ha generado una opinión pública desfavorable al gobierno mexicano”.
Planean ataques
Para remontar dicha corriente adversa, “los gobiernos estatal y federal y sus grupos paramilitares planean agredir físicamente al representante del Vaticano, Justo Mullor, durante su (próxima) visita a Chiapas”. El plan de los paramilitares y el gobierno “es presentar estos atentados como realizados por comandos del EZLN y, para esto, equipan a sus sicarios con uniformes y distintivos del EZLN”. Las “apariciones” recientes de grupos armados presuntamente zapatistas en Las Margaritas y otros puntos de la geografía chiapaneca son “provocaciones montadas para preparar el escenario que buscan”. Frente a esto, el EZLN dice: “Como desde el inicio del diálogo, las tropas zapatistas se mantienen en sus cuarteles de montaña y no han realizado ni realizan ningún movimiento ofensivo o fuera de sus posiciones”.
El comunicado añade: “Además de implicar al EZLN en la agresión proyectada contra el nuncio, el gobierno trata de echar tierra al atentado que Paz y Justicia perpetró contra los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, y quitar la atención mundial que el caso de miles de indígenas desplazados por bandas priístas en Chenalhó ha provocado a últimas fechas”.
En lugar de urdir “complicados complots” como argumento para emplear a fondo la opción militar, el gobierno federal “debería detener a sus paramilitares, permitir el retorno de los miles de desplazados de guerra y cumplir sin dilación su palabra empeñada en San Andrés Sacamchén de los Pobres. Así se contribuiría al diálogo y la paz empezaría a dejar de ser una figura retórica en el discurso zedillista”.
El EZLN hace un “llamado urgente” a la sociedad civil nacional e internacional “para que acuda en ayuda de nuestros hermanos de Chenalhó”. La situación “es dramática, de vida o muerte para miles de indios rebeldes que creen todavía que su lucha no es contra otros indígenas, sino contra el sistema que los condena a la muerte y el olvido”.
El drama de los desterrados
En tanto, el presidente en turno de la Cocopa, Carlos Payán Velver, declara que la situación es “muy grave” y “es imprescindible que toda la sociedad empiece a reclamar y preocuparse” (13 de noviembre). Las imágenes mostradas en televisión por Ricardo Rocha perturban a millones de personas en el país. El suplemento Masiosare de La Jornada publica el día 14 el reportaje de Blanche Petrich “La tragedia de los desplazados”. Ya nadie puede decir que Chenalhó es un secreto. Así retrata la enviada la vida de un “campamento”:
Xoyeb es un caserío a medio camino entre Polhó y Yabteclum, al lado de un ocotal, en una hondonada entre cerros. Son 13 casitas familiares, tablas y techo de zinc entre milpas y platanares. Todas han abierto sus puertas para compartir lo poco que tienen con la oleada de recién llegados, sus vecinos.
Estos 488, contando dos recién nacidos, son de Yibeljoj. Están en dos “campamentos”, mínimas techumbres de hojas de plátano. A los más enfermos los alojan dentro de las casas o bajo los pocos plásticos disponibles, porque es invierno y llueve constantemente. Expulsados de su tierra ancestral, llevan dos meses en el paraje. El promotor de salud estima que 80 por ciento de los niños y 60 por ciento de adultos padecen fiebre. Hay disentería, enfermedades respiratorias y gastrointestinales, tifoidea, alto riesgo de cólera.
En uno de estos cobertizos minúsculos está Zenaida. Tiene 16 años. Su primer hijo, los ojos adormilados por la calentura, la pancita inflamada de bichos, gatea sobre el lodo. Todavía no come tortilla y quiere chichi. Pero su mamá lo mira sin ver, se abraza las rodillas, se queja: a ella también le duele el vientre y su falda azul añil está empapada en sangre. Su segundo hijo ya no va a nacer. Y no hay antibióticos, ni siquiera una asipirina, para ayudarla a soportar las secuelas del aborto. Su tía, arrodillada a su lado, hilvana frases en tzotzil. Su marido se mantiene en silencio. Nada pueden hacer por Zenaida. Ni un té.
Cuando amanece en los campamentos ya ninguna mujer está bajo las palapas. De las chimeneas sale humo. Cada casa es una cocina colectiva. Centenares de manos cooperan para atizar los fogones, partir la leña, cocer el maíz, molerlo, echar tortillas. Tocarán dos o tres a cada quien. Para toda la jornada. Hasta mañana.
Al mediodía todos habrán cumplido alguna tarea. Aprovechando un poquito de sol, los hombres tienden sus camisas mojadas. Las mujeres secan sus huipiles sobre sus cuerpos. Se espulgan el cabello mutuamente y platican. Y los niños, en medio del drama, ríen.
El último diálogo de paz
Una nueva reunión de priístas y zapatistas en Las Limas el martes 16 alcanza la firma de un “acuerdo de no agresión”, y mientras los rebeldes insisten en que lo cumplirán y llaman a la Cruz Roja Internacional y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), ese mismo día es asesinado por un grupo de encapuchados un destacado priísta de Quextic, Agustín Vázquez Secum, quien se oponía abiertamente a la paramilitarización de su gente (16 a 20 de diciembre).
De inmediato, el ayuntamiento oficial culpa a los zapatistas y hasta asegura que los sobrevivientes del ataque reconocieron en dos de los agresores a bases zapatistas (versión única que recogerá la PGR en sus pesquisas, según El Libro blanco de Acteal, 1998, y a partir de ahí los sucesivos “historiadores” por encargo, pues con esa pieza se terminó de armar la explicación oficial de lo que sucedería en Acteal seis días después).
Esa misma noche, Las Abejas cuentan los hechos de otro modo: “La emboscada fue realizada por priístas de La Esperanza, que mantienen diferencias con los priístas de Quextic”. La información coincide con la del concejo autónomo de Polhó (18 de diciembre), el cual abunda que en esa zona del muncipio ya no quedan zapatistas. Estas informaciones serán ignoradas en adelante por las autoridades, pues no cuadran con la “explicación” del “conflicto intercomunitario e interfamiliar” que la PGR intentará imponer inmediatamente después de la masacre, en voz del procurador Jorge Madrazo Cuéllar (27 de diciembre).
El día 19 fracasa el último intento de negociación en Las Limas. Los autónomos no asisten, pues no consideran que haya condiciones de seguridad para el traslado de su delegación. El edil priísta Jacinto Arias Cruz se opone a que el lunes 22 se cite a una reunión en Las Limas con la comisión de verificación de acuerdos, así como a fijar fecha para un nuevo intento de negociación (20 de diciembre). “Luego les avisamos”, dice Arias Cruz a los mediadores. Los priístas ya no avisarán.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/18/index.php?section=politica&article=010r1pol
19 de noviembre del 2007
“Supimos ayer que nos iban a atacar, pero no lo creíamos”
22 de diciembre: la masacre
Zapatistas previeron agresión e instaron a Las Abejas a marcharse
Las víctimas decidieron permanecer en el sitio, orando
En la sala de urgencias del hospital civil se oyen los lamentos de las mujeres heridas. Otras están inconscientes. Cuatro niños pequeños tienen un brazo destrozado, el cuello perforado o el cráneo abierto por balas de alto calibre
Hermann Bellinghausen /XV
Desde San Cristóbal de Las Casas, La Jornada reporta la noche del 22 de diciembre de 1997 el acto más violento de la guerra sin nombre de Chenalhó: una masacre en la comunidad de Acteal. Manuel Pérez Pérez, sobreviviente, al borde de las lágrimas informa que la Cruz Roja contó por lo menos 16 muertos. Otros testigos consideran que pueden ser más. “Supimos ayer que nos iban a atacar, pero no lo creíamos”, expresa Manuel. “Murieron mujeres y niños de muchos tamaños”. Su hijo Pedro, de nueve años, fue herido en la pierna. “Ahí está destrozado”, dice y señala hacia el hospital de campo del IMSS (23 de diciembre).
Hasta el momento se desconoce el número de lesionados y muertos, pero el reportero vio 11 heridos graves en el nosocomio civil y confirmó otros cuatro en el IMSS. Al cierre de edición de La Jornada ya hay otros 10.
En la sala de urgencias del hospital civil se oyen los lamentos de las mujeres heridas. Otras están inconscientes. Cuatro niños pequeños tienen un brazo destrozado, el cuello perforado o el cráneo abierto por balas de alto calibre.
El personal médico apenas se da abasto y lucha denodadamente por curar a los heridos. Una mujer en camilla tiene ya suturadas cinco grandes lesiones en distintas partes del cuerpo. Mariano no habla; en otra camilla, con los ojos muy abiertos, sólo espera que lo terminen de suturar. También está una niña de gran abdomen.
“Son los priístas, ya los conocemos”
A las 11 de la mañana empezaron a tirar desde el monte. “Se venían sobre nosotros. Son los priístas, ya los conocemos”, afirma Manuel, también representante de Las Abejas. No puede ocultar su angustia por los demás sobrevivientes. “Vayan por ellos. Se necesita un camión grande para sacarlos”. Relata que aún después de que llegaron elementos de Seguridad Pública (SP) los priístas seguían disparando.
