Fuente: La Jornada Zacatecas
Redacción
Lourdes Godínez Leal
Preocupa el reciente decreto de Felipe Calderón para reformar y adicionar el reglamento interior de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que otorga más facultades a la Procuraduría de Justicia Militar, indicaron Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), y Edgar Cortés, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.
El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de julio, a dos semanas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicie la discusión sobre el tema del fuero militar, generada a raíz de un amparo interpuesto por la viuda de un civil asesinado por militares en 2008 en la comunidad de Santiago de los Caballeros, Sinaloa.
En él se reforman los artículos 10 fracción IX; 80 párrafo primero y fracción V y 81 y se adicionan las fracciones IV bis y IV del artículo 80 del reglamento interior de la Sedena.
Establecen que el procurador general de Justicia Militar representará al Ejecutivo federal en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad y en todos los trámites establecidos por la Ley de amparo, así como en los juicios de amparo.
Dicha acción, indicó en entrevista telefónica Edgar Cortés, evidencia “una clara dependencia del Ejecutivo federal hacia el Ejército, lo que resulta preocupante, ya que se invierte un principio básico de la democracia, que es la sujeción del Ejército al poder civil”.
Al respecto, el Prodh ha reiterado en diversas ocasiones la necesidad de establecer controles civiles sobre los militares, ya que la impunidad que persiste por las violaciones a derechos humanos cometidas por éstos obedece en gran medida a la falta de estos controles.
Así ha ocurrido en los casos de violación cometida por militares contra mujeres, como sucedió con las hermanas tzeltales, en 1994, en Chiapas, o con doña Ernestina Ascencio, en Zongolica, Veracruz.Amplio margen de acción
A la luz de la próxima discusión en la Corte, Luis Arriaga consideró que con tales facultades Felipe Calderón “le da suficiente margen de acción” al procurador de Justicia Militar para defender al Ejército, como lo hiciera en su oportunidad el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, líder guerrerense.
La misma actitud asumió el gobierno federal durante el Examen Periódico Universal, realizado en junio de este año, en el que pese a ocho recomendaciones para terminar con el fuero militar, el Estado mexicano dejó en claro su postura de defensa a los militares a quienes ocupa en su “guerra contra el narcotráfico”.
En ese contexto, y ante la próxima discusión que hará la SCJN, Felipe Calderón lanza ese decreto y continúa al mismo tiempo con “una política empecinada en no ceder que se establezcan controles civiles al Ejército Mexicano”, afirmó Luis Arriaga Valenzuela.
Coincidió con él Edgar Cortés, quien agregó que no hay que olvidar la iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, donde propone la creación de un concepto de “amenazas a la seguridad interna” y que cuando eso exista se declare la suspensión de garantías, lo que dejaría en manos del Ejército nuevamente la “seguridad” ciudadana.
En su opinión, Calderón Hinojosa tiene “una política deliberada de postergar al Ejército en tareas de seguridad pública”. Una de las preocupaciones de Cortés es que ésa sea la línea que sigan los ministros de la Corte.
Al respecto, afirmó “no estar tan seguro de que la totalidad de los ministros tenga conciencia y mentalidad de la necesidad de establecer controles civiles sobre los militares y que tengan que existir mecanismos de control y vigilancia”.
Precisó que no hay que olvidar que diversas resoluciones de la SCJN “han favorecido la idea de que el fuero militar prevalezca”, que podría permanecer dadas las condiciones por las que atraviesa el país.
Por tanto, pidió recurrir a la memoria histórica, pues “quien sacó a la calle a los militares para tareas de seguridad pública” fue el ex presidente priísta Ernesto Zedillo y no Felipe Calderón, como lo ha hecho creer a la ciudadanía.
El tema, dijo Cortés, es que Calderón “está usando al Ejército de manera intensiva y extensiva”, y a más de una década del uso de éste para combatir al narcotráfico, los resultados siguen siendo los mismos, por lo que el Ejecutivo tendría que hacer “una evaluación rigurosa de su estrategia” ante su evidente fracaso.
Luis Arriaga lamentó que las observaciones de las ONG al Ejército sean “mal interpretadas” y vistas de “mala fe”, cuando se trata de exigir controles necesarios en el marco de un Estado de derecho. Reiteró que la SCJN tiene ante sí “una oportunidad histórica” de revertir los patrones de impunidad al pronunciarse a fondo sobre la inconstitucionalidad de la extensión del fuero militar. (CIMAC)
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