Honorable Barack Obama
Presidente de los Estados Unidos de América
La Casa Blanca
Washington DC 20500
Estimado Señor Presidente Obama:
Le escribo antes de su reunión con el presidente de México, Felipe Calderón, en un momento en que existen varios temas de preocupación compartida. Amnistía Internacional (AI) le insta a que considere los derechos humanos como la prioridad más importante en sus discusiones con el presidente Calderón, puesto que forman parte de todos los tópicos de preocupación mutua. Esta visita es una oportunidad histórica para que los Estados Unidos y México fortalezcan su relación bilateral y trabajen para promover los derechos humanos en las políticas internas y externas, así como en las estrategias de seguridad regional. Existen varias preocupaciones importantes de derechos humanos que, si se tratan de manera colaborativa fortalecerán la relación entre México y los Estados Unidos, y trabajarán mediante la responsabilidad que ambos países comparten en materia de la protección de los individuos que habitan dentro de sus fronteras.
AI insta a los Estados Unidos a trabajar con México para garantizar que:
. Se implementen medidas efectivas en México para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres;
. Se aprueben medidas integrales para proteger a los defensores de derechos humanos y a los migrantes irregulares; y
. Se apruebe legislación en México que requiera que el personal militar involucrado en violaciones de derechos humanos sea juzgado en tribunales civiles. Debido a los debates actuales en México, creemos que esta visita es una oportunidad clave para presionar al presidente Calderón para que apruebe legislación que garantice que las violaciones de derechos humanos cometida por personal militar sean investigadas, perseguidas y juzgadas en cortes civiles, de acuerdo con los decretos vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y uno de los requisitos de la Iniciativa Mérida.
Implementación de medidas efectivas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres
Muchas mujeres en México se enfrentan todavía a la violencia en sus hogares, lugares de trabajo, comunidades o escuelas. Las leyes positivas aprobadas en años recientes para combatir la violencia de género no se han implementado de manera efectiva y la violencia contra las mujeres continúa siendo endémica en muchas partes del país. Las mujeres indígenas se ven especialmente afectadas por acoso, violación y otras formas de violencia de género.
Por lo tanto, le instamos a presionar al presidente Calderón a que implemente de manera efectiva todas las medidas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) en el caso del “Campo Algodonero” para resolver el secuestro y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez desde 1993 y garantizar la implementación de leyes que combatan la violencia y discriminación de género.
En mayo de 2006, durante un operativo policiaco en respuesta a protestas de una organización campesina local en San Salvador Atenco, más de 45 mujeres fueron arrestadas sin explicación. Decenas de ellas fueron sujetas a violencia física, psicológica y sexual por parte de los oficiales que las arrestaron.
Además, le instamos a tratar el caso de Atenco con el presidente Calderón como un caso emblemático de la violencia sexual a la que se ven sujetas las mujeres en México y el alto nivel de impunidad del que disfrutan los perpetradores.
Protección integral de defensores de derechos humanos y migrantes irregulares
AI, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) han, a lo largo del año pasado, expresado su preocupación por las amenazas y ataques contra defensores de derechos humanos en México. Quienes hacen campaña por temas ambientales, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres y derechos de los migrantes, o quienes señalan la participación del ejército en violaciones de derechos humanos se encuentran en riesgo especial de amenazas y ataques. Algunos activistas han sido asesinados por su trabajo a favor de los derechos humanos. Las autoridades federales y estatales han sido implicadas al acusar falsamente a defensores de derechos humanos con cargos fabricados en represalia por su legítima labor. En otros casos, los abusos contra defensores de derechos humanos son cometidos por individuos no identificados o por actores no estatales. Las autoridades federales y estatales rara vez realizan investigaciones efectivas en estos casos, lo que complica la vulnerabilidad y los abusos contra los defensores de derechos humanos. La gravedad de los ataques contra defensores de derechos humanos en México requiere la acción urgente de las autoridades federales, estatales y locales. Es de vital importancia que el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, prometido pero no creado por el gobierno mexicano, incluya medidas que garanticen la protección y la investigación efectiva de los ataques y amenazas contra defensores de derechos humanos.
El gobierno federal argumenta que no tiene la autoridad para intervenir en las jurisdicciones estatales para garantizar esta protección. Cerrar esta laguna y garantizar que las medidas adoptadas a nivel federal sean implementadas de manera efectiva a nivel municipal y estatal son cuestiones fundamentales para la protección efectiva de los defensores de derechos humanos. La creación de un programa de protección para periodistas en riesgo, anunciado por el gobierno mexicano a fines de 2010, es altamente necesaria. Hasta ahora, el gobierno ha hecho promesas de establecer un programa similar para defensores de derechos humanos, quienes también están en riesgo en muchas partes del país, promesas que no han sido cumplidas.
Por esto, le instamos a revisar la propuesta presentada por varias organizaciones mexicanas no gubernamentales para un mecanismo de protección a defensores de derechos humanos que incluya funciones preventivas, de protección y de investigación. La propuesta fue presentada en una audiencia ante la CIDH en octubre de 2010 y ante el gobierno mexicano en diciembre de 2010. Cualquier mecanismo de protección que se cree deberá incluir a las organizaciones de derechos humanos en su diseño, implementación y monitoreo, prestando especial atención a las experiencias de las personas y grupos que han experimentado amenazas y ataques.
Además, le instamos a presionar al presidente Calderón para que garantice que cualquier medida de protección integral a defensores de derechos humanos adoptada a nivel federal sea implementada de manera efectiva a nivel estatal y municipal.
Otro tema importante al que se enfrentan ambos países es la situación que viven los migrantes irregulares. Cada año, miles de migrantes irregulares, incluyendo mujeres y niños, que Cruzan México hacia la frontera estadounidense sufren golpizas, secuestros, violaciones y asesinatos. En la mayoría de los casos, los ataques son a manos por bandas delictivas, aunque algunas veces servidores públicos son cómplices o están conformes. En general, las autoridades no realizan investigaciones efectivas y los responsables rara vez son llevados ante la justicia. Esta situación se muestra en el documental “Los Invisibles”, producido en noviembre de 2010 en colaboración entre Amnistía Internacional y el actor mexicano Gael García Bernal. La masacre de 72 migrantes en el estado de Tamaulipas, en agosto de 2010, atrajo la atención pública a la escala sistemática de abusos contra los migrantes irregulares.
A pesar de las promesas del gobierno mexicano de mejorar los mecanismos de prevención, protección e investigación de estos ataques, miles continúan ocurriendo cada mes en total impunidad. La nueva ley de migración que se discute en el Congreso mexicano no trata el tema de manera directa.
Así, le solicitamos trabajar con el presidente Calderón para tomar acciones concertadas que garanticen que el Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal, la Procuraduría General de Justicia y los gobiernos estatales trabajen de manera efectiva bajo un liderazgo claro, mediante una estrategia conjunta para proteger los derechos de los migrantes. También es de vital importancia que estas agencias reúnan y publiquen información sobre los abusos cometidos contra migrantes y las medidas adoptadas para llevar a los responsables ante la justicia, de manera que se pueda evaluar el impacto de la política gubernamental.
Personal militar involucrado en violaciones de derechos humanos juzgado en tribunales civiles
La fecha del encuentro entre ambos jefes de Estado esta semana coincide con un debate actual en México que es especialmente relevante tanto para Estados Unidos como para México porque corresponde directamente a uno de los requisitos del paquete de asistencia para la seguridad regional de la Iniciativa Mérida.