Se supo que más tarde los agresores atacaron una ambulancia y le impidieron el paso hacia Acteal. “Murieron mujeres, hombres, esposos; la mujer sola o el hombre solo. Hubo niños a los que se murió su papá, su mamá”.
En otra nota de esa fecha, La Jornada reporta que los priístas armados iniciaron el lunes una violenta ofensiva contra los desplazados en Acteal, dejando por lo menos 25 heridos con arma de fuego y muchos muertos. Desde temprano, algunos pobladores se refugiaron en la ermita de la localidad, que después fue ametrallada. Considerada por el concejo autónomo de Polhó la agresión “más violenta” que grupo paramilitar haya realizado desde la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la embestida contra los desplazados, según los testigos, fue organizada con varios días de antelación y participaron por lo menos 60 hombres fuertemente armados.
Javier Jiménez Luna, miembro de la sociedad civil de Acteal, y el concejo autónomo de Polhó aseguraron que los desplazados fueron atacados por diferentes frentes para evitar que escaparan; habrían participado priístas de las comunidades de Los Chorros, Puebla, La Esperanza y Quextic. De Puebla es originario el presidente municipal priísta Jacinto Arias Cruz.
Hasta la medianoche del lunes, organismos de derechos humanos y de salud habían reportado por lo menos 25 heridos de bala. La mayoría fueron trasladados a San Cristóbal. Los indígenas refugiados en Acteal son originarios de Tzajalucum, Chimix y Quextic. Habitantes de las dos primeras habían sido agredidos el mes pasado por el grupo priísta, que quemó casas y se robó parte de la producción de los zapatistas y Las Abejas.
Desde principios de diciembre los priístas habían amenazado con agredir a los desplazados, pero el inicio del diálogo de paz entre ambas partes contuvo la violencia. El pasado 19, los representantes del PRI, encabezados por el alcalde Arias Cruz, rompieron las pláticas, argumentando que los zapatistas habían secuestrado a un priísta que estaba “amarrado y sin comida” en Acteal. Una delegación, encabezada por el secretario de la Comisión Nacional de Intermediación, Gonzalo Ituarte, encontró sana y salva a la persona a la que se referían los priístas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) aseveró que el secretario de Gobierno, Homero Tovilla, fue enterado a mediodía por Gonzalo Ituarte del ataque. El funcionario manifestó que velaría por los pobladores. Sin embargo, elementos de SP permanecieron a 200 metros del sitio del ataque, sin intervenir.
Por la mañana se informó que la SP se asentó en Acteal, una de las zonas de Chenalhó más afectadas por la violencia en el último mes, donde se encuentran refugiadas cientos de personas. El CDHFBC confirmó lo anterior y señaló que en Acteal se formó una comisión de cuatro personas, un hombre y tres mujeres, para alertar a los policías de lo que acontecía. El hombre fue detenido. Sabía demasiado.
Últimas vísperas
Éstas fueron las primeras noticias. Finalmente había ocurrido lo inimaginable, y a la vez predecible. Los días anteriores habían arreciado las denuncias, los llamados, los testimonios. Llegó a Chiapas la ex primera dama francesa Danielle Mitterrand con la intención de visitar a los refugiados. Los acontecimientos le impidieron hacerlo. El 18 de diciembre, el nuevo embajador del Vaticano en México, Justo Mullor, en una visita muy anunciada y destacada, fue recibido por el gobernador Julio César Ruiz Ferro en Tuxtla Gutiérrez con estas palabras: “Es necesario que todos volquemos nuestra acción, deber y conciencia para consolidar la paz” (19 de diciembre), y aseguró que la visita del nuncio ayudaría en tal sentido. Durante su gira, Mullor también fue interpelado directamente por la dirigencia de Paz y Justicia en Tila, pero la visita, pese a los temores, concluyó sin contratiempos.
Días atrás, el parroco de Chanalhó, Miguel Chanteau, había dado una entrevista a La Jornada. Pese a la modernidad, expuso, “hay valores que deberían permanecer, rescatarse en las comunidades: el sentido comunitario, la igualdad, el servicio gratuito” (15 de diciembre). La Secretaría de Gobernación obstaculizaba por entonces su situación migratoria; lo expulsaría del país en febrero de 1998. En la entrevista recordó lo sucedido poco antes. Su vecino en Chenalhó, el alcalde Arias Cruz, le había dicho: “si no controla a su gente, algún día lo vamos a matar. Se lo digo en su cara, padre. Vamos a quemar su cuerpo para que no se enfermen los gusanos”. Chanteau comentaba: “me puse a pensar mucho en esa frase. Ése es el lenguaje que utilizan los muchachos paramilitares”.
El domingo 21 de diciembre, el suplemento Masiosare titulaba una serie de entrevistas como “Se preparan días sangrientos”. El poeta Óscar Oliva declaraba ahí: “No puedo decir, como el gran poeta Octavio Paz hace unos días al dejarse abrazar por el señor Zedillo, que en México se preparan nuevos días y que serán de luz. Esto no será posible mientras se estén preparando más días sangrientos”.
Las noticias eran alarmantes. El día 21, dos indígenas de Las Abejas lograron escapar de la comunidad de Pechiquil. Vicente Pérez Pérez y Vicente Ruiz Pérez, originarios de Tzajalucum, burlaron la vigilancia de los paramilitares y huyeron, el primero hacia Acteal y el segundo a San Cristóbal de las Casas. Los dos confirmaron que unos 70 integrantes de su organización estaban secuestrados en Pechiquil (22 de diciembre).
Estas personas “son amenazadas si hablan con extraños; los obligan a trabajos forzados, a robar en comunidades cercanas y a realizar guardias, tomar armas y posiciones en lugares estratégicos para responder a un ‘posible’ ataque zapatista”, añade el corresponsal. “Las mujeres secuestradas son obligadas a cocinar para los paramilitares, en jornadas de 14 horas”.
Ese día, víspera de la masacre, La Jornada estuvo en los campamentos de desplazados en Acteal. Se hablaba de que los priístas armados se estaban reuniendo en la parte alta de Acteal, donde queda la comunidad propiamente dicha. Se distinguían grupos de hombres apostándose en las laderas, al otro lado de la carretera. En las partes bajas del poblado estaban los dos campamentos de desplazados. Primero, en una hondonada, el de Las Abejas; más lejos, tras una loma, el de las bases zapatistas. Todo, a menos de cinco kilómetros por carretera de la sede autónoma de Polhó.
Testimonios posteriores confirmaron que antes de la madrugada del lunes 22 los desplazados zapatistas alertaron a Las Abejas de un posible ataque y les aconsejaron trasladarse a Polhó. La mayoría de Las Abejas determinó permanecer en el lugar, orando. Confiaban en que Dios los iba a proteger. No pensaban defenderse. Los zapatistas sí se marcharon, y su campamento estaba desierto al iniciarse el ataque paramilitar. Toda la mañana se escuchó la balacera.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/19/index.php?section=politica&article=012r1pol
REPORTAJE /A 10 años de Acteal
20 de noviembre del 2007
Funcionarios estatales ordenan borrar rastros de los muertos
Intentan ocultar la masacre
Rescatar cuerpos “antes que lleguen los reporteros”, la consigna
Hay zozobra en otra comunidad ante amenazas de nuevo ataque
El obispo Samuel Ruiz García calificó la matanza de “crimen contra la humanidad”, y destacó el clima de violencia “creciente e impune denunciado acuciosamente a las autoridades, que lo podían haber frenado”
Hermann Bellinghausen /XVI
El 23 de noviembre de 1997, La Jornada cubrió desde Acteal, Tuxtla Guitérrez, Polhó y San Cristóbal de Las Casas las distintas piezas del trágico desenlace. En un rápido operativo montado por Seguridad Pública (SP) del estado, con apoyo de la Cruz Roja Mexicana, se logró rescatar de un barranco y una cueva los 45 cuerpos masacrados con armas de fuego y mutilados con machetes. Todos los organismos involucrados en el rescate y la atención médica (Cruz Roja, IMSS y ERUM) y el propio gobierno de Chiapas reconocieron el asesinato de 45 personas, sacrificadas todas a mansalva el lunes pasado (24 de diciembre).
Sobrevivientes, heridos y testigos entrevistados por La Jornada este martes coincidieron en acusar a militantes del PRI de las comunidades de Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil y Canolal de ser los autores de la masacre contra los refugiados de Las Abejas.
A pesar de negar insistentemente que hubiese muertos en Acteal, el gobierno de Julio César Ruiz Ferro implantó esta madrugada un operativo coordinado por el subsecretario Uriel Jarquín Gálvez y por el ex procurador Jorge Enrique Hernández Aguilar, quien tenía como objetivo principal, según el concejo autónomo, borrar los rastros de los muertos para poder manejar a su antojo el número de éstos.
