En concreto

Laura Itzel Castillo

06 de agosto de 2008

Secuestros e inseguridad pública

Bien dijo Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF: a quien pierde a la pareja se le llama viuda(o). A quien pierde a los progenitores se le dice huérfana(o). Pero no existen palabras para nombrar a quien ha perdido una hija(o).

El dolor de los padres de las víctimas del News Divine es el mismo del empresario Alejandro Martí, cuyo hijo Fernando, de 14 años, fue asesinado por sus secuestradores, no obstante que la familia había entregado ya el dinero del rescate.

En ambos casos observamos policías culpables. En el primero, los presuntos agentes del orden (preventivos) provocaron la tragedia al actuar con negligencia criminal. En el segundo, efectivos judiciales se convirtieron en secuestradores y asesinos.

A partir del News Divine el gobierno del Distrito Federal ofreció reestructurar a fondo las corporaciones de seguridad y replantear por completo su política en materia de seguridad pública. Ahora, con esta nueva tragedia, actuó rápido y detuvo a varios policías presuntamente implicados en el rapto y asesinato del menor. Todos ellos, se dice, formarían parte de la banda de La Flor, conocida así porque deja un crisantemo amarillo al lado de los cadáveres de sus víctimas.

El GDF anunció la suspensión de retenes policiacos en la ciudad, excepto el alcoholímetro, porque fue precisamente en un falso retén en el que el joven Fernando, su chofer Jorge Palma Lemus, de 61 años, y el guardaespaldas Cristian Salmones Flores, de 25 años, fueron plagiados. Hoy los tres están muertos.

La supresión de retenes es correcta porque la disyuntiva del ciudadano es difícil: si se para pueden ser secuestradores, pero si sigue adelante corre el riesgo de ser baleado y perder la vida, como ya ha ocurrido en otras partes del país, con soldados y policías federales, que tienen la orden de disparar.

El problema de la inseguridad pública es nacional, pero a nivel federal las respuestas son las mismas, una y otra vez. Por eso llama la atención la propuesta del DF. El eje rector del cambio sería una red ciudadana de 80 mil personas, que podría llagar a 300 mil, para verificar la tarea de las corporaciones policiales.

Este concepto rompe por completo con el origen de los cuerpos de seguridad en México: la protección de los poderosos, en detrimento del ciudadano. Antes, las diversas policías actuaban en función de los intereses de los gobernantes; hoy, en su mayoría, están al servicio del crimen organizado. Aterrador, ¿no?

Sin embargo, el problema de la inseguridad pública no se circunscribe a las policías. La razón de fondo se localiza en las erradas políticas económicas implementadas en el país desde hace 26 años. Esto ha derivado no en un Estado ineficaz, como plantean algunos analistas, sino en un Estado fallido. Tal es la magnitud de la bronca.

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