EL RESULTADO DE LA IMPUNIDAD EN EL CASO DE PASTA DE CONCHOS: LA MINA LULÚ

México D.F., a 19 de septiembre del año 2009.

Durante todos estos tres años siete meses, el caso de la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, se define solamente con una palabra: impunidad. Para nadie es noticia ni sorpresa, saber que el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Coahuila, no gobiernan ni en el país ni en el Estado de Coahuila. Son peones de los Grupos de Poder que controlan los recursos naturales y los medios de producción. Por eso la Secretaria del Trabajo acepta que IMMSA suspenda el rescate de los restos de los mineros con peritajes que determinan que el agua que hay en la mina puede estar contaminada de VIH, hepatitis y tuberculosis, pero afirman no tener facultades para ordenar que se reinicie el rescate. Pueden perder las demandas de pensiones de las familias y condenarlas a un futuro de hambre y desolación. La Secretaria de Economía, acepta que sea la empresa quien determine si quiere hacer el rescate o no. La Secretaria de Gobernación, decide que no tiene facultades para ordenar el rescate y niega a los religiosos y religiosas el derecho de Audiencia. El Gobierno de Coahuila despliega doscientos judiciales para golpear y desalojar a las familias de la mina. Y todos los recursos legales los pierden las famlias porque para el Estado no son víctimas y por tanto no tienen interés jurídico para reclamar justicia. El resultado de que tengamos peones al servicio de los Grupos de Poder en lugar de gobernantes, desquicia el Estado de Derecho y propicia mayor ingobernabilidad porque la tragedia de Pasta de Conchos se repite y se multiplica.

Hace un par de semanas, el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fr. Juan Larios y el Equipo Nacional de Pastoral Laboral, dimos a conocer el Primer Informe sobre las condiciones laborales y de seguridad e higiene en la Mina Lulú, una vez que la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila S.A. de C.V., de Salvador Kamar Apud, se negó a establecer una mesa de diálogo con las viudas y los trabajadores. En cambio estuvo visitando a los periódicos “locales” porque también es dueño del periódico “La Voz”, para pedirles que fueran a la rueda de prensa pero que no se publicara nada. Se pudo construir un cerco mediático para ocultar que a está ofreciendo a las viudas 6 mil y 25 mil pesos por la muerte de sus esposos y a los trabajadores liquidaciones de mil y hasta 2 mil 800 pesos. En dicho informe, que se puede consultar en www.diocesisdesaltillo.org.mx, concluimos que la situación de los trabajadores de dicha empresa, se inscribe perfectamente en lo que la Organización Internacional del Trabajo, define como nuevas formas de esclavitud, ya que, algunos trabajadores “doblaban turno seis días a la semana” con un salario registrado de $547,47 más los bonos de puntualidad y asistencia percibiendo en nómina en total de $700.00 pesos a la semana y un “bono” no registrado de $600 pesos a la semana. Algunos trabajadores vivían en la mina de lunes a sábado, sea porque doblaban turno todos los días o porque la empresa “les solicitara”, sin tener baños, ni regaderas, ni agua potable, ni un lugar adecuado para comer, ni dormitorio, ni siquiera un área techada (los trabajadores “adaptan con lo que pueden” un espacio para dormir), etc. Por supuesto, la documentación del caso, prueba que las condiciones de la mina eran deplorables (en la misma página pueden ver las fotografías), porque la empresa no hizo del conocimiento de los trabajadores los mapas de la mina; no había “paquete de emergencia”; ni hidrantes en el interior ni en el exterior de la mina; ni cuadrilla de rescate; ni comisión mixta de seguridad e higiene; ni señalamientos en los cañones de la mina; ni plancha; ni salida de emergencia; ni sistema de comunicación del interior de la mina al exterior, ni del exterior de la mina a las oficinas; ni transporte para emergencias; ni sistema de monitoreo de gas; ni botiquines; ni extinguidores; la estructura de la mina no tiene ni emparrillados; ni separadores; ni la bocamina está construida con materiales adecuados; no hay escalera para los trabajadores; y debido a las filtraciones de agua, el cañón construido para el acceso de los mineros sólo es transitable hasta la diagonal 5 debido a los caídos que obstaculizan el paso; los trabajadores bajan a las frentes de trabajo o salen de la mina montados en el carro skype y la “cuerda de vida” sólo está en algunos tramos.

De acuerdo al Sistema de Información Integral de la Dirección General de Minas de la Secretaria de Economía, la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila S.A de C.V., es concesionaria del TITULO DE EXPLORACIÓN MINERA 213152, expedido el 29 de marzo de 2001 y tiene una vigencia del 30 de marzo de 2001 al 29 de marzo de 2007. La empresa no entregó los trabajos periciales (para lo cual tenía como fecha límite el 4 de marzo de 1999), ni el Informe de Comprobación de Obras, ni datos de la inversión para la comprobación de obras y sin que aparezca ningún registro Histórico de Movimientos, el titulo continúa vigente. Aún más grave que todo lo anterior, es que según este mismo sistema de Información Integral de la Dirección General de Minas, la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila, NO ES CONCESIONARIA DEL TITULO DE EXPLOTACIÓN MINERA PARA EL LOTE LULÚ, y dado que ni la empresa ni la misma Dirección General de Minas quisieron en estás semanas exhibir el titulo que le permitía a la empresa explotar carbón, nos enfrentamos a una empresa que opera una mina clandestina que explota recursos naturales propiedad de la Nación, esclaviza de acuerdo a la OIT a los trabajadores y es responsable de la muerte de los mineros.

Esto nos demuestra que el Gobierno Mexicano, tanto a nivel estatal como federal, NO HA APRENDIDO nada de lo ocurrido en Pasta de Conchos; no ha tomado medidas efectivas y reales para evitar la repetición de las muertes de trabajadores mineros del carbón, incumpliendo de esta forma tanto la Recomendación 26/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como las recomendaciones del Informe aprobado por la Organización Internacional del Trabajo respecto a Pasta de Conchos. Por eso, se ha presentado una nueva Queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora por la negligencia federal en las inspecciones a la mina Lulú y por no verificar la documentación presentada por la empresa para continuar operando. Y continuaremos impulsando, a nivel nacional e internacional, el establecimiento de medidas adecuadas para garantizar la no repetición de las violaciones sistemáticas a los derechos de los trabajadores del carbón y sus familias.

A una voz ¡RESCATE YA!

ORGANIZACIÓN FAMILIA PASTA DE CONCHOS

EQUIPO NACIONAL DE PASTORAL LABORAL, FRENTE AMPLIO OPOSITOR A LA MINERA SAN JAVIER EN CERRO DE SAN PEDRO, MOVIMIENTO TODOS SOMOS ZIMAPÁN, RED DE DERECHOS HUMANOS TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS; CENTRO DE ESTUDIOS ECUMÉNICOS; SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA PAZ; SECRETARIADO INTERNACIONAL CRISTIANO DE SOLIDARIDAD CON AMÉRICA LATINA; CENTRO DE DH FRAY JUAN LARIOS; CEREAL; CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTÍN PRO; CENTRO FRAY FRANCISCO DE VITORIA, OP, AC.; FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO; CENCOS; COMITÉ DE LIBERACIÓN “25 DE NOVIEMBRE”; CENTRO DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA; COLECTIVO ALAS; CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y CULTURALES ANTONIO DE MONTESINOS; CATÓLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR: OBSERVATORIO ECLESIAL Y CELAMEX.