La Cruz Roja hizo rectificar
Información pública de la delegación de la Cruz Roja Mexicana en San Cristóbal hizo reaccionar al gobierno estatal. La orden de rescatar los cadáveres fue dada “a las cuatro de la madrugada” del martes. “Antes que lleguen los reporteros”, fue la consigna. Hasta el momento sólo reconocía la existencia de cinco heridos leves.
La Cruz Roja recibió a las 20:07 horas del lunes una llamada del Ministerio Público, el cual avisó que “había enfrentamientos” en el municipio de Chenalhó. Tres horas y media después movilizaron las unidades 162 y 158 de la delegación de San Cristóbal, y una más de Tuxtla Gutiérrez. Dos de las unidades realizaron el reconocimiento de la zona y hallaron cuerpos sin vida en un barranco. Otras seis unidades de la Cruz Roja y otro vehículo se integraron a las tareas de rescate.
A las cuatro de la madrugada, el gobierno autorizó a SP y la Cruz Roja el rescate de los cuerpos, una vez que el Ministerio Público hizo las diligencias correspondientes. La Cruz Roja informó que se levantaron 45 cuerpos: un bebé, 14 niños, 21 mujeres y nueve hombres. Los restos fueron entregados a la policía estatal, que los trasladó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. No se permitieron más testigos.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Madrazo Cuéllar, informa por televisión que las primeras investigaciones revelan que fueron alrededor de 25 los agresores, quienes iban vestidos de negro, con el rostro cubierto, y utilizaron tres camiones de tres toneladas para transportarse.
Cerca de las 14 horas del lunes 22, Homero Tovilla Cristiani y Uriel Jarquín, secretario y subsecretario de Gobierno, respectivamente, fueron notificados por la diócesis de San Cristóbal de Las Casas de los hechos violentos que ocurrían en esos momentos en el campamento de desplazados de Acteal, según reportes de Las Abejas. Los funcionarios se comprometieron a investigar la situación y dar una respuesta en las próximas horas. A las seis de la tarde, Tovilla Cristiani se comunicó a la diócesis para informar que la situación en la comunidad de Acteal estaba controlada y sólo se escucharon “unos tiros”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido dos recomendaciones en menos de 30 días al gobierno de Ruiz Ferro para apoyar a los indígenas desplazados por la violencia e investigar los hechos sangrientos ocurridos desde la segunda quincena de noviembre en Chenalhó. A estas recomendaciones, y a otras que han realizado organismos no gubernamentales, el gobierno del estado ha hecho caso omiso y mantiene su política de no aceptar que existen unos 6 mil desplazados, la mayoría de Las Abejas y simpatizantes zapatistas, en cinco comunidades.
Temores de un nuevo ataque en X’Cumumal
A pesar de que el Ejército redobló el número de efectivos que mantiene en la cabecera municipal de Pantelhó, a escasos kilómetros de Acteal, y que los agentes de SP fueron triplicados en la zona, el grupo armado de priístas amenazó hoy con atacar la comunidad de X’Cumumal.
El concejo autónomo de Polhó aseguró que unos 50 hombres armados se dirigen a X’Cumumal, donde se encuentran refugiados unos 3 mil desplazados del EZLN y Las Abejas.
El presidente del concejo autónomo, Domingo Pérez Paciencia, puntualizó que la masacre del lunes en Acteal es la “guerra del gobierno” contra las comunidades indígenas. “Esto es lo que nos da el gobierno en vez de reconocer nuestros derechos.
“Llamamos urgentemente a toda la sociedad civil, nacional e internacional, para que se organice y obligue a que se desarme inmediatamente a los paramilitares, pero que sea supervisado por organismos nacionales e internacionales. También para que salgan inmediatamente los policías de SP, porque son cómplices de los paramilitares”, apuntó.
El obispo de San Cristóbal de la Casas y presidente de la Comisión Nacional de Intermediación, Samuel Ruiz García, calificó de “crimen contra la humanidad” la masacre perpetrada en Acteal, y destacó el clima de violencia “creciente e impune denunciado acuciosamente a las autoridades, que lo podían haber frenado”.
Los funcionarios, a escena
En Tuxtla Gutiérrrez, el procurador Madrazo Cuéllar sentía el calor que ya abrasaba los Altos de Chiapas, al dar los primeros resultados de las averiguaciones abiertas por la PGR.
Las necropsias practicadas a los 45 indígenas masacrados, “en la inmensa mayoría de los casos muestran que las balas de grueso calibre tienen una trayectoria de atrás hacia adelante, y esto quiere decir que fueron sacrificados por la espalda”, ratificó el subprocurador de Averiguaciones Previas, Everardo Moreno.
Se llamó a declarar al secretario general de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani, acusado de negligencia, al no haber actuado inmediatamente cuando supo de la agresión, según denuncia del vicario de la diócesis de San Cristóbal, Gonzalo Ituarte. No se concluyó que tuviera responsabilidad alguna. El subprocurador Moreno afirmó que en sus declaraciones los indígenas detenidos mencionan “algunos de ellos, que pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Cardenista (PC)”.
“¿Son paramilitares?”, preguntaron los reporteros a Madrazo Cuéllar. Respondió: “lo que puedo calificar es que tienen que ver con la asociación delictuosa y con el crimen organizado; no puedo entrar con otro tipo de adjetivos que no tengan que ver con los estrictamente jurídicos y constitucionales. Hay diversas líneas de investigación y acciones concretas que se están desarrollando”.
Lluvia de voces
Los articulistas de La Jornada se vuelcan a escribir sobre el tema en los días siguientes: Manuel Vázquez Montalbán, Horacio Labastida, Paulina Fernández, Adolfo Gilly, Arnoldo Kraus, Carlos Fuentes, Luis Javier Garrido, Fernando Benítez, Andrés Aubry, Angélica Inda, Luis González Souza, Adelfo Regino, José del Val, Ana Esther Ceceña, Néstor de Buen, Cristina Barros, Antonio Gershenson, Gilberto López y Rivas, José Agustín Ortiz Pinchetti, Luis Hernández Navarro, Julio Moguel, Alberto Aziz Nacif, José Blanco, Marco Rascón, Arnaldo Córdova, Antonio García de León, Carlos Monsiváis, Luis Linares Zapata, Jaime Avilés, Bernardo Bátiz, Jaime Martínez Veloz. Hasta Carlos Tello, quien aprovecha para pedir que se cumplan los acuerdos de San Andrés.
Héctor Aguilar Camín, a contracorriente del resto, desde la primera plana de La Jornada descalifica a la “prensa pro zapatista” por poner las cosas “en blanco y negro”, pues “nadie en su sano juicio” puede culpar al gobierno de Ernesto Zedillo, salvo de la “omisión” de no enfrentar el problema (o sea, no deshacerse a tiempo de los zapatistas). Y explica: “no es, sin embargo, la guerra de los aparatos lo que hace incontrolable y moralmente opresiva la situación de Chiapas, sino el odio interiorizado y radicalizado de la gente del común, el odio atizado por la vendetta familiar y la intolerancia religiosa, por la codicia comunitaria y la rencilla política a mano armada. No matan ni mueren ahí guardias blancas y pistoleros a sueldo. Matan y mueren gentes del pueblo llano, vecinos y parientes jurados a muerte” (29 de diciembre).
Para Eduardo Huchim (24 de diciembre), “nunca en este siglo mexicano la muerte masiva había sido tan anunciada. Prensa, radio y televisión habían descrito los signos ominosos de lo que hoy es una realidad dolorosa e indignante. En otros tiempos, el sólo anuncio reiterado de lo que se preparaba habría tenido efectos disuasorios eficaces. Ahora pareciera que fue un incentivo”.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/20/index.php?section=politica&article=012r1pol
21 de noviembre del 2007
Policías “revisaron” casas que sus habitantes dejaron cerradas con candados
En el lugar de los hechos, todas las huellas del trabajo de exterminio
No hubo elementos para suponer que se trató de un “conflicto intracomunitario” ni de “venganza”. Fue una acción preparada y realizada por bandas armadas que recibieron apoyo del ayuntamiento
Los atacantes, identificados; entre las víctimas, 21 mujeres y una decena de niños
Hermann Bellinghausen/XVII
Acteal, 23 de diciembre de 1997. En donde ha estado la muerte se siente su presencia. Aquí acaba de suceder la mayor masacre de mujeres y niños en la historia “moderna” de México. En esta hondonada rota, surcada de huipiles ensangrentados y toda la destrucción de una horda, apenas anteayer se asentaba un campamento de 350 refugiados. Sus casas habían sido quemadas un mes atrás (La Jornada, 24 de diciembre).
Las víctimas se encontraban a orillas de Acteal, rezando. Así, de rodillas, los cogieron por la espalda, desde los cerros circundantes, los disparos de armas de alto poder. Según los sobrevivientes, la balacera comenzó a las 10:30 de la mañana, y Seguridad Pública (SP) acepta haber entrado a Acteal a las 17 horas. “No había nada, y luego que aquí es normal que haya disparos”, dice un comandante de la policía, sin insignias (resultó ser el teniente coronel Roberto García Rivas).
