Iniciativa del PRI inaceptable

El 23 de julio de 2008, la mayoría de senadores y diputados del PRI presentó ante el Senado una “iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones y expedir nuevas leyes en materia energética”. Se trata de nueve iniciativas que, similarmente a las presentadas por el gobierno federal y el PAN, promueven la privatización de la industria petrolera, el otorgamiento de contratos de todo tipo, la desintegración de Pemex y el fortalecimiento de los órganos reguladores que han desnacionalizado a las industrias eléctrica y petrolera. En suma, son iniciativas contrarias al interés general de la nación.

Privatizar a Pemex o morir

La iniciativa energética del PRI se caracteriza por la utilización de un discurso poco convincente. De entrada, en la Exposición de Motivos, los priístas reconocen que el petróleo es un “símbolo de la soberanía nacional”, así como, el principio de la propiedad originaria de la nación sobre las tierras y las aguas, y el dominio “absoluto” de la nación sobre los recursos naturales ubicados en el subsuelo. Este bonito discurso, sin embargo, se contrapone a las propuestas contenidas en sus iniciativas de reforma.

Enseguida, el PRI se refiere a la “crisis en Pemex y en el sector petrolero”, destacando entre los problemas más importantes a resolver “la escasez de reservas y la incapacidad de refinar petróleo”. Los priístas aseguran que “México se está quedando sin petróleo”. Se dice que esto es resultado de “una errónea política que privilegió la extracción de petróleo y descuidó la exploración”, haciendo referencia al declive de Cantarell y a la baja en la producción. Luego, se critica el déficit en la refinación de petróleo crudo y las importaciones de gasolina.

Esta argumentación es similar a la indicada por el gobierno federal y el PAN, que se apoyan en el alarmismo sin reconocer que los gobiernos en turno (PRI y PAN) son los responsables del desastre. Con la idea de que el petróleo se acaba, promueven la apertura al capital privado. En el caso de la refinación, omiten que hace 29 años no se ha construido ninguna nueva refinería y, sobre todo, que la “errónea” política de exportar crudo no ha cesado.

Después, se menciona el “quebranto financiero de Pemex” señalando que la paraestatal “es la fuente que aporta más divisas a la balanza de pagos del país” y “paga impuestos que significan cerca del 40% de los ingresos federales, y proporciones cercanas de Estados y Municipios”.

Tranquilamente, indica el PRI, que “las últimas administraciones federales han debilitado las finanzas y la capacidad operativa de Pemex por atender otros propósitos (sic)”, mismos que no mencionan, pues bien saben que es su propia corrupción. Señalan que Pemex genera grandes excedentes financieros pero que es la empresa petrolera con más carga fiscal en el mundo pues, “en años recientes, llegó a pagar impuestos hasta por el 140% (sic) de sus utilidades”.

Contradictoriamente, al igual que el PAN, el PRI propone afectar a la principal fuente de ingresos del Estado mexicano al insistir en la participación del capital privado. Sobre el régimen fiscal de Pemex, ni el PRI ni el PAN proponen corregir la situación.

Los priístas reconocen que “el gobierno jamás ha aportado capital a Pemex”, que ésta debe el 95% del valor de sus activos y que ha tenido que endeudarse para cubrir sus excesivos impuestos y pagar los intereses de la deuda.

¿Qué proponen el PRI y el PAN para cambiar esta situación que sus propios gobiernos han auspiciado? Permitir, inconstitucionalmente, las inversiones privadas en las actividades estratégicas a cargo de Pemex. Se dice que si el fisco no permite a Pemex contar con más recursos, así como utilizar sus excedentes, “Pemex acabará extinguiéndose por inanición” y los mexicanos “sufriremos las consecuencias” (sic). Este catastrofismo tiene como única salida al dogma privatizador, esto es, para el PRI y el PAN, la dicotomía de Pemex es “privatizarse o morir”.

Autonomía para privatizar a Pemex

El PRI dice que Pemex está “sin autonomía presupuestal y de operación”. Señalan que ésta “no significa que le exima de controles, por el contrario, deben fortalecerse y hacer más transparentes sus finanzas y su operación”. Esta “autonomía” la consideran fundamental pues mientras no se le otorgue a Pemex, “continuará perdiendo competitividad”, siendo que Pemex es la empresa estatal más rentable del mundo, superior a muchas transnacionales juntas.

Con la misma argumentación del PAN, el PRI dice que Pemex depende del gobierno federal para “la determinación de la plataforma de producción y exportación de petróleo”, y en la cantidad que debe pagar por impuestos y derechos. En consecuencia, se propone “liberar” a Pemex de esa dependencia “que ha resultado nociva para el sector petrolero y para el país”.

