John M. Ackerman
MÉXICO, D.F., 25 de mayo.- Ya es un secreto a voces que la mejor forma de ganar una elección en México no es a través del cabal cumplimiento del espíritu y la letra de las disposiciones legales, sino con trampas, engaños y triquiñuelas. La reciente inacción del IFE en el caso de las groseras violaciones a la norma por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las campañas federales de 2009 proporciona una clara lección de que romper la ley no cuesta nada. Asimismo, la vergonzosa decisión del TEPJF de exculpar a Enrique Peña Nieto de cualquier responsabilidad en la ilegal difusión nacional de su quinto informe de gobierno demuestra que los dados también están cargados en el seno de la máxima instancia de justicia electoral del país.
Al parecer, el PRI ha decidido apostarle a un perverso juego de debilitar las instituciones electorales a como dé lugar. Con sus decisiones y posicionamientos, los consejeros electorales Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero ratifican cada día su lealtad al PRI. La magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, también parece haber abandonado el partido de su amiga Margarita Zavala para engrosar las filas del viejo partido de Estado. Todo parece indicar que Alanís alberga la esperanza de que el arribo de Peña Nieto a Los Pinos le aseguraría su ansiado lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La falta de acuerdo con respecto a los tres nuevos consejeros del IFE se debe precisamente a que el PRI prefiere un IFE debilitado y rebasado a uno que tenga posibilidad de acciones autónomas. El cálculo es sencillo. Hoy, el PRI solamente necesita convencer a un solo consejero más de que vote junto con Baños y Guerrero para frenar cualquier decisión adversa, tal y como ocurrió en el caso del PVEM. Si el PRI coloca a dos de los tres nuevos consejeros mantendría su posición de fuerza en el Consejo General ya que quedaría a un voto de la mayoría. Sin embargo, si coloca solamente a un consejero su fuerza retrocedería de manera significativa ya que únicamente contaría con tres de los nueve integrantes de la herradura de Viaducto Tlalpan.
El PRI entonces ha aplicado una estrategia de “todo o nada” con el fin de no ver reducida su influencia en el seno de la autoridad electoral. También supone que al final de cuentas le conviene la sobrecarga de trabajo que hoy afecta gravemente el funcionamiento del IFE. Consejeros cansados y confundidos son actores más dóciles y fácilmente manipulables por las alianzas perversas entre Peña Nieto, las televisoras y otros “factores reales” de poder.
Pero el PRI está jugando con fuego. Por ejemplo, si el proceso electoral federal iniciara en la primera semana de octubre de 2011 sin todos los integrantes del Consejo General, nos encontraríamos en un estado de flagrante ilegalidad. Si las ausencias continúan durante un tiempo más, estaremos frente a una situación ideal para la posible nulidad de la elección de 2012. Si el TEPJF decide avalar la elección aún bajo estas circunstancias, podríamos encontrarnos una vez más con un presidente marcado durante todo su sexenio con el mote de “espurio”.
Estas circunstancias nos hacen ver que “el fantasma de 2006” de ninguna manera “está erradicado”, como ha afirmado el consejero presidente Leonardo Valdés. La abierta partidización de las autoridades electorales, su falta de acción enérgica para imponer el estado de derecho y las enormes sobrecargas de trabajo se articulan de forma peligrosa para generar un potencial conflicto enorme en 2012.
El Congreso de la Unión todavía tiene una última oportunidad para desarticular esta explosiva situación antes de que sea demasiado tarde. Urge que la Cámara de Diputados nombre lo más pronto posible a los consejeros faltantes. Asimismo, aún más importante que aprobar la cuestionable “reforma política” sería actuar para llenar las lagunas y corregir los problemas ya identificados con la histórica reforma electoral de 2007-2008.
Un excelente punto de partida para una reforma correctiva sería el dictamen de reforma al Cofipe que se aprobó el pasado 29 de abril en el Senado de la República. Incluye sanciones explícitas para la “adquisición, a título gratuito u oneroso”, más allá de la “compra”, de tiempo en radio y televisión con el propósito de difundir propaganda electoral. Así, sería más difícil para las autoridades evitar sancionar a los responsables en casos de evidentes fraudes a la ley, como la famosa entrevista a Demetrio Sodi en medio de un partido de futbol durante 2009. Otra innovación estratégica de la reforma es que dota al IFE de facultades de sanción directa para los funcionarios públicos cuando éstos intervengan ilegalmente en los procesos electorales en violación al artículo 134 constitucional. La actual falta de poder sancionador en la materia ha sido uno de los principales obstáculos que ha enfrentado el IFE para asegurar la equidad de los procesos electorales.
Sobre estos temas se recomienda consultar un nuevo libro, coordinado por un servidor, que aborda de manera exhaustiva todos los temas pendientes: Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad (IIJ-UNAM/Senado, 2011). Allí se puede leer sobre los retos que existen en una diversidad de asuntos, desde la regulación de los medios de comunicación hasta las reformas necesarias al Código Penal y el fomento de la transparencia interna de los partidos políticos.
Si los diputados, consejeros electorales y magistrados del TEPJF no modifican su comportamiento pronto, 2012 fácilmente podría llegar a ser un proceso electoral aún más conflictivo que el de 2006. Queda una última oportunidad para enderezar el camino antes de que sea demasiado tarde. l
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