Boletín de Prensa
GEA
Científicos independientes y organizaciones de la sociedad civil Presentan denuncia popular ante la Profepa en contra de los permisos a la siembra de maíz transgénico en México
El gobierno federal pone el centro mundial de origen y diversidad del maíz en una situación de contingencia ambiental y peligro inminente
Un colectivo de científicos y organizaciones civiles presentaron esta mañana una Denuncia Popular ante la Profepa contra los permisos de siembra experimental de maíz transgénico, basados en los dictámenes de bioseguridad vinculantes emitidos por la Semarnat y los permisos autorizados por la Secretaría de Salud, firmada por Grupo de Estudios Ambientales, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Greenpeace México, Centro de Investigación y Capacitación Rural, Semillas de Vida, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, El Poder del Consumidor, así como Elena Álvarez-Buylla, Eckart Boege, Antonio Turrent, Álvaro Salgado, Elena Lazos, Alejandro Nadal, Carlos Ávila Bello, Rodrigo Gutiérrez, Cristina Barros, Marco Buenrostro y Mayra Carrillo. Se trata de un proceso abierto en el que otras organizaciones y personas ya han manifestado su interés por sumarse o presentar la denuncia directamente a la Profepa.
Con las regulaciones en bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) impuestas por el gobierno mexicano y los 24 permisos recién autorizados para que las corporaciones Monsanto, Dow Agroscience y Phi México inicien la siembra experimental de maíz transgénico en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas, México como centro de origen y diversificación continua del maíz se encuentra en una situación de total vulnerabilidad para proteger tan importante planta en la vida del pueblo mexicano y para la alimentación mundial.
La lucha por un verdadero régimen de protección para el maíz que prohíba la siembra de maíz transgénico y su entrada al país, se ha dado desde diversos espacios y ámbitos. Centenares de comunidades, organizaciones campesinas e indígenas, sociales y civiles, científicos independientes y cientos de miles de ciudadanos han manifestado de múltiples maneras su rechazo al maíz transgénico, a lo largo de la última década.
“Como parte de este proceso y con fundamento en los Artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189 y siguientes de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; 118, 119 y 134 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otros, hoy presentamos la Denuncia Popular en contra de los actos de las autoridades que señalamos como responsables: las secretarías de Agricultura, de Medio Ambiente y de Salud han cometido actos violatorios de la normatividad en materia ambiental, de bioseguridad y de vida silvestre, entre otros, afectando cuestiones de orden público e interés social”, explican los denunciantes en el texto entregado a la Profepa.
“Aportamos las pruebas científicas que evidencian la situación de riesgo o amenaza de contingencia ambiental que implica la siembra de maíz transgénico en México, poniendo en peligro inminente la integridad de varios ecosistemas y agroecosistemas y su biodiversidad, en particular de las razas y variedades de maíz y sus parientes silvestres. Las autoridades están propiciando daños ambientales irreversibles, violan el Principio de Precaución contenido en diversos tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano, así como varios derechos y garantías individuales y colectivos del pueblo de México y, en particular, de los pueblos campesinos e indígenas y agricultores”, dijo Alma Piñeyro del Instituto de Ecología de la UNAM y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).
También denunciaron la simulación de “bioseguridad” que intentan impulsar a través de las zonas restringidas para la siembra de maíz transgénico previstas en la Ley de Bioseguirdad (Zonas Libres de Transgénicos, Centros de Origen, Centros de Diversidad y Áreas Naturales Protegidas). Y demandan la creación de un Régimen de Protección Especial para el Maíz que determine al territorio nacional c omo centro de origen y diversificación continua con el fin de ser protegido integralmente, como unidad territorial donde existen infinidad de registros y procesos vivos de creación y diversificación continua del maíz, así como de flujos tradicionales de semillas. Un verdadero régimen de protección debe establecerse en base al Principio de Precaución, a la obligación de un sistema sui generis de bioseguridad para el maíz como cultivo originario y tomando en cuenta las Recomendaciones emitidas por la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte en 2004.
“La Denuncia refleja el largo proceso de análisis de las políticas, las leyes y los reglamentos y las luchas legales que varios hemos emprendido; incluye la defensa de los derechos individuales, colectivos y del territorio, y se sustenta en numerosos estudios científicos independientes. Revela las múltiples trampas establecidas en el propio sistema "legal" impuesto al pueblo de México, para satisfacer los requerimientos de unas cuantas corporaciones transnacionales, pues todos los permisos de siembra otorgados y las nuevas solicitudes que siguen llegando al Senasica, son de maíces patentados por las mismas, principalmente por Monsanto”, afirmó Catherine Marielle del Grupo de Estudios Ambientales (GEA AC).
“No debemos subordinar al interés comercial de unas cuantas corporaciones trasnacionales la legislación, los posibles riesgos a la salud de las personas, a la contaminación de uno de los acervos de germoplasma más ricos del mundo, de los ecosistemas y agrosistemas mexicanos. Con cara a las necesidades de alimentación del pueblo de México y ante la necesidad de aumentar la productividad en condiciones ambientales adversas que impone el cambio climático el país, se puede aumentar sustancialmente su producción con sus propios recursos genéticos sin la necesidad de recurrir a los monopolios comerciales de las transnacionales”, señaló el Dr. Eckart Boege, del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
“El consumo nacional actual de maíz es de 32 millones de toneladas anuales, de las que 10 millones se importan del mercado internacional, el cual contiene más de 50% de grano transgénico. No es necesario recurrir a la tecnología de maíz transgénico y a la importación de grano para corregir este déficit. Hay evidencias de que el campo mexicano tiene la capacidad potencial de producir más de 57 millones de toneladas anuales de maíz con tecnologías no transgénicas, si se aprovecha racionalmente sus recursos, entre los que se cuenta a la mega diversidad en maíz, la mega diversidad en fauna insectil benéfica, la notable disponibilidad de agua dulce y ciclo agrícola de invierno, ambos inexplotados en ocho estados del Sur-Sureste del país, y la significante reserva de tierras de labor, ampliamente subexplotada en el sistema de ganadería extensiva”, destacó el Dr. Antonio Turrent, miembro de la UCCS.
“Esta denuncia ambiental es fruto de una construcción colectiva y plural, entre científicos, organizaciones y expertos en leyes. Reúne una información valiosa para seguir impulsando acciones de defensa legal y profundizar en la reflexión. Invitamos a todos los interesados a conocerla y apoyarla, con el fin de lograr que las autoridades retrocedan en su afán de priviliegiar a los intereses corporativos y reinstalen la moratoria a las siembras a campo abierto de maíz transgénico en el territorio nacional, así como a la entrada de maíz transgénico en grano o en semillas híbridas contaminadas. La Profepa está obligada a responder si acepta el estudio de la Denuncia dentro de los próximos 10 días”, concluyó C. Marielle.
Nota: La Denuncia Popular puede consultarse y firmarse en: www.gea-ac.org
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Fuente: CENCOS
Difusión: Soberanía Popular
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