Imperó en 2009 desdén de la Federación y el estado hacia organismos como AI y ONU
Costa Grande y Costa Chica, regiones castigadas por la irrupción y hostigamiento de militares
CITLAL GILES SÁNCHEZ
Durante todo este año, el estado de Guerrero estuvo en la mirada internacional por las diferentes violaciones a los derechos humanos que sufrieron defensores de pueblos indígenas a manos de caciques y autoridades estatales y federales. Además, los integrantes de organizaciones sociales fueron víctimas de la criminalización, el hostigamiento y hasta la ejecución extrajudicial de dos integrantes de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos (OFPM).
Ante la nula respuesta de las autoridades estatales y federales a las recomendaciones de otorgar medidas cautelares a los defensores de derechos humanos, organizaciones internacionales visitaron comunidades de Guerrero para documentar los actos de violación, y aunque en cada visita, los activistas solicitaron a las autoridades estatales audiencias para tratar el tema, sólo fueron recibidos en una ocasión.
Apenas iniciaba el año y Guerrero ya estaba puesto en los ojos de organizaciones como Amnistía Internacional (AI), la Unión Europea y diversos organismos internacionales, por la fuerte militarización en la comunidad La Morena, municipio de Petatlán, luego de que el ecologista Javier Torres Cruz logró escapar de un grupo de paramilitares que lo secuestraron y torturaron.
La militarización no sólo ocurre en la zona de la sierra de Petatlán, sino también en las comunidades de Ayutla, como Barranca de Guadalupe, El Camalote, Barranca Tecuani entre otras, donde los soldados roban sus pertenencias, amedrentan y hostigan a sus habitantes.
En febrero, un grupo de personas vestidas de civil que se identificaron como policías se llevaron sin orden de aprehensión al presidente y secretario de la OFPM, Raúl Lucas y Manuel Ponce, mientras estaban en un acto público en el municipio de Ayutla. Días después, el 22 de febrero, sus cuerpos fueron encontrados semienterrados en un paraje cerca del municipio y presentaban evidentes huellas de tortura.
Sus muertes causaron un gran repudio entre organizaciones sociales tanto estatales como internacionales, pues durante los días que estuvieron secuestrados los defensores, una misión del Alto Comisionado de la ONU estaba en Ayutla, pidiendo la aparición con vida de los activistas.
Desde ese día y hasta la fecha, integrantes de organizaciones sociales de diversos países exigen a las autoridades estatales informen sobre el avance de las investigaciones, pues hasta ahora, no se han sancionado a los culpables.
Ayutla por primera vez recibió la visita de una comisión de AI con el propósito de documentar el caso de Raúl Hernández Abundio, integrante de la Organización para los Pueblos Indígenas Mep’haa (OPIM), quien junto con otros cuatro activistas fueron encarcelados en 2008 bajo la fabricación del delito de asesinato de un informante del Ejército.
La alta peligrosidad con la que trabajaron los defensores de derechos humanos durante todo este año que termina, provocó que oficinas del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, en Ayutla, cerrarán ante los constantes actos intimidatorios que sufrieron.
AI así como comisiones del Alto Comisionado de la ONU, de la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, Médicos de Suiza, Reporteros sin Fronteras –pues también hubo diversos actos de intimidación a medios de comunicación y periodistas del estado, incluso el asesinato de tres de ellos– pidieron en diversas ocasiones medidas cautelares para los defensores, sin poder tener buenos resultados.
Todo el año, Costa Chica y Costa Grande fueron regiones donde se sentaron las constantes violaciones a los derechos humanos, las incursiones militares, las desapariciones forzadas, los secuestros e incluso las ejecuciones a manos de grupo paramilitares avalados por los llamados caciques del pueblo, así como por las mismas autoridades, como lo es en el caso de la radiodifusora Ñomndaa, La Palabra del Agua, la cual, sus fundadores han recibido una serie de agresiones físicas e intimidaciones a manos de familiares de la diputada local y ex alcaldesa, Aceadeth Rocha Ramírez.
El año termina para Guerrero con un esperanza de que se pueda avanzar en esta materia, pues recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un sentencia contra el Estado Mexicano por el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla.
Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión: Soberanía Popular
No hay comentarios:
Publicar un comentario