Tlachinollan y la OPIM lucharon contra los abusos de soldados en la zona indígena y otras violaciones
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 19 de enero. Después de salir de la zona por la denuncia social y el levantamiento popular, los soldados regresaron a Ayutla, La Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan lucharon contra la militarización en la zona indígena de ese municipio, donde acreditaron que los militares persiguieron y violaron derechos humanos de los habitantes.
A raíz de que los pueblos de Ayutla, seguidos por los de Tecoanapa, encabezados por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg), el día 6, decidieron armarse para defenderse de la delincuencia organizada, se han observado nuevamente que en la zona circulan los militares por esa parte de la Costa Chica.
El dirigente de la Upoeg, Bruno Plácido Valerio, informó hace unos días que acordó con el gobernador Ángel Aguirre Rivero que respaldaría al movimiento de autodefensa con corporaciones policiacas tanto estatales como federales del llamado operativo Guerrero Seguro. Los habitantes informaron que desde entonces han visto que corporaciones pasan por los puestos de control y revisión, incluido el Ejército, pero que la seguridad de los pueblos la encabezaría los habitantes.
En la asamblea de ayer (viernes) del movimiento de autodefensa de la Upoeg, quien se hace llamar con el Comandante Guerrero dijo que trabajarían de manera conjunta con el Ejército, la Marina y la Policía Estatal para cuidar a los pueblos de la delincuencia organizada. En el caso de la Policía Municipal aclaró que hasta que fuera depurada, sería incluida por el movimiento.
El discurso de ayer fue distinto al de un inicio del movimiento, aunque los líderes han sido cercanos al gobierno estatal. El gobernador visitó a los líderes del movimiento de autodefensa en Ayutla, apenas unos días de que se levantaron, lo que hasta hoy no ha hecho con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Algunos casos de violaciones, de todo tipo, de soldados en Ayutla. Manuel Cruz, Orlando Manzanares, Natalio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández, todos integrantes de la OPIM, fueron detenidos el 17 de abril de 2008, acusados del asesinato del soldado Alejandro Feliciano García, ocurrido el 1º de enero de 2008 en El Camalote, Ayutla. En abril de 2009 fueron liberados cuatro, Raúl Hernández salió después por falta de elementos en su contra.
Los cinco indígenas habían acusado a autoridades civiles y militares de abusos contra indígenas tlapanecos, como de la esterilización forzada a 14 varones en El Camalote, en 1998; las violaciones de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, cometidas por militares en 2002, y el asesinato de Lorenzo Fernández Ortega, hermano de Inés, el 9 de febrero de 2008, en Ayutla.
Tlachinollan recontó 201 causas penales contra líderes sociales indígenas y mestizos en el estado, según un recuento de casos que elaboró entre 2007 y 2008. El director de la organización, Abel Barrera Hernández, consideró en ese momento que la cifra era muestra de la represión del gobienro estatal contra los movimientos sociales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario