MARITZA GARCÍA 17/06/2008
Mientras la semana pasada se daba un recibimiento lleno de pompa al presidente de México, Felipe Calderón, quien fue agasajado y aplaudido por el rey Juan Carlos, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y demás cúpula política, en México se desató la polémica en distintos sectores de la sociedad al ver que el mandatario brindaba a empresarios españoles lo que no es suyo: el petróleo del país.
Los comentarios negativos fueron reflejados en distintos medios de comunicación, después de escuchar un discurso que correspondía más a un agente de ventas que a un mandatario, pues la reforma energética impulsada por Calderón, que pretende abrir a la inversión privada las tareas de exploración, refino, distribución y almacenamiento de crudo, que ahora son exclusivas de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), se discute arduamente en el Congreso de México y lejos está de ser aprobada.
La propuesta de reforma ha sido debatida por juristas, especialistas en hidrocarburos, economistas, académicos y científicos de la talla del premio Nobel de Química Mario Molina, quienes han observado la falta de solidez en diversos campos, desde el constitucional hasta el tecnológico y económico. Por esta razón, en ninguno de los 10 debates que se han llevado a cabo en el Congreso ha salido avante la iniciativa de Calderón.
México es consciente de la urgencia que significa modernizar el sector de hidrocarburos para asegurar su futuro energético; sin embargo, la historia de las privatizaciones en el país ha estado marcada por la falta de transparencia, el tráfico de influencias y la corrupción, favoreciendo únicamente a los grupos de poder, mientras la población se hunde en la miseria. Así es como llegaron muchos empresarios mexicanos a ocupar los primeros lugares en la lista de millonarios del mundo.
Por ahora no hay indicios de rectificar el camino: no se han rendido cuentas del uso que se dio a los excedentes petroleros durante el sexenio de Vicente Fox, cuando Calderón era ministro de Energía (asunto que reclamó el Banco de México y observó el Banco Mundial), y recientemente salieron a la luz pública los contratos irregulares y millonarios entre la empresa familiar del ministro de Gobernación Juan Camilo Mouriño (brazo derecho de Calderón) y Pemex.
Lo que terminó de calar en la opinión pública mexicana fue que, semanas antes a la llegada de Calderón a tierras ibéricas, el consultor Antonio Sola, quien fue su coordinador de imagen durante la campaña presidencial -también asesor de José María Aznar y Mariano Rajoy-, promovió ante un nutrido grupo de empresarios españoles la apertura de Pemex, dándola casi como un hecho. La figura de Sola aún perturba por ser el responsable de la creación de mensajes distorsionados, que en las pasadas elecciones de 2006 sembraron el miedo y la división en la sociedad mexicana al puro estilo del PP.
En tanto Calderón se tomaba la foto con Zapatero y en las Cortes españolas explicaba su propuesta de reforma energética, que hacía imaginarse a muchos empresarios frotarse las manos ante el apetitoso pastel, del otro lado del Atlántico se convocaba a una consulta ciudadana y movilizaciones de protesta organizadas por distintas esferas de la sociedad y no únicamente por la izquierda como Calderón declaró en España.
Después de Madrid y Zaragoza, visitó Barcelona, donde habló de "multiplicar la presencia de Cataluña en México", y se fue con la prisa con que urge a un mandatario resolver la cruda realidad. Tampoco su estancia en Barcelona evitó que algunos periodistas y comunidades virtuales sacaran a colación las denuncias ciudadanas en el norte de México (Saltillo) contra Aguas de Barcelona ( Agbar) por "la arbitrariedad y el abuso en los cobros de agua y el daño al medio ambiente".
Y así la crónica de una visita que se percibió de manera muy distinta en los dos países.
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