Amnistía Internacional recibe con preocupación el informe “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México” elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
De acuerdo con este informe, presentado el pasado 3 de abril, casi la mitad (46%) de las 52 millones de personas que de acuerdo al CONEVAL viven en situación de pobreza en el país, son niñas, niños y adolecentes.
Además, estos 21.4 millones de menores en la pobreza representan más de la mitad del total de menores de edad en México (el 53.8% de un total de 39.2).
Para Amnistía Internacional estas confirman una realidad escandalosa e inaceptable, que resulta aún más alarmante en las comunidades indígenas, dónde 7 de cada diez niñas y niños viven en condiciones de pobreza y dónde sólo 1 de cada diez niños vive sin ninguna de las carencias medidas por el informe.
La pobreza tiende a formar un círculo vicioso, quienes viven a la pobreza tienen un acceso limitado –o inexistente- a derechos como a una adecuada educación, salud, seguridad y acceso a la justicia. Esto supone una barrera casi infranqueable para escapar a la pobreza en tanto el acceso a estos derechos no sea garantizado.
Especialmente preocupante es que la mayoría de jóvenes del país se encuentre en esta situación, pues de no tomarse medidas urgentes se estará prácticamente condenando una generación entera de mexicanos y mexicanas a vivir mayormente en la pobreza.
Amnistía Internacional ha dado seguimiento a recientes anuncios sobre un plan de combate al hambre y la pobreza. La organización saluda estos compromisos pero señala su preocupación por que estos anuncios no han establecido objetivos claros y medibles, plazos, acciones específicas ni han indicado cual será el presupuesto que se dispondrá para hacer realidad estos compromisos.
“La pobreza no es inevitable, es resultado de decisiones que personas toman sobre la vida de otras personas. Es el resultado de políticas públicas que durante décadas han condenado cada vez a más millones de personas en México a vivir bajo los devastadores efectos de la pobreza” Afirmó Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional.
“Sin embargo, si existe una verdadera voluntad de la actual administración de poner fin a esta tragedia, políticas públicas efectivas podrán hacer una verdadera diferencia y contribuir a poner fin a esta inaceptable tragedia” agregó Zapico.
Amnistía Internacional reitera su llamado a las autoridades mexicanas a hacer públicas cuáles serán las acciones específicas que conformarán su estrategia de combate a la pobreza, y que estás acciones sean participativas e inclusivos. Se debe especificar de qué forma la sociedad civil y las personas afectadas por la pobreza participarán en la conformación e implementación de esta estrategia.
Además la estrategia de lucha contra la pobreza debe poner el respeto a los derechos humanos en su centro, garantizando que los derechos económicos, sociales y culturales sean protegidos legalmente y plenamente exigibles. Por ello, la organización recuerda a las autoridades mexicanas su compromiso pendiente para firmar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas (PFPIDESC). Este protocolo es un instrumento internacional que permite a las personas que viven en la pobreza y cuyos derechos no son respetados por las autoridades, ser escuchados por un comité internacional de las Naciones Unidas.
Información Adicional
Desde 2008 Amnistía Internacional ha hecho campaña para pedir a México que firme y ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas. Este protocolo que permitiría a las personas viviendo en situación de pobreza denunciar la violación de sus derechos ante un mecanismo de la ONU, entró en vigor tras su ratificación por parte de Uruguay el pasado día 5 de febrero. Sin embargo, a pesar de que México fue uno de los países que impulsó en un principio la creación de este instrumento internacional, se encuentra vergonzosamente fuera de la lista de más de 40 países firmantes.
Tras darse anunciarse en enero del presente año una estrategia del gobierno federal para combatir la pobreza, Amnistía Internacional dio a conocer una serie de requisitos fundamentales que esta estrategia debería incluir para poder ser verdaderamente efectiva, este documento puede consultarse en la siguiente dirección:
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