Amenazan de muerte a dos líderes de la OPIM; acusan a los Remigio Cantú

CORRESPONSALÍA

Chilpancingo, 11 de febrero. Los dirigentes de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), Cuauhtémoc Ramírez y Obtilia Eugenio Manuel denunciaron que esta mañana recibieron por escrito amenazas de muerte en su contra.

Vía telefónica Cuahtémoc Ramírez manifestó que al mediodía de hoy a través de un escrito que fue dejado en las oficinas de la OPIM con sede en Ayutla de los Libres, los amenazan de muerte; parte del contenido dice: “ya dejen de estar chingando” y que no es cierto que hayan violado a la indígena Inés Fernández Ortega, como lo ha denunciado la OPIM en los últimos años.

Mencionaron que de nada van a servir las medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), “porque las balas pasan. Somos de la Upoeg (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero), que está afiliada al gobierno estatal y federal”.

Finalmente el dirigente de la OPIM responsabilizó a los hermanos Remigio Cantú de las amenazas. “Son los que conforman el grupo paramilitar en la comunidad de El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres”, concluyó.

Confirma PGJE arraigo

El juez tercero penal del distrito judicial de Los Bravo concedió, a petición de la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJE), un arraigo por 30 días para las 11 personas detenidas por el movimiento de autodefensa en Ayutla de los libres, que fueron entregadas en días pasados a las autoridades, a quienes se les acusa de pertenecer a la delincuencia organizada.

Por medio de un comunicado, la Procuraduría relató que el 8 de febrero pasado, los inculpados le fueron entregados con una constancia firmada por funcionarios de gobierno, el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, Bruno Plácido, y el comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, Jaime Martínez Veloz.

Por las acusaciones que se han formulado a los detenidos de parte de habitantes de Ayutla y Teconanapa, la PGJE inició la averiguación previa DGCAP/020/2013, por la comisión del delito de asociación delictuosa.