Con seis horas a su disposición, los sicarios pudieron efectuar su trabajo con eficiencia numérica: la cifra de muertos duplica la de heridos. “No teníamos ni con qué defendernos”, lamenta con rabia Juan. Incluso a los más bilingües se les dificulta hoy hablar castilla. Relatan el horror en tzotzil, esta mañana, en Polhó. En la escuela de Polhó, unas 200 personas lloran intermitentemente. Una hora pasamos allí los reporteros, y en ningún momento se acalló el llanto. Todos querían hablar. El traductor omitía cosas; varias veces, él lloraba.
Una mujer embarazada cayó moribunda en la explanada del campamento. Los asesinos llegaron hasta ella para rematarla. Y uno de ellos, “con un cuchillo –relata un testigo y hace un ademán de puñalada, que inmediatamente reprime con un temblor– le sacó su niño y lo tiró allí nomás”. (La nota original decía que esa víctima fue Rosa Gómez Cruz; un error de nombre en medio de la confusión trágica. Al parecer, el testigo se refería a Catarina Luna Pérez, con cinco meses de embarazo, quien recibió cinco machetazos. Sobre esto volveremos más adelante).
A Juana Vázquez “primero la mataron y luego la robaron”, dice un joven mostrando una bolsa de red. “La traían los paramilitares, y salió este chamaquito. Le preguntaron adónde vas, y él dijo al baño, y le dijeron ten esta bolsa, apúrate y cuando regreses nos ayudas a cargar la bala”. El aludido, Miguel, permanece silencioso, sucio, con los ojos abiertos. De la red salen dos naguas de mujer, un huipil primoroso y un cinturón bordado en rojo. El tesoro de la bordadora lo llevaban sus asesinos de botín.
María, pequeña madre, carga su bebé a la espalda, apoya su cabeza en el pecho del reportero. Se estremece. Su hermana, Elena, habla: “murió su padre, su hermano, su cuñado”. El niño de María, envuelto en el rebozo, llora ya cansado de llorar.
Una hermosa niña de unos 12 años, Guadalupe Vázquez Luna, y su hermanito, son los únicos sobrevivientes de otra familia. Su padre, Alonso Vázquez Gómez, era jefe de zona de los catequistas. Guadalupe lo vio morir, a su mamá, a su tío Victorio, quien era promotor de salud, y a un hermanito.
Operación limpieza
Esta mañana, Acteal está desierto. En la cancha de basquetbol un centenar de policías y militares de Fuerza de Tarea vigilan a cientos de metros del lugar de la masacre. Nuestra llegada interrumpe su “revisión” de las casas abandonadas, cuyos habitantes dejaron cerradas con candados. Todas las casas están saqueadas, y no queda un sólo candado en su lugar.
En la madrugada, Jorge Enrique Hernández Aguilar, ex procurador chiapaneco y titular del Consejo Estatal de Seguridad, y el subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín, supervisaron, antes que llegaran los periodistas, la recolección de los cadáveres, cuya existencia negó ayer el secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani. Los agentes encargados de la operación debieron trabajar arduamente, así como los agentes del Ministerio Público. Limpiaron de casquillos y algunas ropas ensangrentadas, pero no todas.
La sangre ensucia. Todavía se ven grandes coágulos, jirones de ropa ensangrentada, así como huellas de la huída en el lodo y los matorrales. También huellas de la persecución. Un jefe policiaco, quien rehusó identificarse pero que ayer se presentó ante los indígenas como comandante, asegura haber visto a Hernández Aguilar. “A las cuatro de la mañana se ve con dificultad”, explica el oficial, quien a la señal radial de Trueno responde como Relámpago. Sus muchachos colaboraron en la recolección de cadáveres. Confirma la cifra de 45, y reitera que están aquí para ayudar a la población; se queja de la falta de confianza.
Antes de las 7 de la mañana la limpieza quedó concluida, y los funcionarios condujeros los cadáveres al Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez. No obstante, fue hasta la tarde de hoy cuando el gobierno local estuvo en condiciones de fijar una postura oficial.
En Polhó, donde están los sobrevivientes, una mujer aprieta entre las manos el blanco rebozo ensangrentado de su hija Susana, quien está muerta. Un hombre relata sollozante: “fallecieron en la balacera todos sus hijos y su nieto. Perdió seis de familia”. Aparte murió su nuera.
La explanada del crimen
Ayer, a las 11 de la mañana, el campamento de Acteal estaba en confusión. Quedan, maltrechos, los cobertizos de ramas y palma que fueron su refugio. “Aquí estábamos rezando”, señala Pablo. Un gran claro circular. Los primeros muertos cayeron aquí mismo. Los demás corrieron hacia la cañada, y prácticamente se desbarrancaron por la caída de un río. Los grandes helechos desgarrados, la vegetación arrancada, los trapos, las huellas, la sangre, los hoyos y los cardos arrastrados muestran el rumbo de la multitudinaria huída.
Cuenta Pablo cómo iban los bebés rodando con sus mamás. Los niños chicos cayéndose y corriendo. Él iba cuidando a su hijo. Otros cargaban a los heridos. Los paramilitares no dejaron de dispararles, pero a la barranca no se aventuraron. Les bastó con rematar en una cueva a los que allí se refugiaron y dejar la primera hondonada del río sembrada de cadáveres.
“Les dispararon de arriba”, indica Pablo al descender, y da un brinco. El poder de fuego que los abatió, a juzgar por las heridas de los internados en San Cristóbal, nunca fue menor. Balas expansivas, según Pablo, y cuernos de chivo. Él los vio. Reconoció a muchos atacantes. No todos traían el rostro cubierto. Muchos jovencitos llevaban un paliacate amarrado en la cabeza, y se sentían muy guerreros. Veintiún mujeres, una decena de niños: buen récord.
Los agraviados los llaman “priístas”, pero muchas comunidades priístas son inocentes del ataque. Se trata de bandas armadas que recibieron entrenamiento militar y el apoyo del ayuntamiento oficial. Jóvenes entrenados, transformados, que atacaron contando con la Navidad. No existen elementos para suponer un acto “de venganza” o “conflicto intracomunitario”, como maneja hoy la radio estatal. Hablan los noticieros de muertos a machetazos y pedradas. Cosa de indios salvajes.
Falso. El trabajo de exterminio fue eficiente, y a su manera limpio. ¿Se puede no dramatizar esta forma de muerte fría, calculada, preparada y anunciada? Nada que ver con pleitos de familias o diferencias políticas. No es una guerra civil. Chenalhó es un escenario, un laboratorio, una puesta en práctica. De manual.
Uno de los heridos en San Cristóbal fue identificado como paramilitar. Es vigilado por la SP. De muchos otros paramilitares, los sobrevivientes conocen sus nombres. “Muchachos que se hicieron malos”, afirma Juan, tan abatido como todos los de Acteal, Chimix y Polhó. Pero además, muy indignado, dice los nombres de un Javier, un Felipe, un José y un Noé que conoce. Son de Acteal, La Esperanza, Puebla, Los Chorros, Bajo Beltic, Yibeljoj, Naranjatic, y los vio venir para matar. Los vio asesinando por todas partes.
Después de reconstruir la ruta de la huída, Pablo y Javier nos llevan a recorrer las casas de otro barrio de Acteal. Javier llega a su casa, ve un alambre mal puesto donde él dejó ayer un candado. Es de las bases zapatistas. “¡Mi grabadora!”, exclama al detectar su ausencia en la casa saqueada. Cada casa que visitamos está destruida. “Estos no fueron los paramilitares. Ellos hubieran quemado. Fueron los policías”. Poco después encuentra tirado, en el dormitorio, un sombrero de policía. Lo recoge, se lo lleva a la nariz con sorprendente instinto, y dice: “huele a caxlán”.
Empiezan a llegar hombres de Acteal, a recolectar el café que dejaron secando, los costales. Pululan perros sin dueño, que se nos pegan para tener compañía.
Al atardecer, el Ejército desplaza cientos de efectivos a Chenalhó. En Polhó informan que hay disparos en Puebla, Los Chorros y Tzajalcum, de donde son los paramilitares. Y que amenazan con atacar otros campamentos de refugiados. Cae la noche. Acteal es hoy la boca del abismo.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/21/index.php?section=politica&article=022r1pol
22 de noviembre del 2007
En algunos países ocurrieron episodios peores, pero no tuvieron tal repercusión
Estupor en el mundo por la masacre
La fría parsimonia del gobierno mexicano ante lo que ocurría en el municipio de Chenalhó se sigue viendo con pasmo una década después
El agudizamiento de la violencia tiene que ver con la interrupción del diálogo: Samuel Ruiz
Hermann Bellinghausen/XVIII
La Nochebuena de 1997 todos los medios impresos y electrónicos hablan de la masacre. El mundo está azorado. Mucho más que con otras atrocidades similares del pasado y el presente. Tiempo después, hubo guatemaltecos y salvadoreños que externaron sorpresa ante las reacciones internacionales por Acteal. En sus países sucedieron episodios incluso peores y nunca tuvieron tal repercusión.
