SANTIAGO IGARTÚA
MÉXICO, D.F. (apro).- Organismos de derechos humanos denunciaron la multiplicación de casos de represión a la protesta social a lo largo del país como actos de autoritarismo sistematizado por parte del Estado, encubiertos en la impunidad, según los registros de la Relatoría sobre la Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
A través de la campaña Protestar es un derecho, reprimir es un delito, más de 70 organizaciones encabezadas por la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), que entre otros reunió a los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Francisco de Vitoria, así como a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y al Comité Jurídico y de Derechos Humanos del movimiento estudiantil #YoSoy132 (Cojudh), pretenden reivindicar la protesta social como una acción legítima contra los abusos del poder, “una forma de decir al gobierno que no está cumpliendo con sus obligaciones”.
En conferencia conjunta en la CDHDF, Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red TDT, advirtió que la represión al derecho a la protesta constituye un delito que “pocas veces se investiga y pocas veces se sanciona”.
Las “extendidas” violaciones a los derechos humanos en México, acusó, son una forma de violencia estructural, y por ello calificó el fenómeno como una “judicialización” de los conflictos.
“La política de represión y de criminalización sobre la protesta social (además de la represión policial), también implica utilizar la ley para sancionar a quienes se enfrentan al Estado en la lucha por sus derechos”, afirmó Raczynska.
Para ella, con el regreso del PRI al poder, la represión, la renuncia al diálogo, la descalificación y difamación de los defensores de derechos humanos por parte del gobierno, que durante el sexenio de Felipe Calderón se dispararon a través de la “militarización” del país, intensifican la intranquilidad.
Ante ello, con la campaña que hoy se relanzó, la Red TDT propone impulsar una agenda legislativa y de políticas públicas que garantice la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, así como “visibilizar” la responsabilidad y las repercusiones legales que tienen las autoridades en la represión.
Luis González Plascencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), dijo que es imprescindible dejar sentado que la protesta es un derecho constitucionalmente protegido y respaldado por tratados internacionales.
El ombudsman capitalino habló de la represión del primer día de diciembre pasado, en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, donde prevalecieron las detenciones arbitrarias y selectivas.
“Cuando la reacción ante este derecho (a la protesta social) implica un abuso de autoridad, de poder, se está cometiendo un delito. Nos ha preocupado mucho la reacción que ha habido, especialmente después del 1 de diciembre, la reacción social que se ha generado en torno a las detenciones que esta Comisión ayudó a documentar como arbitrarias y a la impunidad que queda una vez que las cosas se resolvieron como se resolvieron.
“Nos parece muy importante aclarar que hay impunidad tanto en los casos de los compañeros que son detenidos arbitrariamente, que son sometidos a torturas y malos tratos, y que eventualmente pueden ser víctimas de un sistema penal que termina procesándolos como si fueran delincuentes”, fueron las palabras de González Placencia, quien advirtió que emprenderán acciones desde la CDHDF para revisar el Código Penal capitalino en los “tipos penales que han sido utilizados para criminalizar la protesta social, ambiguos, que permiten el abuso con penas desproporcionadas y la posibilidad de derogarlos”.
Ejemplificó con los delitos tipificados como ataques a la paz pública y ataques a las vías de comunicación. “Ambos han sido utilizados para penalizar conductas que representan el ejercicio del derecho a la protesta”, alertó.
El sistema penal, continuó, debe servir para “dar certeza en aquellos casos en los que se comenten delitos, que debe hacerlo de manera proporcional, con estricto apego al debido proceso, pero que debe encontrar límites muy claros cuando estamos hablando del ejercicio de derechos”, dijo el presidente de la CDHDF, que sólo en 2012 documentó 58 casos de represión a la protesta en la capital del país.
En su participación, Miguel Concha Malo, director del Centro Fray Francisco de Vitoria, sostuvo que la represión en México “es una práctica sistemática puesta en marcha por el Estado para desactivar toda acción organizada de los movimientos, grupos, colectivos o personas que defienden los derechos humanos y ejercen el legítimo derecho a la manifestación pacífica.
“Esas prácticas antidemocráticas y autoritarias están dirigidas por el gobierno federal, pero también a los gobiernos estatales. Con esta campaña queremos alertar a la sociedad respecto de este riesgo, para que los modestos logros que habíamos tenido en el avance de la democracia no retrocedan aún más”.
El padre Concha recordó que las calles no son simples vías de tránsito: “Frente a las molestias que puede causar una manifestación, habrá que recordar que las calles son lugares públicos que los ciudadanos ocupamos para reivindicar los derechos de la sociedad. Eso va por delante que el simple traslado de un lugar a otro”.
Al final del encuentro, Miguel Silva, miembro del Cojudh, hizo un breve balance de la represión a la que se enfrentó el movimiento #YoSoy132. A nueve meses de su aparición, dijo:
“En un primer momento, a los jóvenes que se atrevieron a alzar la voz en defensa de sus derechos se les intentó invisibilizar y desprestigiar a través de los medios masivos de comunicación. Los señalaron como criminales, los desprestigiaron y dañaron su honra y dignidad.
“Tal es el caso emblemático de José Carreño, ahora director del Fondo de Cultura Económica, que al tiempo de manifestar su agrado por el entonces candidato priista (Enrique Peña Nieto), señaló a los manifestantes críticos de la Universidad Iberoamericana por haber sido entrenados, lo cual avergonzaba.
“Pero las ansias represoras del Estado no sólo se limitaron a desprestigiar los objetivos y métodos pacíficos de la lucha del movimiento, hicieron uso de los cuerpos policiacos para inhibir el derecho a protestar de los jóvenes. Los tres niveles de gobierno fueron partícipes de la represión en todos los estados de la República, tal como se tiene documentado hasta ahora”.
A medida que se “consolidó la imposición de Peña Nieto” en la Presidencia, concluyó el estudiante, la represión que durante las elecciones empezó con amenazas, hostigamiento, despidos de trabajo y expulsiones en escuelas, se cristalizaron con su llegada al poder, aparte de que “generaron miedo e incertidumbre entre los jóvenes que querían ejercer su derecho a protestar”.
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