LEOPOLDO GAVITO NANSON - JUEVES, ABRIL 28, 2011
El psico-politólogo Ashis Nandy ha estudiado durante décadas la conciencia pública y la violencia masiva. Ambos temas definen hoy la realidad mexicana. Hace dos días estuvo en el Colegio de México para dar una conferencia magistral sobre la violencia en México. Vino para participar en una mesa de debate que a partir de ayer y durante otros ocho días tratará sobre desarrollo, cultura y las visualizaciones de un futuro deseable. Es uno de los 100 intelectuales más destacados del mundo según la prestigiosa revista Foreign Policy.
Hizo algunas afirmaciones sobre México que son de ineludible reflexión para todos y de imperativo conocimiento y profundización para la así llamada clase política de este país. Particularmente la caterva de diputados priístas.
Dijo Nandy (véase la nota de Karina Avilés publicada en la edición de ayer de La Jornada) que la estrategia del gobierno mexicano en contra del crimen organizado es similar a la que en todo el mundo se sigue contra el terrorismo. El gobierno ha tomado la decisión de matar a su propia gente. Que sean mexicanos los que asesinen a mexicanos tendrá consecuencias en la sociedad, pues deberá pasar una generación y media para que se asimile esa cantidad de violencia:
Si se acepta un número de 15 años entre una generación y otra, hablamos de que pasarán 22 años para que la sociedad mexicana procese y asimile el trauma provocado por la política gubernamental contra el crimen. Cuatro años de guerra irregular interna han impactado tanto como la Segunda Guerra Mundial a las sociedades europeas. Ése es el calibre de las consecuencias por la decisión de un hombre urgido por legitimarse y que se niega a evaluar el resultado de sus decisiones y a actuar en consecuencia.
Los diputados priístas recientemente dijeron que aceptaban el costo de aprobar las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional. Apenas hace dos días el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín reconoció que en el PRI se inclinan por mantener fuero militar y no civil aun cuando se cometan crímenes contra la población civil. Los diputados panistas desde el año pasado decían que asumían los costos políticos de la lucha anticrimen del gobierno. Ésa es la calidad de los personajes de la llamada clase política mexicana. Impasibles, como el Presidente. Capaces de decir que no creen que el “Ya Basta” sea un llamado a la pasividad, como dijo en algún momento el panista Gustavo Madero. Con un cretinismo aún más grande Alejandro Poiré dijo ayer que el gobierno asume el costo político de la lucha antinarco. Luego de cuatro años, y sólo en el discurso, porque el gobierno federal no desaprovecha oportunidad para buscar corresponsables, sean gobiernos municipales o la sociedad que protesta. De hecho la edición electrónica de La Jornada de ayer cita lo que el funcionario escribió en su blog: “ésta no es la guerra del gobierno contra las drogas, sino la lucha de todos los mexicanos por construir una seguridad auténtica, basada en la ley y la justicia” pero que en una conferencia que dio en Harvard hace algunos días había dicho que el gobierno federal decidió asumir el costo político de combatir al crimen organizado a sabiendas que los resultados de esta lucha se perciben con mayor claridad conforme se avanza en los proyectos de consolidación institucional. Pero una política de omisión, simulación, o peor aún, de negociación, hubiera sido negligente y criminal; habría postergado por mucho más tiempo las soluciones reales y dejado a la población a merced del crimen. Miserable.
Felipe Calderón, junto con la mayor parte de la clase política del país, es directamente responsable del desastre actual.
Ahora, ante su de sobra probada incompetencia e incomprensión, están por aprobar el endurecimiento radical de la política estúpida que tiene al país al filo de la inviabilidad. En un país donde la violación de los derechos humanos es constante aunque ilegal, ahora intentan legalizarla. Lo hacen además a contrapelo de la sociedad e intentan aprobarla durante periodo vacacional. Mala leche le llaman a eso. Mala leche colectiva, de la misma calaña.
Javier Sicilia ha convocado a un nuevo pacto nacional ciudadano para recuperar la paz del país. Bien por eso. La indignación de lo que pretende hacer la derecha priísta, la mayoría de sus diputados ha movilizado a significantes sociales en repudio a la persistencia de la idiotez. Activistas ciudadanos como el propio Sicilia, el padre Alejandro Solalinde, defensor de migrantes centroamericanos, el defensor de los derechos humanos de Chihuahua, Julián Lebaron y, el ex presidente de México Unido contra la Delincuencia, Eduardo Gallo, exigieron con argumentos absolutamente atendibles no aprobar tal reforma sin consultar antes con la ciudadanía. Julian Lebarón lo expuso con claridad: lo último que necesitamos es que nos quiten más de nuestra libertad, necesitan incluir a la ciudadanía en las decisiones.
La ley en disputa tiene más de 10 agravios contra las garantías individuales y los derechos humanos. Basta una declaratoria del Presidente de “afectación a la seguridad interna” para desaparecer derechos y libertades ciudadanas. El estado de excepción discrecional.
Si la clase política insiste en decidir en privado asuntos vitales del interés público llevará las cosas a puntos terminales. Por mala sangre, por aviesos, los diputados deciden aprovechar días vacacionales donde suponen a una sociedad dormilona y desapercibida para hacer pasar una ley neofascista. Basada en consideraciones exclusivamente asociadas a la violencia.
Un tejido social roído al que se someterá a tratamientos abrasivos adicionales con la peregrina idea de que eso salvará la trama del tejido. En la lógica elemental de que lo mejor para acabar con los problemas sociales, es desaparecer a la sociedad.
La clase política y las elites nacionales se niegan patológicamente a aceptar la realidad como es. Viven en la reproducción de sus mentiras, su mitomanía, como verdad axiomática. Hablan de instituciones sólidas que deben ser reformadas cuando las cosas han llegado al punto de la putrefacción institucional sistémica. Diputados pusilánimes disociados del principio de realidad. Hace muchos años que el principal número de bajas en las guerras dejaron de ser soldados. Desde la Segunda Gran Guerra es la sociedad quien aporta las bajas principales. Cuando Felipe Calderón declaró su guerra, la declaró contra el pueblo, contra la sociedad, contra sus gobernados. Con indiferencia parafraseaba al inicio de la pesadilla a Winston Churchill y prometía sangre sudor y más muertos. Es lo único que ha cumplido a cabalidad y con creces.
*Es Cosa Pública
leopoldogavito@gmail.com
Fuente: La Jornada de Veracruz
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