El PRI y el PAN han tomado a esa “autonomía”, de gestión y presupuestal como argumento para “liberar” a Pemex del control del Estado y de las disposiciones constitucionales en materia de hidrocarburos. La “autonomía de gestión” para organizarse internamente, para la toma de decisiones operativas y técnicas, la posee la paraestatal desde hace décadas, de otra manera no hubiera podido subsistir. Ahora, lo que se propone es un concepto “pervertido” de tal autonomía para sustraer a Pemex del sector estatal de la economía, contrariamente a lo expresado por el discurso.

Regular para privatizar

Los propósitos privatizadores se explicitan en los argumentos coincidentes del PAN y el PRI al señalar que “no es conveniente que el sector petrolero no cuente con un órgano regulador independiente del gobierno, que dictamine con criterios estrictamente técnicos, sobre las actividades sustantivas de Pemex”. En sus motivos, el PRI agrega que “de no crearse ese órgano, el sector petrolero continuará dependiendo de decisiones, algunas muy desafortunadas, de los gobernantes”.

Esos argumentos son falaces y corresponden textualmente a los dictados del Banco Mundial en los Documentos de Estrategia para México, entregados a los gobiernos federales en turno, que el PRI y el PAN conocen pero ocultan a la nación. En esos documentos, se propone que el gobierno (sic) “venda” (sic) toda su capacidad de generación eléctrica”, y también de producción petrolera, al tiempo que indican la “necesidad” de crear y fortalecer a los correspondientes órganos reguladores.

A la fecha, el 47% de la generación eléctrica total a nivel nacional ya es privada. Esto ha sido posible por las reformas inconstitucionales a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (1992) y a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (1995 y sucesivas reformas de 1996 y 2006). Cinco burócratas corruptos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se han encargado de otorgar a discreción 744 permisos privados de generación eléctrica a las transnacionales y sus filiales; en materia de gas natural, son ya 200 permisos privados.

Esta Comisión, dotada de total y absoluta “autonomía”, no es independiente del gobierno, sino que, procede sincronizadamente con el mismo, a través de Pemex y CFE, cuyos planes se formulan para que la CRE decida sobre los proyectos previos que deben privatizarse. La CRE jamás ha utilizado “criterios técnicos” para decidir sobre las actividades constitucionales “estratégicas” de Pemex y CFE.

Lo que ahora propone el PRI, como también el PAN, es que ése órgano regulador y otro creado ex profeso para los asuntos de exploración y producción de petróleo, privaticen las actividades que llaman “sustantivas”, pero que constitucionalmente se denominan “estratégicas”, a cargo exclusivo del Estado. Estas funciones constitucionales serían cedidas por la nueva Comisión Reguladora del Petróleo (CRP) a las corporaciones privadas.

Para el PRI, y para el PAN, la creación de ese órgano es clave porque así podrían concretar la privatización de Pemex SIN modificar la Constitución. Con ello, pretenden lograr que las decisiones fundamentales en materia petrolera queden a cargo de cinco burócratas que estarían por arriba del propio Estado. Eso, es precisamente lo que ha propuesto el Banco Mundial; el PRI y el PAN únicamente maquillan los dictados, los órganos reguladores darían forma jurídica a las decisiones políticas.

El PRI repite a las transnacionales

“México está llegando más de 20 años tarde a la era de la transición energética, al uso de fuentes alternas de energía y al ahorro de energía”, dice el PRI. Entre sus conclusiones se proponen verdaderas aberraciones. Sin ningún análisis indican que la energía nuclear “cobra nuevo auge”, repitiendo la propaganda de las transnacionales nucleares.

Al respecto, señalan que “hay que fomentar el uso de la energía nuclear, siempre y cuando se logre con plantas más seguras y compactas, y tomando en cuenta el problema de los residuos radioactivos (sic) y el de proliferación de armas nucleares. Eso es, exactamente, lo que dice la propaganda nuclear. El PRI la repite como el perico y propone que la Secretaría de Energía (Sener) “debe impulsar el uso más intenso de la energía nuclear”, cuando ésta NO es ninguna alternativa para México y, menos privada, como quieren el PRI y el PAN.

También dicen que “se depositan muchas esperanzas en los bioenergéticos”, mismos que promueven, pero “debe cuidarse la disponibilidad de tierras”, dicen, omitiendo que los mismos priístas y panistas ya aprobaron una Ley de Bioenergéticos para México.

Agregan que “los biocombustibles pueden contribuir a la solución del problema en la medida en que su producción no compita con la de alimentos y siempre que su producción no dañe a los ecosistemas y su uso realmente disminuya la emisión de gases de efecto invernadero”. Si los priístas fueran sinceros, debían oponerse a los agrocombustibles porque su producción implica, exactamente, todo lo que dicen que no quieren.

Con semejantes propuestas el PRI asegura que esa transición energética “es la verdadera garantía de seguridad energética para México y para las generaciones de mexicanos que vendrán”. Obviamente, se equivocan, con esas propuestas sería al revés, es decir, una tragedia para la nación.