Diputados, senadores, obispos, observadores internacionales, abogados, funcionarios y periodistas habían conocido en persona a las víctimas. Todavía días antes eran parte de los indígenas desplazados que angustiaban a la sociedad civil. La fría parsimonia del gobierno mexicano ante lo que ocurría en Chenalhó se sigue viendo con pasmo una década después.
Aun el mismo día de la masacre, mientras ésta ocurría, el subsecretario de Gobierno de Chiapas, Uriel Jarquín Gálvez, se daba tiempo para desmentir –en inserción pagada– al suplemento Masiosare de La Jornada, que la víspera documentó la participación de diversas instancias oficiales en el financiamiento del grupo Paz y Justicia. “El gobierno federal y el estatal no apoyan la insurgencia ni la llamada ‘contrainsurgencia’. Combaten, eso sí, al enemigo común de todos los chiapanecos: la pobreza” (LJ, 23 de diciembre).
La información “negada” por las autoridades destacaba, con evidencias facsimilares, la presencia y firma como “testigo de honor” en la entrega de recursos a Paz y Justicia en la zona norte, del general Mario Renán Castillo Fernández, cuando aún era el comandante de la ocupación militar de los territorios indígenas de Chiapas (Masiosare, 21 de diciembre). Pocas veces un desmentido oficial ha caído en mayor vacío.
La Jornada registra también las opiniones del ex guerrillero y asesor gubernamental Gustavo Hirales, para quien referirse a Paz y Justicia como paramilitar “es un mito creado por los departamentos oficiosos de propaganda del EZLN, la diócesis de San Cristóbal y sus correas de transmisión”. Poco antes de la masacre, Hirales sostenía en El Nacional, diario de la Secretaría de Gobernación, que es una “fábula y un mito preconstruido” que en Chiapas “haya una guerra de baja intensidad orientada desde los más altos niveles del Estado”.
El presidente Ernesto Zedillo dirigió un mensaje a la nación el día 23, donde manifestaba que “no existe ninguna circunstancia que pueda justificar este cruel, absurdo, inaceptable acto criminal”. El hecho “llena de luto a toda la nación, es un hecho que nos duele y agravia a todos los mexicanos”. El mandatario se comprometió a que los responsables recibirían “todo el peso de la ley”.
El Ejército federal se declaró en “alerta máxima”. Argumentando un presunto “fuerte movimiento de tropas zapatistas”, desplazó miles de efectivos más hacia las montañas de Chiapas, y reinició patrullajes “en toda la zona controlada por el EZLN”. En pocas horas arribaron al estado más de cinco mil soldados; la mitad se instalaron inmediatamente en Chenalhó (LJ, 24 y 26 de diciembre).
El Congreso Nacional Indígena, el PAN y el PRD demandaron la desaparición de poderes en Chiapas (lo que nunca se cumplió). El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, negó que el gobierno auspiciara acto ilegal alguno. El dirigente nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, diría y repetiría varias veces que su partido nada tuvo que ver con la matanza, y que si participaron priístas, fue “a título personal”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó (SRE) las “expresiones de voceros o funcionarios de gobiernos extranjeros u organismos internacionales” que demandaban acciones al gobierno mexicano en relación con “el homicidio colectivo de Acteal” (valga el eufemismo de la SRE). La cancillería de Ángel Gurría expuso: “ello constituye un inaceptable acto de injerencia en los asuntos internos de México, país que se ha caracterizado por su invariable respeto al principio de no intervención” (LJ, 26 de diciembre). Ahora sí, a defender la soberanía, aun de las reacciones de su amigo el mandatario estadunidense Bill Clinton, quien había manifestado su indignación. El primer ministro francés Lionel Jospin expresó “profunda consternación” y llamó al gobierno zedillista a “encontrar a los responsables de esta matanza que no debe quedar sin castigo”.
Detenidos, los primeros asesinos
Desde Chenalhó, La Jornada informa al detalle los eventos posteriores a la matanza. El 25 de diciembre se celebra el sepelio de las víctimas en Acteal mismo. A escasos 200 metros de donde fueron ejecutados, los 45 cuerpos mutilados, destrozados y descompuestos de los indígenas recibieron sepultura el jueves (LJ, 26 de diciembre).
El obispo Samuel Ruiz García apuntó que el agudizamiento de la violencia en Chiapas tiene que ver con la interrupción del diálogo en San Andrés Larráinzar entre el gobierno y los zapatistas, así como con el crecimiento de los “grupos paramilitares que nos dijeron que no existían, pero aparecieron en Chenalhó”.
A partir de las ocho de la mañana, vestidos con sus ropas tradicionales, cientos de tzotziles que la noche anterior velaron a sus muertos hicieron el recorrido fúnebre desde Polhó hasta Acteal. Al frente, dos niños cargaban una leyenda: “Herodes quiso, pero no pudo acabar con la criatura. Hoy tampoco lo logrará, aunque tantos inocentes tengan que fecundar con su sangre este suelo duro y árido”.
Habían caminado durante 20 minutos por la carretera entre las cabeceras municipales de Chenalhó y Pantelhó, cuando un camión de tres toneladas detuvo su marcha cerca de ellos. Familiares de los indígenas asesinados señalaron de inmediato a algunos de sus ocupantes como parte de los grupos paramilitares que acribillaron a las 45 personas de Las Abejas.
El camión fue registrado y 21 de sus pasajeros, entre ellos uno con chaleco antibalas, fueron obligados a bajar. Tres de ellos fueron arrastrados de los cabellos, para ser entregados como “asesinos” a Jorge García Sánchez, agente del Ministerio Público Federal.
Mireille Roccatti, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aseguró durante el entierro en Acteal que el gobierno de Julio César Ruiz Ferro logró pocos avances en cuanto a las medidas cautelares que debió realizar con los desplazados por la violencia. Roccatti indicó que existió petición expresa al gobierno del estado para proporcionar, “en forma inmediata”, ayuda humanitaria a la población desplazada por la violencia política en el alteño municipio de Chenalhó.
La funcionaria recordó que también se solicitó realizar “las gestiones necesarias para que los desplazados pudieran regresar a sus comunidades de origen, con plenas garantías para su seguridad personal durante su retorno y permanencia en sus hogares”. Sin embargo, se negó a proporcionar informes sobre el avance de la investigación de la matanza, y señaló que se darían a conocer “en los próximos días”.
El alcalde agradecido
El alcalde Jacinto Arias Cruz agradeció al presidente Ernesto Zedillo “su apoyo e intervención para esclarecer los hechos violentos del pasado lunes en este municipio”. En una carta dirigida al jefe del Ejecutivo federal, el presidente municipal también dio las gracias al gobernador Ruiz Ferro por sus esfuerzos “para llegar al esclarecimiento de todos los hechos de violencia registrados en Chenalhó”.
El alcalde priísta recordó que desde mayo pasado han sido persistentes los enfrentamientos entre indígenas de la región, y manifestó que las 45 personas “fueron masacradas por criminales”. Poco después, él mismo sería apresado como cómplice y promotor de la masacre.
Después del día 22 afloraron muchos más detalles sobre la preparación del ataque. Vicente, indígena que participó en las últimas negociaciones entre autónomos y oficiales en Las Limas, relató su encuentro en Chimix con los paramilitares el día del último encuentro. Estaban bolos cuando lo amenazaron. “El alcohol huele de lejos”. En cambio, dijo, los atacantes en Acteal “no olían a nada. Echaban baba”, y se pasó la mano por las comisuras, con asco: “como perros que tienen rabia”. (LJ, 27 de diciembre). Otros testigos coincidían en que los agresores “parecían drogados” mientras ejecutaban su crimen culminante.
Vicente recordó que a principios de diciembre el gobierno de Chenalhó envió armas en costales de granos. Quiso obligar a un transportista a llevar la carga hasta Tzajalucum, pero éste la descargó en Majomut, luego de pasar sin problema un retén de la policía. Al llegar los costales a su destino, registra la nota, “los paramilitares vieron que había cuernos de chivo y escopetas de bajo calibre. Desecharon las segundas argumentando: ‘no sirven. Queremos armas que maten bien’. Días después recibieron armamento de las características que solicitaban”.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/22/index.php?section=politica&article=014r1pol
Funcionarios estatales ordenan borrar rastros de los muertos
Intentan ocultar la masacre
Rescatar cuerpos “antes que lleguen los reporteros”, la consigna
Hay zozobra en otra comunidad ante amenazas de nuevo ataque
El obispo Samuel Ruiz García calificó la matanza de “crimen contra la humanidad”, y destacó el clima de violencia “creciente e impune denunciado acuciosamente a las autoridades, que lo podían haber frenado”
Hermann Bellinghausen /XVI
El 23 de noviembre de 1997, La Jornada cubrió desde Acteal, Tuxtla Guitérrez, Polhó y San Cristóbal de Las Casas las distintas piezas del trágico desenlace. En un rápido operativo montado por Seguridad Pública (SP) del estado, con apoyo de la Cruz Roja Mexicana, se logró rescatar de un barranco y una cueva los 45 cuerpos masacrados con armas de fuego y mutilados con machetes. Todos los organismos involucrados en el rescate y la atención médica (Cruz Roja, IMSS y ERUM) y el propio gobierno de Chiapas reconocieron el asesinato de 45 personas, sacrificadas todas a mansalva el lunes pasado (24 de diciembre).
