2010: Exclusión, explotación e impunidad contra de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México

Difusión Cencos México D.F., 17 de enero de 2011

Boletín de prensa

Redim

• 2010: Exclusión, explotación e impunidad contra de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México.

• Un año más sin cambios estructurales a favor de la infancia en México.

• El promedio nacional de las leyes que protegen los derechos de niñas y niños es de 3.2 de 10 puntos en relación a la Convención sobre los Derechos del Niño.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), una coalición de 67 organizaciones en 14 estados de la República, presentó pasado 5 de enero, un balance del 2010 en torno a los derechos de la infancia. La información fue presentada por el Director Ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez García, quien agradeció a los medios de comunicación su colaboración y que hayan tenido presente durante 2010 la agenda de los Derechos de la Infancia en México, ya que gracias a su compromiso fue posible que en el 2010 los derechos de niñas, niños y adolescentes tuvieran una proyección importante.

El balance se sustento en términos del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la cual el Estado Mexicano ratificó hace veinte años. En este sentido, destacó el hecho de que el promedio Nacional de las leyes que protegen los derechos de niñas y niños es de 3.2 de 10 puntos en relación con la CDN. Esto resalta el hecho de que existen todavía grandes pendientes, por lo que para avanzar en ello es necesario buscar la armonización legislativa y el desarrollo de políticas públicas sustentadas en los principios rectores de la CDN: supervivencia y desarrollo, derecho a la no-discriminación, participación infantil e interés superior de la infancia en todas las decisiones del Estado.

Pérez García, apuntó que la infancia en México enfrenta un rezago histórico. Cerca del 33% de la población nacional es menor de 18 años de edad, es decir, un segmento muy representativo, que no corresponde con la inversión para su atención ya que representa el 53.3% de la población pobre del país, lo que equivale a 20.8 millones de personas menores de edad, de las cuales, 5.1 millones se encuentran en pobreza extrema (CONEVAL-UNICEF, 2009)

De acuerdo a cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), en 2009 se realizó una inversión aproximada de 24 mil millones de dólares, ocupando el último sitio de los países miembro y contrastando con países como Polonia que invirtió 43 mil 700 millones de dólares; o República Checa con 74 mil 900 millones de dólares.

Este marco de referencia es importante dado que, el 2010 fue un año más en el que no se lograron cambios estructurales a favor de la infancia. Pérez García, insistió en la importancia de que en el ámbito de supervivencia y desarrollo uno de los puntos centrales es el derecho no sólo a la vida misma sino a un proyecto de vida. Sin embargo, ante la ausencia de estos cambios estructurales existen dificultades para que niñas y niños puedan acceder, por ejemplo, a un derecho tan básico como la educación.

En el balance, otra de las preocupaciones fue la forma en que la violencia armada ha afectado la vida de niñas, niños y adolescentes, que está teniendo un alto costo en varios planos. Uno de ellos es la normalización de la violencia, y otro más; el aumento en el número de niñas y niños asesinados en el cual se ha incrementado la presencia de las y los adolescentes como blanco de los ataques.

Asimismo, no existe información oficial respecto al número de niñas, niños y adolescentes que han perdido la vida en la “guerra contra el crimen organizado”, ante ello, la Red ha realizado un registro de las muertes con información hemerográfica: 1066 casos desde inicio del sexenio. Datos que se han utilizado como una tendencia en la búsqueda de una acción de Estado urgente.

El representante de la Redim, expresó que se ha llamado la atención sobre lo que han definido como una nueva forma de explotación en contra de niñas y niños y adolescentes, refiriéndose al uso que el crimen organizado está haciendo de ellas y ellos al incorporarlos a la delincuencia organizada donde hay un uso utilitario de estos adolescentes, ya que no existe intención de convertirlos en nuevos líderes del crimen organizado; la “narco explotación” busca usarlos para fines específicos del delito en la lógica de considerarlos "desechables" cuando ya no les son útiles.

En otro tema, respecto a niñas y niños sin cuidados parentales, que han llegado a instituciones públicas o privadas, se concluyó el nuevo año sin un número oficial de cuantas niñas, niños y adolescentes se encuentran en instituciones de protección. El 2010 quedó entonces con el pendiente y la ausencia de mecanismos de regulación de estos espacios.

Producto de ello, la presencia de situaciones como la que se dio en "Casa Adulam" en el Distrito Federal, donde en mayo de 2010 la procuraduría capitalina solicitó el arraigo de cinco personas que laboraban en el lugar por los delitos de trata de personas, corrupción, tráfico de menores, violación, aborto y delincuencia organizada. En este sentido, a lo largo del país siguen sin regulación los llamados "anexos", donde son atendidos muchos adolescentes que están ahí sin ningún tipo de registro.

Retomando el principio del Derecho a la no discriminación, el caso paradigmático de Edgar “N” apodado “El Ponchis”, dio cuenta de las fragilidades que el estado mexicano y sus instituciones están enfrentando para atender a las y los adolescentes en conflicto con la ley; al mismo tiempo se convierten en una buena oportunidad para identificar los desafíos para una nueva política pública en la materia.