Propuestas CON privatización

El PRI hace referencia a sus documentos básicos e indica que postulan “garantizar a México una seguridad energética bajo la rectoría del Estado”. Se trata de la simple demagogia de un discurso gastado e insostenible. ¿Cuál rectoría del Estado, si las decisiones para privatizar a Pemex las tomarían 5 burócratas, con total “autonomía” y al margen del Estado? Eso ya ocurre actualmente, ¿dónde está la rectoría del Estado en materia eléctrica? Quienes deciden son las transnacionales, tanto en materia eléctrica y petrolera, como en política.

Decir que los organismos públicos responsables “se mantengan bajo el control del Estado” son declaraciones que se contradicen con lo escrito en las iniciativas propuestas por el PRI.

El PRI dice que pugna por el fortalecimiento de Pemex y que su iniciativa busca “la modernización del sector, sin privatizaciones abiertas o simuladas”. Lamentablemente, esos dichos no se corresponden con las propuestas. En las diversas iniciativas se propone lo contrario. ¿Cuál fortalecimiento de Pemex si se propone la desintegración hasta la pulverización? ¿Cuál modernización si todo está orientado a modificar el régimen legal constitucional, sin modificar la Constitución, para que el capital privado intervenga en todas las funciones propias de Pemex?

El PRI reitera que sus propuestas son “sin privatizaciones abiertas o simuladas” pero, en sus iniciativas de reforma propone, precisamente, las privatizaciones sin adjetivos. Tan es así que, el PRI mismo indica “proponemos darles mayores facultades a las instituciones públicas, como son la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, al propio Pemex y crear la Comisión Reguladora del Petróleo”. ¡Nada más!

Eso significa, explícitamente, la privatización, abierta o simulada, como le guste más el PRI. Las propuestas para fortalecer a la Sener se refieren a otorgarle facultades para promover la participación privada en las actividades del sector energético, hecho prohibido por la Constitución, así como atribuciones para “regular” (privatizar) todas las fuentes de energía, acciones violatorias del Pacto político de la nación, expresadas en los artículos 25, 27 y 28.

Fortalecer a la CRE significa “legalizar” la privatización energética furtiva para otorgar las funciones constitucionales a las transnacionales, como ya ocurre. Proponer la Comisión Reguladora del Petróleo representa hacer lo mismo pero, ahora, con relación a la exploración y producción de petróleo crudo y gas natural asociado. Estos hechos son privatizadores e inconstitucionales.

Esto es, el PRI dice que sus propuestas son “sin” privatización pero, lo indicado en cada una de sus iniciativas es “con” privatización. Se trata, entonces, de propuestas manipuladoras, violatorias de la Constitución y lesivas al interés de la nación.

Rechazo popular a las iniciativas del PRI

El FTE de México rechaza la iniciativa de reforma energética del PRI y llama al pueblo de México a rechazarla también. El conjunto de nueve iniciativas del PRI corresponden a las mismas cinco iniciales del PAN y no se distinguen, son similares, caracterizadas por privatizadoras.

Respecto al régimen fiscal de Pemex, el PRI no indica absolutamente nada lo que implica estar de acuerdo en el actual esquema depredatorio que critica. Las iniciativas de leyes adicionales solamente se presentan para adecuar las modificaciones regresivas a las cinco primeras.

Las propuestas del PRI también deben debatirse por el pueblo de México y ser DESECHADAS, al igual que las del PAN. No existe un solo elemento, uno solo, para considerar que el PRI ha tomado en cuenta los argumentos presentados por la mayoría de invitados al Debate Oficial organizado por el Senado y, mucho menos, los expresados por el Debate Popular actualmente en marcha. Obviamente, los resultados de la Consulta Ciudadana ni siquiera fueron tomados en consideración, habida cuenta que el PRI presentó sus iniciativas poco antes de la Consulta con la intención de reventarla.

Ante esta situación, es preciso que los mexicanos (as) dispuestos a defender a México, activemos la movilización en sus múltiples formas, preparando las condiciones para ejercer acciones enérgicas. Ni el PRI ni el PAN quieren entender de razones, sus compromisos sucios con el imperialismo son más fuertes que sus “principios” y su propia mexicanidad.

Ampliemos el Debate Popular para analizar colectivamente la información y las implicaciones de la pretendida reforma energética neoliberal. Impulsemos con entusiasmo la construcción de organización social, tomemos iniciativas en la base, impulsemos la dinámica propia de la resistencia. La defensa del petróleo de México solamente se puede hacer en las calles, jamás en el Parlamento, que ha traicionado a la nación. Este podrá atender los reclamos solo cuando el pueblo mexicano se levante organizadamente y esté, simultáneamente, en las calles de todo el país.

Frente de Trabajadores de la Energía, de México