16 de noviembre del 2007
Ni mediación ni diálogo, mensaje del atentado, dice el EZLN
Ataque a comitiva de Samuel Ruiz desata alarma mundial
El 4 de noviembre de 1997, tres campesinos son heridos de bala
Tres días después, la hermana del obispo es agredida a martillazos
Los responsables de los enfrentamientos son los priístas y sus guardias blancas pagadas por el gobierno, insiste el concejo autónomo de Polhó días antes de la matanza. Los desplazados por la violencia viven a la intemperie y sin lo elemental para subsistir
Hermann Bellinghausen /XII
El 4 de noviembre de 1997, una comitiva donde viajan los obispos de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García y Raúl Vera, es atacada a tiros en el municipio de Tila. Resultan heridos de bala los campesinos José Pedro Pérez, José Vázquez y Manuel Pérez. El atentado se atribuye a Paz y Justicia, y esta organización se deslinda. La alarma es de alcance internacional. Dos días después, la hermana del obispo Ruiz García, María de la Luz, es agredida a martillazos y herida de gravedad. El día 7, de manera inusual, la comandancia zapatista se solidariza con la diócesis de San Cristóbal y afirma en un comunicado que los atentados “tienen el objetivo de hacer llegar al EZLN un mensaje claro: ‘Ni mediación, ni diálogo, ni paz’” (La Jornada, 5 a 10 de noviembre).
El día 10, el concejo autónomo de Polhó reitera: “los responsables de los enfrentamientos en Chenalhó son los priístas y sus guardias blancas, pagadas por el gobierno”. Condiciona el diálogo a la desaparición de las guardias blancas y el retiro de policía y Ejército federal de las comunidades. Y asevera que “nuevamente han llegado amenazas y rumores de que los priístas atacarán Polhó” (La Jornada, 11 de noviembre).
El mismo día, el ayuntamiento priísta de Chenalhó “pide” públicamente –mediante un escrito– a “las dirigencias del EZLN y el PRD” que llamen a “sus simpatizantes y militantes para que encaucen su lucha en forma pacífica”. Asimismo, niega la acusación de que los enfrentamientos en el municipio han sido entre priístas. “Son los del EZLN y el PRD los que han agredido con armas de fuego a los militantes del PRI y del Frente Cardenista, sólo por no aceptar afiliarse a su organización”. El ayuntamiento oficial asegura que “en cuatro ocasiones ha tratado de conversar” con los autónomos, pero éstos “se han negado”. (Quien haya seguido este relato recordará que los intentos de diálogo habían sido interrupidos por incidentes y provocaciones gubernamentales, y los autónomos no aceptaban hablar en las condiciones imperantes de paramilitarización, ocupación policiaca y presencia militar.)
En Tuxtla Gutiérrez, el general Mario Renán Castillo Fernández, comandante de la séptima Región Militar, anuncia que será sustituido por el general José Gómez Salazar. El alto mando saliente pondera que en los tres años que ocupó el cargo, el combate al narcotráfico “fue frontal y agresivo, aunque falta mucho por hacer”, y que los soldados a su cargo nunca violaron la Ley para el Diálogo y la Reconciliación. Destaca la “labor social” de las tropas en comunidades indígenas; muchas incluso “la solicitaban” (La Jornada, 11 de noviembre).
A la mañana siguiente, priístas y cardenistas disparan por segundo día consecutivo sobre las casas de 18 familias simpatizantes del EZLN en Yibeljoj, a pocos kilómetros de Polhó, “por no cooperar en la compra de armas de los grupos paramilitares que están formando” (La Jornada, 12 de noviembre). En asamblea, la comunidad agredida decide no responder. El concejo autónomo informa que de Tzanembolom hay 455 refugiados, mil 200 de Chimix y un número no preciso de Canolal, Los Chorros, Yaxjemel, La Esperanza y Puebla.
Según reporta este diario, la situación es más dramática de lo que reflejan en sus rostros los voceros autónomos en Polhó. Uno de ellos tiene en la mano la denuncia que tomaron a un anciano que acaba de relatar los sucesos de Yibeljoj. “Se regresó rápido. No sabe si los disparos dieron en su familia”, comentan los concejales, pues el hombre fue sorprendido por la balacera en su milpa. Una huella digital firma su testimonio. “No sabemos si nos van a atacar. Los priístas y cardenistas armados están como a 2 mil metros de aquí”, dice el vocero, y señala hacia Majomut (La Jornada, 12 de noviembre).
“La presencia de miembros del Partido Cardenista en los ataques armados responde a la participación de ese partido en el ayuntamiento priísta”, agrega el concejo autónomo. “A gente de ellos también la agreden”. Y añade que la casa en Majomut del juez municipal oficial, Manuel Pérez Ruiz, “está convertida en cuartel de la Seguridad Pública, porque él está metido en los ataques”. Refiere la participación directa del funcionario en agresiones contra Las Abejas, el 21 de octubre, y zapatistas, el 29 de octubre. “El juez es de los que promueven la violencia”.
En la ciudad de México, el secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, asegura que el Ejército Mexicano “no adiestra ni fomenta grupos paramilitares en Chiapas”, al recibir en sus oficinas a una comisión del Senado. El legislador perredista Carlos Payán Velver cuestiona al general secretario sobre la guerra de baja intensidad y la “posible participación de miembros del Ejército” en el adiestramiento de dichos grupos (La Jornada, 13 de noviembre).
El concejo autónomo de Polhó realiza una asamblea a la que invita al gobierno oficial de Chenalhó, pero éste no acude, “pues su contraparte ha agredido a militantes del PRI” (La Jornada, 14 de noviembre). Los autónomos niegan haber agredido a miembros del tricolor en Chimix dos semanas atrás; dijeron que esa argumentación era una táctica “para no dialogar y seguir causando violencia”, y proponen una reunión conjunta para el próximo día 21.
Sirve recurrir a una cronología de los días posteriores. Allí se registra que el 14 de noviembre, cerca de San Andrés, sobre la carretera, en territorio chamula, tres personas descienden de un vehículo en marcha y sin placas, y ejecutan al maestro Mariano Arias Pérez, del PRI, quien había expresado públicamente su desacuerdo con las acciones de su partido en Chenalhó. Dos días después, durante su entierro en Yibeljoj, los priístas hacen disparos al aire y culpan a los zapatistas del crimen. Éstos huyen a Xoyep. Por ese deceso, el alcalde priísta Jacinto Arias Cruz amenaza de muerte al párroco de Chenalhó, Miguel Chanteau, en presencia de varias personas. (La Jornada, suplemento Masiosare, 14 de diciembre.)
Siguen los días de noviembre: “17, agresión y robos por parte de priístas armados en Acteal. 18, en Aurora Chica asesinan a varios pobladores. En Polhó, la Seguridad Pública arresta a tres autónomos; uno tiene 14 años. El día 19 hay tres desaparecidos en Polhó, entre ellos un niño de nueve años. Varias casas quemadas en Tzalalucum. A partir del 17 se generaliza la agresión: familias perredistas o zapatistas huyen de 10 comunidades. El día 29, coordinadas por el Centro Fray Bartolomé (CDHFBC) y la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, varias ONG visitan el norte de Chiapas y Chenalhó. Constatan la presencia de 700 desplazados que viven a la intemperie cerca de Polhó. El gobernador Julio César Ruiz Ferro habla de 800 desplazados en toda la entidad, pero su oficina de comunicación insiste a la prensa nacional en que “sólo son 500”. Sobre el terreno, se calcula que cuando menos hay 3 mil en Chenalhó (y en aumento), y más de 4 mil en la zona norte.
A su vez, el CDHFBC reporta que el día 15 fue asesinado Jacinto Vázquez Luna, en Bajo Beltik, mientras estaba en su cafetal. “Era padre de tres hijos y simpatizante del municipio autónomo. Su cadáver permaneció tirado en su cafetal”. Posteriormente, priístas de Los Chorros se enfrentaron en las proximidades de Pechiquil con un grupo de simpatizantes del municipio autónomo cuando éstos se dirigían a levantar el cuerpo de Vázquez Luna. Dicho grupo no pudo rescatarlo y retornó a sus comunidades. En tanto, el grupo priísta quemó al menos una casa en Pechiquil”.
El 20 de noviembre, el municipio autónomo de Polhó envía un comunicado a la Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación) y a la Conai (Comisión Nacional de Intermediación), convocándolas para que intervengan en el conflicto. Ese día, un grupo de ciudadanos y organizaciones sancristobalenses manifiesta: “Los cuerpos de Seguridad Pública destacamentados en la cabecera municipal, Puebla, Yaxjemel, Majomut, Los Chorros, Yibeljoj, Jobeltik, Kanolal y Tzanembolom pululan por los caminos y comunidades; se meten en las parcelas y siembran terror por todas partes, impidiendo que la gente coseche sus milpas y aumentando aún más la difícil situación de los pobres. ¿Están los policías buscando la paz y la reconciliación, como insiste el gobierno, o más bien protegen y azuzan a quienes tienen interés en continuar esta guerra civil? ¿Cuántos muertos más espera el gobierno para afrontar sus responsabilidades?”
El día 21, miembros de Las Abejas piden ayuda: 80 familias (408 personas) de Yibeljoj “se encuentran en una grave situación por falta de medicamentos, ya que estamos viviendo en Xoyep sin ninguna clase de ayuda”.
Ha estallado el nuevo gran problema: los desplazados, cuyo número crece en condiciones críticas, bajo lluvias invernales, sin techo, casi sin ropa. Sin alimentos. Sin medicinas. Sin. Sin. Sin.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/16/index.php?section=politica&article=014r1pol
17 de noviembre del 2007
Miles de desplazados, sin ayuda ni forma de conseguir comida
Crecen la violencia, muertes y miseria entre indígenas
Autoridades autónomas y constitucionales de Chenalhó se reúnen
Comienza la persecución contra observadores internacionales
Pese a las evidencias del clima de hostilidad denunciado por el concejo autónomo, el gobierno señala que los problemas se van resolviendo y niega que se quemen casas y se esté asesinando a zapatistas y perredistas
Hermann Bellinghausen/ XIII
El 24 de noviembre de 1997, el concejo autónomo de Polhó envía una carta invitando a los legisladores de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) a colaborar en la mediación del conflicto, convocando a un diálogo para el día 29 en Polhó. También informa que existen más de 4 mil 500 desplazados.
La Unión de Ejidos y Comunidades Majomut, que reúne a caficultores de las distintas filiaciones políticas, notifica que la cosecha de más de 20 mil sacos de la semilla está en riesgo a consecuencia de la violencia.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) recibe informaciones de que elementos de Seguridad Pública acompañan y dan protección a militantes priístas para cosechar café en predios de los zapatistas. El día 25 en los barrios de Acteal son quemadas cuatro casas de simpatizantes zapatistas por al menos 15 personas armadas. Se reporta “gran tensión” en Pechiquil, donde Hilario Guzmán Luna y Pablo Hernández Pérez, “ex militar” y actual agente municipal, dirigen un grupo de paramilitares (La Jornada, 26 de noviembre*). Simultáneamente, el síndico del municipio oficial Agustín Gutiérrez Pérez solicita la presencia del Ejército federal en el poblado “para salvaguardar el orden”.
Priístas de Pechiquil instalan un “control” en el camino; entre ellos se identifica un grupo de 20 personas en uniforme oscuro y botas “parecidas a las del Ejército; el resto porta el tradicional calzado de hule”. La secretaría de Gobierno de Chiapas en una inserción pagada (27 de noviembre) declara solemnemente: “en la comunidad de Acteal ninguna vivienda ha sido quemada.”
Aniquilar las bases de apoyo, misión del gobierno
Al día siguiente, el comandante David dice a La Jornada que “el objetivo principal de la violencia promovida por el gobierno en Chenalhó y otros municipios a través de guardias blancas y grupos paramilitares, es destruir a las bases de apoyo del EZLN”, y que “aunque el gobierno dice diariamente que en Chiapas se van resolviendo los problemas, todo es mentira porque lo que crece es la violencia, la persecución, la muerte y el encarcelamiento de muchos compañeros”.
El 29 de noviembre un helicóptero del gobierno del estado aterriza en Canolal llevando gente que dice ser de “derechos humanos”, y que “regresaría al rato para acabar con los zapatistas y la sociedad civil”. El primero de diciembre, el secretario de Pueblos Indígenas, Antonio Pérez Hernández, en el contexto de una visita de observadores nacionales e internacionales, “acusa a forasteros de ser causantes de la violencia”. Por su parte, la Secretaría de Gobernación instala un retén migratorio “coyuntural” en la carretera a San Pedro Chenalhó.
El concejo autónomo de Polhó informa de cuatro casas de zapatistas quemadas por priístas en Takiukum y Yibeljoj. El subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín, en otra inserción pagada, desmiente al gobierno autónomo, a pesar de la publicación de fotografías de las viviendas destruidas, en distintos diarios del país: “En Chenalhó no ha sido quemada ninguna casa” (3 diciembre).
El 30 de noviembre, un grupo de observadores constata “la dramática situación de los desplazados”. Según la diputada perredista Patria Jiménez, “es urgente hacer algo por ellos antes que comiencen a morir de hambre y frío porque ya no aguantan más” (primero de diciembre). En Chenalhó “se propicia la descomposición social y la guerra entre hermanos de manera muy clara”, por lo cual hay que detener la violencia “antes de que sea demasiado tarde”. En el mismo sentido se pronuncia la Misión Civil Nacional e Internacional para la Paz en Chiapas tras recorrer las comunidades (4 de diciembre) y constatar la “connivencia y complicidad abierta de la SP y los paramilitares”, así como la presencia de personas uniformadas y con cuernos de chivo en Pechiquil.
El 2 de diciembre, el consejo autónomo revela la existencia de “un enorme grupo de desplazados en el monte, no lejos de Xcumumal, junto con numerosos desplazados de Chimix, Joveltik, Canolal y Tzanembolom. Estos no reciben ayuda alguna y no pueden salir a buscar comida”. Según testimonios, se trata de casi 2 mil personas en las peores condiciones.
Las movilizaciones y protestas contra el gobierno mexicano se multiplican en el mundo. Los desplazados de Chenalhó aparecen en los noticieros de CNN y las principales televisoras de España, Italia, Francia, Portugal, Reino Unido y Suecia (4 de diciembre). Ricardo Rocha inicia el día 7 su memorable cobertura sobre los desplazados en Detrás de la noticia, de Televisa. Al mismo tiempo, aumentan las denuncias contra los agentes de migración. Lo nuevo es perseguir a los observadores internacionales, ahuyentarlos de Chenalhó. Eso garantizará que dos semanas después, cuando suceda la masacre, no haya ningún testigo extranjero en el área (salvo un par de campamentistas europeos en Polhó).
El día 5 se reúnen por fin los autónomos y el ayuntamiento priísta en el crucero de Las Limas, en Chenalhó. Los priístas denuncian la muerte de Lucio Gómez Guillén en Tzanembolom el día anterior. Los autónomos dicen que no pudieron ser zapatistas los autores pues ya no queda ninguno en esa comunidad. Dos horas después de la reunión llega la noticia de otro muerto priísta en Chimix. El alcalde oficial había notificado que los desplazados de su partido ya recibían ayuda del gobierno estatal en Pechiquil, Aurora Chica, Chimix y Puebla (6 de diciembre), comunidades en poder de los paramilitares.
La violencia no se detiene. El día 10, el consejo de Polhó acusa al edil priísta de incumplir los acuerdos mínimos de Las Limas. El día 12 las partes vuelven a reunirse en el mismo lugar. La Jornada reporta:
Se necesitaron cuatro mesas de madera, 70 sillas (y una treintena de muertos, casi 6 mil desplazados, incontables casas quemadas) para la primera negociación efectiva entre las distintas autoridades municipales de Chenalhó. Frente a frente, el ayuntamiento constitucional y el concejo municipal autónomo. Jacinto Arias Cruz encabeza la representación priísta, con agentes municipales y cabildo, y sólo muy de vez en cuando dirige la mirada a Domingo Pérez Paciencia, presidente del concejo autónomo, quien no deja de mirarlo con una cierta sonrisa detenida en los labios.
Buena parte de las intervenciones son en tzotzil. Participan como testigos representantes del gobierno estatal, la Comisión Nacional de Intermediación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su sucursal estatal y el CDHFBC. Hay 11 puntos a discutir según los autónomos, ocho según los constitucionales, sobre la cancha de basquetbol de la primaria, en el crucero de Chalchihuitán, punto intermedio entre Chenalhó y Polhó.
“Tenemos que pensar cuál punto urge para una paz justa”, dice un agente del concejo autónomo. En eso están todos de acuerdo. Hay que detener la violencia. También participan ex presidentes municipales de Chenalhó y representantes de las organizaciones Majomut y Las Abejas. De la gravedad de lo que se disputa depende la paz.
Diálogo y disparos
Durante la reunión, que se lleva todo el día, pasan por la carretera grandes camiones de la policía, convoyes militares y un conspicuo Volkswagen rojo que, según comenta uno de Las Abejas, “es el automóvil con el que patrullan los paramilitares”.
Esta mañana hubo varios disparos en Tzajalucum, un pueblo abandonado por sus pobladores, cuando se dirigían allá representantes de organismos civiles y del gobierno chiapaneco. No acaba de decir Gustavo Moscoso, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que el encuentro “llena de alegría al gobierno del estado”, cuando el priísta Arias Cruz informa que se están quemando casas y hay disparos en ese momento en Chimix.
“Caras vemos, el corazón no sabemos”, había dicho poco antes el propio Arias, echando rápidos brillos de su dentadura de oro. Sugiere que eso impide la negociación. Las pláticas anteriores se han suspendido por incidentes durante el encuentro. Hoy no es así. Se decide que las partes sigan negociando mientras va una comisión a verificar lo que sucede en Chimix. La comisión acude al mencionado pueblo, donde las casas destruidas y baleadas de los perredistas y zapatistas dan testimonio de lo que ha ocurrido en las semanas recientes. La versión resulta falsa. La guarnición policiaca de Chimix, en voz del segundo oficial Vicente González Castellanos, detalla que “todo está tranquilo. No hemos recibido reportes”.
La negociación en Las Limas llega a una firma conjunta. Curiosamente, una vez que regresó la comisión enviada a Chimix, ya nadie del cabildo priísta se interesa en que se informe de su denuncia. Domingo Pérez Paciencia, presidente autónomo, comenta: “cara se ve, el corazón no se sabe”.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/17/index.php?section=politica&article=012r1pol
18 de noviembre del 2007
Planea el gobierno un ataque contra representante del Vaticano
Provocaciones montadas para preparar el escenario
La paz es sólo una figura retórica en el discurso zedillista
El diálogo, una simulación para continuar con la violencia
Ante la evasión del gobierno por resolver el conflicto, el EZLN alerta sobre el verdadero carácter del PRI: “el de enemigo de los pueblos indios y exterminador de zapatistas”
Hermann Bellinghausen/ XIV
El 12 de diciembre de 1997, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) del EZLN informa “sobre la situación de miles de indígenas zapatistas, perseguidos, asesinados y desalojados de sus tierras en el municipio de San Pedro de Chenalhó”, donde más de 6 mil desplazados de guerra “son el resultado de los ataques de bandas paramilitares y la policía del estado, dirigidas ambas por el gobierno estatal con beneplácito del federal” (La Jornada, 15 de diciembre*).
“Tan sólo en la comunidad de Xcumumal se encuentran refugiados más de 3 mil 500 indígenas. Están completamente aislados, sitiados por guardias blancas y policías de SP. Los zapatistas de Chenalhó viven a la intemperie y sufren, además de la falta de vivienda, vestido y alimentación, enfermedades que alcanzan ya el rango de epidemias”, agregaba el CCRI.
“El gobierno federal, el estatal y el PRI, lejos de detener su ola de agresiones, intentan darle largas a la solución del problema principal, que es la desaparición de sus grupos paramilitares y el retorno de los desplazados a sus comunidades. Mientras finge dialogar, el priísmo chiapaneco se dedica al saqueo y destrucción de las pertenencias de los expulsados de sus comunidades. Café, ganado, ropa y utensilios domésticos se reparten entre los paramilitares como botín de una guerra en la que hasta ahora sólo ha disparado uno de los lados, el del gobierno y su partido”.
La comandancia zapatista fija su posición: “El PRI revela su verdadero carácter: el de enemigo de los pueblos indios y uno de los ejecutores de la política de exterminio que desde el gobierno federal se sigue contra los zapatistas. En días recientes la prensa nacional e internacional ha mostrado la grave situación que padecen los indígenas zapatistas de Chenalhó. Lo visto en los medios es sólo un pequeño botón de la gigantesca muestra de intolerancia y crimen con que el PRI y los gobiernos federal y estatal pretenden doblegar la rebeldía zapatista. El hecho innegable de que indígenas estén siendo asesinados y perseguidos, sin que ellos respondan a las agresiones, ha generado una opinión pública desfavorable al gobierno mexicano”.