Durante la conferencia, el Director de la Redim consideró importante reconocer que los adolescentes han sido criminalizados y estigmatizados, ya que cuando muere un adolescente, las autoridades le asocian inmediatamente al crimen organizado “esto es y lo hemos señalado motivo de preocupación porque significa que sin investigación previa y sin elementos para garantizarlo se les ha estigmatizado”, indicó. Ello, alimenta una corriente de opinión que busca el retroceso de los derechos ganados en el ámbito de la infancia. En el contexto del caso de Edgar "N" se aprobó en lo general la Ley Federal de Justicia Penal para Adolescentes, la cual amerita un debate más amplio ya que incrementa las penas privativas de libertad, lo cual es contrario a las tendencias internacionales, que aportan más a medidas alternativas en libertad, que permitan realmente la inserción social en sus comunidades a adolescentes en conflicto con la ley.

Pasando a otro tema, se señaló, cómo en algunos Estados se comenzaron a tomar acciones de retiro forzado y en algunos casos, claramente de limpieza social en contra de poblaciones callejeras y de niñas y niños trabajadores. Por ejemplo el caso de Ciudad Juárez donde el DIF estatal impulso acciones de retiro forzado contra niñas y niños trabajadores en la frontera con los Estados Unidos sin asumir la responsabilidad que tiene el Estado frente a estas familias que se encuentran en la necesidad económica de poder usar las calles para sobrevivir.

Se acentuó la preocupación de la Red en el hecho de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó en el pleno por mayoría, modificaciones a los artículos 24 y 25 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal que atentan contra el modo de vida de las poblaciones callejeras, criminalizando su condición sin asumir la responsabilidad que el Gobierno de la Ciudad tiene para con estas poblaciones que han tenido un rezago histórico.

Otro de los apartados que se abordaron en este balance, fue el de la participación infantil, en el cual 2010 tampoco representó cambios positivos, ya que aún no se cuenta con espacios de participación para que niños y niñas puedan incidir en los temas que los afectan, particularmente primera infancia donde no están siendo considerados en el cumplimiento de sus derechos.

En este sentido, el caso de la Guardería ABC, continúa en impunidad la responsabilidad de altos funcionarios implicados. Las decisiones que se tomaron no consideraron el Interés Superior de la Infancia. Es preocupante que aún no se han desarrollado los mecanismos institucionales, legislativos y presupuestales para prevenir que sucesos como el incendio de la Guardería ABC vuelvan a suceder.

Durante el año concluido, la Redim estuvo acompañando el debate sobre la regulación de la "comida chatarra" en las escuelas donde la definición al final estuvo a favor de las empresas y no del interés superior de niñas y niños en el ámbito escolar.

Entre las acciones positivas de 2010 se señalaron la creación de la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la modificación de 8 leyes en el Distrito Federal, que aportaron al reconocimiento de los derechos de niñas y niños. Resaltó la existencia del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal en el capítulo de Infancia que está sentando bases para que las autoridades de la Ciudad definan políticas públicas en torno a ellos. En la presentación del balance destacaron las modificaciones legislativas, la prohibición explícita del castigo corporal y los tratos humillantes hacia niños y niñas, en las escuelas con la familia y en cualquier espacio donde se encuentre.

Se señaló como positivo que Guanajuato, que era uno de los Estados que no tenía ley de protección de los derechos de niños y niñas logró aprobarla en 2010 con la participación de la sociedad civil. En este sentido queda pendiente el Estado de Chihuahua que sigue sin tener una ley de protección de derechos de niños y niñas y que lamentablemente ocupa uno de los lugares de mayor inseguridad para la infancia en nuestro país.

Resalto también la aprehensión en Uruapan, Michoacán de la maestra María Dolores Servín quien encerró en el salón de clases a su alumna durante 19 horas, el pasado 2 de marzo de 2010. En este sentido, se logró reactivar el proceso penal para evitar la impunidad en esta agresión. Queda la preocupación por las amenazas de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quien advirtió que realizarían movilizaciones a favor de la maestra agresora, contraviniendo los derechos de la niña que fue privada de libertad.

Por último, Pérez García destacó la disposición y voluntad política de algunas autoridades a nivel federal para avanzar en torno a la construcción del Sistema Nacional de Protección de Derechos de la Infancia en México, “se lograron etiquetar en el Congreso dos presupuestos, uno de siete millones de pesos para un diagnóstico sobre la situación de la infancia en México y 24 millones más, para un rediseño de las instituciones que atienden a la infancia en nuestro país en torno a lo cual esperamos tener buenas noticias en 2011”

Atentamente

Juan Martín Pérez García

Director Ejecutivo

Red por los Derechos de la Infancia en México

Cel. 044 55 30 45 15 59

México DF, 10 de enero de 2011.

Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos