José Luis Gutiérrez Lozano
Si la descarada negociación político-partidista de la que en estos días nos dio cuenta el Secretario de Gobernación se hubiera dado en un país medianamente formado políticamente, no habrían pasado ni unas horas antes de ver rodar su cabeza. Cuando a espaldas de la población, e incluso en detrimento del bienestar de ésta, los políticos de este país negocian posturas partidistas y gobiernan entidades federativas como cotos de poder personal, es evidente que intenten manipular a los partidos para nominar candidatos de bisutería cuyo solo propósito sea el de garantizar su continuidad en el poder. Mientras tanto, el país se debate entre la opción de sucumbir por la pobreza o por la violencia. Por eso ya cada vez menos gente cree en los políticos.
El pueblo mexicano está sufriendo en 2010 el nivel más acendrado de pobreza de su historia moderna, como lo indica el artículo que sobre este tema escribió Julio Boltvinik en “La Jornada” hace unos días (viernes 19 de febrero de 2010, pág. 28). Los datos oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL, según constata el especialista más reconocido en el estudio y medición de la pobreza, subestiman el fenómeno en hasta un 70% y sobreestiman la cobertura de seguridad social que ofrece el gobierno. La metodología de medición de la pobreza lleva, según el especialista, a realizar programas focalizados contra la pobreza extrema dejando a un lado el enfoque universalista. Esto deja sin posibilidad de atención a grandes grupos poblacionales que, sin ser pobres extremos bajo el criterio oficial, sufren de una lacerante carencia de condiciones para su bien vivir.
Por otra parte crece la violencia y, además de la falta de información oficial, los medios de comunicación —por temor a la represión— han dejado de transmitir la gravedad social derivada de los enfrentamientos armados. La guerra cotidiana en la calles se da entre delincuentes y fuerzas del orden, entre policías-delincuentes y delincuentes y entre fuerzas del orden a fuerzas y policías. Si no hay muertos no hay problema, parece indicar la política oficial mientras que una enorme parte de nuestra población sufre el temor, la angustia que les aparta de una vida digna.
Los ominosos signos de gravísimo rompimiento de las estructuras sociales parecen no distraer la atención de políticos mucho más ocupados en hacer prevalecer sus intereses personales y de grupo.
Desconociendo los datos reales sobre pobreza, marginación, violencia y descomposición del entramado social, políticos de primer nivel en varios estados del país, incluyendo Aguascalientes, continuaron solazándose con sus datos y viviendo su pequeño mundo de oropel virreinal. Espetando a diestra y siniestra cifras de empleo —que no reflejan sino recuperaciones cíclicas— y de inversiones millonarias del presupuesto público, a favor de sus propios proyectos personales. Con la soberbia de creerse intocables se conceden libertades antes inimaginables y sin conocimiento de la realidad, como la de opinar sobre la legalización de sociedades de convivencia en una entidad federativa ajena.
El desmantelamiento del autoritarismo del partido único en el poder, que era necesario para dar cabida a una sociedad democrática moderna acorde con los tiempos del devenir político global, por descuido de la sociedad generó desde sus inicios en el año 2000, un autoritarismo desarticulado y esparcido en los estados. Los inadecuados métodos de medición de la realidad social suman a la falta de tino de las políticas públicas. El poder acumulado por los gobernadores del siglo XXI no tiene parangón en la política nacional y su desarrollo generó importantes vacíos de sociedad civil que hoy constituye una de las causas fundamentales del deterioro socioeconómico.
Al desaparecer el poder centralista autoritario sin una profunda y consecuente Reforma del Estado, además de eliminar cotos al crecimiento de los poderes estatales, favoreció la creación de poderes satélites alrededor de la figura presidencial. Caudillos políticos que sugieren al presidente el nombramiento de sus secretarios y negociantes del poder económico (que no empresarios) que niegan al erario la participación de sus ganancias e inciden en la creación y modificación de leyes.
La descomposición del entramado político no podrá revertirse con una cosmética iniciativa de reformas como la que envió el Ejecutivo al inicio del año. El barco de la política en México está haciendo agua por todos lados con la ayuda de los poderes fácticos desatados tanto a nivel central como en los estados.
Ante las próximas elecciones no puede esperarse que las estructuras partidistas, tan desacreditadas actualmente, puedan generar los votos necesarios para la gobernabilidad. Sólo la conformación de redes de información y acción desde la sociedad civil podrán de alguna manera orientar a aquellos candidatos que tengan la sensibilidad para guiarse por la población antes que por los indicadores oficiales.
josgutie@hotmail.com
Fuente: La Jornada de Aguascalientes
Difusión: AMLO TV
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