Planean ataques
Para remontar dicha corriente adversa, “los gobiernos estatal y federal y sus grupos paramilitares planean agredir físicamente al representante del Vaticano, Justo Mullor, durante su (próxima) visita a Chiapas”. El plan de los paramilitares y el gobierno “es presentar estos atentados como realizados por comandos del EZLN y, para esto, equipan a sus sicarios con uniformes y distintivos del EZLN”. Las “apariciones” recientes de grupos armados presuntamente zapatistas en Las Margaritas y otros puntos de la geografía chiapaneca son “provocaciones montadas para preparar el escenario que buscan”. Frente a esto, el EZLN dice: “Como desde el inicio del diálogo, las tropas zapatistas se mantienen en sus cuarteles de montaña y no han realizado ni realizan ningún movimiento ofensivo o fuera de sus posiciones”.
El comunicado añade: “Además de implicar al EZLN en la agresión proyectada contra el nuncio, el gobierno trata de echar tierra al atentado que Paz y Justicia perpetró contra los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, y quitar la atención mundial que el caso de miles de indígenas desplazados por bandas priístas en Chenalhó ha provocado a últimas fechas”.
En lugar de urdir “complicados complots” como argumento para emplear a fondo la opción militar, el gobierno federal “debería detener a sus paramilitares, permitir el retorno de los miles de desplazados de guerra y cumplir sin dilación su palabra empeñada en San Andrés Sacamchén de los Pobres. Así se contribuiría al diálogo y la paz empezaría a dejar de ser una figura retórica en el discurso zedillista”.
El EZLN hace un “llamado urgente” a la sociedad civil nacional e internacional “para que acuda en ayuda de nuestros hermanos de Chenalhó”. La situación “es dramática, de vida o muerte para miles de indios rebeldes que creen todavía que su lucha no es contra otros indígenas, sino contra el sistema que los condena a la muerte y el olvido”.
El drama de los desterrados
En tanto, el presidente en turno de la Cocopa, Carlos Payán Velver, declara que la situación es “muy grave” y “es imprescindible que toda la sociedad empiece a reclamar y preocuparse” (13 de noviembre). Las imágenes mostradas en televisión por Ricardo Rocha perturban a millones de personas en el país. El suplemento Masiosare de La Jornada publica el día 14 el reportaje de Blanche Petrich “La tragedia de los desplazados”. Ya nadie puede decir que Chenalhó es un secreto. Así retrata la enviada la vida de un “campamento”:
Xoyeb es un caserío a medio camino entre Polhó y Yabteclum, al lado de un ocotal, en una hondonada entre cerros. Son 13 casitas familiares, tablas y techo de zinc entre milpas y platanares. Todas han abierto sus puertas para compartir lo poco que tienen con la oleada de recién llegados, sus vecinos.
Estos 488, contando dos recién nacidos, son de Yibeljoj. Están en dos “campamentos”, mínimas techumbres de hojas de plátano. A los más enfermos los alojan dentro de las casas o bajo los pocos plásticos disponibles, porque es invierno y llueve constantemente. Expulsados de su tierra ancestral, llevan dos meses en el paraje. El promotor de salud estima que 80 por ciento de los niños y 60 por ciento de adultos padecen fiebre. Hay disentería, enfermedades respiratorias y gastrointestinales, tifoidea, alto riesgo de cólera.
En uno de estos cobertizos minúsculos está Zenaida. Tiene 16 años. Su primer hijo, los ojos adormilados por la calentura, la pancita inflamada de bichos, gatea sobre el lodo. Todavía no come tortilla y quiere chichi. Pero su mamá lo mira sin ver, se abraza las rodillas, se queja: a ella también le duele el vientre y su falda azul añil está empapada en sangre. Su segundo hijo ya no va a nacer. Y no hay antibióticos, ni siquiera una asipirina, para ayudarla a soportar las secuelas del aborto. Su tía, arrodillada a su lado, hilvana frases en tzotzil. Su marido se mantiene en silencio. Nada pueden hacer por Zenaida. Ni un té.
Cuando amanece en los campamentos ya ninguna mujer está bajo las palapas. De las chimeneas sale humo. Cada casa es una cocina colectiva. Centenares de manos cooperan para atizar los fogones, partir la leña, cocer el maíz, molerlo, echar tortillas. Tocarán dos o tres a cada quien. Para toda la jornada. Hasta mañana.
Al mediodía todos habrán cumplido alguna tarea. Aprovechando un poquito de sol, los hombres tienden sus camisas mojadas. Las mujeres secan sus huipiles sobre sus cuerpos. Se espulgan el cabello mutuamente y platican. Y los niños, en medio del drama, ríen.
El último diálogo de paz
Una nueva reunión de priístas y zapatistas en Las Limas el martes 16 alcanza la firma de un “acuerdo de no agresión”, y mientras los rebeldes insisten en que lo cumplirán y llaman a la Cruz Roja Internacional y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), ese mismo día es asesinado por un grupo de encapuchados un destacado priísta de Quextic, Agustín Vázquez Secum, quien se oponía abiertamente a la paramilitarización de su gente (16 a 20 de diciembre).
De inmediato, el ayuntamiento oficial culpa a los zapatistas y hasta asegura que los sobrevivientes del ataque reconocieron en dos de los agresores a bases zapatistas (versión única que recogerá la PGR en sus pesquisas, según El Libro blanco de Acteal, 1998, y a partir de ahí los sucesivos “historiadores” por encargo, pues con esa pieza se terminó de armar la explicación oficial de lo que sucedería en Acteal seis días después).
Esa misma noche, Las Abejas cuentan los hechos de otro modo: “La emboscada fue realizada por priístas de La Esperanza, que mantienen diferencias con los priístas de Quextic”. La información coincide con la del concejo autónomo de Polhó (18 de diciembre), el cual abunda que en esa zona del muncipio ya no quedan zapatistas. Estas informaciones serán ignoradas en adelante por las autoridades, pues no cuadran con la “explicación” del “conflicto intercomunitario e interfamiliar” que la PGR intentará imponer inmediatamente después de la masacre, en voz del procurador Jorge Madrazo Cuéllar (27 de diciembre).
El día 19 fracasa el último intento de negociación en Las Limas. Los autónomos no asisten, pues no consideran que haya condiciones de seguridad para el traslado de su delegación. El edil priísta Jacinto Arias Cruz se opone a que el lunes 22 se cite a una reunión en Las Limas con la comisión de verificación de acuerdos, así como a fijar fecha para un nuevo intento de negociación (20 de diciembre). “Luego les avisamos”, dice Arias Cruz a los mediadores. Los priístas ya no avisarán.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/18/index.php?section=politica&article=010r1pol
19 de noviembre del 2007
“Supimos ayer que nos iban a atacar, pero no lo creíamos”
22 de diciembre: la masacre
Zapatistas previeron agresión e instaron a Las Abejas a marcharse
Las víctimas decidieron permanecer en el sitio, orando
En la sala de urgencias del hospital civil se oyen los lamentos de las mujeres heridas. Otras están inconscientes. Cuatro niños pequeños tienen un brazo destrozado, el cuello perforado o el cráneo abierto por balas de alto calibre
Hermann Bellinghausen /XV
Desde San Cristóbal de Las Casas, La Jornada reporta la noche del 22 de diciembre de 1997 el acto más violento de la guerra sin nombre de Chenalhó: una masacre en la comunidad de Acteal. Manuel Pérez Pérez, sobreviviente, al borde de las lágrimas informa que la Cruz Roja contó por lo menos 16 muertos. Otros testigos consideran que pueden ser más. “Supimos ayer que nos iban a atacar, pero no lo creíamos”, expresa Manuel. “Murieron mujeres y niños de muchos tamaños”. Su hijo Pedro, de nueve años, fue herido en la pierna. “Ahí está destrozado”, dice y señala hacia el hospital de campo del IMSS (23 de diciembre).
Hasta el momento se desconoce el número de lesionados y muertos, pero el reportero vio 11 heridos graves en el nosocomio civil y confirmó otros cuatro en el IMSS. Al cierre de edición de La Jornada ya hay otros 10.
En la sala de urgencias del hospital civil se oyen los lamentos de las mujeres heridas. Otras están inconscientes. Cuatro niños pequeños tienen un brazo destrozado, el cuello perforado o el cráneo abierto por balas de alto calibre.
El personal médico apenas se da abasto y lucha denodadamente por curar a los heridos. Una mujer en camilla tiene ya suturadas cinco grandes lesiones en distintas partes del cuerpo. Mariano no habla; en otra camilla, con los ojos muy abiertos, sólo espera que lo terminen de suturar. También está una niña de gran abdomen.
“Son los priístas, ya los conocemos”
A las 11 de la mañana empezaron a tirar desde el monte. “Se venían sobre nosotros. Son los priístas, ya los conocemos”, afirma Manuel, también representante de Las Abejas. No puede ocultar su angustia por los demás sobrevivientes. “Vayan por ellos. Se necesita un camión grande para sacarlos”. Relata que aún después de que llegaron elementos de Seguridad Pública (SP) los priístas seguían disparando.
Se supo que más tarde los agresores atacaron una ambulancia y le impidieron el paso hacia Acteal. “Murieron mujeres, hombres, esposos; la mujer sola o el hombre solo. Hubo niños a los que se murió su papá, su mamá”.
En otra nota de esa fecha, La Jornada reporta que los priístas armados iniciaron el lunes una violenta ofensiva contra los desplazados en Acteal, dejando por lo menos 25 heridos con arma de fuego y muchos muertos. Desde temprano, algunos pobladores se refugiaron en la ermita de la localidad, que después fue ametrallada. Considerada por el concejo autónomo de Polhó la agresión “más violenta” que grupo paramilitar haya realizado desde la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, la embestida contra los desplazados, según los testigos, fue organizada con varios días de antelación y participaron por lo menos 60 hombres fuertemente armados.
Javier Jiménez Luna, miembro de la sociedad civil de Acteal, y el concejo autónomo de Polhó aseguraron que los desplazados fueron atacados por diferentes frentes para evitar que escaparan; habrían participado priístas de las comunidades de Los Chorros, Puebla, La Esperanza y Quextic. De Puebla es originario el presidente municipal priísta Jacinto Arias Cruz.
Hasta la medianoche del lunes, organismos de derechos humanos y de salud habían reportado por lo menos 25 heridos de bala. La mayoría fueron trasladados a San Cristóbal. Los indígenas refugiados en Acteal son originarios de Tzajalucum, Chimix y Quextic. Habitantes de las dos primeras habían sido agredidos el mes pasado por el grupo priísta, que quemó casas y se robó parte de la producción de los zapatistas y Las Abejas.
Desde principios de diciembre los priístas habían amenazado con agredir a los desplazados, pero el inicio del diálogo de paz entre ambas partes contuvo la violencia. El pasado 19, los representantes del PRI, encabezados por el alcalde Arias Cruz, rompieron las pláticas, argumentando que los zapatistas habían secuestrado a un priísta que estaba “amarrado y sin comida” en Acteal. Una delegación, encabezada por el secretario de la Comisión Nacional de Intermediación, Gonzalo Ituarte, encontró sana y salva a la persona a la que se referían los priístas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) aseveró que el secretario de Gobierno, Homero Tovilla, fue enterado a mediodía por Gonzalo Ituarte del ataque. El funcionario manifestó que velaría por los pobladores. Sin embargo, elementos de SP permanecieron a 200 metros del sitio del ataque, sin intervenir.
Por la mañana se informó que la SP se asentó en Acteal, una de las zonas de Chenalhó más afectadas por la violencia en el último mes, donde se encuentran refugiadas cientos de personas. El CDHFBC confirmó lo anterior y señaló que en Acteal se formó una comisión de cuatro personas, un hombre y tres mujeres, para alertar a los policías de lo que acontecía. El hombre fue detenido. Sabía demasiado.
Últimas vísperas
Éstas fueron las primeras noticias. Finalmente había ocurrido lo inimaginable, y a la vez predecible. Los días anteriores habían arreciado las denuncias, los llamados, los testimonios. Llegó a Chiapas la ex primera dama francesa Danielle Mitterrand con la intención de visitar a los refugiados. Los acontecimientos le impidieron hacerlo. El 18 de diciembre, el nuevo embajador del Vaticano en México, Justo Mullor, en una visita muy anunciada y destacada, fue recibido por el gobernador Julio César Ruiz Ferro en Tuxtla Gutiérrez con estas palabras: “Es necesario que todos volquemos nuestra acción, deber y conciencia para consolidar la paz” (19 de diciembre), y aseguró que la visita del nuncio ayudaría en tal sentido. Durante su gira, Mullor también fue interpelado directamente por la dirigencia de Paz y Justicia en Tila, pero la visita, pese a los temores, concluyó sin contratiempos.
Días atrás, el parroco de Chanalhó, Miguel Chanteau, había dado una entrevista a La Jornada. Pese a la modernidad, expuso, “hay valores que deberían permanecer, rescatarse en las comunidades: el sentido comunitario, la igualdad, el servicio gratuito” (15 de diciembre). La Secretaría de Gobernación obstaculizaba por entonces su situación migratoria; lo expulsaría del país en febrero de 1998. En la entrevista recordó lo sucedido poco antes. Su vecino en Chenalhó, el alcalde Arias Cruz, le había dicho: “si no controla a su gente, algún día lo vamos a matar. Se lo digo en su cara, padre. Vamos a quemar su cuerpo para que no se enfermen los gusanos”. Chanteau comentaba: “me puse a pensar mucho en esa frase. Ése es el lenguaje que utilizan los muchachos paramilitares”.
El domingo 21 de diciembre, el suplemento Masiosare titulaba una serie de entrevistas como “Se preparan días sangrientos”. El poeta Óscar Oliva declaraba ahí: “No puedo decir, como el gran poeta Octavio Paz hace unos días al dejarse abrazar por el señor Zedillo, que en México se preparan nuevos días y que serán de luz. Esto no será posible mientras se estén preparando más días sangrientos”.
Las noticias eran alarmantes. El día 21, dos indígenas de Las Abejas lograron escapar de la comunidad de Pechiquil. Vicente Pérez Pérez y Vicente Ruiz Pérez, originarios de Tzajalucum, burlaron la vigilancia de los paramilitares y huyeron, el primero hacia Acteal y el segundo a San Cristóbal de las Casas. Los dos confirmaron que unos 70 integrantes de su organización estaban secuestrados en Pechiquil (22 de diciembre).
Estas personas “son amenazadas si hablan con extraños; los obligan a trabajos forzados, a robar en comunidades cercanas y a realizar guardias, tomar armas y posiciones en lugares estratégicos para responder a un ‘posible’ ataque zapatista”, añade el corresponsal. “Las mujeres secuestradas son obligadas a cocinar para los paramilitares, en jornadas de 14 horas”.
Ese día, víspera de la masacre, La Jornada estuvo en los campamentos de desplazados en Acteal. Se hablaba de que los priístas armados se estaban reuniendo en la parte alta de Acteal, donde queda la comunidad propiamente dicha. Se distinguían grupos de hombres apostándose en las laderas, al otro lado de la carretera. En las partes bajas del poblado estaban los dos campamentos de desplazados. Primero, en una hondonada, el de Las Abejas; más lejos, tras una loma, el de las bases zapatistas. Todo, a menos de cinco kilómetros por carretera de la sede autónoma de Polhó.
Testimonios posteriores confirmaron que antes de la madrugada del lunes 22 los desplazados zapatistas alertaron a Las Abejas de un posible ataque y les aconsejaron trasladarse a Polhó. La mayoría de Las Abejas determinó permanecer en el lugar, orando. Confiaban en que Dios los iba a proteger. No pensaban defenderse. Los zapatistas sí se marcharon, y su campamento estaba desierto al iniciarse el ataque paramilitar. Toda la mañana se escuchó la balacera.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/19/index.php?section=politica&article=012r1pol
jueves, 20 de diciembre de 2007
REPORTAJE /A 10 años de Acteal
20 de noviembre del 2007
Funcionarios estatales ordenan borrar rastros de los muertos
Intentan ocultar la masacre
Rescatar cuerpos “antes que lleguen los reporteros”, la consigna
Hay zozobra en otra comunidad ante amenazas de nuevo ataque
El obispo Samuel Ruiz García calificó la matanza de “crimen contra la humanidad”, y destacó el clima de violencia “creciente e impune denunciado acuciosamente a las autoridades, que lo podían haber frenado”
Hermann Bellinghausen /XVI
El 23 de noviembre de 1997, La Jornada cubrió desde Acteal, Tuxtla Guitérrez, Polhó y San Cristóbal de Las Casas las distintas piezas del trágico desenlace. En un rápido operativo montado por Seguridad Pública (SP) del estado, con apoyo de la Cruz Roja Mexicana, se logró rescatar de un barranco y una cueva los 45 cuerpos masacrados con armas de fuego y mutilados con machetes. Todos los organismos involucrados en el rescate y la atención médica (Cruz Roja, IMSS y ERUM) y el propio gobierno de Chiapas reconocieron el asesinato de 45 personas, sacrificadas todas a mansalva el lunes pasado (24 de diciembre).
Sobrevivientes, heridos y testigos entrevistados por La Jornada este martes coincidieron en acusar a militantes del PRI de las comunidades de Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil y Canolal de ser los autores de la masacre contra los refugiados de Las Abejas.
A pesar de negar insistentemente que hubiese muertos en Acteal, el gobierno de Julio César Ruiz Ferro implantó esta madrugada un operativo coordinado por el subsecretario Uriel Jarquín Gálvez y por el ex procurador Jorge Enrique Hernández Aguilar, quien tenía como objetivo principal, según el concejo autónomo, borrar los rastros de los muertos para poder manejar a su antojo el número de éstos.
La Cruz Roja hizo rectificar
Información pública de la delegación de la Cruz Roja Mexicana en San Cristóbal hizo reaccionar al gobierno estatal. La orden de rescatar los cadáveres fue dada “a las cuatro de la madrugada” del martes. “Antes que lleguen los reporteros”, fue la consigna. Hasta el momento sólo reconocía la existencia de cinco heridos leves.
La Cruz Roja recibió a las 20:07 horas del lunes una llamada del Ministerio Público, el cual avisó que “había enfrentamientos” en el municipio de Chenalhó. Tres horas y media después movilizaron las unidades 162 y 158 de la delegación de San Cristóbal, y una más de Tuxtla Gutiérrez. Dos de las unidades realizaron el reconocimiento de la zona y hallaron cuerpos sin vida en un barranco. Otras seis unidades de la Cruz Roja y otro vehículo se integraron a las tareas de rescate.
A las cuatro de la madrugada, el gobierno autorizó a SP y la Cruz Roja el rescate de los cuerpos, una vez que el Ministerio Público hizo las diligencias correspondientes. La Cruz Roja informó que se levantaron 45 cuerpos: un bebé, 14 niños, 21 mujeres y nueve hombres. Los restos fueron entregados a la policía estatal, que los trasladó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. No se permitieron más testigos.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Madrazo Cuéllar, informa por televisión que las primeras investigaciones revelan que fueron alrededor de 25 los agresores, quienes iban vestidos de negro, con el rostro cubierto, y utilizaron tres camiones de tres toneladas para transportarse.
Cerca de las 14 horas del lunes 22, Homero Tovilla Cristiani y Uriel Jarquín, secretario y subsecretario de Gobierno, respectivamente, fueron notificados por la diócesis de San Cristóbal de Las Casas de los hechos violentos que ocurrían en esos momentos en el campamento de desplazados de Acteal, según reportes de Las Abejas. Los funcionarios se comprometieron a investigar la situación y dar una respuesta en las próximas horas. A las seis de la tarde, Tovilla Cristiani se comunicó a la diócesis para informar que la situación en la comunidad de Acteal estaba controlada y sólo se escucharon “unos tiros”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido dos recomendaciones en menos de 30 días al gobierno de Ruiz Ferro para apoyar a los indígenas desplazados por la violencia e investigar los hechos sangrientos ocurridos desde la segunda quincena de noviembre en Chenalhó. A estas recomendaciones, y a otras que han realizado organismos no gubernamentales, el gobierno del estado ha hecho caso omiso y mantiene su política de no aceptar que existen unos 6 mil desplazados, la mayoría de Las Abejas y simpatizantes zapatistas, en cinco comunidades.
