El 29 de diciembre, el ejército arrestó a tres personas en el norte de México; las razones no están claras. De desconoce su paradero y pueden ser víctimas de desaparición forzada. Los/as defensores/as de derechos humanos que trabajan a su favor pueden estar en riesgo, ya que una activista que trabajaba sobre abusos militares fue asesinada el 3 de enero.
El 29 de diciembre, 10 soldados arrestaron a Jose Angél Alvarado Herrera, quien visitaba a sus familiares en Buenaventura, estado de Chihuahua, y también arrestaron a su prima Nitza Paola Alvarado Espinoza. Ese día, los soldados arrestaron a Rocío Irene Alvarado Reyes, de 18 años, en su casa de Buenaventura. Nitza Paola Alvarado está parcialmente paralizada y requiere medicarse regularmente. Los soldados no mostraron ninguna orden de arresto y no se ha visto desde entonces a los detenidos.
Cuando sus familiares levantaron una denuncia ante la Procuraduría General del Estado de Chihuahua en Buenaventura, un funcionario les dijo que el ejército realizó un operativo para detener a presuntos delincuentes y que los tres se encontraban bajo custodia militar. Sin embargo, un portavoz del Operativo Conjunto Chihuahua negó que los tuviera el ejército.
Los familiares solicitaron apoyo a tres organizaciones de derechos humanos: el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, ambos con sede en la ciudad de Chihuahua, y al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, con sede en Ciudad Juárez. Amnistía Internacional cree que los integrantes de estas organizaciones están en riesgo de intimidación y ataques, especialmente desde el asesinato de la activista de derechos humanos Josefina Reyes, ocurrido el 3 de enero (ver AU 01/10, AMR 41/005/2010).
FAVOR DE ESCRIBIR INMEDIATAENTE en español o en su propio idioma:
Llamando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para investigar qué le ocurrió a Jose Angél Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes;
Instándoles a acusarles formalmente con un delito reconocido o a liberarlos;
Instándoles a protegerles de la tortura u otros maltratos, así como a garantizar que tengan acceso a abogados independientes, sus familiares y cualquier atención médica que requieran, especialmente Nitza Paola Alvarado;
Solicitándoles ordenar una investigación civil imparcial sobre esta detención arbitraria;
Instándoles a garantizar que los miembros del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte reciban protección inmediata y efectiva, de acuerdo con sus deseos.
FAVOR DE ENVIAR PETICOINES ANTES DEL 23 DE FEBRERO DE 2009 A:
Secretario de Gobernación
Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc,
México D.F., C.P.06600, MEXICO
Fax: +52 55 5093 3414
E-mail: secretario@segob.gob.mx
Saludo: Señor Secretario/
Procurador General de la República
Lic. Arturo Chávez Chávez
Procuraduría General de la República
Av. Paseo de la Reforma nº 211-213,
Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06500, MEXICO
Fax: +52 55 5346 0908
Email: ofproc@pgr.gob.mx
Saludo: Señor Procurador General
Secretario de la Defensa Nacional
Gral. Guillermo Galván Galván
Secretaría de la Defensa Nacional
Blvd. Manuel Ávila Camacho s/n, esq. Av. Industria Militar, Col. Lomas de Sotelo, Del. Miguel Hidalgo, México D.F., C.P. 11640, MÉXICO
Fax: +52 55 53952935
Saludo: Señor Secretario
También envíe copias al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres , Av. Juarez no. 4107/B, Chihuahua, Chih., Mexico, Email: cedehm@prodigy.net.mx, así como a los representantes diplomáticos acreditados ante su país. Favor de consultar con la oficina de su sección si envía peticiones después de la fecha mencionada.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Desde 2007, la violencia relacionada con el crimen organizado ha aumentado en México: los medios reportan más de 6,500 asesinatos relacionados con los cárteles en 2009, la mayoría en el estado de Chihuahua. La administración del presidente Calderón desplegó 50,000 tropas para combatir al crimen organizado en las zonas más afectadas, especialmente en Ciudad Juárez. Esto ha resultado en un aumento de los reportes de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército que realiza operativos policiales incluyendo desapariciones forzadas, asesinatos y tortura. En noviembre de 2009, Amnistía Internacional publicó un reporte, México: Nuevos reportes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército, AMR 41/058/2009 el cual documenta casos de desapariciones forzadas en Ciudad Juárez, en los que el ejército continúa negando su participación a pesar de la evidencia. Estos casos son investigados y juzgados normalmente por el sistema de justicia militar, el cual no garantiza una investigación imparcial e independiente, lo cual resulta en la impunidad para la mayoría de los responsables. Así, se niega a las víctimas y sus familiares el acceso efectivo a la justicia, y no es probable que los integrantes del ejército sean llevados ante la justicia.
AU: XX/10 Índice: AMR 41/006/2010 Fecha de expedición: 12 de enero de 2010
Fuente: Amnistía Internacional
Difusión: Soberanía Popular
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