FRANCISCA MEZA CARRANZA
El delgado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Juan Manuel Olea Contreras, intentó dar posesión de dos predios pertenecientes al ejido de El Podrido a los representantes legales de las empresas Bancomer y Lagunamar, pero el hecho fue impedido por los ejidatarios quienes cuentan con la posesión legal de las tierras desde 1999.
Después de las 9 de la mañana llegó el funcionario federal, acompañado por seis policías federales y por los representantes legales de las empresas mencionadas, no obstante en la entrada de la colonia 13 de Diciembre ya los esperaban unos 200 ejidatarios quienes lograron impedir que se les diera posesión.
El presidente del comisariado ejidal de El Podrido, Francisco Tlalmanalco Bernal, hizo un llamado al gobierno federal “ahorita que vienen entrando” para que se busque una salida al problema y no se afecten los intereses de los ejidatarios. Aseveró que ellos se defenderán jurídicamente porque cuentan con la razón para hacerlo y advirtió que de lo contrario se defenderán socialmente, ya que no están solos y pertenecen a un consejo integrado por 43 ejidos que los apoyan.
Dijo que cuentan con una resolución presidencial de 1987 en la cual se les otorgan las tierras, pero que luego de ello comenzaron los conflictos y las luchas legales; recordó que fue en 1999 cuando la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) les entregó las tierras por orden de la Suprema Corté de Justicia de la Nación (SCJN), año desde el cual cuentan con la posesión.
Informó que en total son 796 hectáreas con al menos 800 familias y que los ejidatarios con 198. Informó que la sentencia que ayer se pretendía ejecutar era darle posesión a los apoderados legales de cierta dimensión de tierras y cuestionó el hecho porque aseveró que la Secretaría tiene conocimiento de la resolución que fue favorable al ejido.
“Sabe que las tierras ellos mismos nos las entregaron y ahora quiere entregar a otras personas”, aseveró.
Dijo que ayer solamente se reunieron para evitar que les otorguen sus tierras a otras personas y que se vean afectados los ejidatarios.
Al respecto, el delegado informó que llegaron a hacer entrega en cumplimiento de una orden emitida por el juzgado tercero de distrito el 14 de octubre de 2012, por lo que deslindó a la Sedatu del acto.
Dijo que al ir acompañado por las fuerzas federales y al haber oposición de los ejidatarios hubo prudencia de su parte y no se efectuó la entrega.
Finalmente planteó que ya serán los abogados de las empresas quienes tendrán que proceder conforme a derecho y hacer lo correspondiente.
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