Temores de un nuevo ataque en X’Cumumal
A pesar de que el Ejército redobló el número de efectivos que mantiene en la cabecera municipal de Pantelhó, a escasos kilómetros de Acteal, y que los agentes de SP fueron triplicados en la zona, el grupo armado de priístas amenazó hoy con atacar la comunidad de X’Cumumal.
El concejo autónomo de Polhó aseguró que unos 50 hombres armados se dirigen a X’Cumumal, donde se encuentran refugiados unos 3 mil desplazados del EZLN y Las Abejas.
El presidente del concejo autónomo, Domingo Pérez Paciencia, puntualizó que la masacre del lunes en Acteal es la “guerra del gobierno” contra las comunidades indígenas. “Esto es lo que nos da el gobierno en vez de reconocer nuestros derechos.
“Llamamos urgentemente a toda la sociedad civil, nacional e internacional, para que se organice y obligue a que se desarme inmediatamente a los paramilitares, pero que sea supervisado por organismos nacionales e internacionales. También para que salgan inmediatamente los policías de SP, porque son cómplices de los paramilitares”, apuntó.
El obispo de San Cristóbal de la Casas y presidente de la Comisión Nacional de Intermediación, Samuel Ruiz García, calificó de “crimen contra la humanidad” la masacre perpetrada en Acteal, y destacó el clima de violencia “creciente e impune denunciado acuciosamente a las autoridades, que lo podían haber frenado”.
Los funcionarios, a escena
En Tuxtla Gutiérrrez, el procurador Madrazo Cuéllar sentía el calor que ya abrasaba los Altos de Chiapas, al dar los primeros resultados de las averiguaciones abiertas por la PGR.
Las necropsias practicadas a los 45 indígenas masacrados, “en la inmensa mayoría de los casos muestran que las balas de grueso calibre tienen una trayectoria de atrás hacia adelante, y esto quiere decir que fueron sacrificados por la espalda”, ratificó el subprocurador de Averiguaciones Previas, Everardo Moreno.
Se llamó a declarar al secretario general de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani, acusado de negligencia, al no haber actuado inmediatamente cuando supo de la agresión, según denuncia del vicario de la diócesis de San Cristóbal, Gonzalo Ituarte. No se concluyó que tuviera responsabilidad alguna. El subprocurador Moreno afirmó que en sus declaraciones los indígenas detenidos mencionan “algunos de ellos, que pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Cardenista (PC)”.
“¿Son paramilitares?”, preguntaron los reporteros a Madrazo Cuéllar. Respondió: “lo que puedo calificar es que tienen que ver con la asociación delictuosa y con el crimen organizado; no puedo entrar con otro tipo de adjetivos que no tengan que ver con los estrictamente jurídicos y constitucionales. Hay diversas líneas de investigación y acciones concretas que se están desarrollando”.
Lluvia de voces
Los articulistas de La Jornada se vuelcan a escribir sobre el tema en los días siguientes: Manuel Vázquez Montalbán, Horacio Labastida, Paulina Fernández, Adolfo Gilly, Arnoldo Kraus, Carlos Fuentes, Luis Javier Garrido, Fernando Benítez, Andrés Aubry, Angélica Inda, Luis González Souza, Adelfo Regino, José del Val, Ana Esther Ceceña, Néstor de Buen, Cristina Barros, Antonio Gershenson, Gilberto López y Rivas, José Agustín Ortiz Pinchetti, Luis Hernández Navarro, Julio Moguel, Alberto Aziz Nacif, José Blanco, Marco Rascón, Arnaldo Córdova, Antonio García de León, Carlos Monsiváis, Luis Linares Zapata, Jaime Avilés, Bernardo Bátiz, Jaime Martínez Veloz. Hasta Carlos Tello, quien aprovecha para pedir que se cumplan los acuerdos de San Andrés.
Héctor Aguilar Camín, a contracorriente del resto, desde la primera plana de La Jornada descalifica a la “prensa pro zapatista” por poner las cosas “en blanco y negro”, pues “nadie en su sano juicio” puede culpar al gobierno de Ernesto Zedillo, salvo de la “omisión” de no enfrentar el problema (o sea, no deshacerse a tiempo de los zapatistas). Y explica: “no es, sin embargo, la guerra de los aparatos lo que hace incontrolable y moralmente opresiva la situación de Chiapas, sino el odio interiorizado y radicalizado de la gente del común, el odio atizado por la vendetta familiar y la intolerancia religiosa, por la codicia comunitaria y la rencilla política a mano armada. No matan ni mueren ahí guardias blancas y pistoleros a sueldo. Matan y mueren gentes del pueblo llano, vecinos y parientes jurados a muerte” (29 de diciembre).
Para Eduardo Huchim (24 de diciembre), “nunca en este siglo mexicano la muerte masiva había sido tan anunciada. Prensa, radio y televisión habían descrito los signos ominosos de lo que hoy es una realidad dolorosa e indignante. En otros tiempos, el sólo anuncio reiterado de lo que se preparaba habría tenido efectos disuasorios eficaces. Ahora pareciera que fue un incentivo”.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/20/index.php?section=politica&article=012r1pol
21 de noviembre del 2007
Policías “revisaron” casas que sus habitantes dejaron cerradas con candados
En el lugar de los hechos, todas las huellas del trabajo de exterminio
No hubo elementos para suponer que se trató de un “conflicto intracomunitario” ni de “venganza”. Fue una acción preparada y realizada por bandas armadas que recibieron apoyo del ayuntamiento
Los atacantes, identificados; entre las víctimas, 21 mujeres y una decena de niños
Hermann Bellinghausen/XVII
Acteal, 23 de diciembre de 1997. En donde ha estado la muerte se siente su presencia. Aquí acaba de suceder la mayor masacre de mujeres y niños en la historia “moderna” de México. En esta hondonada rota, surcada de huipiles ensangrentados y toda la destrucción de una horda, apenas anteayer se asentaba un campamento de 350 refugiados. Sus casas habían sido quemadas un mes atrás (La Jornada, 24 de diciembre).
Las víctimas se encontraban a orillas de Acteal, rezando. Así, de rodillas, los cogieron por la espalda, desde los cerros circundantes, los disparos de armas de alto poder. Según los sobrevivientes, la balacera comenzó a las 10:30 de la mañana, y Seguridad Pública (SP) acepta haber entrado a Acteal a las 17 horas. “No había nada, y luego que aquí es normal que haya disparos”, dice un comandante de la policía, sin insignias (resultó ser el teniente coronel Roberto García Rivas).
Con seis horas a su disposición, los sicarios pudieron efectuar su trabajo con eficiencia numérica: la cifra de muertos duplica la de heridos. “No teníamos ni con qué defendernos”, lamenta con rabia Juan. Incluso a los más bilingües se les dificulta hoy hablar castilla. Relatan el horror en tzotzil, esta mañana, en Polhó. En la escuela de Polhó, unas 200 personas lloran intermitentemente. Una hora pasamos allí los reporteros, y en ningún momento se acalló el llanto. Todos querían hablar. El traductor omitía cosas; varias veces, él lloraba.
Una mujer embarazada cayó moribunda en la explanada del campamento. Los asesinos llegaron hasta ella para rematarla. Y uno de ellos, “con un cuchillo –relata un testigo y hace un ademán de puñalada, que inmediatamente reprime con un temblor– le sacó su niño y lo tiró allí nomás”. (La nota original decía que esa víctima fue Rosa Gómez Cruz; un error de nombre en medio de la confusión trágica. Al parecer, el testigo se refería a Catarina Luna Pérez, con cinco meses de embarazo, quien recibió cinco machetazos. Sobre esto volveremos más adelante).
A Juana Vázquez “primero la mataron y luego la robaron”, dice un joven mostrando una bolsa de red. “La traían los paramilitares, y salió este chamaquito. Le preguntaron adónde vas, y él dijo al baño, y le dijeron ten esta bolsa, apúrate y cuando regreses nos ayudas a cargar la bala”. El aludido, Miguel, permanece silencioso, sucio, con los ojos abiertos. De la red salen dos naguas de mujer, un huipil primoroso y un cinturón bordado en rojo. El tesoro de la bordadora lo llevaban sus asesinos de botín.
María, pequeña madre, carga su bebé a la espalda, apoya su cabeza en el pecho del reportero. Se estremece. Su hermana, Elena, habla: “murió su padre, su hermano, su cuñado”. El niño de María, envuelto en el rebozo, llora ya cansado de llorar.
Una hermosa niña de unos 12 años, Guadalupe Vázquez Luna, y su hermanito, son los únicos sobrevivientes de otra familia. Su padre, Alonso Vázquez Gómez, era jefe de zona de los catequistas. Guadalupe lo vio morir, a su mamá, a su tío Victorio, quien era promotor de salud, y a un hermanito.
Operación limpieza
Esta mañana, Acteal está desierto. En la cancha de basquetbol un centenar de policías y militares de Fuerza de Tarea vigilan a cientos de metros del lugar de la masacre. Nuestra llegada interrumpe su “revisión” de las casas abandonadas, cuyos habitantes dejaron cerradas con candados. Todas las casas están saqueadas, y no queda un sólo candado en su lugar.
En la madrugada, Jorge Enrique Hernández Aguilar, ex procurador chiapaneco y titular del Consejo Estatal de Seguridad, y el subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín, supervisaron, antes que llegaran los periodistas, la recolección de los cadáveres, cuya existencia negó ayer el secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani. Los agentes encargados de la operación debieron trabajar arduamente, así como los agentes del Ministerio Público. Limpiaron de casquillos y algunas ropas ensangrentadas, pero no todas.
La sangre ensucia. Todavía se ven grandes coágulos, jirones de ropa ensangrentada, así como huellas de la huída en el lodo y los matorrales. También huellas de la persecución. Un jefe policiaco, quien rehusó identificarse pero que ayer se presentó ante los indígenas como comandante, asegura haber visto a Hernández Aguilar. “A las cuatro de la mañana se ve con dificultad”, explica el oficial, quien a la señal radial de Trueno responde como Relámpago. Sus muchachos colaboraron en la recolección de cadáveres. Confirma la cifra de 45, y reitera que están aquí para ayudar a la población; se queja de la falta de confianza.
Antes de las 7 de la mañana la limpieza quedó concluida, y los funcionarios condujeros los cadáveres al Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez. No obstante, fue hasta la tarde de hoy cuando el gobierno local estuvo en condiciones de fijar una postura oficial.
En Polhó, donde están los sobrevivientes, una mujer aprieta entre las manos el blanco rebozo ensangrentado de su hija Susana, quien está muerta. Un hombre relata sollozante: “fallecieron en la balacera todos sus hijos y su nieto. Perdió seis de familia”. Aparte murió su nuera.
La explanada del crimen
Ayer, a las 11 de la mañana, el campamento de Acteal estaba en confusión. Quedan, maltrechos, los cobertizos de ramas y palma que fueron su refugio. “Aquí estábamos rezando”, señala Pablo. Un gran claro circular. Los primeros muertos cayeron aquí mismo. Los demás corrieron hacia la cañada, y prácticamente se desbarrancaron por la caída de un río. Los grandes helechos desgarrados, la vegetación arrancada, los trapos, las huellas, la sangre, los hoyos y los cardos arrastrados muestran el rumbo de la multitudinaria huída.
Cuenta Pablo cómo iban los bebés rodando con sus mamás. Los niños chicos cayéndose y corriendo. Él iba cuidando a su hijo. Otros cargaban a los heridos. Los paramilitares no dejaron de dispararles, pero a la barranca no se aventuraron. Les bastó con rematar en una cueva a los que allí se refugiaron y dejar la primera hondonada del río sembrada de cadáveres.
“Les dispararon de arriba”, indica Pablo al descender, y da un brinco. El poder de fuego que los abatió, a juzgar por las heridas de los internados en San Cristóbal, nunca fue menor. Balas expansivas, según Pablo, y cuernos de chivo. Él los vio. Reconoció a muchos atacantes. No todos traían el rostro cubierto. Muchos jovencitos llevaban un paliacate amarrado en la cabeza, y se sentían muy guerreros. Veintiún mujeres, una decena de niños: buen récord.
Los agraviados los llaman “priístas”, pero muchas comunidades priístas son inocentes del ataque. Se trata de bandas armadas que recibieron entrenamiento militar y el apoyo del ayuntamiento oficial. Jóvenes entrenados, transformados, que atacaron contando con la Navidad. No existen elementos para suponer un acto “de venganza” o “conflicto intracomunitario”, como maneja hoy la radio estatal. Hablan los noticieros de muertos a machetazos y pedradas. Cosa de indios salvajes.
Falso. El trabajo de exterminio fue eficiente, y a su manera limpio. ¿Se puede no dramatizar esta forma de muerte fría, calculada, preparada y anunciada? Nada que ver con pleitos de familias o diferencias políticas. No es una guerra civil. Chenalhó es un escenario, un laboratorio, una puesta en práctica. De manual.
Uno de los heridos en San Cristóbal fue identificado como paramilitar. Es vigilado por la SP. De muchos otros paramilitares, los sobrevivientes conocen sus nombres. “Muchachos que se hicieron malos”, afirma Juan, tan abatido como todos los de Acteal, Chimix y Polhó. Pero además, muy indignado, dice los nombres de un Javier, un Felipe, un José y un Noé que conoce. Son de Acteal, La Esperanza, Puebla, Los Chorros, Bajo Beltic, Yibeljoj, Naranjatic, y los vio venir para matar. Los vio asesinando por todas partes.
Después de reconstruir la ruta de la huída, Pablo y Javier nos llevan a recorrer las casas de otro barrio de Acteal. Javier llega a su casa, ve un alambre mal puesto donde él dejó ayer un candado. Es de las bases zapatistas. “¡Mi grabadora!”, exclama al detectar su ausencia en la casa saqueada. Cada casa que visitamos está destruida. “Estos no fueron los paramilitares. Ellos hubieran quemado. Fueron los policías”. Poco después encuentra tirado, en el dormitorio, un sombrero de policía. Lo recoge, se lo lleva a la nariz con sorprendente instinto, y dice: “huele a caxlán”.
Empiezan a llegar hombres de Acteal, a recolectar el café que dejaron secando, los costales. Pululan perros sin dueño, que se nos pegan para tener compañía.
Al atardecer, el Ejército desplaza cientos de efectivos a Chenalhó. En Polhó informan que hay disparos en Puebla, Los Chorros y Tzajalcum, de donde son los paramilitares. Y que amenazan con atacar otros campamentos de refugiados. Cae la noche. Acteal es hoy la boca del abismo.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/21/index.php?section=politica&article=022r1pol
22 de noviembre del 2007
En algunos países ocurrieron episodios peores, pero no tuvieron tal repercusión
Estupor en el mundo por la masacre
La fría parsimonia del gobierno mexicano ante lo que ocurría en el municipio de Chenalhó se sigue viendo con pasmo una década después
El agudizamiento de la violencia tiene que ver con la interrupción del diálogo: Samuel Ruiz
Hermann Bellinghausen/XVIII
La Nochebuena de 1997 todos los medios impresos y electrónicos hablan de la masacre. El mundo está azorado. Mucho más que con otras atrocidades similares del pasado y el presente. Tiempo después, hubo guatemaltecos y salvadoreños que externaron sorpresa ante las reacciones internacionales por Acteal. En sus países sucedieron episodios incluso peores y nunca tuvieron tal repercusión.
Diputados, senadores, obispos, observadores internacionales, abogados, funcionarios y periodistas habían conocido en persona a las víctimas. Todavía días antes eran parte de los indígenas desplazados que angustiaban a la sociedad civil. La fría parsimonia del gobierno mexicano ante lo que ocurría en Chenalhó se sigue viendo con pasmo una década después.
Aun el mismo día de la masacre, mientras ésta ocurría, el subsecretario de Gobierno de Chiapas, Uriel Jarquín Gálvez, se daba tiempo para desmentir –en inserción pagada– al suplemento Masiosare de La Jornada, que la víspera documentó la participación de diversas instancias oficiales en el financiamiento del grupo Paz y Justicia. “El gobierno federal y el estatal no apoyan la insurgencia ni la llamada ‘contrainsurgencia’. Combaten, eso sí, al enemigo común de todos los chiapanecos: la pobreza” (LJ, 23 de diciembre).
La información “negada” por las autoridades destacaba, con evidencias facsimilares, la presencia y firma como “testigo de honor” en la entrega de recursos a Paz y Justicia en la zona norte, del general Mario Renán Castillo Fernández, cuando aún era el comandante de la ocupación militar de los territorios indígenas de Chiapas (Masiosare, 21 de diciembre). Pocas veces un desmentido oficial ha caído en mayor vacío.
La Jornada registra también las opiniones del ex guerrillero y asesor gubernamental Gustavo Hirales, para quien referirse a Paz y Justicia como paramilitar “es un mito creado por los departamentos oficiosos de propaganda del EZLN, la diócesis de San Cristóbal y sus correas de transmisión”. Poco antes de la masacre, Hirales sostenía en El Nacional, diario de la Secretaría de Gobernación, que es una “fábula y un mito preconstruido” que en Chiapas “haya una guerra de baja intensidad orientada desde los más altos niveles del Estado”.
El presidente Ernesto Zedillo dirigió un mensaje a la nación el día 23, donde manifestaba que “no existe ninguna circunstancia que pueda justificar este cruel, absurdo, inaceptable acto criminal”. El hecho “llena de luto a toda la nación, es un hecho que nos duele y agravia a todos los mexicanos”. El mandatario se comprometió a que los responsables recibirían “todo el peso de la ley”.
El Ejército federal se declaró en “alerta máxima”. Argumentando un presunto “fuerte movimiento de tropas zapatistas”, desplazó miles de efectivos más hacia las montañas de Chiapas, y reinició patrullajes “en toda la zona controlada por el EZLN”. En pocas horas arribaron al estado más de cinco mil soldados; la mitad se instalaron inmediatamente en Chenalhó (LJ, 24 y 26 de diciembre).
El Congreso Nacional Indígena, el PAN y el PRD demandaron la desaparición de poderes en Chiapas (lo que nunca se cumplió). El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, negó que el gobierno auspiciara acto ilegal alguno. El dirigente nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, diría y repetiría varias veces que su partido nada tuvo que ver con la matanza, y que si participaron priístas, fue “a título personal”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó (SRE) las “expresiones de voceros o funcionarios de gobiernos extranjeros u organismos internacionales” que demandaban acciones al gobierno mexicano en relación con “el homicidio colectivo de Acteal” (valga el eufemismo de la SRE). La cancillería de Ángel Gurría expuso: “ello constituye un inaceptable acto de injerencia en los asuntos internos de México, país que se ha caracterizado por su invariable respeto al principio de no intervención” (LJ, 26 de diciembre). Ahora sí, a defender la soberanía, aun de las reacciones de su amigo el mandatario estadunidense Bill Clinton, quien había manifestado su indignación. El primer ministro francés Lionel Jospin expresó “profunda consternación” y llamó al gobierno zedillista a “encontrar a los responsables de esta matanza que no debe quedar sin castigo”.
Detenidos, los primeros asesinos
Desde Chenalhó, La Jornada informa al detalle los eventos posteriores a la matanza. El 25 de diciembre se celebra el sepelio de las víctimas en Acteal mismo. A escasos 200 metros de donde fueron ejecutados, los 45 cuerpos mutilados, destrozados y descompuestos de los indígenas recibieron sepultura el jueves (LJ, 26 de diciembre).
El obispo Samuel Ruiz García apuntó que el agudizamiento de la violencia en Chiapas tiene que ver con la interrupción del diálogo en San Andrés Larráinzar entre el gobierno y los zapatistas, así como con el crecimiento de los “grupos paramilitares que nos dijeron que no existían, pero aparecieron en Chenalhó”.
A partir de las ocho de la mañana, vestidos con sus ropas tradicionales, cientos de tzotziles que la noche anterior velaron a sus muertos hicieron el recorrido fúnebre desde Polhó hasta Acteal. Al frente, dos niños cargaban una leyenda: “Herodes quiso, pero no pudo acabar con la criatura. Hoy tampoco lo logrará, aunque tantos inocentes tengan que fecundar con su sangre este suelo duro y árido”.
Habían caminado durante 20 minutos por la carretera entre las cabeceras municipales de Chenalhó y Pantelhó, cuando un camión de tres toneladas detuvo su marcha cerca de ellos. Familiares de los indígenas asesinados señalaron de inmediato a algunos de sus ocupantes como parte de los grupos paramilitares que acribillaron a las 45 personas de Las Abejas.
El camión fue registrado y 21 de sus pasajeros, entre ellos uno con chaleco antibalas, fueron obligados a bajar. Tres de ellos fueron arrastrados de los cabellos, para ser entregados como “asesinos” a Jorge García Sánchez, agente del Ministerio Público Federal.
Mireille Roccatti, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aseguró durante el entierro en Acteal que el gobierno de Julio César Ruiz Ferro logró pocos avances en cuanto a las medidas cautelares que debió realizar con los desplazados por la violencia. Roccatti indicó que existió petición expresa al gobierno del estado para proporcionar, “en forma inmediata”, ayuda humanitaria a la población desplazada por la violencia política en el alteño municipio de Chenalhó.
La funcionaria recordó que también se solicitó realizar “las gestiones necesarias para que los desplazados pudieran regresar a sus comunidades de origen, con plenas garantías para su seguridad personal durante su retorno y permanencia en sus hogares”. Sin embargo, se negó a proporcionar informes sobre el avance de la investigación de la matanza, y señaló que se darían a conocer “en los próximos días”.
El alcalde agradecido
El alcalde Jacinto Arias Cruz agradeció al presidente Ernesto Zedillo “su apoyo e intervención para esclarecer los hechos violentos del pasado lunes en este municipio”. En una carta dirigida al jefe del Ejecutivo federal, el presidente municipal también dio las gracias al gobernador Ruiz Ferro por sus esfuerzos “para llegar al esclarecimiento de todos los hechos de violencia registrados en Chenalhó”.
El alcalde priísta recordó que desde mayo pasado han sido persistentes los enfrentamientos entre indígenas de la región, y manifestó que las 45 personas “fueron masacradas por criminales”. Poco después, él mismo sería apresado como cómplice y promotor de la masacre.
Después del día 22 afloraron muchos más detalles sobre la preparación del ataque. Vicente, indígena que participó en las últimas negociaciones entre autónomos y oficiales en Las Limas, relató su encuentro en Chimix con los paramilitares el día del último encuentro. Estaban bolos cuando lo amenazaron. “El alcohol huele de lejos”. En cambio, dijo, los atacantes en Acteal “no olían a nada. Echaban baba”, y se pasó la mano por las comisuras, con asco: “como perros que tienen rabia”. (LJ, 27 de diciembre). Otros testigos coincidían en que los agresores “parecían drogados” mientras ejecutaban su crimen culminante.
Vicente recordó que a principios de diciembre el gobierno de Chenalhó envió armas en costales de granos. Quiso obligar a un transportista a llevar la carga hasta Tzajalucum, pero éste la descargó en Majomut, luego de pasar sin problema un retén de la policía. Al llegar los costales a su destino, registra la nota, “los paramilitares vieron que había cuernos de chivo y escopetas de bajo calibre. Desecharon las segundas argumentando: ‘no sirven. Queremos armas que maten bien’. Días después recibieron armamento de las características que solicitaban”.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/22/index.php?section=politica&article=014r1pol
Funcionarios estatales ordenan borrar rastros de los muertos
Intentan ocultar la masacre
Rescatar cuerpos “antes que lleguen los reporteros”, la consigna
Hay zozobra en otra comunidad ante amenazas de nuevo ataque
El obispo Samuel Ruiz García calificó la matanza de “crimen contra la humanidad”, y destacó el clima de violencia “creciente e impune denunciado acuciosamente a las autoridades, que lo podían haber frenado”
Hermann Bellinghausen /XVI
El 23 de noviembre de 1997, La Jornada cubrió desde Acteal, Tuxtla Guitérrez, Polhó y San Cristóbal de Las Casas las distintas piezas del trágico desenlace. En un rápido operativo montado por Seguridad Pública (SP) del estado, con apoyo de la Cruz Roja Mexicana, se logró rescatar de un barranco y una cueva los 45 cuerpos masacrados con armas de fuego y mutilados con machetes. Todos los organismos involucrados en el rescate y la atención médica (Cruz Roja, IMSS y ERUM) y el propio gobierno de Chiapas reconocieron el asesinato de 45 personas, sacrificadas todas a mansalva el lunes pasado (24 de diciembre).
Sobrevivientes, heridos y testigos entrevistados por La Jornada este martes coincidieron en acusar a militantes del PRI de las comunidades de Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil y Canolal de ser los autores de la masacre contra los refugiados de Las Abejas.
A pesar de negar insistentemente que hubiese muertos en Acteal, el gobierno de Julio César Ruiz Ferro implantó esta madrugada un operativo coordinado por el subsecretario Uriel Jarquín Gálvez y por el ex procurador Jorge Enrique Hernández Aguilar, quien tenía como objetivo principal, según el concejo autónomo, borrar los rastros de los muertos para poder manejar a su antojo el número de éstos.
La Cruz Roja hizo rectificar
Información pública de la delegación de la Cruz Roja Mexicana en San Cristóbal hizo reaccionar al gobierno estatal. La orden de rescatar los cadáveres fue dada “a las cuatro de la madrugada” del martes. “Antes que lleguen los reporteros”, fue la consigna. Hasta el momento sólo reconocía la existencia de cinco heridos leves.
La Cruz Roja recibió a las 20:07 horas del lunes una llamada del Ministerio Público, el cual avisó que “había enfrentamientos” en el municipio de Chenalhó. Tres horas y media después movilizaron las unidades 162 y 158 de la delegación de San Cristóbal, y una más de Tuxtla Gutiérrez. Dos de las unidades realizaron el reconocimiento de la zona y hallaron cuerpos sin vida en un barranco. Otras seis unidades de la Cruz Roja y otro vehículo se integraron a las tareas de rescate.
A las cuatro de la madrugada, el gobierno autorizó a SP y la Cruz Roja el rescate de los cuerpos, una vez que el Ministerio Público hizo las diligencias correspondientes. La Cruz Roja informó que se levantaron 45 cuerpos: un bebé, 14 niños, 21 mujeres y nueve hombres. Los restos fueron entregados a la policía estatal, que los trasladó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. No se permitieron más testigos.
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Madrazo Cuéllar, informa por televisión que las primeras investigaciones revelan que fueron alrededor de 25 los agresores, quienes iban vestidos de negro, con el rostro cubierto, y utilizaron tres camiones de tres toneladas para transportarse.
Cerca de las 14 horas del lunes 22, Homero Tovilla Cristiani y Uriel Jarquín, secretario y subsecretario de Gobierno, respectivamente, fueron notificados por la diócesis de San Cristóbal de Las Casas de los hechos violentos que ocurrían en esos momentos en el campamento de desplazados de Acteal, según reportes de Las Abejas. Los funcionarios se comprometieron a investigar la situación y dar una respuesta en las próximas horas. A las seis de la tarde, Tovilla Cristiani se comunicó a la diócesis para informar que la situación en la comunidad de Acteal estaba controlada y sólo se escucharon “unos tiros”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido dos recomendaciones en menos de 30 días al gobierno de Ruiz Ferro para apoyar a los indígenas desplazados por la violencia e investigar los hechos sangrientos ocurridos desde la segunda quincena de noviembre en Chenalhó. A estas recomendaciones, y a otras que han realizado organismos no gubernamentales, el gobierno del estado ha hecho caso omiso y mantiene su política de no aceptar que existen unos 6 mil desplazados, la mayoría de Las Abejas y simpatizantes zapatistas, en cinco comunidades.
Temores de un nuevo ataque en X’Cumumal
A pesar de que el Ejército redobló el número de efectivos que mantiene en la cabecera municipal de Pantelhó, a escasos kilómetros de Acteal, y que los agentes de SP fueron triplicados en la zona, el grupo armado de priístas amenazó hoy con atacar la comunidad de X’Cumumal.
El concejo autónomo de Polhó aseguró que unos 50 hombres armados se dirigen a X’Cumumal, donde se encuentran refugiados unos 3 mil desplazados del EZLN y Las Abejas.
El presidente del concejo autónomo, Domingo Pérez Paciencia, puntualizó que la masacre del lunes en Acteal es la “guerra del gobierno” contra las comunidades indígenas. “Esto es lo que nos da el gobierno en vez de reconocer nuestros derechos.
“Llamamos urgentemente a toda la sociedad civil, nacional e internacional, para que se organice y obligue a que se desarme inmediatamente a los paramilitares, pero que sea supervisado por organismos nacionales e internacionales. También para que salgan inmediatamente los policías de SP, porque son cómplices de los paramilitares”, apuntó.
El obispo de San Cristóbal de la Casas y presidente de la Comisión Nacional de Intermediación, Samuel Ruiz García, calificó de “crimen contra la humanidad” la masacre perpetrada en Acteal, y destacó el clima de violencia “creciente e impune denunciado acuciosamente a las autoridades, que lo podían haber frenado”.
Los funcionarios, a escena
En Tuxtla Gutiérrrez, el procurador Madrazo Cuéllar sentía el calor que ya abrasaba los Altos de Chiapas, al dar los primeros resultados de las averiguaciones abiertas por la PGR.
Las necropsias practicadas a los 45 indígenas masacrados, “en la inmensa mayoría de los casos muestran que las balas de grueso calibre tienen una trayectoria de atrás hacia adelante, y esto quiere decir que fueron sacrificados por la espalda”, ratificó el subprocurador de Averiguaciones Previas, Everardo Moreno.
Se llamó a declarar al secretario general de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani, acusado de negligencia, al no haber actuado inmediatamente cuando supo de la agresión, según denuncia del vicario de la diócesis de San Cristóbal, Gonzalo Ituarte. No se concluyó que tuviera responsabilidad alguna. El subprocurador Moreno afirmó que en sus declaraciones los indígenas detenidos mencionan “algunos de ellos, que pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido Cardenista (PC)”.
“¿Son paramilitares?”, preguntaron los reporteros a Madrazo Cuéllar. Respondió: “lo que puedo calificar es que tienen que ver con la asociación delictuosa y con el crimen organizado; no puedo entrar con otro tipo de adjetivos que no tengan que ver con los estrictamente jurídicos y constitucionales. Hay diversas líneas de investigación y acciones concretas que se están desarrollando”.
Lluvia de voces
Los articulistas de La Jornada se vuelcan a escribir sobre el tema en los días siguientes: Manuel Vázquez Montalbán, Horacio Labastida, Paulina Fernández, Adolfo Gilly, Arnoldo Kraus, Carlos Fuentes, Luis Javier Garrido, Fernando Benítez, Andrés Aubry, Angélica Inda, Luis González Souza, Adelfo Regino, José del Val, Ana Esther Ceceña, Néstor de Buen, Cristina Barros, Antonio Gershenson, Gilberto López y Rivas, José Agustín Ortiz Pinchetti, Luis Hernández Navarro, Julio Moguel, Alberto Aziz Nacif, José Blanco, Marco Rascón, Arnaldo Córdova, Antonio García de León, Carlos Monsiváis, Luis Linares Zapata, Jaime Avilés, Bernardo Bátiz, Jaime Martínez Veloz. Hasta Carlos Tello, quien aprovecha para pedir que se cumplan los acuerdos de San Andrés.
Héctor Aguilar Camín, a contracorriente del resto, desde la primera plana de La Jornada descalifica a la “prensa pro zapatista” por poner las cosas “en blanco y negro”, pues “nadie en su sano juicio” puede culpar al gobierno de Ernesto Zedillo, salvo de la “omisión” de no enfrentar el problema (o sea, no deshacerse a tiempo de los zapatistas). Y explica: “no es, sin embargo, la guerra de los aparatos lo que hace incontrolable y moralmente opresiva la situación de Chiapas, sino el odio interiorizado y radicalizado de la gente del común, el odio atizado por la vendetta familiar y la intolerancia religiosa, por la codicia comunitaria y la rencilla política a mano armada. No matan ni mueren ahí guardias blancas y pistoleros a sueldo. Matan y mueren gentes del pueblo llano, vecinos y parientes jurados a muerte” (29 de diciembre).
Para Eduardo Huchim (24 de diciembre), “nunca en este siglo mexicano la muerte masiva había sido tan anunciada. Prensa, radio y televisión habían descrito los signos ominosos de lo que hoy es una realidad dolorosa e indignante. En otros tiempos, el sólo anuncio reiterado de lo que se preparaba habría tenido efectos disuasorios eficaces. Ahora pareciera que fue un incentivo”.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/20/index.php?section=politica&article=012r1pol
21 de noviembre del 2007
Policías “revisaron” casas que sus habitantes dejaron cerradas con candados
En el lugar de los hechos, todas las huellas del trabajo de exterminio
No hubo elementos para suponer que se trató de un “conflicto intracomunitario” ni de “venganza”. Fue una acción preparada y realizada por bandas armadas que recibieron apoyo del ayuntamiento
Los atacantes, identificados; entre las víctimas, 21 mujeres y una decena de niños
Hermann Bellinghausen/XVII
Acteal, 23 de diciembre de 1997. En donde ha estado la muerte se siente su presencia. Aquí acaba de suceder la mayor masacre de mujeres y niños en la historia “moderna” de México. En esta hondonada rota, surcada de huipiles ensangrentados y toda la destrucción de una horda, apenas anteayer se asentaba un campamento de 350 refugiados. Sus casas habían sido quemadas un mes atrás (La Jornada, 24 de diciembre).
Las víctimas se encontraban a orillas de Acteal, rezando. Así, de rodillas, los cogieron por la espalda, desde los cerros circundantes, los disparos de armas de alto poder. Según los sobrevivientes, la balacera comenzó a las 10:30 de la mañana, y Seguridad Pública (SP) acepta haber entrado a Acteal a las 17 horas. “No había nada, y luego que aquí es normal que haya disparos”, dice un comandante de la policía, sin insignias (resultó ser el teniente coronel Roberto García Rivas).
Con seis horas a su disposición, los sicarios pudieron efectuar su trabajo con eficiencia numérica: la cifra de muertos duplica la de heridos. “No teníamos ni con qué defendernos”, lamenta con rabia Juan. Incluso a los más bilingües se les dificulta hoy hablar castilla. Relatan el horror en tzotzil, esta mañana, en Polhó. En la escuela de Polhó, unas 200 personas lloran intermitentemente. Una hora pasamos allí los reporteros, y en ningún momento se acalló el llanto. Todos querían hablar. El traductor omitía cosas; varias veces, él lloraba.
Una mujer embarazada cayó moribunda en la explanada del campamento. Los asesinos llegaron hasta ella para rematarla. Y uno de ellos, “con un cuchillo –relata un testigo y hace un ademán de puñalada, que inmediatamente reprime con un temblor– le sacó su niño y lo tiró allí nomás”. (La nota original decía que esa víctima fue Rosa Gómez Cruz; un error de nombre en medio de la confusión trágica. Al parecer, el testigo se refería a Catarina Luna Pérez, con cinco meses de embarazo, quien recibió cinco machetazos. Sobre esto volveremos más adelante).
A Juana Vázquez “primero la mataron y luego la robaron”, dice un joven mostrando una bolsa de red. “La traían los paramilitares, y salió este chamaquito. Le preguntaron adónde vas, y él dijo al baño, y le dijeron ten esta bolsa, apúrate y cuando regreses nos ayudas a cargar la bala”. El aludido, Miguel, permanece silencioso, sucio, con los ojos abiertos. De la red salen dos naguas de mujer, un huipil primoroso y un cinturón bordado en rojo. El tesoro de la bordadora lo llevaban sus asesinos de botín.
María, pequeña madre, carga su bebé a la espalda, apoya su cabeza en el pecho del reportero. Se estremece. Su hermana, Elena, habla: “murió su padre, su hermano, su cuñado”. El niño de María, envuelto en el rebozo, llora ya cansado de llorar.
Una hermosa niña de unos 12 años, Guadalupe Vázquez Luna, y su hermanito, son los únicos sobrevivientes de otra familia. Su padre, Alonso Vázquez Gómez, era jefe de zona de los catequistas. Guadalupe lo vio morir, a su mamá, a su tío Victorio, quien era promotor de salud, y a un hermanito.
Operación limpieza
Esta mañana, Acteal está desierto. En la cancha de basquetbol un centenar de policías y militares de Fuerza de Tarea vigilan a cientos de metros del lugar de la masacre. Nuestra llegada interrumpe su “revisión” de las casas abandonadas, cuyos habitantes dejaron cerradas con candados. Todas las casas están saqueadas, y no queda un sólo candado en su lugar.
En la madrugada, Jorge Enrique Hernández Aguilar, ex procurador chiapaneco y titular del Consejo Estatal de Seguridad, y el subsecretario de Gobierno, Uriel Jarquín, supervisaron, antes que llegaran los periodistas, la recolección de los cadáveres, cuya existencia negó ayer el secretario de Gobierno, Homero Tovilla Cristiani. Los agentes encargados de la operación debieron trabajar arduamente, así como los agentes del Ministerio Público. Limpiaron de casquillos y algunas ropas ensangrentadas, pero no todas.
La sangre ensucia. Todavía se ven grandes coágulos, jirones de ropa ensangrentada, así como huellas de la huída en el lodo y los matorrales. También huellas de la persecución. Un jefe policiaco, quien rehusó identificarse pero que ayer se presentó ante los indígenas como comandante, asegura haber visto a Hernández Aguilar. “A las cuatro de la mañana se ve con dificultad”, explica el oficial, quien a la señal radial de Trueno responde como Relámpago. Sus muchachos colaboraron en la recolección de cadáveres. Confirma la cifra de 45, y reitera que están aquí para ayudar a la población; se queja de la falta de confianza.
Antes de las 7 de la mañana la limpieza quedó concluida, y los funcionarios condujeros los cadáveres al Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez. No obstante, fue hasta la tarde de hoy cuando el gobierno local estuvo en condiciones de fijar una postura oficial.
En Polhó, donde están los sobrevivientes, una mujer aprieta entre las manos el blanco rebozo ensangrentado de su hija Susana, quien está muerta. Un hombre relata sollozante: “fallecieron en la balacera todos sus hijos y su nieto. Perdió seis de familia”. Aparte murió su nuera.
La explanada del crimen
Ayer, a las 11 de la mañana, el campamento de Acteal estaba en confusión. Quedan, maltrechos, los cobertizos de ramas y palma que fueron su refugio. “Aquí estábamos rezando”, señala Pablo. Un gran claro circular. Los primeros muertos cayeron aquí mismo. Los demás corrieron hacia la cañada, y prácticamente se desbarrancaron por la caída de un río. Los grandes helechos desgarrados, la vegetación arrancada, los trapos, las huellas, la sangre, los hoyos y los cardos arrastrados muestran el rumbo de la multitudinaria huída.
Cuenta Pablo cómo iban los bebés rodando con sus mamás. Los niños chicos cayéndose y corriendo. Él iba cuidando a su hijo. Otros cargaban a los heridos. Los paramilitares no dejaron de dispararles, pero a la barranca no se aventuraron. Les bastó con rematar en una cueva a los que allí se refugiaron y dejar la primera hondonada del río sembrada de cadáveres.
“Les dispararon de arriba”, indica Pablo al descender, y da un brinco. El poder de fuego que los abatió, a juzgar por las heridas de los internados en San Cristóbal, nunca fue menor. Balas expansivas, según Pablo, y cuernos de chivo. Él los vio. Reconoció a muchos atacantes. No todos traían el rostro cubierto. Muchos jovencitos llevaban un paliacate amarrado en la cabeza, y se sentían muy guerreros. Veintiún mujeres, una decena de niños: buen récord.
Los agraviados los llaman “priístas”, pero muchas comunidades priístas son inocentes del ataque. Se trata de bandas armadas que recibieron entrenamiento militar y el apoyo del ayuntamiento oficial. Jóvenes entrenados, transformados, que atacaron contando con la Navidad. No existen elementos para suponer un acto “de venganza” o “conflicto intracomunitario”, como maneja hoy la radio estatal. Hablan los noticieros de muertos a machetazos y pedradas. Cosa de indios salvajes.
Falso. El trabajo de exterminio fue eficiente, y a su manera limpio. ¿Se puede no dramatizar esta forma de muerte fría, calculada, preparada y anunciada? Nada que ver con pleitos de familias o diferencias políticas. No es una guerra civil. Chenalhó es un escenario, un laboratorio, una puesta en práctica. De manual.
Uno de los heridos en San Cristóbal fue identificado como paramilitar. Es vigilado por la SP. De muchos otros paramilitares, los sobrevivientes conocen sus nombres. “Muchachos que se hicieron malos”, afirma Juan, tan abatido como todos los de Acteal, Chimix y Polhó. Pero además, muy indignado, dice los nombres de un Javier, un Felipe, un José y un Noé que conoce. Son de Acteal, La Esperanza, Puebla, Los Chorros, Bajo Beltic, Yibeljoj, Naranjatic, y los vio venir para matar. Los vio asesinando por todas partes.
Después de reconstruir la ruta de la huída, Pablo y Javier nos llevan a recorrer las casas de otro barrio de Acteal. Javier llega a su casa, ve un alambre mal puesto donde él dejó ayer un candado. Es de las bases zapatistas. “¡Mi grabadora!”, exclama al detectar su ausencia en la casa saqueada. Cada casa que visitamos está destruida. “Estos no fueron los paramilitares. Ellos hubieran quemado. Fueron los policías”. Poco después encuentra tirado, en el dormitorio, un sombrero de policía. Lo recoge, se lo lleva a la nariz con sorprendente instinto, y dice: “huele a caxlán”.
Empiezan a llegar hombres de Acteal, a recolectar el café que dejaron secando, los costales. Pululan perros sin dueño, que se nos pegan para tener compañía.
Al atardecer, el Ejército desplaza cientos de efectivos a Chenalhó. En Polhó informan que hay disparos en Puebla, Los Chorros y Tzajalcum, de donde son los paramilitares. Y que amenazan con atacar otros campamentos de refugiados. Cae la noche. Acteal es hoy la boca del abismo.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/21/index.php?section=politica&article=022r1pol
22 de noviembre del 2007
En algunos países ocurrieron episodios peores, pero no tuvieron tal repercusión
Estupor en el mundo por la masacre
La fría parsimonia del gobierno mexicano ante lo que ocurría en el municipio de Chenalhó se sigue viendo con pasmo una década después
El agudizamiento de la violencia tiene que ver con la interrupción del diálogo: Samuel Ruiz
Hermann Bellinghausen/XVIII
La Nochebuena de 1997 todos los medios impresos y electrónicos hablan de la masacre. El mundo está azorado. Mucho más que con otras atrocidades similares del pasado y el presente. Tiempo después, hubo guatemaltecos y salvadoreños que externaron sorpresa ante las reacciones internacionales por Acteal. En sus países sucedieron episodios incluso peores y nunca tuvieron tal repercusión.
Diputados, senadores, obispos, observadores internacionales, abogados, funcionarios y periodistas habían conocido en persona a las víctimas. Todavía días antes eran parte de los indígenas desplazados que angustiaban a la sociedad civil. La fría parsimonia del gobierno mexicano ante lo que ocurría en Chenalhó se sigue viendo con pasmo una década después.
Aun el mismo día de la masacre, mientras ésta ocurría, el subsecretario de Gobierno de Chiapas, Uriel Jarquín Gálvez, se daba tiempo para desmentir –en inserción pagada– al suplemento Masiosare de La Jornada, que la víspera documentó la participación de diversas instancias oficiales en el financiamiento del grupo Paz y Justicia. “El gobierno federal y el estatal no apoyan la insurgencia ni la llamada ‘contrainsurgencia’. Combaten, eso sí, al enemigo común de todos los chiapanecos: la pobreza” (LJ, 23 de diciembre).
La información “negada” por las autoridades destacaba, con evidencias facsimilares, la presencia y firma como “testigo de honor” en la entrega de recursos a Paz y Justicia en la zona norte, del general Mario Renán Castillo Fernández, cuando aún era el comandante de la ocupación militar de los territorios indígenas de Chiapas (Masiosare, 21 de diciembre). Pocas veces un desmentido oficial ha caído en mayor vacío.
La Jornada registra también las opiniones del ex guerrillero y asesor gubernamental Gustavo Hirales, para quien referirse a Paz y Justicia como paramilitar “es un mito creado por los departamentos oficiosos de propaganda del EZLN, la diócesis de San Cristóbal y sus correas de transmisión”. Poco antes de la masacre, Hirales sostenía en El Nacional, diario de la Secretaría de Gobernación, que es una “fábula y un mito preconstruido” que en Chiapas “haya una guerra de baja intensidad orientada desde los más altos niveles del Estado”.
El presidente Ernesto Zedillo dirigió un mensaje a la nación el día 23, donde manifestaba que “no existe ninguna circunstancia que pueda justificar este cruel, absurdo, inaceptable acto criminal”. El hecho “llena de luto a toda la nación, es un hecho que nos duele y agravia a todos los mexicanos”. El mandatario se comprometió a que los responsables recibirían “todo el peso de la ley”.
El Ejército federal se declaró en “alerta máxima”. Argumentando un presunto “fuerte movimiento de tropas zapatistas”, desplazó miles de efectivos más hacia las montañas de Chiapas, y reinició patrullajes “en toda la zona controlada por el EZLN”. En pocas horas arribaron al estado más de cinco mil soldados; la mitad se instalaron inmediatamente en Chenalhó (LJ, 24 y 26 de diciembre).
El Congreso Nacional Indígena, el PAN y el PRD demandaron la desaparición de poderes en Chiapas (lo que nunca se cumplió). El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, negó que el gobierno auspiciara acto ilegal alguno. El dirigente nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, diría y repetiría varias veces que su partido nada tuvo que ver con la matanza, y que si participaron priístas, fue “a título personal”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó (SRE) las “expresiones de voceros o funcionarios de gobiernos extranjeros u organismos internacionales” que demandaban acciones al gobierno mexicano en relación con “el homicidio colectivo de Acteal” (valga el eufemismo de la SRE). La cancillería de Ángel Gurría expuso: “ello constituye un inaceptable acto de injerencia en los asuntos internos de México, país que se ha caracterizado por su invariable respeto al principio de no intervención” (LJ, 26 de diciembre). Ahora sí, a defender la soberanía, aun de las reacciones de su amigo el mandatario estadunidense Bill Clinton, quien había manifestado su indignación. El primer ministro francés Lionel Jospin expresó “profunda consternación” y llamó al gobierno zedillista a “encontrar a los responsables de esta matanza que no debe quedar sin castigo”.
Detenidos, los primeros asesinos
Desde Chenalhó, La Jornada informa al detalle los eventos posteriores a la matanza. El 25 de diciembre se celebra el sepelio de las víctimas en Acteal mismo. A escasos 200 metros de donde fueron ejecutados, los 45 cuerpos mutilados, destrozados y descompuestos de los indígenas recibieron sepultura el jueves (LJ, 26 de diciembre).
El obispo Samuel Ruiz García apuntó que el agudizamiento de la violencia en Chiapas tiene que ver con la interrupción del diálogo en San Andrés Larráinzar entre el gobierno y los zapatistas, así como con el crecimiento de los “grupos paramilitares que nos dijeron que no existían, pero aparecieron en Chenalhó”.
A partir de las ocho de la mañana, vestidos con sus ropas tradicionales, cientos de tzotziles que la noche anterior velaron a sus muertos hicieron el recorrido fúnebre desde Polhó hasta Acteal. Al frente, dos niños cargaban una leyenda: “Herodes quiso, pero no pudo acabar con la criatura. Hoy tampoco lo logrará, aunque tantos inocentes tengan que fecundar con su sangre este suelo duro y árido”.
Habían caminado durante 20 minutos por la carretera entre las cabeceras municipales de Chenalhó y Pantelhó, cuando un camión de tres toneladas detuvo su marcha cerca de ellos. Familiares de los indígenas asesinados señalaron de inmediato a algunos de sus ocupantes como parte de los grupos paramilitares que acribillaron a las 45 personas de Las Abejas.
El camión fue registrado y 21 de sus pasajeros, entre ellos uno con chaleco antibalas, fueron obligados a bajar. Tres de ellos fueron arrastrados de los cabellos, para ser entregados como “asesinos” a Jorge García Sánchez, agente del Ministerio Público Federal.
Mireille Roccatti, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aseguró durante el entierro en Acteal que el gobierno de Julio César Ruiz Ferro logró pocos avances en cuanto a las medidas cautelares que debió realizar con los desplazados por la violencia. Roccatti indicó que existió petición expresa al gobierno del estado para proporcionar, “en forma inmediata”, ayuda humanitaria a la población desplazada por la violencia política en el alteño municipio de Chenalhó.
La funcionaria recordó que también se solicitó realizar “las gestiones necesarias para que los desplazados pudieran regresar a sus comunidades de origen, con plenas garantías para su seguridad personal durante su retorno y permanencia en sus hogares”. Sin embargo, se negó a proporcionar informes sobre el avance de la investigación de la matanza, y señaló que se darían a conocer “en los próximos días”.
El alcalde agradecido
El alcalde Jacinto Arias Cruz agradeció al presidente Ernesto Zedillo “su apoyo e intervención para esclarecer los hechos violentos del pasado lunes en este municipio”. En una carta dirigida al jefe del Ejecutivo federal, el presidente municipal también dio las gracias al gobernador Ruiz Ferro por sus esfuerzos “para llegar al esclarecimiento de todos los hechos de violencia registrados en Chenalhó”.
El alcalde priísta recordó que desde mayo pasado han sido persistentes los enfrentamientos entre indígenas de la región, y manifestó que las 45 personas “fueron masacradas por criminales”. Poco después, él mismo sería apresado como cómplice y promotor de la masacre.
Después del día 22 afloraron muchos más detalles sobre la preparación del ataque. Vicente, indígena que participó en las últimas negociaciones entre autónomos y oficiales en Las Limas, relató su encuentro en Chimix con los paramilitares el día del último encuentro. Estaban bolos cuando lo amenazaron. “El alcohol huele de lejos”. En cambio, dijo, los atacantes en Acteal “no olían a nada. Echaban baba”, y se pasó la mano por las comisuras, con asco: “como perros que tienen rabia”. (LJ, 27 de diciembre). Otros testigos coincidían en que los agresores “parecían drogados” mientras ejecutaban su crimen culminante.
Vicente recordó que a principios de diciembre el gobierno de Chenalhó envió armas en costales de granos. Quiso obligar a un transportista a llevar la carga hasta Tzajalucum, pero éste la descargó en Majomut, luego de pasar sin problema un retén de la policía. Al llegar los costales a su destino, registra la nota, “los paramilitares vieron que había cuernos de chivo y escopetas de bajo calibre. Desecharon las segundas argumentando: ‘no sirven. Queremos armas que maten bien’. Días después recibieron armamento de las características que solicitaban”.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/22/index.php?section=politica&article=014r1pol
REPORTAJE /A diez años de Acteal
23 de noviembre del 2007
“Es la Navidad más triste de nuestras vidas”: Samuel Ruiz
Sobrevivientes identifican los cadáveres destrozados
Autoridades chiapanecas nunca efectuaron el trámite respectivo
La CNDH hace abrir los 45 ataúdes; el olor se subleva
“Ellos, nuestros padres y madres, harán que se cumpla el sueño de la justicia. Su sangre regará nuestro suelo, nuestra milpa, nuestra casa, para que la paz amanezca y brille la justicia”
Hermann Bellinghausen /XIX
Acteal, 25 de diciembre de 1997. Poco a poco sube el olor, rodeando con su cálida contundencia todo este inmenso y sólo en apariencia callado dolor de los tzotziles. No, no es la pestilencia de la muerte, aunque conforme avanza la mañana las 45 cajas se vayan poblando de moscas, miles de ellas, golosas. Tampoco es el olor dulzón de esta tierra removida y pisoteada tanto en tan pocos días. Los sobrevivientes de la matanza de Acteal llevan su dolor y su rabia con una grandeza inmune a todo. ¿Ya qué más puede pasarles?
Mariano, en el vértice de la explanada que ocupan los ataúdes de todos sus muertos, preside, junto con la demás autoridad tradicional del pueblo de Chenalhó, la misa de cuerpo presente que oficia el obispo Samuel Ruiz García, quien llama a ésta “la Navidad más triste de nuestras vidas”.
Representante de Paz de Acteal, Mariano es el único de los cientos de hombres presentes que lleva sombrero ceremonial de listones. Él conduce la ceremonia. Es quien habla a los hombres y mujeres de Quextic y La Esperanza, cuyos familiares vinieron a morir aquí. A la vez supervisa la excavación de las dos grandes fosas de dos metros por 20, que en ese momento ocupa a decenas de hombres y muchachos que con picos y palas rompen la tierra. Mariano distribuye crisantemos blancos a las mujeres y les pide ponerlos sobre las cajas de los suyos. Él mismo va y pone uno sobre el ataúd de su mujer, y otros dos sobre los de sus hijas. Sobre cada uno se inclina y deposita un beso.
Es uno de los hombres más respetados de Chenalhó. Su cargo anterior, hasta hace pocos meses, fue de pashión, máxima autoridad espiritual. Durante un año descansó sobre sus hombros el peso del universo. En el vértice del campo de cajas, Mariano habla con claridad. También llora. Sólo quedaron él y su hijo de 12 años. Lo rodean los demás principales, mientras transcurre la misa que concelebran Ruiz García y varios sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal de las Casas.
Crisantemos y artículos constitucionales
Han hablado varios hombres, como acostumbran cuando están en asamblea. Uno dice al obispo: “voy a morir también, pero quiero la justicia, que sean castigados los culpables, los priístas, principalmente. No me importan las diferencias de organización ni partido político”. E invoca la Constitución, en misa: “Hay el artículo 24, que va a respetar los partidos y las religiones. ¿Dónde está el artículo 24, señor gobernador?”
También los principales reparten crisantemos a las mujeres. Un catequista, señalando hacia las cajas, expresa en la ceremonia: “ellos, nuestros padres y madres, harán que se cumpla el sueño de la justicia. Su sangre regará nuestro suelo, nuestra milpa, nuestra casa, para que la paz amanezca y brille la justicia”. Es creyente de la intercesión de los ancestros ante las potencias superiores. Así, comenta de los caídos: “ellos y ellas harán que la palabra hable”.
Con sobriedad admirable, los sobrevivientes escuchaban al Tatic hablar del perdón, en el mismo sitio donde cayeron sus familiares. Samuel Ruiz García ha estado con ellos desde temprano. Antes de la misa permaneció sentado frente a los indígenas reunidos sobre la explanada cavando la fosa. Durante horas, solo y en silencio, miró ese campo sembrado de cadáveres. Seguramente sintió, como todos los presentes, la sobrecogedora paz, más allá de las lágrimas, que irradiaban los indígenas de Las Abejas.
Pocos metros arriba de esta explanada corre la carretera por la que llegaron la mañana del lunes los asesinos. Por la que hoy temprano transitaban algunos de los implicados en un vehículo oficial, se presume que protegidos por la policía municipal del ayuntamiento constitucional de Chenalhó, que viajaba en otro vehículo.
Dio la casualidad. Y entonces pasaron por el sitio, y en medio del cortejo, miembros del grupo paramilitar que ejecutó el crimen. Fueron reconocidos por la procesión que traía los 45 cuerpos desde el vecino pueblo de Polhó, donde anoche los entregaron las autoridades de Tuxtla y la Federación a los mandos del municipio autónomo.
¿Enviaba el gobierno a los paramilitares a un probable linchamiento, poniéndolos en manos de los sobrevivientes? La disciplina de las bases zapatistas que acompañaban el cortejo y la presencia del Tatic impidieron que los paramilitares fueran agredidos. Como con los dolientes venían la Policía Judicial Federal y la CNDH, se aprehendió de inmediato a los sospechosos, no lejos del flamante campamento del Ejército instalado en la escuela primaria de Acteal.
Más tarde, durante la misa, bajó de la carretera, atravesó con descaro la explanada llena de indígenas y caminó hasta la ermita, a 50 metros del lugar, un hombre de traje. Tal vez el único de los miles de presentes con saco y pantalón de vestir. Ostentaba una pistola escuadra metida en la cintura. Minutos después apareció Gustavo Moscoso Zenteno, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas y representante del gobierno ruizferrista en las negociaciones de paz y reconciliación que culminaron en matanza.
Buscaba a Mireille Roccatti, titular de la CNDH, pero ésta ya se había retirado. Como quiera, permaneció un rato en el entierro. Encarnaba aquí al gobierno. No estuvo mal que presenciara, aunque sólo fuera por unos minutos, la terrible ceremonia. No estuvo mal que, también a él, lo envolviera ese olor.
A pocos pasos, bajo los maltrechos cobertizos del campamento en ruinas y a partir de hoy cementerio, las mujeres cuidan en la sombra y amamantan a sus hijos. Uno de ellos vomita bilis, dolorosamente. Una bebita llora. Varios niños, circunspectos y todo, medio juegan. Pasa entonces el hijo de Mariano, cargando en la frente una red. Heredó el porte de su padre. Un príncipe sin tierra. Sonríe tristemente y se pierde entre los hombres que esperan su turno para cavar las fosas. “No fosa común, sino comunitaria”, según Carlos Monsiváis, testigo del desenlace de la ignominia.
La presencia gubernamental
Y entonces, el brutal trámite burocrático: identificar los cadáveres. Por increíble que parezca, las autoridades del gobierno chiapaneco no efectuaron nunca ese trámite, en lo que varios observadores consideran otra maniobra de ocultamiento. Otra más. Ahora es competencia federal. Un agente, uno solo, de la Policía Judicial Federal, escucha, abrumado, decenas de denuncias. La historia de X’Cumumal, comunidad rodeada por los paramilitares y la policía, donde están a punto de morir de hambre más de 3 mil desplazados. Suda cuando escucha la historia de las mujeres secuestradas en Pechequil, obligadas por los priístas a realizar trabajos forzados bajo amenaza de muerte.
Aquí se inhuma a cinco mujeres embarazadas. La PGR mencionó sólo dos en su informe. Dos murieron a machetazos. Otra, Juana Pérez Pérez, de 33 años y siete meses de embarazo, recibió de arriba a abajo una bala expansiva en el tórax que le causó exposición abdominal de vísceras. En datos corroborados por Las Abejas, a Rosa Pérez Pérez, con dos heridas en tórax, le estalló el corazón, y recibió un machetazo. Marcela Capote Vázquez, de 15 años, bala en tórax. María Gómez Ruiz recibió dos tiros por la espalda, igual que todos los los niños caídos. También embarazada, Rosa Gómez sobrevivió; no su bebé.
Los operarios de la CNDH hacen abrir uno por uno los 45 ataúdes después del mediodía. Los familiares de los muertos enfrentan el momento de reconocer a su gente en esos cuerpos destrozados. Por descomposición o por efectos de la violencia, algunos están irreconocibles. El olor se subleva. Las moscas se incrementan. Así, una caja que dice “adulto femenino” o “niño masculino” recupera su nombre por última vez.
En llanto o en silencio, las mujeres meten en los ataúdes zapatos, cobijas y huipiles a su gente, desnuda como se la llevaron anteayer las autoridades, los cuerpos envueltos ahora en bolsas de plástico. A una mujer su hermana le coloca encima cinco huipiles nuevos, un rebozo, un cinturón, todos bordados y nunca estrenados por la difunta.
Mariano y los demás principales organizan el traslado de las cajas hasta las fosas. Algunos miembros de la caravana Para Todos Todo auxilian a los hombres que cargan. No hay agobio ni prisa. Jóvenes capitalinos, mujeres de ciudad que, como los demás, no acaban de entender qué está sucediendo.
La expresión “aquí quedó”, frecuente en estas tierras para dar a entender el lugar de una muerte, se cumple por dos. Aquí quedaron las víctimas, aquí sacrificadas. Ésa es la penitencia que imponen los desplazados a esta tierra cruel donde, según sus tradiciones, dejan sembrada la memoria. Los vivos llevan sobre sus hombros todo el peso del universo. Ahora, fuera de eso, despojados entre los despojados, estos campesinos nada tienen (La Jornada, 26 de diciembre).
24 de noviembre del 2007
“No fue un choque armado; fue, llanamente, una ejecución”
La investigación zapatista: Zedillo financió la agresión
El 22 de diciembre de 1997 Ruiz Ferro recibió dos llamadas de alerta de la Conai, pero respondió que “todo estaba bajo control”
“Prefiero pasar a la historia como represor antes que cumplir los acuerdos con el EZLN”, fue el mensaje del entonces mandatario a la Comandancia General rebelde
Hermann Bellinghausen /XX
Entre el 23 de diciembre de 1997 y los primeros días de 1998, el EZLN emite varios comunicados que revelan el resultado de sus propias investigaciones sobre la matanza. De entrada, la comandancia rebelde responsabiliza a miembros del PRI “patrocinados por los gobiernos federal y estatal”. De acuerdo con transmisiones radiales del gobierno chiapaneco interceptadas por el EZLN, “en las inmediaciones de Acteal y al tiempo que se realizaba la masacre, policías de Seguridad Pública respaldaron la agresión y, en horas de la tarde y noche, se dedicaron a recoger cadáveres para ocultar la magnitud de la matanza” (24 de diciembre).
“El señor Julio Cesar Ruiz Ferro estuvo continuamente informado del desarrollo del operativo, por lo menos desde las 12 horas del 22 de diciembre, cuando la matanza llevaba ya una hora. Aprobado por los gobiernos federal y estatal, el ataque se afinó el 21 de diciembre en una reunión de paramilitares de Los Chorros, Puebla, La Esperanza y Quextic”, continúa el primero de cuatro comunicados zapatistas.
