Amnistía Internacional urge a las autoridades mexicanas a comenzar una investigación inmediata e independiente por la muerte de dos estudiantes, ayer en medio de un violento enfrentamiento con la policía, durante una protesta en el sur del estado de Guerrero.
Gabriel Echeverría y José Alexis Herrera Pino fueron asesinados cuando la policía trató de dispersar una protesta de estudiantes a las afueras de la capital del estado, Chilpancingo, bloqueando la autopista entre la capital de México y el puerto turístico de Acapulco. Al menos 14 personas más, fueron heridas y se realizaron 24 arrestos.
"Las autoridades mexicanas deben explicar lo sucedido con la policía y la razón por la cual ésta respondió ante la protesta llevando a estos estudiantes a la muerte", dijo Rupert Knox, Investigador de Amnistía Internacional para México.
"De igual manera, es vital que los derechos de todos los detenidos sean respetados y que no sean sometidos a tortura, maltrato o abusos de ningún tipo".
Los manifestantes habían estado bloqueando el camino, exigiendo una reunión con el gobernador del estado, cuando la protesta comenzó a volverse violenta. La policía federal, así como la policía local y de investigación en Guerrero respondieron ante la situación y los manifestantes, aparentemente, incendiaron una patrulla.
Se ha reportado, que la policía disparó al aire como advertencia, sin embargo, evidencia fotográfica, muestra que los agentes policiales estaban armados con rifles automáticos que apuntaban a los manifestantes.
En una declaración oficial, el gobierno del estado de Guerrero lamentó los actos violentos y la pérdida de vidas, comprometiéndose a llevar a cabo una investigación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también puso en marcha una investigación.
Al parecer, cuatro oficiales de policía y un operador de patrulla, resultaron también heridos durante el incidente.
La evidencia que ha salido a la luz, levanta una honda preocupación sobre la actuación de la policía en cuanto a disturbios públicos, dando como resultado serias violaciones a los derechos humanos.
Las autoridades mexicanas deben asegurar que se realice una investigación completa e imparcial para poder establecer con certeza los hechos y que aquellos responsables por las violaciones a derechos humanos cometidas, sean llevados ante la justicia, declaró Amnistía Internacional, señalando que esto no ha sucedido con incidentes similares en el pasado.
"La policía en México tiene la obligación de mantener el orden y proteger a la población civil de la violencia, por ello, cualquier uso excesivo de fuerza, más allá de lo permitido por la ley, debe manejarse decisivamente, llevando a los responsables ante la justicia", declaró Rupert Knox.
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