Sobrevivientes, heridos y testigos entrevistados por La Jornada este martes coincidieron en acusar a militantes del PRI de las comunidades de Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil y Canolal de ser los autores de la masacre contra los refugiados de Las Abejas.
A pesar de negar insistentemente que hubiese muertos en Acteal, el gobierno de Julio César Ruiz Ferro implantó esta madrugada un operativo coordinado por el subsecretario Uriel Jarquín Gálvez y por el ex procurador Jorge Enrique Hernández Aguilar, quien tenía como objetivo principal, según el concejo autónomo, borrar los rastros de los muertos para poder manejar a su antojo el número de éstos.
La Cruz Roja hizo rectificar
Información pública de la delegación de la Cruz Roja Mexicana en San Cristóbal hizo reaccionar al gobierno estatal. La orden de rescatar los cadáveres fue dada “a las cuatro de la madrugada” del martes. “Antes que lleguen los reporteros”, fue la consigna. Hasta el momento sólo reconocía la existencia de cinco heridos leves.
La Cruz Roja recibió a las 20:07 horas del lunes una llamada del Ministerio Público, el cual avisó que “había enfrentamientos” en el municipio de Chenalhó. Tres horas y media después movilizaron las unidades 162 y 158 de la delegación de San Cristóbal, y una más de Tuxtla Gutiérrez. Dos de las unidades realizaron el reconocimiento de la zona y hallaron cuerpos sin vida en un barranco. Otras seis unidades de la Cruz Roja y otro vehículo se integraron a las tareas de rescate.
A las cuatro de la madrugada, el gobierno autorizó a SP y la Cruz Roja el rescate de los cuerpos, una vez que el Ministerio Público hizo las diligencias correspondientes. La Cruz Roja informó que se levantaron 45 cuerpos: un bebé, 14 niños, 21 mujeres y nueve hombres. Los restos fueron entregados a la policía estatal, que los trasladó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. No se permitieron más testigos.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Madrazo Cuéllar, informa por televisión que las primeras investigaciones revelan que fueron alrededor de 25 los agresores, quienes iban vestidos de negro, con el rostro cubierto, y utilizaron tres camiones de tres toneladas para transportarse.
Cerca de las 14 horas del lunes 22, Homero Tovilla Cristiani y Uriel Jarquín, secretario y subsecretario de Gobierno, respectivamente, fueron notificados por la diócesis de San Cristóbal de Las Casas de los hechos violentos que ocurrían en esos momentos en el campamento de desplazados de Acteal, según reportes de Las Abejas. Los funcionarios se comprometieron a investigar la situación y dar una respuesta en las próximas horas. A las seis de la tarde, Tovilla Cristiani se comunicó a la diócesis para informar que la situación en la comunidad de Acteal estaba controlada y sólo se escucharon “unos tiros”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido dos recomendaciones en menos de 30 días al gobierno de Ruiz Ferro para apoyar a los indígenas desplazados por la violencia e investigar los hechos sangrientos ocurridos desde la segunda quincena de noviembre en Chenalhó. A estas recomendaciones, y a otras que han realizado organismos no gubernamentales, el gobierno del estado ha hecho caso omiso y mantiene su política de no aceptar que existen unos 6 mil desplazados, la mayoría de Las Abejas y simpatizantes zapatistas, en cinco comunidades.
Temores de un nuevo ataque en X’Cumumal
A pesar de que el Ejército redobló el número de efectivos que mantiene en la cabecera municipal de Pantelhó, a escasos kilómetros de Acteal, y que los agentes de SP fueron triplicados en la zona, el grupo armado de priístas amenazó hoy con atacar la comunidad de X’Cumumal.
El concejo autónomo de Polhó aseguró que unos 50 hombres armados se dirigen a X’Cumumal, donde se encuentran refugiados unos 3 mil desplazados del EZLN y Las Abejas.
El presidente del concejo autónomo, Domingo Pérez Paciencia, puntualizó que la masacre del lunes en Acteal es la “guerra del gobierno” contra las comunidades indígenas. “Esto es lo que nos da el gobierno en vez de reconocer nuestros derechos.
“Llamamos urgentemente a toda la sociedad civil, nacional e internacional, para que se organice y obligue a que se desarme inmediatamente a los paramilitares, pero que sea supervisado por organismos nacionales e internacionales. También para que salgan inmediatamente los policías de SP, porque son cómplices de los paramilitares”, apuntó.
El obispo de San Cristóbal de la Casas y presidente de la Comisión Nacional de Intermediación, Samuel Ruiz García, calificó de “crimen contra la humanidad” la masacre perpetrada en Acteal, y destacó el clima de violencia “creciente e impune denunciado acuciosamente a las autoridades, que lo podían haber frenado”.
Los funcionarios, a escena
En Tuxtla Gutiérrrez, el procurador Madrazo Cuéllar sentía el calor que ya abrasaba los Altos de Chiapas, al dar los primeros resultados de las averiguaciones abiertas por la PGR.
Las necropsias practicadas a los 45 indígenas masacrados, “en la inmensa mayoría de los casos muestran que las balas de grueso calibre tienen una trayectoria de atrás hacia adelante, y esto quiere decir que fueron sacrificados por la espalda”, ratificó el subprocurador de Averiguaciones Previas, Everardo Moreno.
Se llamó a declarar al secretario general de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani, acusado de negligencia, al no haber actuado inmediatamente cuando supo de la agresión, según denuncia del vicario de la diócesis de San Cristóbal, Gonzalo Ituarte. No se concluyó que tuviera responsabilidad alguna. El subprocurador Moreno afirmó que en sus declaraciones los indígenas detenidos mencionan “algunos de ellos, que pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Cardenista (PC)”.
“¿Son paramilitares?”, preguntaron los reporteros a Madrazo Cuéllar. Respondió: “lo que puedo calificar es que tienen que ver con la asociación delictuosa y con el crimen organizado; no puedo entrar con otro tipo de adjetivos que no tengan que ver con los estrictamente jurídicos y constitucionales. Hay diversas líneas de investigación y acciones concretas que se están desarrollando”.
Lluvia de voces
Los articulistas de La Jornada se vuelcan a escribir sobre el tema en los días siguientes: Manuel Vázquez Montalbán, Horacio Labastida, Paulina Fernández, Adolfo Gilly, Arnoldo Kraus, Carlos Fuentes, Luis Javier Garrido, Fernando Benítez, Andrés Aubry, Angélica Inda, Luis González Souza, Adelfo Regino, José del Val, Ana Esther Ceceña, Néstor de Buen, Cristina Barros, Antonio Gershenson, Gilberto López y Rivas, José Agustín Ortiz Pinchetti, Luis Hernández Navarro, Julio Moguel, Alberto Aziz Nacif, José Blanco, Marco Rascón, Arnaldo Córdova, Antonio García de León, Carlos Monsiváis, Luis Linares Zapata, Jaime Avilés, Bernardo Bátiz, Jaime Martínez Veloz. Hasta Carlos Tello, quien aprovecha para pedir que se cumplan los acuerdos de San Andrés.
Héctor Aguilar Camín, a contracorriente del resto, desde la primera plana de La Jornada descalifica a la “prensa pro zapatista” por poner las cosas “en blanco y negro”, pues “nadie en su sano juicio” puede culpar al gobierno de Ernesto Zedillo, salvo de la “omisión” de no enfrentar el problema (o sea, no deshacerse a tiempo de los zapatistas). Y explica: “no es, sin embargo, la guerra de los aparatos lo que hace incontrolable y moralmente opresiva la situación de Chiapas, sino el odio interiorizado y radicalizado de la gente del común, el odio atizado por la vendetta familiar y la intolerancia religiosa, por la codicia comunitaria y la rencilla política a mano armada. No matan ni mueren ahí guardias blancas y pistoleros a sueldo. Matan y mueren gentes del pueblo llano, vecinos y parientes jurados a muerte” (29 de diciembre).
Para Eduardo Huchim (24 de diciembre), “nunca en este siglo mexicano la muerte masiva había sido tan anunciada. Prensa, radio y televisión habían descrito los signos ominosos de lo que hoy es una realidad dolorosa e indignante. En otros tiempos, el sólo anuncio reiterado de lo que se preparaba habría tenido efectos disuasorios eficaces. Ahora pareciera que fue un incentivo”.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/20/index.php?section=politica&article=012r1pol
21 de noviembre del 2007
Policías “revisaron” casas que sus habitantes dejaron cerradas con candados
En el lugar de los hechos, todas las huellas del trabajo de exterminio
No hubo elementos para suponer que se trató de un “conflicto intracomunitario” ni de “venganza”. Fue una acción preparada y realizada por bandas armadas que recibieron apoyo del ayuntamiento
Los atacantes, identificados; entre las víctimas, 21 mujeres y una decena de niños
Hermann Bellinghausen/XVII
Acteal, 23 de diciembre de 1997. En donde ha estado la muerte se siente su presencia. Aquí acaba de suceder la mayor masacre de mujeres y niños en la historia “moderna” de México. En esta hondonada rota, surcada de huipiles ensangrentados y toda la destrucción de una horda, apenas anteayer se asentaba un campamento de 350 refugiados. Sus casas habían sido quemadas un mes atrás (La Jornada, 24 de diciembre).
Las víctimas se encontraban a orillas de Acteal, rezando. Así, de rodillas, los cogieron por la espalda, desde los cerros circundantes, los disparos de armas de alto poder. Según los sobrevivientes, la balacera comenzó a las 10:30 de la mañana, y Seguridad Pública (SP) acepta haber entrado a Acteal a las 17 horas. “No había nada, y luego que aquí es normal que haya disparos”, dice un comandante de la policía, sin insignias (resultó ser el teniente coronel Roberto García Rivas).
Con seis horas a su disposición, los sicarios pudieron efectuar su trabajo con eficiencia numérica: la cifra de muertos duplica la de heridos. “No teníamos ni con qué defendernos”, lamenta con rabia Juan. Incluso a los más bilingües se les dificulta hoy hablar castilla. Relatan el horror en tzotzil, esta mañana, en Polhó. En la escuela de Polhó, unas 200 personas lloran intermitentemente. Una hora pasamos allí los reporteros, y en ningún momento se acalló el llanto. Todos querían hablar. El traductor omitía cosas; varias veces, él lloraba.
Una mujer embarazada cayó moribunda en la explanada del campamento. Los asesinos llegaron hasta ella para rematarla. Y uno de ellos, “con un cuchillo –relata un testigo y hace un ademán de puñalada, que inmediatamente reprime con un temblor– le sacó su niño y lo tiró allí nomás”. (La nota original decía que esa víctima fue Rosa Gómez Cruz; un error de nombre en medio de la confusión trágica. Al parecer, el testigo se refería a Catarina Luna Pérez, con cinco meses de embarazo, quien recibió cinco machetazos. Sobre esto volveremos más adelante).
A Juana Vázquez “primero la mataron y luego la robaron”, dice un joven mostrando una bolsa de red. “La traían los paramilitares, y salió este chamaquito. Le preguntaron adónde vas, y él dijo al baño, y le dijeron ten esta bolsa, apúrate y cuando regreses nos ayudas a cargar la bala”. El aludido, Miguel, permanece silencioso, sucio, con los ojos abiertos. De la red salen dos naguas de mujer, un huipil primoroso y un cinturón bordado en rojo. El tesoro de la bordadora lo llevaban sus asesinos de botín.
María, pequeña madre, carga su bebé a la espalda, apoya su cabeza en el pecho del reportero. Se estremece. Su hermana, Elena, habla: “murió su padre, su hermano, su cuñado”. El niño de María, envuelto en el rebozo, llora ya cansado de llorar.
Una hermosa niña de unos 12 años, Guadalupe Vázquez Luna, y su hermanito, son los únicos sobrevivientes de otra familia. Su padre, Alonso Vázquez Gómez, era jefe de zona de los catequistas. Guadalupe lo vio morir, a su mamá, a su tío Victorio, quien era promotor de salud, y a un hermanito.
Operación limpieza
Esta mañana, Acteal está desierto. En la cancha de basquetbol un centenar de policías y militares de Fuerza de Tarea vigilan a cientos de metros del lugar de la masacre. Nuestra llegada interrumpe su “revisión” de las casas abandonadas, cuyos habitantes dejaron cerradas con candados. Todas las casas están saqueadas, y no queda un sólo candado en su lugar.
En la madrugada, Jorge Enrique Hernández Aguilar, ex procurador chiapaneco y titular del Consejo Estatal de Seguridad, y el subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín, supervisaron, antes que llegaran los periodistas, la recolección de los cadáveres, cuya existencia negó ayer el secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani. Los agentes encargados de la operación debieron trabajar arduamente, así como los agentes del Ministerio Público. Limpiaron de casquillos y algunas ropas ensangrentadas, pero no todas.
La sangre ensucia. Todavía se ven grandes coágulos, jirones de ropa ensangrentada, así como huellas de la huída en el lodo y los matorrales. También huellas de la persecución. Un jefe policiaco, quien rehusó identificarse pero que ayer se presentó ante los indígenas como comandante, asegura haber visto a Hernández Aguilar. “A las cuatro de la mañana se ve con dificultad”, explica el oficial, quien a la señal radial de Trueno responde como Relámpago. Sus muchachos colaboraron en la recolección de cadáveres. Confirma la cifra de 45, y reitera que están aquí para ayudar a la población; se queja de la falta de confianza.
Antes de las 7 de la mañana la limpieza quedó concluida, y los funcionarios condujeros los cadáveres al Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez. No obstante, fue hasta la tarde de hoy cuando el gobierno local estuvo en condiciones de fijar una postura oficial.
En Polhó, donde están los sobrevivientes, una mujer aprieta entre las manos el blanco rebozo ensangrentado de su hija Susana, quien está muerta. Un hombre relata sollozante: “fallecieron en la balacera todos sus hijos y su nieto. Perdió seis de familia”. Aparte murió su nuera.
La explanada del crimen
Ayer, a las 11 de la mañana, el campamento de Acteal estaba en confusión. Quedan, maltrechos, los cobertizos de ramas y palma que fueron su refugio. “Aquí estábamos rezando”, señala Pablo. Un gran claro circular. Los primeros muertos cayeron aquí mismo. Los demás corrieron hacia la cañada, y prácticamente se desbarrancaron por la caída de un río. Los grandes helechos desgarrados, la vegetación arrancada, los trapos, las huellas, la sangre, los hoyos y los cardos arrastrados muestran el rumbo de la multitudinaria huída.
Cuenta Pablo cómo iban los bebés rodando con sus mamás. Los niños chicos cayéndose y corriendo. Él iba cuidando a su hijo. Otros cargaban a los heridos. Los paramilitares no dejaron de dispararles, pero a la barranca no se aventuraron. Les bastó con rematar en una cueva a los que allí se refugiaron y dejar la primera hondonada del río sembrada de cadáveres.
“Les dispararon de arriba”, indica Pablo al descender, y da un brinco. El poder de fuego que los abatió, a juzgar por las heridas de los internados en San Cristóbal, nunca fue menor. Balas expansivas, según Pablo, y cuernos de chivo. Él los vio. Reconoció a muchos atacantes. No todos traían el rostro cubierto. Muchos jovencitos llevaban un paliacate amarrado en la cabeza, y se sentían muy guerreros. Veintiún mujeres, una decena de niños: buen récord.
Los agraviados los llaman “priístas”, pero muchas comunidades priístas son inocentes del ataque. Se trata de bandas armadas que recibieron entrenamiento militar y el apoyo del ayuntamiento oficial. Jóvenes entrenados, transformados, que atacaron contando con la Navidad. No existen elementos para suponer un acto “de venganza” o “conflicto intracomunitario”, como maneja hoy la radio estatal. Hablan los noticieros de muertos a machetazos y pedradas. Cosa de indios salvajes.
Falso. El trabajo de exterminio fue eficiente, y a su manera limpio. ¿Se puede no dramatizar esta forma de muerte fría, calculada, preparada y anunciada? Nada que ver con pleitos de familias o diferencias políticas. No es una guerra civil. Chenalhó es un escenario, un laboratorio, una puesta en práctica. De manual.
Uno de los heridos en San Cristóbal fue identificado como paramilitar. Es vigilado por la SP. De muchos otros paramilitares, los sobrevivientes conocen sus nombres. “Muchachos que se hicieron malos”, afirma Juan, tan abatido como todos los de Acteal, Chimix y Polhó. Pero además, muy indignado, dice los nombres de un Javier, un Felipe, un José y un Noé que conoce. Son de Acteal, La Esperanza, Puebla, Los Chorros, Bajo Beltic, Yibeljoj, Naranjatic, y los vio venir para matar. Los vio asesinando por todas partes.
Después de reconstruir la ruta de la huída, Pablo y Javier nos llevan a recorrer las casas de otro barrio de Acteal. Javier llega a su casa, ve un alambre mal puesto donde él dejó ayer un candado. Es de las bases zapatistas. “¡Mi grabadora!”, exclama al detectar su ausencia en la casa saqueada. Cada casa que visitamos está destruida. “Estos no fueron los paramilitares. Ellos hubieran quemado. Fueron los policías”. Poco después encuentra tirado, en el dormitorio, un sombrero de policía. Lo recoge, se lo lleva a la nariz con sorprendente instinto, y dice: “huele a caxlán”.
Empiezan a llegar hombres de Acteal, a recolectar el café que dejaron secando, los costales. Pululan perros sin dueño, que se nos pegan para tener compañía.