“La responsabilidad directa de los hechos sangrientos recae en Ernesto Zedillo Ponce de León y la Secretaría de Gobernación, que desde hace dos años dieron luz verde al proyecto de contrainsurgencia presentado por el Ejército federal. Dicho proyecto intenta desplazar la guerra zapatista hacia un conflicto entre indígenas, motivado por diferencias religiosas, políticas o étnicas. Para cumplirlo, se dedicaron a financiar equipo y armamento y dar entrenamiento militar, que fue dirigido por oficiales del Ejército federal a indígenas reclutados por el PRI. Para dar tiempo a que estos escuadrones de la muerte estuvieran listos, el gobierno mexicano diseñó una estrategia paralela de diálogo simulado, sin intención alguna de cumplir lo que se acordara y aumentando la presencia militar. El gobierno de Chiapas quedó encargado de garantizar la impunidad de los grupos paramilitares y facilitar su operación en las principales zonas rebeldes.”
Como muestra de su “voluntad de paz”, por diversos canales “el señor Ernesto Zedillo mandó amenazas a la Comandancia General del EZLN con el siguiente mensaje: ‘Prefiero pasar a la historia como represor antes que cumplir los acuerdos con el EZLN’. Esta palabra sí la cumplió. Zedillo ya pasó a la historia como asesino de indígenas y lleva en las manos la sangre de Acteal”.
Ningún refugiado tenía armas
En un segundo comunicado (27 de diciembre), el EZLN informa del avance de sus investigaciones. “Ninguno de los refugiados tenía armas de fuego”, destaca. En cambio, todos los atacantes las tenían y algunos, además, poseían armas blancas. La mayoría de las armas largas eran AK-47 calibre 7.62 x 39. Las armas cortas o pistolas eran de modelo escuadra, calibre 22 largo rifle.
“Antes de que se iniciara la masacre, los vehículos de los paramilitares fueron detectados por bases de apoyo del EZLN, quienes fueron a avisarles a los refugiados en Acteal para que salieran y alertaran a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai). Un grupo de aproximadamente 15 personas alcanzó a salir, pero el resto alegó que no podían hacerles nada porque no habían hecho nada malo.
“El 22 de diciembre al mediodía, cuando apenas se iniciaba el ataque, bases de apoyo zapatistas escucharon las primeras detonaciones y se comunicaron a la Conai para informarle. La Conai respondió a los compañeros que se iba a avisar al gobierno del estado. A las 12 horas del 22 de diciembre, el gobierno del estado recibió la denuncia. A las 19 horas el aviso se repitió. El gobierno del estado dijo que todo estaba bajo control.
“El comando paramilitar que realizó la masacre se movilizó en vehículos propiedad de la presidencia municipal priísta de Chenalhó y de particulares. Todos los miembros del grupo agresor portaban uniformes de color oscuro. Los vehículos, así como el armamento, uniformes y equipos de los agresores, se obtuvieron con dinero proveniente de la Secretaría de Desarrollo Social. Terminado el ataque, agentes de Seguridad Pública se dieron a la tarea de recoger los cadáveres y desaparecerlos dentro de una cueva y en el fondo de un barranco”.
La comandancia zapatista expuso algunas conclusiones. No se trató de un conflicto religioso, ni étnico. “No se trató de un enfrentamiento, como lo quieren presentar los gobiernos federal y estatal; los muertos estaban desarmados. No hubo choque armado. Fue, simple y llanamente, una ejecución”.
El objetivo era “acabar con todos”, que no quedaran testigos y limpiar las evidencias: “El plan gubernamental era que el hecho no fuera del dominio público. Las autoridades primero quisieron negar la matanza, luego minimizarla. Ahora quieren confundir a la opinión pública sobre el verdadero móvil del crimen”.
Para el EZLN, “es evidente que el grupo agresor contaba con preparación militar ‘de comando especial’. Sus armas, equipos y uniformes son los de una organización militarizada y revelan que se trató de una acción concertada, preparada y dirigida por personas o instancias que no participaron directamente.
“Desde el inicio del deterioro y crisis de la situación social en Chiapas, producto de la estrategia contrainsurgente gubernamental, el CCRI-CG del EZLN orientó a sus bases de apoyo para que evitaran en todo momento, aun a costa de perder sus pocas pertenencias, el enfrentamiento con otros indígenas. El propósito gubernamental era y es que mudáramos de enemigos y nos enfrentáramos a otros indígenas. Por eso cada vez que fuimos agredidos no respondimos en forma violenta, sino que recurrimos a la Conai (cuya existencia combate con toda decisión el gobierno federal) y a la prensa nacional e internacional (cuya labor profesional molesta tanto a los gobernantes).
“En una televisora se documentaron objetivamente las condiciones de persecución y hostigamiento en que viven los indígenas de Chenalhó. Todos los entrevistados denunciaron la presencia y acción de guardias blancas”. El secretario de Go-bernación “protestó por el ‘tono parcial y tremendista’ de la información televisada y vetó su repartición”, dice el EZLN.
“Conforme a las evidencias encontradas, se deduce que el crimen de Acteal fue preparado con antelación, con plena conciencia, bajo la dirección de autoridades estatales y la complicidad de diversas secretarías del gobierno federal, entre las que destacan Gobernación, Desarrollo Social y Defensa Nacional, así como de las dirigencias nacional y estatales del PRI.
“La guerra actual en Chenalhó no se inició en los años 30. Empezó a gestarse en agosto de 1995, cuando los gobiernos federal y estatal acordaron su actual estrategia antizapatista. Antes de eso, más de año y medio después del primero de enero de 1994, la convivencia pacífica entre grupos políticos diferentes había sido posible. Todavía hace algunos meses, las autoridades oficialistas de Chenalhó habían acordado con las autónomas respeto mutuo y tolerancia. Pero llegó la orden de acabar con los rebeldes”.
Análisis de balística
A principios de 1998, el EZLN añade (5 de enero): “De acuerdo con las heridas que presentan algunos sobrevivientes, al análisis de los impactos en las construcciones de Acteal, según estudios de la balística de efecto, los paramilitares también usaron armas calibre 5.56 milímetros, con balas de punta blanda”, de efecto parecido a la bala expansiva. Entre las armas que usan el calibre 5.56 MM está el fusil automático M-16 (R-15 en su versión semiautomática), que actualmente portan los elementos de Seguridad Pública de Chiapas”.
Según comunicaciones radiotelefónicas interceptadas por el EZLN, “la Secretaría de Gobierno está dando órdenes a sus sicarios en los Altos para que se escondan. Se les dice que entierren las armas y esperen ‘a que pase el problema’. ‘Hay que dejar que se cansen y se calmen las protestas’, dijo la voz (mestiza) que dio las indicaciones al cabildo priísta de Chenalhó. La comunicación interceptada proviene del teléfono 8-48-33. Se dice que pertenece a la delegación en San Cristóbal del gobierno de Chiapas”.
La presencia masiva del Ejército “ha envalentonado a los paramilitares, que ahora amenazan con atacar a otros grupos de desplazados. Esto ha provocado que miles de indígenas se refugien en Polhó”, donde se han concentrado 4 mil 273 refugiados. “Hay cuando menos otros 2 mil 440 en condiciones de aislamiento, vulnerables a un nuevo ataque”, asevera el EZLN.
En los primeros días de enero de 1998, el Ejército ocupa Aldama, Morelia, Yaltchiptic, San Caralampio, 10 de Abril y otras comunidades zapatistas en la selva Lacandona y los Altos, y sitia durante 17 horas La Realidad. La guerra no ha terminado.
25 de noviembre del 2007
El trauma de la matanza es superado pronto por el gobierno, no así por las comunidades
El camino de la impunidad oficial
Desplazar a unas 10 mil personas conduce a problemas alimentarios y de salud
Una década después siguen sin castigo los promotores y autores intelectuales
Hermann Bellinghausen / XXI y último
La última semana de diciembre de 1997 es para las comunidades de Chenalhó tan difícil como la anterior a la matanza del día 22. Seguirían en estado de emergencia por meses. Años. Los zapatistas del municipio de Polhó, y sus simpatizantes perredistas y Las Abejas, pagan cara su rebeldía. La militarización de unas 15 comunidades y la permanente condición de desplazados de la tercera parte de la población de Chenalhó (unas 10 mil personas al terminar el año) genera graves problemas alimentarios, de salud, de trauma social, desempleo (por despojo de cafetales y milpas) y seguridad. Aún después de la matanza, sordos al escándalo mundial por sus acciones, los paramilitares siguen disparando, amenazando, secuestrando comunidades enteras. Hoy sabemos que además nunca fueron desarmados, aunque muchos estén en la cárcel.
La PGR monta inmediatamente la teoría del “conflicto intercomunitario” y de familias “que se disputan el poder” desde “los años 30” (*27 de diciembre). Ahora sí que Shakespeare en Chenalhó. La investigación que concluye con el Libro blanco de Acteal en 1998 se sujeta a la hipótesis que el procurador Jorge Madrazo Cuéllar divulga inmediatamente después de la matanza. Con ello se asegura un “control de daños” del lado gubernamental. La responsabilidad no llega más allá de los mandos policiacos; los funcionarios estatales no tocan la prisión. Contra los discursos y trastabilleos del presidente Zedillo, su gabinete, los legisladores del PRI y lo que queda de gobierno en Chiapas, para los indígenas el drama continúa.
El rescate
El día 27 llegan a Polhó tres mil 500 desplazados de X’Cumumal, y otros 400 que desde hace un mes son retenidos a la fuerza por grupos priístas en Pechiquil y Los Chorros. Este último grupo es “rescatado” por una brigada de organizaciones de derechos humanos y la Cruz Roja, reforzada con autoridades de la PGR y del Ejército federal.
Primero llegan los desplazados de distintas comunidades que habían permanecido sitiados por desconocidos armados en X’Cumumal, a ocho horas a pie. Un río de indígenas agotados, silenciosos, entra a Polhó enmedio de una valla de seguridad de ONG diversas. Más tarde arriba otra columna con los retenidos de Pechiquil. Entre la espesa neblina, la pertinaz lluvia y el lodo, la gente invade la carretera entre Polhó y Pantelhó. Llanto y felicidad se mezclan durante la entrada al poblado donde vivirán por un largo tiempo. En el camino, las escenas son de niños sufriendo frío y calentura, viejos descalzos apoyados en bastón, mujeres con uno o dos niños en su espalda o su pecho, hombres cargando costales de café.
El escudo de protección para los tzotziles que abandonan su refugio en X’Cumumal está integrado por la Cruz Roja Mexicana, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, legisladores federales perredistas, organizaciones civiles por la paz y actrices como Ofelia Medina y Ana Colchero, informa La Jornada. Diez años después, la primera sigue apoyando a los desplazados en sus campamentos.
En tanto, en una operación sorpresa organizada por la PGR, el Ejército federal, organismos de derechos humanos y la Cruz Roja, unos 400 indígenas secuestrados por priístas en Los Chorros y Pechiquil son rescatados y llevados a los nuevos refugios. El convoy arriba a Los Chorros, principal centro de los paramilitares, a las 8:30 del día 27. Ante el asombro de los militares, las personas secuestradas y obligadas a trabajar y entregar cooperaciones para comprar armas rebasaban las 300. El número de vehículos es insuficiente para trasladar a todos los indígenas. Los legisladores piden al mando militar llevar en sus camiones a los liberados (28 de diciembre).
El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, acepta que el gobierno federal tuvo información de “grupos civiles armados” en Chiapas, y sabía de la situación en Chenalhó, pero que un ataque como el de Acteal “escapa a cualquier sistema de información” (27 de diciembre). El señor secretario por lo visto no lee los periódicos y por una vez no le creyó a la televisión. El dirigente perredista Andrés Manuel López Obrador y decenas de ONG acusan a Madrazo y Chuayffet de “maniobrar” con las investigaciones, buscando exonerar a las autoridades involucradas. Los abogados democráticos hablan de “genocidio” (28 de diciembre).
La PGR realiza infructuosos cateos en busca de armas (30 de diciembre), mientras las enfermedades y el hambre se apoderan de los desplazados en Polhó, Xoyep y otros campamentos. En el país se realizan movilizaciones de protesta, que se incrementan la primera quincena de enero de 1998. Unas 50 ONG de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos demandan investigar al gobernador Ruiz Ferro por su “responsabilidad” en los crímenes (31 de diciembre).
Protesta internacional
En el mundo se suscita la serie de protestas más extensa de la historia, antes de las movilizaciones antiglobalización del siglo XXI. Del 23 de diciembre al 22 de enero de 1998 se reportan 249 acciones en 22 países; 118 en Estados Unidos, donde la respuesta es generalizada; 21 en España; 20 en Italia y 11 en Canadá. (Un amplio análisis del fenómeno está documentado en “La red transnacional de solidaridad con la rebelión indígena de Chiapas y el ciclo de protestas contra la globalización”, investigación de Giomar Rovira, UAM-X, 2007). Un gran número de las acciones internacionales ocurren el 12 de enero de forma simultánea a la marcha de 80 mil personas en el Distrito Federal, 2 mil en San Cristóbal de las Casas y movilizaciones en diferentes ciudades de México. Toda Europa, Bolivia, Australia, Puerto Rico, Cuba, Nicaragua.
En Italia y Alemania (11 de enero de 1998) se destaca que desde el papa Juan Pablo II hasta estrellas de rock como Jovanotti y Modena City Ramblers, los grupos autónomos, partidos políticos, las grandes cadenas de televisión y los principales periódicos se refieren al tema con voces de reprobación contra el gobierno mexicano e iniciativas en favor de los zapatistas. Embajadas y consulados de México son sitiados y a veces ocupados por manifestantes en todo el mundo. Decenas de intelectuales y personalidades se pronuncian con indignación. El Parlamento Europeo recuerda al gobierno mexicano que “el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación firmado en diciembre de 1997 aporta una cláusula democrática, que en su primer artículo basa el acuerdo en el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales”.
Desde Togo, la Internacional Sur-Panafricana difunde “su gran preocupación” por la situación. “Enviamos nuestro pensamiento y plegarias a nuestros hermanos chiapanecos muertos. Denunciamos la falta de respeto a los derechos humanos con que se pretende hundir al pueblo de Chiapas, que sufre para no caer en el olvido”.
Continúa la violencia
Estados Unidos y Canadá, socios comerciales de México, también le aprietan algunas tuercas al gobierno zedillista, pero nada más. El trauma de Acteal sería “superado” pronto por el gobierno; no así por las comunidades (y hasta los grupos paramilitares: fue tal el shock, que desistieron de la violencia por un bien tiempo). El gobierno debió continuar la guerra de baja intensidad con sus propias fuerzas. A lo largo de 1998 son “desmantelados” violentamiente los municipios autónomos San Juan de la Libertad (donde hubo otras masacres en Unión Progreso y Chavajeval en junio), Tierra y Libertad y Ricardo Flores Magón; sobre Polhó pendió siempre la amenaza de un ataque, sin concretarse.
Con nuevo gobernador interino (el senador priísta Roberto Albores Guillén) y nuevos mandos policiacos y militares al frente de una renovada ocupación de Chenalhó y el resto del territorio indígena, el gobierno federal no sólo no repliega su estrategia de guerra sino que la generaliza. Pero ese es otro capítulo de una historia donde los terribles acontecimientos de Acteal son sólo un episodio. La impunidad institucional fue la regla. Una década después lo sigue siendo. El gobierno de Felipe Calderón mantiene intocados a los promotores, organizadores y autores intelectuales de la masacre, y además reactiva el esquema paramilitar en las comunidades y municipios autónomos.
¿Otra vez se “desbordarán” conflictos “entre familias y parajes”, aunque sean denunciados y documentados? ¿Toparemos nuevamente a funcionarios con cara de “yo no fui”? El horror prefabricado no termina en Acteal. Sin embargo, la verdad sobre la masacre es ya un triunfo cultural, como se dice (se dijo siempre) del 2 de octubre de 1968. Cualquier “rescritura” resulta vana, aunque podría servir para refrendar la impunidad del gobierno mexicano, esa “tradición” política que sigue siendo impermeable a la justicia.
Créditos finales
Este reportaje fue elaborado fundamentalmente a partir de la información enviada desde las regiones indígenas de Chiapas entre mayo y diciembre de 1997 por los reporteros Juan Balboa, Elio Henríquez y quien firma este trabajo, así como por Ángeles Mariscal, corresponsal en Tuxtla Gutiérrez.
También se emplearon crónicas y notas de Blanche Petrich, Jesús Aranda, Alma E. Muñoz y Jesusa Cervantes. Algunas informaciones adicionales se deben a Juan Manuel Venegas, Andrea Becerril, Triunfo Elizalde, Matilde Pérez, Jaime Avilés, José Gil Olmos, Salvador Guerrero Chiprés, David Aponte y Martha García. Los artículos de opinión de diversos autores y los comunicados del EZLN que se citan aparecieron originalmente en las páginas de este diario. Fue invaluable el respaldo brindado por Juan Martínez, responsable de la hemeroteca de La Jornada.
Además resultaron de gran utilidad las investigaciones inéditas de Dolores Camacho, Arturo Lomelí y Jesús Ramírez Cuevas, testigos presenciales del periodo, así como los reportes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y su documento Camino a la masacre: Informe especial sobre Chenalhó (diciembre de 1997). Otras fuentes se especifican en el texto.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/25/index.php?section=politica&article=010r1pol
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/24/index.php?section=politica&article=012r1pol
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/23/index.php?section=politica&article=014r1pol
“Es la Navidad más triste de nuestras vidas”: Samuel Ruiz
Sobrevivientes identifican los cadáveres destrozados
Autoridades chiapanecas nunca efectuaron el trámite respectivo
La CNDH hace abrir los 45 ataúdes; el olor se subleva
“Ellos, nuestros padres y madres, harán que se cumpla el sueño de la justicia. Su sangre regará nuestro suelo, nuestra milpa, nuestra casa, para que la paz amanezca y brille la justicia”
Hermann Bellinghausen /XIX
Acteal, 25 de diciembre de 1997. Poco a poco sube el olor, rodeando con su cálida contundencia todo este inmenso y sólo en apariencia callado dolor de los tzotziles. No, no es la pestilencia de la muerte, aunque conforme avanza la mañana las 45 cajas se vayan poblando de moscas, miles de ellas, golosas. Tampoco es el olor dulzón de esta tierra removida y pisoteada tanto en tan pocos días. Los sobrevivientes de la matanza de Acteal llevan su dolor y su rabia con una grandeza inmune a todo. ¿Ya qué más puede pasarles?
Mariano, en el vértice de la explanada que ocupan los ataúdes de todos sus muertos, preside, junto con la demás autoridad tradicional del pueblo de Chenalhó, la misa de cuerpo presente que oficia el obispo Samuel Ruiz García, quien llama a ésta “la Navidad más triste de nuestras vidas”.
Representante de Paz de Acteal, Mariano es el único de los cientos de hombres presentes que lleva sombrero ceremonial de listones. Él conduce la ceremonia. Es quien habla a los hombres y mujeres de Quextic y La Esperanza, cuyos familiares vinieron a morir aquí. A la vez supervisa la excavación de las dos grandes fosas de dos metros por 20, que en ese momento ocupa a decenas de hombres y muchachos que con picos y palas rompen la tierra. Mariano distribuye crisantemos blancos a las mujeres y les pide ponerlos sobre las cajas de los suyos. Él mismo va y pone uno sobre el ataúd de su mujer, y otros dos sobre los de sus hijas. Sobre cada uno se inclina y deposita un beso.
Es uno de los hombres más respetados de Chenalhó. Su cargo anterior, hasta hace pocos meses, fue de pashión, máxima autoridad espiritual. Durante un año descansó sobre sus hombros el peso del universo. En el vértice del campo de cajas, Mariano habla con claridad. También llora. Sólo quedaron él y su hijo de 12 años. Lo rodean los demás principales, mientras transcurre la misa que concelebran Ruiz García y varios sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal de las Casas.
Crisantemos y artículos constitucionales
Han hablado varios hombres, como acostumbran cuando están en asamblea. Uno dice al obispo: “voy a morir también, pero quiero la justicia, que sean castigados los culpables, los priístas, principalmente. No me importan las diferencias de organización ni partido político”. E invoca la Constitución, en misa: “Hay el artículo 24, que va a respetar los partidos y las religiones. ¿Dónde está el artículo 24, señor gobernador?”
También los principales reparten crisantemos a las mujeres. Un catequista, señalando hacia las cajas, expresa en la ceremonia: “ellos, nuestros padres y madres, harán que se cumpla el sueño de la justicia. Su sangre regará nuestro suelo, nuestra milpa, nuestra casa, para que la paz amanezca y brille la justicia”. Es creyente de la intercesión de los ancestros ante las potencias superiores. Así, comenta de los caídos: “ellos y ellas harán que la palabra hable”.
