Critica representante apatía oficial
MARGENA DE LA O
Chilpancingo, 24 de marzo. El representante en México de la organización alemana Misereor, Eckhard Finsterer, señaló que hay situaciones lamentables en Guerrero en materia de violación de derechos humanos, que recae principalmente en organizaciones sociales, que de enero a la fecha han incrementado de 7 a 13 denuncias ante el Ministerio Publico contra autoridades por algún tipo de hostigamiento.
Refirió a un exceso de la militarización en los pueblos, que va más allá de combatir delincuentes, pues tan sólo en Ayutla asignaron 800 militares, supuestamente para combatir a la delincuencia organizada; sin embargo, consideró que el objetivo es atemorizar a los pueblos indígenas.
En la conferencia de prensa que ofreció para dar a conocer lo que recogió durante su visita, acusó al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo de no recibirlo en audiencia, a pesar que desde el mes pasado le solicitó un encuentro, “pero es evidente que existe desinterés del Ejecutivo estatal para atendernos”.
Manifestó que la excesiva presencia de militares en Ayutla no es ciertamente para combatir la siembra de amapola, como ha manejado el Ejército, sino para inhibir a la población, pues “los militares actúan sin ningún control y asumen acciones que no les corresponden”.
El año pasado se documentaron 150 quejas contra militares en la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum). A propósito, el activista indicó que se reunió con el ombudsman Juan Alarcón Hernández y ahí conoció esas cifras.
Colocó a Guerrero en primer sitio nacional en amenazas a las organizaciones sociales.
El hostigamiento contra defensores, mencionó que se ha llegado al grado de que el sistema los acusa de ser aliados de la delincuencia organizada para criminalizarles.
Recordó que hay 107 casos de medidas cautelares que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las cuales pocas se han acatado de manera muy reducida, por ejemplo, en las oficinas de la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM), apenas se instalaron unas cámaras de vigilancia, pero consideró que eso no ayuda en nada. Es decir que desde su perspectiva, las autoridades no les interesa garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
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