Desde el pasado domingo 13 de enero, Petróleos Mexicanos (Pemex) no informó sobre una tubería de PVC que se fracturó durante trabajos de exploración de nuevos pozos en las inmediaciones de Las Choapas y Agua Dulce, Veracruz, denunció Beatriz Olivera, coordinadora de la campaña Clima y energía de Greenpeace por medio de un comunicado.
Menciona que la paraestatal tenía que informar de manera inmediata a las autoridades responsables del medio ambiente en la entidad con el objetivo de que activaran un plan para remediar de manera inmediata los daños ocasionados al ecosistema y población.
“El marco regulatorio en el tema de derrames es muy pobre, lo que deja grandes márgenes discrecionales a Pemex para informar a las autoridades y a la comunidad cuando ocurren este tipo de accidentes y es por ello que las autoridades de Protección Civil tienen que enterarse por los medios y no por la paraestatal quien debería estar obligada a notificar de manera inmediata cualquier incidente”, acusó.
De acuerdo a Beatriz Olivera los hechos se dieron a conocer por los medios de comunicación de las mencionadas localidades, sin que hasta el momento Pemex haya informado de lo ocurrido a las autoridades gubernamentales.
“El que nada debe, nada teme y pareciera que Pemex teme mucho, por eso esconde y niega información sobre los vertidos de petróleo en sus instalaciones”, declaró Olivera.
Del mismo modo, dijo que la paraestatal le gusta actuar en lo “oscurito”, creando dudas en la sociedad sobre su capacidad para atender contingencias en tierra y en aguas profundas también.
La coordinadora de la campaña Clima y energía de Greenpeace, expuso que hasta el momento no se conoce cuánto fue el crudo vertido y la extensión de tierra o agua dañada por la compañía. Insistió en que esto se debe a que Petróleos Mexicanos se niega a dar información sobre el dictamen del derrame.
Beatriz Olivera hizo un llamado urgente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que den seguimiento a este caso y se sancione a los responsables.
“Es obligación de las autoridades ambientales garantizar que se repare el daño y evitar la impunidad como ha sucedido en otros casos, por ejemplo, en el derrame del 31 de diciembre de 2011 en Coatzacoalcos, Veracruz, que a más de un año no ha sido resuelto”, concluyó Beatriz Olivera.
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