Con sobriedad admirable, los sobrevivientes escuchaban al Tatic hablar del perdón, en el mismo sitio donde cayeron sus familiares. Samuel Ruiz García ha estado con ellos desde temprano. Antes de la misa permaneció sentado frente a los indígenas reunidos sobre la explanada cavando la fosa. Durante horas, solo y en silencio, miró ese campo sembrado de cadáveres. Seguramente sintió, como todos los presentes, la sobrecogedora paz, más allá de las lágrimas, que irradiaban los indígenas de Las Abejas.
Pocos metros arriba de esta explanada corre la carretera por la que llegaron la mañana del lunes los asesinos. Por la que hoy temprano transitaban algunos de los implicados en un vehículo oficial, se presume que protegidos por la policía municipal del ayuntamiento constitucional de Chenalhó, que viajaba en otro vehículo.
Dio la casualidad. Y entonces pasaron por el sitio, y en medio del cortejo, miembros del grupo paramilitar que ejecutó el crimen. Fueron reconocidos por la procesión que traía los 45 cuerpos desde el vecino pueblo de Polhó, donde anoche los entregaron las autoridades de Tuxtla y la Federación a los mandos del municipio autónomo.
¿Enviaba el gobierno a los paramilitares a un probable linchamiento, poniéndolos en manos de los sobrevivientes? La disciplina de las bases zapatistas que acompañaban el cortejo y la presencia del Tatic impidieron que los paramilitares fueran agredidos. Como con los dolientes venían la Policía Judicial Federal y la CNDH, se aprehendió de inmediato a los sospechosos, no lejos del flamante campamento del Ejército instalado en la escuela primaria de Acteal.
Más tarde, durante la misa, bajó de la carretera, atravesó con descaro la explanada llena de indígenas y caminó hasta la ermita, a 50 metros del lugar, un hombre de traje. Tal vez el único de los miles de presentes con saco y pantalón de vestir. Ostentaba una pistola escuadra metida en la cintura. Minutos después apareció Gustavo Moscoso Zenteno, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas y representante del gobierno ruizferrista en las negociaciones de paz y reconciliación que culminaron en matanza.
Buscaba a Mireille Roccatti, titular de la CNDH, pero ésta ya se había retirado. Como quiera, permaneció un rato en el entierro. Encarnaba aquí al gobierno. No estuvo mal que presenciara, aunque sólo fuera por unos minutos, la terrible ceremonia. No estuvo mal que, también a él, lo envolviera ese olor.
A pocos pasos, bajo los maltrechos cobertizos del campamento en ruinas y a partir de hoy cementerio, las mujeres cuidan en la sombra y amamantan a sus hijos. Uno de ellos vomita bilis, dolorosamente. Una bebita llora. Varios niños, circunspectos y todo, medio juegan. Pasa entonces el hijo de Mariano, cargando en la frente una red. Heredó el porte de su padre. Un príncipe sin tierra. Sonríe tristemente y se pierde entre los hombres que esperan su turno para cavar las fosas. “No fosa común, sino comunitaria”, según Carlos Monsiváis, testigo del desenlace de la ignominia.
La presencia gubernamental
Y entonces, el brutal trámite burocrático: identificar los cadáveres. Por increíble que parezca, las autoridades del gobierno chiapaneco no efectuaron nunca ese trámite, en lo que varios observadores consideran otra maniobra de ocultamiento. Otra más. Ahora es competencia federal. Un agente, uno solo, de la Policía Judicial Federal, escucha, abrumado, decenas de denuncias. La historia de X’Cumumal, comunidad rodeada por los paramilitares y la policía, donde están a punto de morir de hambre más de 3 mil desplazados. Suda cuando escucha la historia de las mujeres secuestradas en Pechequil, obligadas por los priístas a realizar trabajos forzados bajo amenaza de muerte.
Aquí se inhuma a cinco mujeres embarazadas. La PGR mencionó sólo dos en su informe. Dos murieron a machetazos. Otra, Juana Pérez Pérez, de 33 años y siete meses de embarazo, recibió de arriba a abajo una bala expansiva en el tórax que le causó exposición abdominal de vísceras. En datos corroborados por Las Abejas, a Rosa Pérez Pérez, con dos heridas en tórax, le estalló el corazón, y recibió un machetazo. Marcela Capote Vázquez, de 15 años, bala en tórax. María Gómez Ruiz recibió dos tiros por la espalda, igual que todos los los niños caídos. También embarazada, Rosa Gómez sobrevivió; no su bebé.
Los operarios de la CNDH hacen abrir uno por uno los 45 ataúdes después del mediodía. Los familiares de los muertos enfrentan el momento de reconocer a su gente en esos cuerpos destrozados. Por descomposición o por efectos de la violencia, algunos están irreconocibles. El olor se subleva. Las moscas se incrementan. Así, una caja que dice “adulto femenino” o “niño masculino” recupera su nombre por última vez.
En llanto o en silencio, las mujeres meten en los ataúdes zapatos, cobijas y huipiles a su gente, desnuda como se la llevaron anteayer las autoridades, los cuerpos envueltos ahora en bolsas de plástico. A una mujer su hermana le coloca encima cinco huipiles nuevos, un rebozo, un cinturón, todos bordados y nunca estrenados por la difunta.
Mariano y los demás principales organizan el traslado de las cajas hasta las fosas. Algunos miembros de la caravana Para Todos Todo auxilian a los hombres que cargan. No hay agobio ni prisa. Jóvenes capitalinos, mujeres de ciudad que, como los demás, no acaban de entender qué está sucediendo.
La expresión “aquí quedó”, frecuente en estas tierras para dar a entender el lugar de una muerte, se cumple por dos. Aquí quedaron las víctimas, aquí sacrificadas. Ésa es la penitencia que imponen los desplazados a esta tierra cruel donde, según sus tradiciones, dejan sembrada la memoria. Los vivos llevan sobre sus hombros todo el peso del universo. Ahora, fuera de eso, despojados entre los despojados, estos campesinos nada tienen (La Jornada, 26 de diciembre).
24 de noviembre del 2007
“No fue un choque armado; fue, llanamente, una ejecución”
La investigación zapatista: Zedillo financió la agresión
El 22 de diciembre de 1997 Ruiz Ferro recibió dos llamadas de alerta de la Conai, pero respondió que “todo estaba bajo control”
“Prefiero pasar a la historia como represor antes que cumplir los acuerdos con el EZLN”, fue el mensaje del entonces mandatario a la Comandancia General rebelde
Hermann Bellinghausen /XX
Entre el 23 de diciembre de 1997 y los primeros días de 1998, el EZLN emite varios comunicados que revelan el resultado de sus propias investigaciones sobre la matanza. De entrada, la comandancia rebelde responsabiliza a miembros del PRI “patrocinados por los gobiernos federal y estatal”. De acuerdo con transmisiones radiales del gobierno chiapaneco interceptadas por el EZLN, “en las inmediaciones de Acteal y al tiempo que se realizaba la masacre, policías de Seguridad Pública respaldaron la agresión y, en horas de la tarde y noche, se dedicaron a recoger cadáveres para ocultar la magnitud de la matanza” (24 de diciembre).
“El señor Julio Cesar Ruiz Ferro estuvo continuamente informado del desarrollo del operativo, por lo menos desde las 12 horas del 22 de diciembre, cuando la matanza llevaba ya una hora. Aprobado por los gobiernos federal y estatal, el ataque se afinó el 21 de diciembre en una reunión de paramilitares de Los Chorros, Puebla, La Esperanza y Quextic”, continúa el primero de cuatro comunicados zapatistas.
“La responsabilidad directa de los hechos sangrientos recae en Ernesto Zedillo Ponce de León y la Secretaría de Gobernación, que desde hace dos años dieron luz verde al proyecto de contrainsurgencia presentado por el Ejército federal. Dicho proyecto intenta desplazar la guerra zapatista hacia un conflicto entre indígenas, motivado por diferencias religiosas, políticas o étnicas. Para cumplirlo, se dedicaron a financiar equipo y armamento y dar entrenamiento militar, que fue dirigido por oficiales del Ejército federal a indígenas reclutados por el PRI. Para dar tiempo a que estos escuadrones de la muerte estuvieran listos, el gobierno mexicano diseñó una estrategia paralela de diálogo simulado, sin intención alguna de cumplir lo que se acordara y aumentando la presencia militar. El gobierno de Chiapas quedó encargado de garantizar la impunidad de los grupos paramilitares y facilitar su operación en las principales zonas rebeldes.”
Como muestra de su “voluntad de paz”, por diversos canales “el señor Ernesto Zedillo mandó amenazas a la Comandancia General del EZLN con el siguiente mensaje: ‘Prefiero pasar a la historia como represor antes que cumplir los acuerdos con el EZLN’. Esta palabra sí la cumplió. Zedillo ya pasó a la historia como asesino de indígenas y lleva en las manos la sangre de Acteal”.
Ningún refugiado tenía armas
En un segundo comunicado (27 de diciembre), el EZLN informa del avance de sus investigaciones. “Ninguno de los refugiados tenía armas de fuego”, destaca. En cambio, todos los atacantes las tenían y algunos, además, poseían armas blancas. La mayoría de las armas largas eran AK-47 calibre 7.62 x 39. Las armas cortas o pistolas eran de modelo escuadra, calibre 22 largo rifle.
“Antes de que se iniciara la masacre, los vehículos de los paramilitares fueron detectados por bases de apoyo del EZLN, quienes fueron a avisarles a los refugiados en Acteal para que salieran y alertaran a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai). Un grupo de aproximadamente 15 personas alcanzó a salir, pero el resto alegó que no podían hacerles nada porque no habían hecho nada malo.
“El 22 de diciembre al mediodía, cuando apenas se iniciaba el ataque, bases de apoyo zapatistas escucharon las primeras detonaciones y se comunicaron a la Conai para informarle. La Conai respondió a los compañeros que se iba a avisar al gobierno del estado. A las 12 horas del 22 de diciembre, el gobierno del estado recibió la denuncia. A las 19 horas el aviso se repitió. El gobierno del estado dijo que todo estaba bajo control.
“El comando paramilitar que realizó la masacre se movilizó en vehículos propiedad de la presidencia municipal priísta de Chenalhó y de particulares. Todos los miembros del grupo agresor portaban uniformes de color oscuro. Los vehículos, así como el armamento, uniformes y equipos de los agresores, se obtuvieron con dinero proveniente de la Secretaría de Desarrollo Social. Terminado el ataque, agentes de Seguridad Pública se dieron a la tarea de recoger los cadáveres y desaparecerlos dentro de una cueva y en el fondo de un barranco”.
La comandancia zapatista expuso algunas conclusiones. No se trató de un conflicto religioso, ni étnico. “No se trató de un enfrentamiento, como lo quieren presentar los gobiernos federal y estatal; los muertos estaban desarmados. No hubo choque armado. Fue, simple y llanamente, una ejecución”.
El objetivo era “acabar con todos”, que no quedaran testigos y limpiar las evidencias: “El plan gubernamental era que el hecho no fuera del dominio público. Las autoridades primero quisieron negar la matanza, luego minimizarla. Ahora quieren confundir a la opinión pública sobre el verdadero móvil del crimen”.
Para el EZLN, “es evidente que el grupo agresor contaba con preparación militar ‘de comando especial’. Sus armas, equipos y uniformes son los de una organización militarizada y revelan que se trató de una acción concertada, preparada y dirigida por personas o instancias que no participaron directamente.
“Desde el inicio del deterioro y crisis de la situación social en Chiapas, producto de la estrategia contrainsurgente gubernamental, el CCRI-CG del EZLN orientó a sus bases de apoyo para que evitaran en todo momento, aun a costa de perder sus pocas pertenencias, el enfrentamiento con otros indígenas. El propósito gubernamental era y es que mudáramos de enemigos y nos enfrentáramos a otros indígenas. Por eso cada vez que fuimos agredidos no respondimos en forma violenta, sino que recurrimos a la Conai (cuya existencia combate con toda decisión el gobierno federal) y a la prensa nacional e internacional (cuya labor profesional molesta tanto a los gobernantes).
“En una televisora se documentaron objetivamente las condiciones de persecución y hostigamiento en que viven los indígenas de Chenalhó. Todos los entrevistados denunciaron la presencia y acción de guardias blancas”. El secretario de Go-bernación “protestó por el ‘tono parcial y tremendista’ de la información televisada y vetó su repartición”, dice el EZLN.
“Conforme a las evidencias encontradas, se deduce que el crimen de Acteal fue preparado con antelación, con plena conciencia, bajo la dirección de autoridades estatales y la complicidad de diversas secretarías del gobierno federal, entre las que destacan Gobernación, Desarrollo Social y Defensa Nacional, así como de las dirigencias nacional y estatales del PRI.
“La guerra actual en Chenalhó no se inició en los años 30. Empezó a gestarse en agosto de 1995, cuando los gobiernos federal y estatal acordaron su actual estrategia antizapatista. Antes de eso, más de año y medio después del primero de enero de 1994, la convivencia pacífica entre grupos políticos diferentes había sido posible. Todavía hace algunos meses, las autoridades oficialistas de Chenalhó habían acordado con las autónomas respeto mutuo y tolerancia. Pero llegó la orden de acabar con los rebeldes”.
Análisis de balística
A principios de 1998, el EZLN añade (5 de enero): “De acuerdo con las heridas que presentan algunos sobrevivientes, al análisis de los impactos en las construcciones de Acteal, según estudios de la balística de efecto, los paramilitares también usaron armas calibre 5.56 milímetros, con balas de punta blanda”, de efecto parecido a la bala expansiva. Entre las armas que usan el calibre 5.56 MM está el fusil automático M-16 (R-15 en su versión semiautomática), que actualmente portan los elementos de Seguridad Pública de Chiapas”.
Según comunicaciones radiotelefónicas interceptadas por el EZLN, “la Secretaría de Gobierno está dando órdenes a sus sicarios en los Altos para que se escondan. Se les dice que entierren las armas y esperen ‘a que pase el problema’. ‘Hay que dejar que se cansen y se calmen las protestas’, dijo la voz (mestiza) que dio las indicaciones al cabildo priísta de Chenalhó. La comunicación interceptada proviene del teléfono 8-48-33. Se dice que pertenece a la delegación en San Cristóbal del gobierno de Chiapas”.
La presencia masiva del Ejército “ha envalentonado a los paramilitares, que ahora amenazan con atacar a otros grupos de desplazados. Esto ha provocado que miles de indígenas se refugien en Polhó”, donde se han concentrado 4 mil 273 refugiados. “Hay cuando menos otros 2 mil 440 en condiciones de aislamiento, vulnerables a un nuevo ataque”, asevera el EZLN.
En los primeros días de enero de 1998, el Ejército ocupa Aldama, Morelia, Yaltchiptic, San Caralampio, 10 de Abril y otras comunidades zapatistas en la selva Lacandona y los Altos, y sitia durante 17 horas La Realidad. La guerra no ha terminado.
25 de noviembre del 2007
El trauma de la matanza es superado pronto por el gobierno, no así por las comunidades
El camino de la impunidad oficial
Desplazar a unas 10 mil personas conduce a problemas alimentarios y de salud
Una década después siguen sin castigo los promotores y autores intelectuales
Hermann Bellinghausen / XXI y último
La última semana de diciembre de 1997 es para las comunidades de Chenalhó tan difícil como la anterior a la matanza del día 22. Seguirían en estado de emergencia por meses. Años. Los zapatistas del municipio de Polhó, y sus simpatizantes perredistas y Las Abejas, pagan cara su rebeldía. La militarización de unas 15 comunidades y la permanente condición de desplazados de la tercera parte de la población de Chenalhó (unas 10 mil personas al terminar el año) genera graves problemas alimentarios, de salud, de trauma social, desempleo (por despojo de cafetales y milpas) y seguridad. Aún después de la matanza, sordos al escándalo mundial por sus acciones, los paramilitares siguen disparando, amenazando, secuestrando comunidades enteras. Hoy sabemos que además nunca fueron desarmados, aunque muchos estén en la cárcel.
La PGR monta inmediatamente la teoría del “conflicto intercomunitario” y de familias “que se disputan el poder” desde “los años 30” (*27 de diciembre). Ahora sí que Shakespeare en Chenalhó. La investigación que concluye con el Libro blanco de Acteal en 1998 se sujeta a la hipótesis que el procurador Jorge Madrazo Cuéllar divulga inmediatamente después de la matanza. Con ello se asegura un “control de daños” del lado gubernamental. La responsabilidad no llega más allá de los mandos policiacos; los funcionarios estatales no tocan la prisión. Contra los discursos y trastabilleos del presidente Zedillo, su gabinete, los legisladores del PRI y lo que queda de gobierno en Chiapas, para los indígenas el drama continúa.
El rescate
El día 27 llegan a Polhó tres mil 500 desplazados de X’Cumumal, y otros 400 que desde hace un mes son retenidos a la fuerza por grupos priístas en Pechiquil y Los Chorros. Este último grupo es “rescatado” por una brigada de organizaciones de derechos humanos y la Cruz Roja, reforzada con autoridades de la PGR y del Ejército federal.
Primero llegan los desplazados de distintas comunidades que habían permanecido sitiados por desconocidos armados en X’Cumumal, a ocho horas a pie. Un río de indígenas agotados, silenciosos, entra a Polhó enmedio de una valla de seguridad de ONG diversas. Más tarde arriba otra columna con los retenidos de Pechiquil. Entre la espesa neblina, la pertinaz lluvia y el lodo, la gente invade la carretera entre Polhó y Pantelhó. Llanto y felicidad se mezclan durante la entrada al poblado donde vivirán por un largo tiempo. En el camino, las escenas son de niños sufriendo frío y calentura, viejos descalzos apoyados en bastón, mujeres con uno o dos niños en su espalda o su pecho, hombres cargando costales de café.
El escudo de protección para los tzotziles que abandonan su refugio en X’Cumumal está integrado por la Cruz Roja Mexicana, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, legisladores federales perredistas, organizaciones civiles por la paz y actrices como Ofelia Medina y Ana Colchero, informa La Jornada. Diez años después, la primera sigue apoyando a los desplazados en sus campamentos.
En tanto, en una operación sorpresa organizada por la PGR, el Ejército federal, organismos de derechos humanos y la Cruz Roja, unos 400 indígenas secuestrados por priístas en Los Chorros y Pechiquil son rescatados y llevados a los nuevos refugios. El convoy arriba a Los Chorros, principal centro de los paramilitares, a las 8:30 del día 27. Ante el asombro de los militares, las personas secuestradas y obligadas a trabajar y entregar cooperaciones para comprar armas rebasaban las 300. El número de vehículos es insuficiente para trasladar a todos los indígenas. Los legisladores piden al mando militar llevar en sus camiones a los liberados (28 de diciembre).
El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, acepta que el gobierno federal tuvo información de “grupos civiles armados” en Chiapas, y sabía de la situación en Chenalhó, pero que un ataque como el de Acteal “escapa a cualquier sistema de información” (27 de diciembre). El señor secretario por lo visto no lee los periódicos y por una vez no le creyó a la televisión. El dirigente perredista Andrés Manuel López Obrador y decenas de ONG acusan a Madrazo y Chuayffet de “maniobrar” con las investigaciones, buscando exonerar a las autoridades involucradas. Los abogados democráticos hablan de “genocidio” (28 de diciembre).
La PGR realiza infructuosos cateos en busca de armas (30 de diciembre), mientras las enfermedades y el hambre se apoderan de los desplazados en Polhó, Xoyep y otros campamentos. En el país se realizan movilizaciones de protesta, que se incrementan la primera quincena de enero de 1998. Unas 50 ONG de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos demandan investigar al gobernador Ruiz Ferro por su “responsabilidad” en los crímenes (31 de diciembre).
Protesta internacional
En el mundo se suscita la serie de protestas más extensa de la historia, antes de las movilizaciones antiglobalización del siglo XXI. Del 23 de diciembre al 22 de enero de 1998 se reportan 249 acciones en 22 países; 118 en Estados Unidos, donde la respuesta es generalizada; 21 en España; 20 en Italia y 11 en Canadá. (Un amplio análisis del fenómeno está documentado en “La red transnacional de solidaridad con la rebelión indígena de Chiapas y el ciclo de protestas contra la globalización”, investigación de Giomar Rovira, UAM-X, 2007). Un gran número de las acciones internacionales ocurren el 12 de enero de forma simultánea a la marcha de 80 mil personas en el Distrito Federal, 2 mil en San Cristóbal de las Casas y movilizaciones en diferentes ciudades de México. Toda Europa, Bolivia, Australia, Puerto Rico, Cuba, Nicaragua.
