Fuente: La Jornada de Guerrero
REDACCIÓN
El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan mantiene dudas de que haya sido un simple accidente el que le quitó la vida al ecologista Felipe Arreaga Sánchez, la mañana del pasado miércoles, por lo que exigió al gobierno del estado y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) investiguen las circunstancias y den resultados.
En un comunicado, el organismo criticó que hasta ahora la autoridad investigadora no ha dado ninguna respuesta, sino que sólo “se ha dedicado a perseguir, masacrar y encarcelar a quienes trabajan a favor de los bosques y del medio ambiente en la Sierra”.
En el documento, en que dan a conocer el contexto en el que desenvolvió el ecologista, demandaron también garantías de seguridad a la familia Arreaga, principalmente a su esposa y presidenta de la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán, Celsa Valdovinos.
Sin embargo, la principal demanda de Tlachinollan se concentró en resolver de manera “pronta y expedita” ese hecho para que no quede en la impunidad, como, criticó, han quedado muchos de los asesinatos de defensores de derechos humanos.
Felipe Arreaga resaltó por ser defensor ecologista en la Sierra de Petatlán y en 1998, junto con Albertano Peñaloza, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, creó la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPC). En ese mismo año, Felipe y sus compañeros realizaron el llamado Paro de las Maderas en Petatlán, con el negaron el paso a camiones que transportaban madera de manera ilegal.
Con este acto, los ecologistas lograron que la empresa maderera Boise Cascade, de Estados Unidos, saliera de la región, evidenciando la complicidad del Estado en la tala ilegal de los montes.
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