domingo, 1 de noviembre de 2009

Demandan a PGR parar criminalización contra las organizaciones indígenas

El FPIM reclama justicia para líderes comunitarios asesinados

Fuente: La Jornada de Guerrero
Difusión Soberanía Popular


CITLAL GILES SÁNCHEZ

Representantes del Frente de Pueblos Indígenas de México (FPIM), integrado por pueblos y organizaciones indias de varios estados, entre ellos Guerrero, demandaron al procurador general de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, el cese a la política de criminalización y exigió que, si se crea la Fiscalía para la Atención de Asuntos Indígenas, ésta sea un medio para llevar justicia a todos aquellos pueblos indígenas.

El presidente del FPIM, Omar Esparza Zarate, recordó que desde hace 500 años los indígenas han sufrido de violencia extrema, despojos, saqueos, discriminación y racismo.

El dirigente del frente sostuvo que los indígenas de los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Campeche, Morelos, Querétaro, Jalisco y San Luis Potosí demandan la cancelación de la política de criminalización de la protesta social, así como el esclarecimiento de los crímenes de decenas de líderes comunitarios y activistas, además del encarcelamiento de los asesinos.

“Cientos de indígenas pueblan las cárceles del país, sujetos a procesos injustos y muchas veces encarcelados por el único crimen de defender su patrimonio histórico y cultural; muchos han sido detenidos o asesinados por defender su tierra, sus recursos naturales, su cultura, sus derechos”, lamentó.

Agregó que los pueblos indígenas enfrentan diariamente estructuras e instituciones que sólo favorecen a la clase política, a los caciques y a las empresas trasnacionales, y la justicia sólo beneficia a los grupos de poder, dejándolos en la indefensión.

Reiteró que la Fiscalía para Asuntos Indígenas debería ser un instrumento que lleve justicia a los pueblos y reconocimiento de los derechos de los indígenas y dejar de lado los vicios que caracterizan al sistema de procuración de justicia en México, “plagado de corrupción y siempre al servicio de los poderosos”.

De lo contrario, alertó, la fiscalía puede servir como aparato represor contra los pueblos.

Indicó que es necesario que esa instancia actúe de inmediato para atender los graves casos de asesinatos cometidos contra autoridades comunitarias y líderes indígenas; dé libertad a las decenas de presos políticos y de conciencia, como el caso de los indígenas zapotecas de Loxicha, Oaxaca, y se haga justicia en casos tan brutales como el maltratos sexuales y violaciones cometidas contra mujeres en Atenco, Guerrero y Chiapas, “además esta fiscalía debe buscar el inmediato desmantelamiento de las bandas policiales y paramilitares que operan abiertamente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas”.

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