En Italia y Alemania (11 de enero de 1998) se destaca que desde el papa Juan Pablo II hasta estrellas de rock como Jovanotti y Modena City Ramblers, los grupos autónomos, partidos políticos, las grandes cadenas de televisión y los principales periódicos se refieren al tema con voces de reprobación contra el gobierno mexicano e iniciativas en favor de los zapatistas. Embajadas y consulados de México son sitiados y a veces ocupados por manifestantes en todo el mundo. Decenas de intelectuales y personalidades se pronuncian con indignación. El Parlamento Europeo recuerda al gobierno mexicano que “el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación firmado en diciembre de 1997 aporta una cláusula democrática, que en su primer artículo basa el acuerdo en el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales”.
Desde Togo, la Internacional Sur-Panafricana difunde “su gran preocupación” por la situación. “Enviamos nuestro pensamiento y plegarias a nuestros hermanos chiapanecos muertos. Denunciamos la falta de respeto a los derechos humanos con que se pretende hundir al pueblo de Chiapas, que sufre para no caer en el olvido”.
Continúa la violencia
Estados Unidos y Canadá, socios comerciales de México, también le aprietan algunas tuercas al gobierno zedillista, pero nada más. El trauma de Acteal sería “superado” pronto por el gobierno; no así por las comunidades (y hasta los grupos paramilitares: fue tal el shock, que desistieron de la violencia por un bien tiempo). El gobierno debió continuar la guerra de baja intensidad con sus propias fuerzas. A lo largo de 1998 son “desmantelados” violentamiente los municipios autónomos San Juan de la Libertad (donde hubo otras masacres en Unión Progreso y Chavajeval en junio), Tierra y Libertad y Ricardo Flores Magón; sobre Polhó pendió siempre la amenaza de un ataque, sin concretarse.
Con nuevo gobernador interino (el senador priísta Roberto Albores Guillén) y nuevos mandos policiacos y militares al frente de una renovada ocupación de Chenalhó y el resto del territorio indígena, el gobierno federal no sólo no repliega su estrategia de guerra sino que la generaliza. Pero ese es otro capítulo de una historia donde los terribles acontecimientos de Acteal son sólo un episodio. La impunidad institucional fue la regla. Una década después lo sigue siendo. El gobierno de Felipe Calderón mantiene intocados a los promotores, organizadores y autores intelectuales de la masacre, y además reactiva el esquema paramilitar en las comunidades y municipios autónomos.
¿Otra vez se “desbordarán” conflictos “entre familias y parajes”, aunque sean denunciados y documentados? ¿Toparemos nuevamente a funcionarios con cara de “yo no fui”? El horror prefabricado no termina en Acteal. Sin embargo, la verdad sobre la masacre es ya un triunfo cultural, como se dice (se dijo siempre) del 2 de octubre de 1968. Cualquier “rescritura” resulta vana, aunque podría servir para refrendar la impunidad del gobierno mexicano, esa “tradición” política que sigue siendo impermeable a la justicia.
Créditos finales
Este reportaje fue elaborado fundamentalmente a partir de la información enviada desde las regiones indígenas de Chiapas entre mayo y diciembre de 1997 por los reporteros Juan Balboa, Elio Henríquez y quien firma este trabajo, así como por Ángeles Mariscal, corresponsal en Tuxtla Gutiérrez.
También se emplearon crónicas y notas de Blanche Petrich, Jesús Aranda, Alma E. Muñoz y Jesusa Cervantes. Algunas informaciones adicionales se deben a Juan Manuel Venegas, Andrea Becerril, Triunfo Elizalde, Matilde Pérez, Jaime Avilés, José Gil Olmos, Salvador Guerrero Chiprés, David Aponte y Martha García. Los artículos de opinión de diversos autores y los comunicados del EZLN que se citan aparecieron originalmente en las páginas de este diario. Fue invaluable el respaldo brindado por Juan Martínez, responsable de la hemeroteca de La Jornada.
Además resultaron de gran utilidad las investigaciones inéditas de Dolores Camacho, Arturo Lomelí y Jesús Ramírez Cuevas, testigos presenciales del periodo, así como los reportes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y su documento Camino a la masacre: Informe especial sobre Chenalhó (diciembre de 1997). Otras fuentes se especifican en el texto.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada.
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/25/index.php?section=politica&article=010r1pol
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/24/index.php?section=politica&article=012r1pol
http://www.jornada.unam.mx/2007/11/23/index.php?section=politica&article=014r1pol
Información para los compas que viven en Puebla
COMPAÑEROS:
AHORA EN
NO POR ESO VAMOS A DEJAR DE INFORMAR A SI QUE , MAÑANA JUEVES ESTAREMOS NUEVAMENTE EN EL ZOCALO PARA SEGUIR INFORMANDO A LAS PERSONAS.
OTRO GRUPO DE COMPAÑERAS VAN A ESTAR A LAS 10 DE NOS PUEDA ACOMPAÑAR EN CUALQUIERA DE LOS DOS LUGARES.
SI TIENES ALGUNA INFORMACION LLEVALA.
SI TIENES ALGUNA INFORMACION LLEVALA.
SALUDOS
Carta de Navidad por nuestros familiares que permanecen sepultados en Pasta de Conchos
19 de Diciembre: A 22 Meses de la explosión:
Estimados amigos y amigas:
La llegada de la Navidad nos anima hacer junto- con ustedes, un recuento de lo que hemos vivido este largo año. Los relatos de los textos del nacimiento del Hijo de Dios, nos recuerdan entre otras cosas, que el Niño nace en medio de la noche en un pesebre porque para María y José, no había lugar en las posadas. Nace en ese pesebre, porque quienes podían acogerlos cerraron su corazón y sus oídos a la petición de María y de José, que sabían que al no ser acogidos en un lugar seguro y digno para ellos y para su Hijo, se les condenaba a la inseguridad, a la incertidumbre y al desamparo. Y así fue. Quienes cerraron su corazón y sus oídos, condenaron al Hijo de Dios a nacer entre animales, como si fuera un animal más, protegido únicamente por la mirada cuidadosa de María y de José, que se supieron sobreponer al cansancio y al peso de haber sido despreciados por ser pobres. Solamente algunos y algunas se acercaron a acompañarles en esa noche, para reconocer en ese esfuerzo y esa fidelidad, la certeza de que Dios encendía una luz que no se apagaría jamás. Suficiente motivo para celebrar y engrandecer la vida de ese pequeño que nacía en la más negra de las noches.
Así nos sentimos ahora. Ha sido un año difícil sin nuestros familiares. Un año en el que nos hicieron todavía más negra la noche que nos han impuesto a fuerza de cerrazón y de complicidades. Nos lo niegan todo, incluso el consuelo de sentir que podemos cerrar esta terrible experiencia sepultando a nuestros muertos en lugar digno. Hemos tocado todas las puertas. Hemos cuidado todos los detalles. Hemos ido y venido decenas de veces para atender cualquier requerimiento legal. Y nada. Nos sentimos como familia capaces de decir como José y María que, frente a la cerrazón y la oscuridad, hemos hecho cuanto hemos podido. Y, como ellos, también podemos decir, con el corazón alegre, que no lo hemos hecho solos porque ustedes nos han acompañado y permanecen junto con nosotros y nosotras.
Se acercaron a nuestro dolor, a nuestro cansancio y nuestra esperanza herida, para ayudarnos a entender que no era de arriba que nos vendría el apoyo y la fuerza, sino de abajo. Ustedes, que como los pastores se acercaron al pesebre y acompañaron a María ya José, nos han fortalecido y ayudado a tejer redes de amistad, de cariño y de solidaridad. Ustedes que estaban abajo, supieron escuchar el clamor de la sangre que grita en nuestras voces desde las entrañas de la tierra para no ser condenadas al olvido y a la impunidad de todos los que están arriba. Hoy esperamos junto con ustedes, los de abajo, que se abran los cielos y se escuche otra vez esas voces que, desde Dios, vinieron a acompañar a José y María: "Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres y mujeres de buena voluntad". Queremos escuchar de nuevo ese mensaje y que nuestro corazón se regocije en la certeza de que Dios se encarnó, se hizo persona como cualquiera de nosotros y nosotras y acampa para siempre entre los y las de abajo, para ser una luz que nos guíe y anime en esta larga noche que haremos llegue a su fin.
En la Noche de Navidad, malas conciencias dormirán tranquilas arropadas en el dinero que compra voluntades, políticos y gobiernos, dormirán arropados en sus justificaciones y relaciones políticas, económicas y religiosas. Hoy, nuestras conciencias permanecerán en vela y dispuestas a seguir el camino y el trabajo, desnudas en la certeza de que nuestro clamor y nuestras demandas son también el clamor y la demanda de Dios mismo; nuestras conciencias, las de ustedes y las nuestras. Esa. Noche, nos unirá más al dolor y a la esperanza que nos permite compartir con José y María el cuidado de ese Niño que los de arriba decidieron, desde siempre y también ahora no escuchar ni recibir. Pero esa noche fue el inicio de un camino iluminado por la presencia de ese Niño, Dios con Nosotros. Él camina desde entonces al lado de nosotros, llenándonos de fuerza y esperanza. Confiados en su compañía y en su vida que vence soberana a la muerte, seguiremos caminando contra la muerte que quieren imponemos para vencerla.
Con cariño y agradecimiento les abrazan,
Familia Pasta de Conchos y Equipo Nacional de Pastoral Laboral
La petiza presidencia del oficialismo
Luis Linares Zapata
La petiza presidencia del oficialismo
Fincado en dos palancas, la encogida presidencia del oficialismo ensaya el balance de su primer año en funciones. Los resultados no podían ser más pobres a pesar de las inducciones y el colaboracionismo de sus aliados en los medios de comunicación. Por un lado Calderón se vanagloria de un eficaz trasteo con el Legislativo que culmina, según sus apoyadores, en sendas reformas, estructurales insisten en llamarlas. Por el otro, se despliega, con dispendio de recursos, un esfuerzo de difusión para agrandar cualquiera de las medidas adoptadas por su administración, tal fue el caso del combate al narcotráfico donde destaca la participación de las fuerzas armadas. En medio de este mediocre accionar se cuela la pequeñez de ánimo y la poca monta de la visión que muestra no sólo el Ejecutivo federal, sino el partido que lo propone: el PAN de los nuevos y más achicados dirigentes que remplazaron a los desgastados yunqueros.
La recientemente aprobada reforma electoral fue diseñada para apuntalar el talante democrático del régimen y saldar el déficit de legitimidad con que asumió Calderón. En sus postrimerías el proceso se empantana ante las manipulaciones de las facciones legislativas para designar, después de engañosos trámites abiertos a la ciudadanía, a tres de los consejeros del IFE. En resumen, los coautores de la negociación básica, PRI y PAN, no están dispuestos a rencauzar lo extraviado: la confianza popular en el árbitro electoral. A pesar de que una parte del PRD los acompañó en la ruta, al final la sacan de la jugada y la dejan con un palmo de narices. Calderón, sus patrocinadores, los priístas y demás comparsas no están dispuestos a dejar el menor resquicio para que la izquierda (y menos un modelo alterno de país y gobierno) pueda tener la menor oportunidad de hacerse con el poder público. El total de los consejeros del IFE, subordinados y asesores, deberán responder a los favores recibidos por su designación. Tal como se hizo con el triste Ugalde y los consejeros que lo acompañaron en la tragedia de 2006.
Así, a la crítica que se desató desde las trincheras de la intelectualidad orgánica del régimen por las tenues limitantes que contiene la reforma electoral en cuanto a la contratación de propaganda, se une, para redondear el descrédito, el cinismo de los legisladores para imponer sus pulsiones de control y la estridente pelea en el seno del IFE por un infame cargo transitorio. El follón fue tan redondo que no se requiere mayor análisis para asentar la incapacidad del IFE como institución garante de procesos electorales, justos para con todos los actores políticos. Pero muestra el trunco tamaño de los legisladores negociantes y el de una Presidencia oficial metida hasta el ruin detalle para no permitir, a la izquierda y a su líder tan temido, tener algo que pueda considerarse como un factible aliado, aunque nada haya en la realidad de todos esos supuestos, comentados con intensidad por sus enjundiosos difusores. A pesar de que AMLO se distanció de los propósitos de restauración y demás pormenores de la reforma, los que están encaramados en los puestos de mando siguen oteando y apaleando fantasmas. Armados de rechazos tajantes, desafinan sus gritos para exorcizar los grandes temores que los aquejan. Nada, alegan, para aquellos que aún sostienen la existencia de un fraude improbado, ni siquiera un conocido lejano. La nimia sospecha es causa de veto instantáneo.
La alianza derechista que se amaciza en la cúpula decisoria del país es más notoria. Calderón, y los priístas con quienes se llegó al acuerdo básico, caminan con rumbo harto conocido. Tratarán de cumplirle a sus patrocinadores de dentro y fuera del país. La reforma energética, la joya ambicionada, ya asoma sus feroces contendidos y formas posibles. La entrega al capital privado trasnacional adoptará, según los conjurados, mecanismos subrepticios pero evidentes. No privatizarán ni un tornillo, afirman con cínico desparpajo funcionarios y políticos afines al régimen, al tiempo que transan todo tipo de colaboración, llegan a convenios verbales, trampean leyes secundarias, traman impolutas alianzas, firman contratos múltiples y demás parafernalia tan encubridora como tramposa. En el fondo se descubre la rampante imposición del espíritu entreguista que tanto daño ha hecho a los bienes y riquezas nacionales.
Pero mientras esos planes modernizadores se concretan, los mexicanos de a pie se adentran en un presente nada halagüeño, fruto de un desempeño errático y deficiente. La economía, el campo donde la derecha presume maestría consumada, se torna, después de un año de conducción panista, en una madeja de cerrados horizontes donde los empleos escasean, los salarios dejan que desear, la inflación amenaza y las medidas adoptadas por el Ejecutivo no son aprobadas ni por dos de cada 10 compatriotas. A escala nacional la situación económica es peor, dicen siete de cada 10 personas. Cinco de cada 10 afirman que la economía está en crisis y tres más aducen que atraviesa por mal momento para, adicionadas a las anteriores, dar un total de ocho (de 10) que califican el desempeño de Calderón de crítico o malo. Así, la economía se revela como el asunto de mayor importancia para los ciudadanos pero, en auxilio de la imagen de gobernabilidad, la administración acude a un expediente bien conocido: la propaganda masiva.
Una vez que el combate al narcotráfico cae en rendimientos no sólo decrecientes, sino negativos, se le sustituye por cualquier otro suceso de escape, ya sean grandes tragedias aprovechadas (inundaciones de Tabasco) o la batahola altruista del Teletón. Es por ello que Televisa lleva más de un mes dedicando al famoso tapón del río Grijalva media hora diaria de sus noticias. Calderón, bien lo saben por los sondeos, saldrá bien librado, a pesar de que fueron sus políticas privatizadoras las que en verdad causaron las inundaciones. Pero ahí la lleva, aunque su tamaño como gobernante ya sea inocultable
La petiza presidencia del oficialismo
Fincado en dos palancas, la encogida presidencia del oficialismo ensaya el balance de su primer año en funciones. Los resultados no podían ser más pobres a pesar de las inducciones y el colaboracionismo de sus aliados en los medios de comunicación. Por un lado Calderón se vanagloria de un eficaz trasteo con el Legislativo que culmina, según sus apoyadores, en sendas reformas, estructurales insisten en llamarlas. Por el otro, se despliega, con dispendio de recursos, un esfuerzo de difusión para agrandar cualquiera de las medidas adoptadas por su administración, tal fue el caso del combate al narcotráfico donde destaca la participación de las fuerzas armadas. En medio de este mediocre accionar se cuela la pequeñez de ánimo y la poca monta de la visión que muestra no sólo el Ejecutivo federal, sino el partido que lo propone: el PAN de los nuevos y más achicados dirigentes que remplazaron a los desgastados yunqueros.
La recientemente aprobada reforma electoral fue diseñada para apuntalar el talante democrático del régimen y saldar el déficit de legitimidad con que asumió Calderón. En sus postrimerías el proceso se empantana ante las manipulaciones de las facciones legislativas para designar, después de engañosos trámites abiertos a la ciudadanía, a tres de los consejeros del IFE. En resumen, los coautores de la negociación básica, PRI y PAN, no están dispuestos a rencauzar lo extraviado: la confianza popular en el árbitro electoral. A pesar de que una parte del PRD los acompañó en la ruta, al final la sacan de la jugada y la dejan con un palmo de narices. Calderón, sus patrocinadores, los priístas y demás comparsas no están dispuestos a dejar el menor resquicio para que la izquierda (y menos un modelo alterno de país y gobierno) pueda tener la menor oportunidad de hacerse con el poder público. El total de los consejeros del IFE, subordinados y asesores, deberán responder a los favores recibidos por su designación. Tal como se hizo con el triste Ugalde y los consejeros que lo acompañaron en la tragedia de 2006.
Así, a la crítica que se desató desde las trincheras de la intelectualidad orgánica del régimen por las tenues limitantes que contiene la reforma electoral en cuanto a la contratación de propaganda, se une, para redondear el descrédito, el cinismo de los legisladores para imponer sus pulsiones de control y la estridente pelea en el seno del IFE por un infame cargo transitorio. El follón fue tan redondo que no se requiere mayor análisis para asentar la incapacidad del IFE como institución garante de procesos electorales, justos para con todos los actores políticos. Pero muestra el trunco tamaño de los legisladores negociantes y el de una Presidencia oficial metida hasta el ruin detalle para no permitir, a la izquierda y a su líder tan temido, tener algo que pueda considerarse como un factible aliado, aunque nada haya en la realidad de todos esos supuestos, comentados con intensidad por sus enjundiosos difusores. A pesar de que AMLO se distanció de los propósitos de restauración y demás pormenores de la reforma, los que están encaramados en los puestos de mando siguen oteando y apaleando fantasmas. Armados de rechazos tajantes, desafinan sus gritos para exorcizar los grandes temores que los aquejan. Nada, alegan, para aquellos que aún sostienen la existencia de un fraude improbado, ni siquiera un conocido lejano. La nimia sospecha es causa de veto instantáneo.
La alianza derechista que se amaciza en la cúpula decisoria del país es más notoria. Calderón, y los priístas con quienes se llegó al acuerdo básico, caminan con rumbo harto conocido. Tratarán de cumplirle a sus patrocinadores de dentro y fuera del país. La reforma energética, la joya ambicionada, ya asoma sus feroces contendidos y formas posibles. La entrega al capital privado trasnacional adoptará, según los conjurados, mecanismos subrepticios pero evidentes. No privatizarán ni un tornillo, afirman con cínico desparpajo funcionarios y políticos afines al régimen, al tiempo que transan todo tipo de colaboración, llegan a convenios verbales, trampean leyes secundarias, traman impolutas alianzas, firman contratos múltiples y demás parafernalia tan encubridora como tramposa. En el fondo se descubre la rampante imposición del espíritu entreguista que tanto daño ha hecho a los bienes y riquezas nacionales.
Pero mientras esos planes modernizadores se concretan, los mexicanos de a pie se adentran en un presente nada halagüeño, fruto de un desempeño errático y deficiente. La economía, el campo donde la derecha presume maestría consumada, se torna, después de un año de conducción panista, en una madeja de cerrados horizontes donde los empleos escasean, los salarios dejan que desear, la inflación amenaza y las medidas adoptadas por el Ejecutivo no son aprobadas ni por dos de cada 10 compatriotas. A escala nacional la situación económica es peor, dicen siete de cada 10 personas. Cinco de cada 10 afirman que la economía está en crisis y tres más aducen que atraviesa por mal momento para, adicionadas a las anteriores, dar un total de ocho (de 10) que califican el desempeño de Calderón de crítico o malo. Así, la economía se revela como el asunto de mayor importancia para los ciudadanos pero, en auxilio de la imagen de gobernabilidad, la administración acude a un expediente bien conocido: la propaganda masiva.
Una vez que el combate al narcotráfico cae en rendimientos no sólo decrecientes, sino negativos, se le sustituye por cualquier otro suceso de escape, ya sean grandes tragedias aprovechadas (inundaciones de Tabasco) o la batahola altruista del Teletón. Es por ello que Televisa lleva más de un mes dedicando al famoso tapón del río Grijalva media hora diaria de sus noticias. Calderón, bien lo saben por los sondeos, saldrá bien librado, a pesar de que fueron sus políticas privatizadoras las que en verdad causaron las inundaciones. Pero ahí la lleva, aunque su tamaño como gobernante ya sea inocultable
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