Reprueba ONG que la PGJE se desentienda del crimen de Rubio

Debe salir del fuero castrense porque se trata del asesinato de un civil: Monroy

Fuente: La Jornada de Guerrero

El tribunal militar será benevolente con los soldados que mataron al na savi en un retén

MARLEN CASTRO

CHILPANCINGO, 12 DE JULIO. La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales (COMS) condenó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) haya “abandonado” la investigación del asesinato del indígena na savi Bonfilio Rubio Villegas, ocurrido en un retén militar en Huamuxtitlán, la noche del sábado 20 de junio.

Javier Monroy Hernández, uno de los dirigentes de la COMS, consideró que si sólo el Ejército participa en las investigaciones se anticipa que el crimen del indígena va a quedar impune, y exigió que el caso salga de la jurisdicción militar, porque el asesinato de un civil lo debe investigar una autoridad ciudadana.

Monroy Hernández opinó que un tribunal militar sería benevolente con los responsables del asesinato de Rubio Villegas, quien viajaba en el autobús que fue baleado por soldados, luego de que el conductor discutió con soldados en el puesto de revisión, por la detención de un pasajero que llevaba botas tipo militar. El transporte salió de Tlapa rumbo a la ciudad de México y al pasar por Huamuxtitlán fue detenido para una inspección.

Monroy consideró que sería ilegal si la justicia militar atrae el caso, además de preocupante.

Señaló que por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la posterior atracción de las investigaciones en las que hay soldados acusados de diversos delitos, el Ejército está creando un estado de excepción, por todas las atribuciones anticonstitucionales que se adjudica.

“Con todo lo que está pasando, el Ejército está tratando a la sociedad como un enemigo de guerra y eso es motivo de preocupación”, alertó.

Monroy opinó que no se necesitan reformas constitucionales para que el Ejército deje de atraer investigaciones en las que afectó a civiles, como ya lo recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“El Ejército debe reconocer que casos como éste deben ser atendidos por la jurisdicción civil, porque se trata de un militar que mató a un civil, no a otro militar, supuesto en el que sí habría un tribunal militar juzgando el caso”.