Amnistía Internacional ha expresado hoy su decepción al conocer la decisión de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de declinar su competencia en el caso del abuso sexual de al menos 26 mujeres a manos de policías en San Salvador Atenco en 2006 a pesar de haber identificado a 34 elementos de las fuerzas de seguridad estatal como responsables.
La organización lamenta que después de 3 años de investigación, la FEVIMTRA se haya mostrado incapaz de ejercer acción penal contra los responsables y haya regresado el caso la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la misma entidad que ha negado proceder contra los responsables durante todo este tiempo.
La PGR, al no investigar y sancionar el involucramiento de agentes federales en las violaciones de derechos humanos cometidas en el operativo de 2006 ha sido un actor decisivo en mantener la impunidad en este caso, y al parecer ha evitado que la FEVIMTRA ejerza competencia en los casos de las mujeres torturadas. Otra vez, el sistema de justicia penal en México parece incapaz de lograr la justicia para las victimas de violaciones de derechos humanos. Esta situación, ha llevado a las sobrevivientes de estos abusos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Las autoridades federales y estatales tienen la responsabilidad de garantizar que este caso no será como tantos otros en que rehúsan asumir la responsabilidad de llevar ante la justicia los perpetradores de violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional insta a las autoridades del Estado de México a aprovechar la documentación de tortura sexual confirmada por la FEVIMTRA para proceder contra los responsables sin demora.
Al mismo tiempo, AI insta al nuevo Procurador General de la República a demostrar que realmente tiene un compromiso con los derechos humanos investigando de manera eficaz y sin mayor demora a todos los funcionarios federales implicados en las violaciones de derechos humanos cometidas en mayo 2006.
La decisión de la FEVIMTRA es un gran retroceso en la búsqueda de justicia para las victimas. La Procuraduría General de la República ha perdido nuevamente la oportunidad de mostrar su compromiso para terminar con la tortura y la violencia contra las mujeres en México. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México debe atender los reclamos de las víctimas y terminar finalmente con esta injusticia, garantizando la debida reparación del daño.
Antecedentes
El 3 y 4 de mayo 2006 más de 2,500 policías federales, estatales y municipales participaron en un operativo para terminar con protestas lideradas por la organización campesina Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. El operativo policial resultó en la detención de 207 personas, la muerte de dos civiles, decenas de manifestantes y policías lesionados y varios policías retenidos como rehenes. Amnistía Internacional publicó el informe Violencia contra las Mujeres y Justicia Negada en el Estado de México, AMR 41/02/2006 documentado la violencia sexual sufrida por al menos 26 de las detenidas durante el conflicto.
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