Organizaciones de derechos humanos anuncian el proceso en el Distrito Federal
Fuente: La Jornada de Guerrero
El procedimiento, por incumplir recomendaciones anteriores; esperan los alegatos oficiales
La mujer fue violada por militares en 2002 y el gobierno de México desechó su denuncia
ROBERTO RAMIREZ BRAVO
La Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió el caso de la indígena me’phaa Inés Fernández Ortega, violada por militares, luego de que el 7 de mayo pasado la Comisión Interamericana lo remitió a esta instancia.
Según explicó el abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, este hecho implica el comienzo del proceso judicial al que está siendo sometido el Estado mexicano en este tribunal internacional. Si bien aclaró que todavía viene un periodo de alegatos en el que se tienen que desahogar la admisibilidad y el fondo del caso, según los cuales se le da la oportunidad al Estado mexicano para que alegue la existencia de algún proceso en curso o cualquier otra causa para considerar que es inadmisible el procedimiento; y debe establecerse el fondo del asunto, en este caso, demostrar que hubo violaciones a los derechos humanos.
Fernández Ortega fue violada sexualmente y torturada por soldados en la sierra de Ayutla en 2002. Tres años más tarde, la Comisión emitió recomendaciones al gobierno de México, además de medidas cautelares, que no fueron atendidas, así como la reparación del daño, que el gobierno también incumplió.
Este es el segundo caso de México que llega a la Corte Interamericana en el que están involucrados elementos del Ejército, y el segundo en general correspondiente a Guerrero.
La decisión de la Comisión Interamericana se dio a conocer en la ciudad de México, en una conferencia en la que estuvieron, entre otras personas, el director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Ernesto López Portillo; Edgar Cortés, secretario de la red nacional de organismos civiles de derechos humanos Todos los Derechos para Todas y Todos; Jorge Romero, director de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, en inglés) y Tlachinollan, las organizaciones que promueven legalmente el caso, hicieron saber en un comunicado que esperan que el Estado mexicano haga frente a sus obligaciones internacionales, cumpliendo con lo dispuesto por la Corte Interamericana y adopte todas las medidas necesarias, para que los beneficiarios de dichas medidas de protección y los defensores de derechos humanos en Guerrero puedan llevar a cabo su labor en condiciones de seguridad y sin temor a que su vida o su integridad personal se vea afectada.
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