Actualmente, muchas zonas de México, incluyendo áreas fronterizas con Estados Unidos, están viendo niveles extremadamente altos de violencia delictiva. El presidente Calderón ha declarado que su gobierno está comprometido con la protección de los derechos humanos en el combate al narcotráfico y otras bandas delictivas. Sin embargo, Amnistía Internacional y otras organizaciones, incluyendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han documentado muchas violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas desplegadas en funciones policiacas. Estas violaciones incluyen, sin limitarse a: asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. A la fecha, todos estos casos se investigan dentro del sistema de justicia militar, cuya falta de independencia, imparcialidad y transparencia ha resultado en impunidad y encubrimientos documentados. La impunidad de que disfrutan los responsables socava la credibilidad de los compromisos de derechos humanos del presidente Calderón y no genera confianza pública en las instituciones mexicanas.
Limitar el papel de la jurisdicción militar es un tema clave al que se enfrentan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en México. En 2009 y 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos proclamó cuatro juicios distintos contra México relacionados con la impunidad para las violaciones de derechos humanos cometidas por personal del ejército (ver los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Valentina Rosendo, Inés Fernández y Rodolfo Montiel/Teodoro Cabrera). Estos decretos vinculantes requieren que México garantice que todas las acusaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por personal militar contra civiles sean juzgados en el sistema de justicia civil, no en el sistema de justicia militar, el cual ha sido instrumental en prevenir que los responsables se enfrenten a una verdadera justicia por sus acciones. El gobierno mexicano ha anunciado que cumplirá con las sentencias pero aún no toma las medidas requeridas.
Como se menciona más arriba, este tema también se relaciona directamente con uno de los requisitos de derechos humanos de la Iniciativa Mérida. Como sabe, la Iniciativa Mérida es un paquete de asistencia para la seguridad regional financiado por Estados Unidos, que establece que el 15% de los fondos están atados al cumplimiento de ciertos requisitos en materia de derechos humanos. La condición mencionada requiere que el gobierno mexicano garantice que “las autoridades judiciales y los procuradores civiles investiguen y persigan, de acuerdo con el derecho mexicano e internacional, a miembros de la policía federal y el ejército que hayan sido acusados de haber violado los derechos humanos…”
Durante su visita a México en enero de 2011, la Secretaria de Estado Clinton hizo declaraciones muy fuertes sobre la necesidad de terminar la jurisdicción militar en los casos de violaciones a los derechos humanos, especialmente reconociendo la necesidad de garantizar que “cualquier violación a los derechos humanos cometida por el ejército contra civiles sea juzgada en tribunales civiles.”
Amnistía Internacional ve con beneplácito los comentarios de la Secretaria Clinton y esperamos más declaraciones públicas de apoyo por parte del gobierno estadounidense para que se tomen medidas prácticas que mejoren la situación de derechos humanos en México y Estados Unidos.
En octubre de 2010, el presidente Calderón presentó una iniciativa ante el Senado mexicano para reformar el Código de Justicia Militar. Esta propuesta, que aún no se debate, excluiría sólo tres violaciones de derechos humanos, violación, tortura y desaparición forzada, de la jurisdicción militar y dejaría al ejército a cargo de decidir si se cometió una violación de derechos humanos y por lo tanto, qué jurisdicción deberá llevar el caso. Como resultado, la propuesta tendría muy poco impacto sobre la justicia militar y la denegación de justicia a las víctimas y sus familiares. La CIDH ya ha señalado que la iniciativa no cumple con los requisitos de la Corte y la iniciativa claramente no cumple con las observaciones de la Secretaria Clinton, a nombre del gobierno estadounidense.
Amnistía Internacional le insta a garantizar que los derechos humanos sean una prioridad en sus pláticas con el presidente Calderón durante esta semana. Especialmente le solicitamos que presione al presidente Calderón a garantizar que las reformas al Código de Justicia Militar cumplan con los requisitos de derechos humanos de la Iniciativa Mérida. Cualquier presunto abuso cometido por el ejército debería ser investigado, procesado y juzgado por el sistema de justicia civil de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, las recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las declaraciones de la Secretaria de Estado Clinton a nombre del gobierno de los Estados Unidos.
Por favor hágame saber cómo podemos apoyarlo para cumplir con esta petición.
Atentamente,
Larry Cox
Director Ejecutivo
Amnistía Internacional USA
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