Al atardecer, el Ejército desplaza cientos de efectivos a Chenalhó. En Polhó informan que hay disparos en Puebla, Los Chorros y Tzajalcum, de donde son los paramilitares. Y que amenazan con atacar otros campamentos de refugiados. Cae la noche. Acteal es hoy la boca del abismo.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/21/index.php?section=politica&article=022r1pol
22 de noviembre del 2007
En algunos países ocurrieron episodios peores, pero no tuvieron tal repercusión
Estupor en el mundo por la masacre
La fría parsimonia del gobierno mexicano ante lo que ocurría en el municipio de Chenalhó se sigue viendo con pasmo una década después
El agudizamiento de la violencia tiene que ver con la interrupción del diálogo: Samuel Ruiz
Hermann Bellinghausen/XVIII
La Nochebuena de 1997 todos los medios impresos y electrónicos hablan de la masacre. El mundo está azorado. Mucho más que con otras atrocidades similares del pasado y el presente. Tiempo después, hubo guatemaltecos y salvadoreños que externaron sorpresa ante las reacciones internacionales por Acteal. En sus países sucedieron episodios incluso peores y nunca tuvieron tal repercusión.
Diputados, senadores, obispos, observadores internacionales, abogados, funcionarios y periodistas habían conocido en persona a las víctimas. Todavía días antes eran parte de los indígenas desplazados que angustiaban a la sociedad civil. La fría parsimonia del gobierno mexicano ante lo que ocurría en Chenalhó se sigue viendo con pasmo una década después.
Aun el mismo día de la masacre, mientras ésta ocurría, el subsecretario de Gobierno de Chiapas, Uriel Jarquín Gálvez, se daba tiempo para desmentir –en inserción pagada– al suplemento Masiosare de La Jornada, que la víspera documentó la participación de diversas instancias oficiales en el financiamiento del grupo Paz y Justicia. “El gobierno federal y el estatal no apoyan la insurgencia ni la llamada ‘contrainsurgencia’. Combaten, eso sí, al enemigo común de todos los chiapanecos: la pobreza” (LJ, 23 de diciembre).
La información “negada” por las autoridades destacaba, con evidencias facsimilares, la presencia y firma como “testigo de honor” en la entrega de recursos a Paz y Justicia en la zona norte, del general Mario Renán Castillo Fernández, cuando aún era el comandante de la ocupación militar de los territorios indígenas de Chiapas (Masiosare, 21 de diciembre). Pocas veces un desmentido oficial ha caído en mayor vacío.
La Jornada registra también las opiniones del ex guerrillero y asesor gubernamental Gustavo Hirales, para quien referirse a Paz y Justicia como paramilitar “es un mito creado por los departamentos oficiosos de propaganda del EZLN, la diócesis de San Cristóbal y sus correas de transmisión”. Poco antes de la masacre, Hirales sostenía en El Nacional, diario de la Secretaría de Gobernación, que es una “fábula y un mito preconstruido” que en Chiapas “haya una guerra de baja intensidad orientada desde los más altos niveles del Estado”.
El presidente Ernesto Zedillo dirigió un mensaje a la nación el día 23, donde manifestaba que “no existe ninguna circunstancia que pueda justificar este cruel, absurdo, inaceptable acto criminal”. El hecho “llena de luto a toda la nación, es un hecho que nos duele y agravia a todos los mexicanos”. El mandatario se comprometió a que los responsables recibirían “todo el peso de la ley”.
El Ejército federal se declaró en “alerta máxima”. Argumentando un presunto “fuerte movimiento de tropas zapatistas”, desplazó miles de efectivos más hacia las montañas de Chiapas, y reinició patrullajes “en toda la zona controlada por el EZLN”. En pocas horas arribaron al estado más de cinco mil soldados; la mitad se instalaron inmediatamente en Chenalhó (LJ, 24 y 26 de diciembre).
El Congreso Nacional Indígena, el PAN y el PRD demandaron la desaparición de poderes en Chiapas (lo que nunca se cumplió). El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, negó que el gobierno auspiciara acto ilegal alguno. El dirigente nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, diría y repetiría varias veces que su partido nada tuvo que ver con la matanza, y que si participaron priístas, fue “a título personal”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó (SRE) las “expresiones de voceros o funcionarios de gobiernos extranjeros u organismos internacionales” que demandaban acciones al gobierno mexicano en relación con “el homicidio colectivo de Acteal” (valga el eufemismo de la SRE). La cancillería de Ángel Gurría expuso: “ello constituye un inaceptable acto de injerencia en los asuntos internos de México, país que se ha caracterizado por su invariable respeto al principio de no intervención” (LJ, 26 de diciembre). Ahora sí, a defender la soberanía, aun de las reacciones de su amigo el mandatario estadunidense Bill Clinton, quien había manifestado su indignación. El primer ministro francés Lionel Jospin expresó “profunda consternación” y llamó al gobierno zedillista a “encontrar a los responsables de esta matanza que no debe quedar sin castigo”.
Detenidos, los primeros asesinos
Desde Chenalhó, La Jornada informa al detalle los eventos posteriores a la matanza. El 25 de diciembre se celebra el sepelio de las víctimas en Acteal mismo. A escasos 200 metros de donde fueron ejecutados, los 45 cuerpos mutilados, destrozados y descompuestos de los indígenas recibieron sepultura el jueves (LJ, 26 de diciembre).
El obispo Samuel Ruiz García apuntó que el agudizamiento de la violencia en Chiapas tiene que ver con la interrupción del diálogo en San Andrés Larráinzar entre el gobierno y los zapatistas, así como con el crecimiento de los “grupos paramilitares que nos dijeron que no existían, pero aparecieron en Chenalhó”.
A partir de las ocho de la mañana, vestidos con sus ropas tradicionales, cientos de tzotziles que la noche anterior velaron a sus muertos hicieron el recorrido fúnebre desde Polhó hasta Acteal. Al frente, dos niños cargaban una leyenda: “Herodes quiso, pero no pudo acabar con la criatura. Hoy tampoco lo logrará, aunque tantos inocentes tengan que fecundar con su sangre este suelo duro y árido”.
Habían caminado durante 20 minutos por la carretera entre las cabeceras municipales de Chenalhó y Pantelhó, cuando un camión de tres toneladas detuvo su marcha cerca de ellos. Familiares de los indígenas asesinados señalaron de inmediato a algunos de sus ocupantes como parte de los grupos paramilitares que acribillaron a las 45 personas de Las Abejas.
El camión fue registrado y 21 de sus pasajeros, entre ellos uno con chaleco antibalas, fueron obligados a bajar. Tres de ellos fueron arrastrados de los cabellos, para ser entregados como “asesinos” a Jorge García Sánchez, agente del Ministerio Público Federal.
Mireille Roccatti, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aseguró durante el entierro en Acteal que el gobierno de Julio César Ruiz Ferro logró pocos avances en cuanto a las medidas cautelares que debió realizar con los desplazados por la violencia. Roccatti indicó que existió petición expresa al gobierno del estado para proporcionar, “en forma inmediata”, ayuda humanitaria a la población desplazada por la violencia política en el alteño municipio de Chenalhó.
La funcionaria recordó que también se solicitó realizar “las gestiones necesarias para que los desplazados pudieran regresar a sus comunidades de origen, con plenas garantías para su seguridad personal durante su retorno y permanencia en sus hogares”. Sin embargo, se negó a proporcionar informes sobre el avance de la investigación de la matanza, y señaló que se darían a conocer “en los próximos días”.
El alcalde agradecido
El alcalde Jacinto Arias Cruz agradeció al presidente Ernesto Zedillo “su apoyo e intervención para esclarecer los hechos violentos del pasado lunes en este municipio”. En una carta dirigida al jefe del Ejecutivo federal, el presidente municipal también dio las gracias al gobernador Ruiz Ferro por sus esfuerzos “para llegar al esclarecimiento de todos los hechos de violencia registrados en Chenalhó”.
El alcalde priísta recordó que desde mayo pasado han sido persistentes los enfrentamientos entre indígenas de la región, y manifestó que las 45 personas “fueron masacradas por criminales”. Poco después, él mismo sería apresado como cómplice y promotor de la masacre.
Después del día 22 afloraron muchos más detalles sobre la preparación del ataque. Vicente, indígena que participó en las últimas negociaciones entre autónomos y oficiales en Las Limas, relató su encuentro en Chimix con los paramilitares el día del último encuentro. Estaban bolos cuando lo amenazaron. “El alcohol huele de lejos”. En cambio, dijo, los atacantes en Acteal “no olían a nada. Echaban baba”, y se pasó la mano por las comisuras, con asco: “como perros que tienen rabia”. (LJ, 27 de diciembre). Otros testigos coincidían en que los agresores “parecían drogados” mientras ejecutaban su crimen culminante.
Vicente recordó que a principios de diciembre el gobierno de Chenalhó envió armas en costales de granos. Quiso obligar a un transportista a llevar la carga hasta Tzajalucum, pero éste la descargó en Majomut, luego de pasar sin problema un retén de la policía. Al llegar los costales a su destino, registra la nota, “los paramilitares vieron que había cuernos de chivo y escopetas de bajo calibre. Desecharon las segundas argumentando: ‘no sirven. Queremos armas que maten bien’. Días después recibieron armamento de las características que solicitaban”.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/22/index.php?section=politica&article=014r1pol
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